MARZO 2020

 

?  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

?  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

?  ACTUALIDAD NORMATIVA

 

??  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA
  • STEDH de 24 de marzo de 2020, asunto Asady y otros contra Eslovaquia
    El Tribunal considera que no se ha producido una vulneración del art. 4 del Protocolo nº 4 CEDH (prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros) en el caso de siete solicitantes de asilo que fueron expulsados a Ucrania. A pesar de que, según alegaban los demandantes, las transcripciones de sus entrevistas mostraban que no habían sido entrevistados por separado ya que los tiempos oficiales se habían solapado en varios casos, que sólo un intérprete había estado presente, y que no habían tenido más de diez minutos para expresarse, el Tribunal entiende que se les otorgó una posibilidad genuina de señalar a las autoridades cualquier problema que pudiera haber afectado a su estado y permitido la permanencia en Eslovaquia.
  • STJUE de 19 de marzo de 2020, asunto C‑406/18
    El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria.
  • STJUE de 19 de marzo de 2020, asunto C-564/18
    El artículo 33 de la Directiva 2013/32/UE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite denegar una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible cuando el solicitante haya llegado al territorio del Estado miembro de que se trata por un país en el que no haya estado expuesto a persecución ni a riesgo de daños graves o en el que se garantiza un nivel adecuado de protección.
    El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución mediante la que se deniega una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible un plazo de ocho días para resolver si dicho órgano jurisdiccional no puede garantizar en ese plazo la efectividad de las normas materiales y de las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce al solicitante.

 

 ⚖  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

??  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 303/2020, de 2 de marzo de 2020 (rec. 871/2019)
    Los antecedentes policiales – salvo que, por su reiteración y/o gravedad, evidencien que el solicitante representa un peligro para el «orden público» o la «seguridad pública», en el sentido que es interpretado por el TJUE – no constituyen causa de denegación de una solicitud de primera autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo social.
  • STS 310/2020, de 3 de marzo de 2020 (rec. 868/2019)
    Desestima recurso de casación formulado por la Abogacía del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional que concedía autorización de residencia por razones humanitarias a dos ciudadanos venezolanos (señora de avanzada edad y su nieto menor de edad). La Sala recuerda que el legislador impone, de oficio y sin necesidad de esperar a la alegación de concretas razones humanitarias, un tratamiento diferenciado en relación con las personas solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidad (artículos 46.1 y 2 de la Ley 12/2009), por cuanto la Abogacía del Estado alegaba que el procedimiento de solicitud de protección internacional en frontera no permite la concesión de autorización de razones humanitarias.
  • STS 321/2020, de 4 de marzo de 2020 (rec. 5364/2018)
    El plazo de caducidad de seis meses establecido en el artículo 225.1 RD 557/2011 para resolver y notificar el expediente de expulsión de un ciudadano extranjero debe computarse, en el supuesto de retroacción del expediente administrativo a la fase de resolución del mismo ordenado por decisión judicial, desde la fecha de la comunicación de la recepción de la sentencia por parte del órgano que hubiese realizado la actividad objeto del recurso, salvo que la sentencia hubiese establecido otro plazo u otras condiciones para la ejecución de la misma.
    Por otro lado, la Sala desestima el recurso interpuesto por residente de larga duración expulsado del territorio nacional en aplicación del artículo 57.5.b) LO 4/2000, si bien aclara que la doctrina aplicada no toma en consideración la fundamentación contenida en las sentencias de 19 de enero y 27 de febrero de 2019 que aplicaban a este supuesto la Directiva 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, por cuanto «obviamente tal fundamentación no resulta de aplicación a supuestos como el de autos, en los que el «Estado miembro de ejecución» y el «Estado miembro autor», coinciden».

 

?  TABLÓN EXTRANJERISTA