La Asociación de Abogados Extranjeristas lamenta profundamente la reciente Sentencia del pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que conduce a una situación difícilmente explicable, cuando no directamente absurda.

El caso es que el Decreto 240/2007 que regula los derechos de los ciudadanos de la Unión en España y sus familiares, desde una restricción sufrida el 2012 exige, como le permite la Directiva 2004/38/CE que los familiares tengan medios para no ser una carga excesiva para la asistencia social del país de acogida, como requisito para obtener una tarjeta de residencia, que no para ser considerados miembros de pleno derecho del estatus jurídico de ciudadano de la Unión. Ello ha conducido ya a situaciones rocambolescas derivadas de resoluciones de la Sala de lo Contencioso, como que a familiares de españoles se les exijan medios para no ser considerados una carga para los servicios sociales de España, considerando España país de acogida de españoles, como si se trataran de familiares de otro ciudadano de un país de la Unión. Y ello, insistimos, sólo para conceder una tarjeta que les haga más fácil la vida, puesto que el estatuto de familiares lo tienen.

En una nueva vuelta de tuerca, y tras vericuetos jurídicos que evitan la evidencia de que el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio de sanidad universal esposterior y de superior rango al Decreto de 2007, se dice ahora que estos familiares de españoles NO TIENEN DERECHO A LA SANIDAD UNIVERSAL, porque para obtener la tarjeta se supone que debieron acreditar que tenían medios privados para no acudir a la misma.

La situación es tan absurda que lo que hace el Tribunal Supremo es tratar con peor derecho a quienes han cumplido la ley, obteniendo la tarjeta a la que tienen obligación administrativa, que aquellos que o bien ni la hayan pedido, o bien se les haya denegado por no tener un seguro privado u otros medios.

Los abogados nos vamos a tener que plantear lo insólito que resultará que en algunos casos, para poder obtener el reconocimiento al derecho a la sanidad deberán renunciar a su tarjeta de residencia o plantearnos el no pedirla, con los serios perjuicios que ello supone para estas personas, que quedan expuestas a una falta presunción de ilegalidad.

La solución a este cúmulo de despropósitos pasa únicamente por una reforma del Decreto 240/2007 que regrese a los términos previos a la dura restricción que supuso la reforma del mismo en 2012 al mismo tiempo que las restricciones a la sanidad universal, que el gobierno Rajoy y su ministra Mato presentaron falsamente como una restricción del turismo sanitario, y sólo ha ocasionado este tipo de perjuicios.

Al final, la xenofobia rampante de nuestros Tribunales supone que se ignora groseramente la norma establecida por la Jurisprudencia Constitucional de que si una norma tiene varias interpretaciones se DEBE optar por la más favorable a los derechos fundamentales. Algunos utilizan su cargo de poder para una interpretación de la ley que pueda causar el mayor daño posible al ciudadano o ciudadana al que le es de aplicación dicha ley, pese a que por ser extranjero tiene una posición más vulnerable, renunciando a la obligación de protegerle frente a los desafueros de los otros poderes públicos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas