MAYO 2021

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Resolución de 26 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo trimestre de 2021.
  • Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.
  • Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, y Orden PCM/485/2021, de 19 de mayo, por las que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
  • Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, Orden INT/484/2021, de 19 de mayo, y Orden INT/519/2021, de 27 de mayo, por las que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
  • Resolución-Circular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 19 de abril de 2021, sobre cambio de criterio interpretativo del artículo 200 del Reglamento del Registro Civil.
  • Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, y Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por las que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 20 de mayo de 2021, asunto C-8/20
    El artículo 33.2.d) de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 2.q) de esta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de denegar por inadmisible una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2.b) de dicha Directiva, presentada ante ese Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida a quien un tercer Estado que aplica el Reglamento Dublín III en virtud del Acuerdo entre la Unión, Islandia y Noruega, le haya denegado una solicitud anterior formulada ante dicho tercer Estado.

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

 

 

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ABRIL 2021

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Orden INT/316/2021, de 1 de abril, y Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por las que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
  • Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, y Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por las que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
  • Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  • Circular de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre los trámites de jura e inscripción de la nacionalidad española por residencia.
  • Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  • Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 15 de abril de 2021, asunto K.I. contra Francia
    El Tribunal concluye que se produciría una vulneración del aspecto procesal del artículo 3 CEDH (prohibición de la tortura) si se devolviera a Rusia a un ciudadano ruso al que se le ha extinguido el estatuto de refugiado tras haber sido condenado por terrorismo, a falta de una evaluación ex nunc por parte de las autoridades francesas del riesgo que correría si se ejecutase la orden de expulsión.
  • STJUE de 15 de abril de 2021, asunto C-194/19
    El artículo 27.1 del Reglamento UE/604/2013, leído a la luz de su considerando 19, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de traslado no puede, en el marco del examen de ese recurso, tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de dicha decisión que son determinantes para la correcta aplicación de dicho Reglamento, a menos que dicha normativa establezca una vía de recurso específica que comprenda un examen ex nunc de la situación de la persona interesada, cuyos resultados sean vinculantes para las autoridades competentes, que pueda ejercerse cuando se produzcan tales circunstancias y que, en particular, no esté supeditada a la privación de libertad de esa persona ni a la circunstancia de que la ejecución de la referida decisión sea inminente.

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 488/2021, de 8 de abril de 2021 (rec. 2461/2020)
    El Tribunal atribuye naturaleza impugnatoria a la petición de reexamen prevista en el artículo 21.4 de la Ley 12/2009 y no encuentra obstáculo derivado del artículo 9.2.c) de la Ley 40/2015 para que el Ministro del Interior – quien dicta la resolución originaria y la que resuelve la petición de reexamen de ésta – delegue ambas competencias en la Dirección General de Política Interior. Por otro lado, determina que la doctrina del fraude de ley o del abuso de derecho, de interpretación estricta, no puede ser aplicada como una suerte de mecanismo anticipatorio de la decisión definitiva que previsiblemente haya de adoptarse, ni por razones que pudieran calificarse de «economía procesal», y que tampoco puede utilizarse para inaplicar los plazos legalmente establecidos. Señala (dos veces) que la necesaria conexión entre el derecho de asilo y el control de la inmigración no puede producirse a costa del derecho de asilo, sino partiendo de su riguroso respeto, y que la Administración es la que tiene en sus manos evitar el efecto previsto por el legislador con el simple mecanismo de resolver las peticiones que considere infundadas en plazo.
  • STS 508/2021, de 14 de abril de 2021 (rec. 2478/2020)
    El Tribunal determina que el solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla).

 

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MARZO 2021

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  • Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se prorrogan las medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
  • Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
  • Actualización de los importes de referencia para el cruce de las fronteras exteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
  • Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se prorrogan las medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
  • Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre.
  • Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 4 de marzo de 2021, asunto 193/19
    El artículo 25.1 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que permite la expedición, prórroga o renovación de un permiso de residencia con fines de reagrupación familiar, solicitadas desde el territorio de ese Estado miembro por un nacional de un tercer país que esté inscrito en el Sistema de Información de Schengen como no admisible en el espacio Schengen y cuya identidad no haya podido ser determinada mediante un documento de viaje válido, cuando los intereses del Estado miembro informador, consultado con carácter previo, hayan sido tenidos en cuenta y el permiso de residencia únicamente se expida, prorrogue o renueve por «motivos serios», en el sentido de dicha disposición.
  • STJUE de 11 de marzo de 2021, asunto C‑112/20
    El artículo 5 de la Directiva 2008/115/CE, en relación con el artículo 24 CDFUE, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a tener debidamente en cuenta el interés superior del niño antes de adoptar una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada, aun cuando el destinatario de esta decisión no sea un menor, sino su padre.

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 352/2021, de 11 de marzo de 2021 (rec. 1143/2020)
    Concedida autorización de residencia en España por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos conforme a la resolución de 28 de febrero de 2019, del Subsecretario del Ministerio del Interior, es conforme a derecho la pérdida de objeto de tal pretensión subsidiariamente formulada que apreció la sentencia impugnada. En lo relativo a la persistencia de los recurrentes en la solicitud de protección subsidiaria del art. 10 de la Ley 12/2009 procede desestimarla al no concurrir ninguna de las circunstancias del referido artículo.
  • STS 355/2021, de 17 de marzo de 2021 (rec. 2870/2020)
    El Tribunal vuelve a reiterar que la situación de estancia irregular determina, en su caso, la decisión de expulsión, que no cabe la posibilidad de sustitución por una sanción de multa, y que la expulsión (señalada como comprensiva de la decisión de retorno y su ejecución) exige, en cada caso y de manera individualizada, la valoración y apreciación de circunstancias agravantes que pongan de manifiesto y justifiquen la proporcionalidad de la medida adoptada, tras la tramitación de un procedimiento con plenas garantías de los derechos de los afectados, conforme exige la jurisprudencia comunitaria. Apunta finalmente que por tales circunstancias de agravación han de considerase las que se han venido apreciando por la jurisprudencia en relación a la gravedad de la mera estancia irregular, bien sean de carácter subjetivo o de carácter objetivo, y que pueden comprender otras de análoga significación.
  • STS 384/2021, de 18 de marzo de 2021 (rec. 6391/2019)
    El Tribunal acuerda que, para la comprobación de la «actualidad» de la amenaza real y suficientemente grave para el orden o la seguridad pública del residente de larga duración, hay que atender al arraigo del condenado, aclarando que no puede precisar un marco temporal aplicable de forma general por cuanto lo determinante serán las circunstancias concretas del caso. La valoración de dichas circunstancias es el momento de dictar la resolución con la que concluye el expediente de expulsión, pues es, en dicho momento, cuando puede comprobarse si la amenaza subsiste y se manifiesta en tal momento. Además insiste en que a los tribunales de instancia sólo corresponde comprobar la corrección de la citada valoración – y motivación – administrativa plasmada en la resolución que se somete a su consideración jurisdiccional, sin que puedan tomar en consideración circunstancias posteriores a la resolución administrativa.
  • STS 401/2021, de 22 de marzo de 2021 (rec.1627/2019)
    Se reitera la doctrina establecida sobre el deber de motivación que debe acompañar una orden de expulsión de residente de larga duración (entre otras, por 321/2020, de 4 de mayo, y STS 1125/2020, de 27 de julio). Además, el Tribunal añade que, en cuanto a la aplicación del artículo 57.2 LOEX, la consideración de la pena en abstracto es un criterio mantenido de manera constante por la jurisprudencia, sin que concurran méritos para su cambio.
  • STS 422/2021, de 24 de marzo de 2021 (rec. 6796/2019)
    Se reitera la doctrina establecida por la cual la facultad de la Administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia.
  • STS 425/2021, de 24 de marzo de 2021 (rec. 8249/2019)
    El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta (o en otro caso, Melilla), admitida a trámite su solicitud, tiene derecho a la libre circulación en España (con obligación de comunicar cambios de domicilio) y, en consecuencia, no es conforme a derecho la inscripción que limita la validez de la documentación acreditativa de su condición de solicitante de protección internacional, a Ceuta (o en otro caso, Melilla).
  • STS 452/2019, de 25 de marzo de 2021 (rec. 1602/2020)
    Para poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo laboral no es imprescindible que la acreditación de la relación laboral y de su duración lo sea exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del art. 124.1 REGEXT, pudiendo acreditarse por cualquier medio de prueba válido, incluido el certificado de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia.

 

 

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FEBRERO 2021

 

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
  • Orden INT/98/2021, de 8 de febrero, y Orden INT/162/2021, de 25 de febrero, por las que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
  • Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, y Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por las que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
  • Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  • Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)
  • Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 24 de febrero de 2021, asunto C‑673/19
    Los artículos 3, 4, 6 y 15 de la Directiva 2008/115/CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro disponga el internamiento administrativo de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, con el fin de llevar a cabo su traslado forzoso a otro Estado miembro en el que disfruta del estatuto de refugiado, cuando el nacional del tercer país se haya negado a acatar la orden que se le ha impartido de dirigirse a ese otro Estado miembro y no sea posible adoptar una decisión de retorno contra él.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 173/2021, de 10 de febrero de 2021 (rec. 4516/2019)
    La Sala reitera que todo ciudadano extranjero que haya solicitado protección internacional en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla tiene derecho a la libertad de movimiento y a fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho por la Administración por su condición de solicitante de protección internacional y siempre con la obligación del solicitante de comunicar a la Administración dicho cambio de domicilio.

 

🗣 TABLÓN EXTRANJERISTA

 

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ENERO 2021

 

📰 NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Orden PCM/1295/2020, Orden PCM/14/2021, y Orden PCM/69/2021 por las que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.
  • Instrucción conjunta de la DGM y la DGP por la que se determina el procedimiento para la expedición del documento previsto en el artículo 26 del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
  • Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  • Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la frontera interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 12 de enero de 2021, asunto Khan contra Dinamarca
    STEDH de 12 de enero de 2021, asunto Munir Johana contra Dinamarca
    El Tribunal determina que en ninguno de los dos asuntos se ha producido una violación del artículo 8 CEDH (derecho al respeto de la vida privada), pues considera que las autoridades nacionales tuvieron en cuenta las circunstancias particulares de los demandantes y que las sentencias fueron proporcionadas. Se trata de la expulsión de Dinamarca de un ciudadano paquistaní nacido en el país, y un ciudadano irakí que llevaba viviendo allí desde los 4 años de edad, ordenadas a raíz de condenas reiteradas por diversos delitos.
  • STJUE de 13 de enero de 2021, asunto C-507/19
    El artículo 12.1.a) de la Directiva 2011/95/UE debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si la protección o la asistencia del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) ha cesado, procede tener en cuenta todas las zonas del área de operaciones del OOPS en cuyo territorio un apátrida de origen palestino que haya abandonado esa área tenga una posibilidad concreta de acceder y permanecer en seguridad. Por su parte, el artículo 12.1.a) de la mencionada Directiva debe interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que la protección o la asistencia del OOPS haya cesado cuando un apátrida de origen palestino se haya desplazado voluntariamente desde otra zona en la que no se hallaba en una situación de grave inseguridad personal y en la que podía recibir protección o asistencia de dicho organismo, si podía razonablemente contar con que no recibiría protección o asistencia del OOPS en la zona a la que se desplazaba o que no podría retornar en un futuro cercano a la zona de la que provenía.
  • STJUE de 14 de enero de 2021, asuntos acumulados C‑322/19 y C‑385/19
    El artículo 15 de la Directiva 2013/33/UE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye a un solicitante de protección internacional del acceso al mercado de trabajo por el único motivo de que se haya dictado respecto a él una decisión de traslado, de acuerdo con el Reglamento (UE) 604/2013. Por otro lado, se puede atribuir al solicitante de protección internacional la demora en la adopción de una resolución en primera instancia cuando ello resulte de la falta de cooperación del solicitante con las autoridades competentes, pero no por  no haber presentado su solicitud ante el primer Estado miembro de entrada o por la interposición de un recurso judicial con efecto suspensivo contra la decisión de traslado Dublín dictada respecto a él.
  • STJUE de 14 de enero de 2021, asunto C-441/19
    El artículo 6.1 de la Directiva 2008/115/CE, en relación con su artículo 5.a), y con el artículo 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, el Estado miembro de que se trate debe realizar una apreciación general y exhaustiva de la situación de este menor, teniendo debidamente en cuenta el interés superior del niño. En este contexto, dicho Estado miembro debe cerciorarse de que en el Estado de retorno se encuentra disponible una acogida adecuada para el menor no acompañado, no pudiendo distinguir entre los menores no acompañados únicamente en función del criterio de su edad para comprobar si existe una acogida adecuada en el Estado de retorno. El artículo 8.1 de la Directiva 2008/115/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro, tras haber adoptado una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado y haberse cerciorado, con arreglo al artículo 10.2 de dicha Directiva, de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o a servicios de acogida adecuados en el Estado de retorno, se abstenga posteriormente de proceder a su expulsión hasta que haya alcanzado los 18 años.
  • STJUE de 20 de enero de 2021, asunto C-255/19
    El artículo 11.1.e) de la Directiva 2004/83/CE debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2.c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2. Un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, no responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y, por ello, no es pertinente ni para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección prestada por el Estado, ni para determinar la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

[COMPLEMENTO DEL BOLETÍN DE DICIEMBRE]

  • STS 1775/2020, de de 17 de diciembre de 2020 (rec. 7497/2019)
    Los antecedentes policiales, sin trascendencia en el correspondiente proceso penal, por sí solos, no pueden servir de motivación suficiente para denegar una petición de residencia permanente por motivos de orden público. Los informes de las autoridades policiales pueden servir para tener por acreditada, en contra de la presunción generalizada, que la conducta de un determinado ciudadano de un tercer Estado que tenga lazos familiares con un ciudadano de la Unión, comporta una amenaza grave para los intereses fundamentales de la sociedad, previa la valoración proporcionada de todas las circunstancias exclusivamente personales del interesado, con un plus de motivación sobre tales circunstancias.
  • STS 1773/2020, de 17 de diciembre de 2020 (rec. 7923/2019)
    Los beneficiados de un programa de reasentamiento aprobado por el Gobierno, en aplicación de la Disposición Adicional Primera, párrafo segundo, de la Ley de Asilo, deben ser beneficiados, en todo caso, de la condición de refugiado en nuestro país y someterse al régimen de dicha condición.
  • STS 1774/2020, de 17 de diciembre de 2020 (rec. 7442/2019)
    La Sala reitera que la Administración pueden adoptar la decisión de expulsar del territorio a un extranjero no perteneciente a la UE, provisto de permiso de residencia de larga duración, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 LOEX, siempre y cuando éste represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, para cuya constatación se requiere y exige un alto nivel de motivación por parte de la Administración, sin que resulte posible identificar o asimilar, de forma directa o automática, la condena penal impuesta, con la concurrencia de una causa de expulsión.

__________________________

  • STS 55/2021, de 21 de enero de 2021 (rec. 5653/2017)
    STS 56/2021, de 21 de enero de 2021 (rec. 2826/2018)
    El art. 7 del Real Decreto 240/2007 resulta aplicable a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles que no hayan ejercido el derecho a la libre circulación con matizaciones tanto en relación con las circunstancias a valorar para determinar la concurrencia del derecho del ciudadano del tercer país como ampliación del derecho del ciudadano de la Unión, como, en su defecto, si concurre el derecho derivado de la situación de dependencia.

 

🗣 TABLÓN EXTRANJERISTA

 

 

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DICIEMBRE 2020

 

📰 NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Real Decreto 1049/2020, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.
  • Actualización del Anexo II de la Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
  • Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la protección de los menores migrantes no acompañados en Europa (Dictamen de iniciativa).
  • Recomendación (UE) 2020/2243 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 sobre un enfoque coordinado en materia de viajes y transportes en respuesta a la nueva variante del SARS-COV-2 detectada en el Reino Unido
  • Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
  • Orden PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.
  • Orden ISM/1289/2020, de 28 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2021.
  • Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
  • Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 8 de diciembre de 2020, asunto M.M. contra Suiza
    El Tribunal considera que no hay violación del artículo 8 CEDH (derecho al respeto de la vida privada y familiar) en la expulsión de un ciudadano español de Suiza por un período de cinco años tras la imposición de una condena de 12 meses de prisión suspendida por haber cometido actos de naturaleza sexual contra una menor y haber consumido estupefacientes.
  • STEDH de 22 de diciembre de 2020, asunto J.A. contra Suiza
    El Tribunal considera que no hay violación del artículo 8 CEDH (derecho al respeto de la vida privada y familiar) en la retirada del permiso de residencia de un ciudadano español de Suiza, nacido y criado en dicho país pero residente actual en Gandía, tras ser condenado por múltiples delitos sexuales relacionados con la hija menor de su pareja sexual extramatrimonial.
  • STJUE de 10 de diciembre de 2020, asunto C-616/19
    El artículo 25.2 de la Directiva 2005/85/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro, al que se aplica el Reglamento Dublín III pero que no está vinculado por la Directiva 2013/32, según la cual una solicitud de protección internacional se considera inadmisible cuando el solicitante goza del estatuto de protección subsidiaria en otro Estado miembro.
  • STJUE de 17 de diciembre de 2020, asunto C-710/19
    El artículo 45 TFUE y el artículo 14.4.b) de la Directiva 2004/38 deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro de acogida está obligado a conceder a un ciudadano de la Unión un plazo razonable, que empieza a contar a partir del momento en que ese ciudadano de la Unión se inscribe como solicitante de empleo, para que pueda llegar a conocer las ofertas de empleo que puedan convenirle y adoptar las medidas necesarias para ser contratado. Durante dicho plazo, el Estado miembro de acogida puede exigir al solicitante de empleo que acredite que está buscando trabajo. Solo una vez transcurrido ese plazo podrá ese Estado miembro exigir al solicitante de empleo que demuestre no sólo que sigue buscando empleo, sino también que tiene posibilidades reales de ser contratado.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1668/2020, de 3 de diciembre de 2020 (rec. 7556/2019)
    Reitera doctrina contenida en STS 321/2020, de 4 de marzo, conforme a la cual, los Estados de la UE pueden adoptar la decisión de expulsar del territorio a un extranjero no perteneciente a la UE, provisto de permiso de residencia de larga duración, de conformidad con el art. 57.2 LOEX, siempre y cuando éste represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública, para cuya constatación se exige un alto nivel de motivación por parte de la Administración, sin que resulte posible identificar la condena penal impuesta con la concurrencia de una causa de expulsión.
  • STS 1669/2020, de 3 de diciembre de 2020 (rec. 6986/2019)
    El hecho de que un extranjero privado de libertad manifieste ante el director del CIE bajo cuyo control se encuentra tanto su voluntad de recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa como el otorgamiento de su representación a favor de determinado abogado que le asiste, no permite considerar acreditada la representación del interesado por parte de su abogado al interponer recurso contencioso-administrativo, y tampoco resulta de la designación de oficio.
  • STS 1690/2020, de 9 de diciembre de 2020 (rec. 240/2020)
    Para la viabilidad de cualquiera de los supuestos de presunción de desistimiento de la solicitud de protección internacional, prevista en el art. 27 de la Ley 12/2009, que permitiría la declaración de caducidad del expediente tramitado a tal fin, se requiere de una previa citación o convocatoria concreta del solicitante, o de su representante, de la que debe quedar constancia en el expediente, y sin que ello pueda deducirse de la genérica información de derechos y obligaciones que se realiza en el momento de la presentación de la solicitud, pues tal diligencia se sitúa en el aspecto informativo, pero no en el de un concreto requerimiento de específica actuación.
  • STS 1719/2020, de 14 de diciembre de 2020 (rec. 5281/2018)
    En el supuesto de solicitud de tarjeta de residencia permanente por familiar de ciudadano de la Unión, español que no ha ejercitado nunca el derecho de libre circulación, el periodo de previa residencia legal de cinco años ha de entenderse cumpliendo las condiciones establecidas en el art. 7 del RD 240/2007.
  • STS 1735/2020, de 15 de diciembre de 2020 (rec. 7733/2018)
    Reitera doctrina por la que la extinción de las autorizaciones de residencia de familiares de ciudadanos de la UE, por desaparición de las condiciones que justificaron su concesión, ha de ser decretada inicialmente por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y los Subdelegados del Gobierno en las provincias, y no por los Jefes de las Oficinas de Extranjeros, pero si fuera acordada por estos últimos, su confirmación en alzada por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, convalidaría el vicio inicial de anulabilidad por incompetencia funcional o jerárquica.

 

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NOVIEMBRE 2020

 

📰 NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
  • Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 17 de noviembre de 2020, asunto B y C contra Suiza
    El Tribunal sostiene que, en vista de que los tribunales nacionales no evaluaron suficientemente los riesgos de malos tratos del primer demandante como persona homosexual en Gambia y la disponibilidad de protección estatal contra los malos tratos por parte de agentes no estatales, su deportación a Gambia, sin una nueva evaluación de estos aspectos, violaría el artículo 3 de la Convención.
  • STEDH de 24 de noviembre de 2020, asunto Unuane contra Reino Unido
    El Tribunal considera vulnerado el artículo 8 CEDH (derecho al respeto a la vida privada y familiar) en la deportación de un ciudadano nigeriano tras una condena penal, dejando a su pareja y tres hijos en el Reino Unido.
  • STJUE de 19 de noviembre de 2020, asunto C-238/19
    El artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva 2011/95 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de una persona obligada a cumplir el servicio militar que se niega a cumplir su servicio en un conflicto, pero que desconoce su futuro destino militar, en el contexto de una guerra civil generalizada que se caracteriza por la comisión reiterada y sistemática de delitos o actos contemplados en el artículo 12, apartado 2, de esa Directiva por el ejército, sirviéndose para ello de las personas obligadas a cumplir el servicio militar, el cumplimiento de dicho servicio conllevaría participar, directa o indirectamente, en la comisión de tales delitos o actos, cualquiera que fuera el destino militar.
  • STJUE de 24 de noviembre de 2020, asuntos acum. C-225/19 y C-226/19
    El artículo 32, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) 810/2009, en su versión modificada por el Reglamento (U) 610/2013, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, obliga al Estado miembro que ha adoptado la decisión final de denegar la expedición de un visado al haberse opuesto otro Estado miembro a la expedición del mismo, a indicar, en esa decisión, la identidad del Estado miembro que ha formulado tal oposición, el motivo de denegación concreto basado en esa oposición, añadiendo, en su caso, los elementos esenciales de la fundamentación de dicha oposición y la autoridad a la que puede dirigirse el solicitante de visado para conocer las vías de recurso disponibles en ese otro Estado miembro, y, por otra parte, en el sentido de que, cuando se interpone un recurso contra esa misma decisión, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que ha adoptado tal decisión no pueden examinar la legalidad en cuanto al fondo de la oposición a la expedición del visado formulada por otro Estado miembro.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STC 172/2020, de 19 de noviembre de 2020
    El Tribunal declara que no es inconstitucional la disposición final primera por la que se introduce la disposición adicional décima en la LO 4/2000, siempre que se interprete conforme a) aplicación a las entradas individualizadas, b) pleno control judicial y c) cumplimiento de las obligaciones internacionales.
  • STS 1453/2020, de 5 de noviembre de 2020 (rec. 5342/2019)
    STS 1454/2020, de 5 noviembre de 2020 (rec. 5375/2019)
    STS 1583/2020, de 23 de noviembre de 2020 (rec. 5267/2019)
    La Sala ratifica la doctrina establecida en la STS 321/2020, de 4 de marzo, según la cual los Estados de la UE pueden adoptar la decisión de expulsar del territorio a un extranjero no perteneciente a la UE, provisto de permiso de residencia de larga duración, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 LOEX,  siempre y cuando éste «represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública» de ese país, para cuya constatación se requiere y exige un alto nivel de motivación por parte de la Administración, sin que resulte posible identificar o asimilar, de forma directa o automática, la condena penal impuesta.
  • STS 1472/2020, de 10 de noviembre de 2020 (rec. 3160/2019)
    La sentencia de instancia es correcta y ajustada al ordenamiento jurídico, por cuanto no resultaba de aplicación el régimen sancionador de la LOEX (53.1.a, en relación con el 57.1), al hallarse el recurrente en la instancia casado con ciudadana española, sin haberse extinguido o disuelto ese vínculo matrimonial.
  • STS 1475/2020, de 10 de noviembre de 2020 (rec. 7772/2019)
    STS 1523/2020, de 16 de noviembre de 2020 (rec. 7775/2019)
    STS 1575/2020, de 23 de noviembre de 2020 (rec. 8328/2019)
    La Sala remite e insiste en considerar que todo ciudadano extranjero que haya solicitado protección internacional en las Ciudades Autónomas tiene derecho a la libertad de movimiento y fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional, sin que pueda limitarse dicho derecho por la Administración por su condición de solicitante de la protección internacional y siempre con la obligación del solicitante de comunicar a la Administración dicho cambio de domicilio.
  • STS 1488/2020, de 11 de noviembre de 2020 (rec. 4215/2019)
    A efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral.
  • STS 1514/2020, de 12 de noviembre de 2020 (rec. 5237/2019)
    En los casos de expulsión de extranjeros residentes de larga duración, artículo 57.2 LOEX, es aplicable la protección reforzada del artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE, tal y como ha resuelto las sentencias del TJUE de 8 de diciembre de 2011, asunto C-371/08 y de 7 de diciembre de 2017, asunto C-636/16.
  • STS 1573/2020, de 20 de noviembre de 2020 (rec. 7825/2019)
    Será causa de anulabilidad la resolución que acuerde expulsión si la concreta falta de motivación ha ocasionado indefensión al interesado por no haber podido efectuar alegaciones y aportar, en su caso, las pruebas pertinentes, en defensa de su derecho.
  • STS 1628/2020, de 30 de noviembre de 2020 (rec. 6771/2019)
    Para determinar la concurrencia del requisito de contar el reagrupante con medios económicos suficientes para sí y su familia del artículo 7.1.b) RD 240/2007, ha de atenderse a la situación económica existente y constatada en el momento de la solicitud.

 

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OCTUBRE 2020

 

📰 NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Instrucciones DGM 9/2020 sobre el régimen aplicable a los jóvenes, nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años que hayan sido empleados en el sector agrario con base en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, cuando finalice su vigencia.
  • Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 15 de octubre de 2020, asunto Muhammad y Muhammad contra Rumanía
    El Tribunal considera vulnerado el artículo 1 del Protocolo núm. 7 CEDH (garantías procesales relativas a la expulsión de extranjeros) ante la declaración como indeseables y la posterior expulsión de los demandantes, dos ciudadanos pakistaníes que vivían legalmente en Rumanía. Éstos habían recibido información muy general sobre las acusaciones en su contra, y en el expediente no se pudo apreciar ninguno de los actos específicos que supuestamente pusieron en peligro la seguridad nacional. Tampoco se les había facilitado información sobre las etapas clave del proceso ni sobre la posibilidad de acceder a documentos clasificados del expediente a través de un abogado autorizado.
  • STEDH de 27 de octubre de 2020, asunto M.A. contra Bélgica
    El Tribunal considera vulnerados los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 13  CEDH (derecho a un recurso efectivo) tras al traslado del demandante a Sudán por las autoridades belgas a pesar de una decisión judicial que ordenaba la suspensión de la medida. Se concluye que debido a defectos de procedimiento atribuibles a las autoridades belgas se le había impedido continuar con la solicitud de asilo presentada, y que debido a la ejecución de la expulsión se había dejado sin efecto la apelación.
  • STJUE de 8 de octubre de 2020, asunto C‑568/19
    La Directiva 2008/115/CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1253/2020, de 5 de octubre de 2020 (rec. 1350/2019)
    La Sala concluye que se ha llevado a cabo una valoración suficientemente motivada, de acuerdo con el art. 5 de la Directiva 2008/115/CE, de las circunstancias personales y familiares del recurrente, ciudadano de tercer país que entra en España a través de carta de invitación de su pareja, con quien contrae matrimonio y convive junto a los dos hijos de ambos, todos ellos en situación legal, y a quien se le impone sanción de expulsión con prohibición de entrada por tres años (posteriormente reducida a un año) a los 94 días de su entrada.
  • STS 1254/2020, de 5 de octubre de 2020 (rec. 4890/2019)
    La existencia de un hijo menor de edad español y a cargo del extranjero residente de larga duración incide en la decisión de expulsión ex art. 57.2 de la LOEX, de manera que ha de valorarse si dicha expulsión podría obligar al menor a abandonar el territorio de la Unión, privándole de los derechos inherentes al estatuto de ciudadano de la Unión, en particular el derecho de residencia, circunstancia que corresponde verificar al órgano jurisdiccional, y que podría significar, atendidas las circunstancias de cada caso, ponderando de manera proporcionada el interés superior del niño y la preservación del orden público y la seguridad nacional, la exclusión de la expulsión y no devolución del progenitor, atendiendo no solo al derecho propio sino al derecho derivado en los términos que señala el TJUE en relación con los artículos 20 y 21 del Tratado Fundacional.
  • STS 1259/2020, de 5 de octubre de 2020 (rec. 3130/2019)
    La protección reforzada frente a la expulsión que brinda el art. 12 de la Directiva 2003/109 y el art. 57.3.b) LOEX, es solo aplicable a los extranjeros, titulares de una autorización de residencia de larga duración, para cuya expulsión – en aplicación del art. 57.2) – será preciso ponderar motivadamente, en cada supuesto concreto, las circunstancias previstas en su apartado 5.b).
  • STS 1260/2020, de 6 de octubre de 2020 (rec. 5071/2019)
    La decisión de expulsión de un extranjero residente de larga duración, en aplicación del art. 57.2 LOEX, no puede ser automática por el mero hecho de la condena superior a un año, sino que debe además valorarse para dicha expulsión, conforme a los artículos 6 y 12 de la Directiva 2003/109/CE, a la jurisprudencia del TJUE, y del TEDH, y a las sentencias dictadas y citadas en la sentencia, la gravedad del delito y el peligro que representa para el orden público o la seguridad ciudadana y las circunstancias personales que concurren en el extranjero cuya expulsión se acuerda.
  • STS 1280/2020, de 13 de octubre de 2020 (rec. 3614/2019)
    El derecho a la residencia permanente de familiar extracomunitario de un ciudadano de la UE exige inexcusablemente que ese período de residencia previo de cinco años sea legal, es decir, que durante el mismo se reúnan las condiciones enunciadas en el art. 7 del RD 240/2007 y art. 7, apartado 1 de la Directiva 2004/38.
  • STS 1281/2020, de 13 de octubre de 2020 (rec. 4708/2019)
    Es conforme a derecho declarar lesivo para el interés público, por infracción del ordenamiento jurídico, y por tanto, anular y dejar sin efecto la concesión de la nacionalidad española por residencia, si el solicitante cometiese hechos delictivos con anterioridad al acto administrativo que le concedió la nacionalidad, revelando así un comportamiento incompatible con el requisito de buena conducta cívica. Si los hechos delictivos se cometiesen con posterioridad a la concesión de la nacionalidad, no son valorables a los efectos de precisar la buena conducta cívica del interesado a quien ya se le había concedido la nacionalidad. Para evitar cualquier duda, se aclara que la comisión de hechos delictivos no quiere decir hechos delictivos penados, pues la buena conducta cívica se aprecia, según constante y reiterada jurisprudencia, en el comportamiento del interesado antes de la concesión incurriendo en hechos delictivos, no en la existencia de condena penal.
  • STS 1327/2020, de 15 de octubre de 2020 (rec. 4989/2019)
    El régimen jurídico aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas fuera del territorio nacional al amparo del artículo 38 de la Ley 12/2009 (solicitudes en Embajadas y Consulados) es el establecido en la propia Ley sin alteración de su regulación sustantiva; que la falta de desarrollo reglamentario a que se refiere el art. 38 de la Ley 12/2009 no impide la aplicación de sus previsiones a las solicitudes de protección internacional formuladas a su amparo; que la valoración del peligro para la integridad física del solicitante, ha de entenderse referida a la situación determinante de la solicitud en el país de origen; y que la falta de resolución por la Administración supone un acto presunto susceptible de impugnación.
  • STS 1354/2020, de 19 de octubre de 2020 (rec. 4278/2019)
    Se reitera la respuesta dada en anteriores sentencias por la que entiende que es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en un CIE el plazo para dictar la resolución denegatoria establecido para cuando dicha solicitud se presente en frontera, de manera que la falta de respuesta en plazo produce los efectos previstos en dicho precepto teniendo en cuenta la situación del solicitante que se encuentra internado en un CIE, efectos que no desaparecen por el hecho de que con posterioridad se dicte la resolución correspondiente. Así, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión.

 

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SEPTIEMBRE 2020

 

📰 NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Nota de prensa del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de 8 de septiembre, sobre la compatibilidad  de los procedimientos de asilo con aquellos regulados en la legislación de extranjería.
  • Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, y Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por las que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
  • Instrucción DGM 8/2020 sobre la residencia en España de los progenitores, nacionales de terceros países, de menores ciudadanos de la Unión, incluidos españoles.

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 10 de septiembre de 2020, asunto B.G. y otros contra Francia
    El Tribunal no considera vulnerados los artículos 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) y 8 CEDH (derecho al respeto a la vida privada y familiar) alegados por los demandantes. Éstos, solicitantes de asilo, fueron acomodados desde el 29 de junio al 9 de octubre de 2013 en un campamento improvisado en un antiguo aparcamiento de la ciudad de Metz, en condiciones que alegaban particularmente inadecuadas para sus hijos pequeños.
  • STJUE de 3 de septiembre de 2020, asuntos acum. C-503/19 y C-592/19
    El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/109/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, tal como la interpretan algunos órganos jurisdiccionales de este, que establece que puede denegarse al nacional de un tercer país el estatuto de residente de larga duración en dicho Estado miembro por el mero hecho de que tenga antecedentes penales, sin examinar específicamente su situación por lo que respecta, en particular, al tipo de delito que haya cometido, al peligro que representa eventualmente para el orden público o la seguridad pública, a la duración de su residencia en el territorio del mismo Estado miembro y a la existencia de vínculos con este último.
  • STJUE de 9 de septiembre de 2020, asunto C-651/19
    El artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE, a la luz del artículo 47 CDFUE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que fija para la interposición del recurso contra una decisión por la que se declara inadmisible una solicitud de protección internacional posterior un plazo preclusivo de diez días, el cual incluye los festivos, desde la notificación de la decisión, incluido cuando, en defecto de designación de domicilio en ese Estado miembro por el solicitante de que se trate, la notificación se practica en la sede de la autoridad competente para examinar estas solicitudes, bajo ciertas condiciones.
  • STJUE de 17 de septiembre de 2020, asunto C-806/18
    La Directiva 2008/115/CE, y en particular su artículo 11, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro que prevé la posibilidad de imponer una pena de prisión a un nacional de un tercer país en situación irregular respecto del cual ha concluido el procedimiento de retorno previsto por dicha Directiva y que no ha abandonado efectivamente el territorio de los Estados miembros, cuando la conducta típica consiste en la estancia irregular con conocimiento de una prohibición de entrada, dictada, principalmente, debido a sus antecedentes penales o al peligro que representa para el orden público o la seguridad nacional, siempre que la conducta típica no requiera el incumplimiento de esta prohibición de entrada y que dicha normativa sea lo suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
  • STJUE de 30 de septiembre de 2020, asunto C-233/19
    Los artículos 5 y 13 de la Directiva 2008/115/CE, en relación con los artículos 19, apartado 2, y 47 CDFUE deben interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio en materia de ayuda social cuyo resultado está vinculado a la posible suspensión de los efectos de una decisión de retorno dictada contra un nacional de un tercer país que padece una grave enfermedad debe considerar que un recurso por el que se solicita la anulación y la suspensión de esta decisión implica, de pleno Derecho, la suspensión de dicha decisión, cuando el recurso mencionado contiene alegaciones con el fin de demostrar que la ejecución de la decisión de retorno expondría al nacional de un tercer país a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado de salud que no parecen manifiestamente infundadas, y esa normativa no establece otra vía de recurso, regulada por normas precisas, claras y previsibles, que implique, de pleno Derecho, la suspensión de tal decisión.
  • STJUE de 30 de septiembre de 2020, asunto C-402/19
    Los artículos 5, 13 y 14 de la Directiva 2008/115/CE, en relación con los artículos 7, 19, apartado 2, 21 y 47 CDFUE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que no establece la cobertura, en la medida de lo posible, de las necesidades básicas de un nacional de un tercer país cuando este ha interpuesto recurso contra una decisión de retorno dictada contra él, un hijo mayor de edad de dicho nacional de un tercer país padece una grave enfermedad, la presencia de este nacional de un tercer país junto al hijo mayor de edad es imprescindible, en nombre de dicho hijo mayor de edad se ha interpuesto un recurso contra una decisión de retorno dictada contra él y cuya ejecución podría exponer a este a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado de salud, y el citado nacional de un tercer país carece de los medios que le permitan subvenir él mismo a sus necesidades.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1152/2020, de 11 de septiembre de 2020 (rec. 2483/2019)
    La persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud de asilo, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión.

 

🗣  TABLÓN EXTRANJERISTA

 

 

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JULIO 2020

 

📖 ACTUALIDAD NORMATIVA

 

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 2 de julio de 2020, asunto C-18/19
    El artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite el internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular a efectos de expulsión en un centro penitenciario, separado de los presos ordinarios, debido a que representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad o a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trata.
  • STJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acum. C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
    El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que la fecha que debe tomarse como referencia para determinar si un nacional de un tercer país o un apátrida no casado es un hijo menor es aquella en la que se presenta la solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar en un Estado miembro. Asimismo, el artículo 18 de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra la resolución denegatoria de una solicitud de reagrupación familiar de un hijo menor por el único motivo de que el menor haya alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento judicial.
  • STJUE de 16 de julio de 2020, asunto 517/17
    Los artículos 14 y 34 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual el incumplimiento de la obligación de brindar al solicitante de protección internacional la posibilidad de ser convocado a una entrevista personal antes de adoptar una resolución de inadmisibilidad basada en el artículo 33, apartado 2, letra a) de esa Directiva no dará lugar a la anulación de tal resolución y a la devolución del asunto a la autoridad decisoria, a no ser que dicha normativa permita al citado solicitante, en el procedimiento de recurso contra esa decisión, presentar en persona todos sus argumentos contra la misma en una audiencia que respete los requisitos y garantías fundamentales aplicables, expuestos en el artículo 15 de dicha Directiva, sin que dichos argumentos puedan modificar esa resolución.

 

⚖️  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 900/2020, de 1 de julio de 2020 (rec. 1052/2019)
    STS 1047/2020, de 20 de julio de 2020 (rec. 6680/2018)
    Se establecen las conclusiones finales que constituiría la doctrina fijada una vez asumida la doctrina del TJUE y del TC, por las que se señala que, en el caso de que no se cumplan las condiciones para la reagrupación previstas en los artículos 7 de la Directiva y el RD 240/2007, lo esencial será acreditar la relación de dependencia efectiva entre el nacional español y el nacional de tercer país que pretende reagruparse con el primero.
  • STS 972/2020, de 9 de julio de 2020 (rec. 6107/2019)
    La imposibilidad de aportación de certificado de nacimiento legalizado y certificado de antecedentes penales del país de origen no puede implicar, necesariamente, el rechazo de la solicitud de concesión de nacionalidad por razón de residencia, por cuanto habrán de ponderarse, en conjunto, todas las circunstancias que concurran en el solicitante, puestas de manifiesto por el mismo, o aportadas de oficio por la Administración, con la finalidad -de poder justificar «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española».
  • STS 984/2020, de 13 de julio de 2020 (rec. 1964/2019)
    A efectos de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, la percepción por el extranjero de una prestación económica asistencial de carácter público como renta de ingresos o inclusión social o análoga, puede considerarse como prestación destinada a lograr su inserción social o laboral.
  • STS 985/2020, de 13 de julio de 2020 (rec. 2506/2019)
    Reitera doctrina por la que establece que la facultad de la Administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 RD 557/2011, debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia
  • STS 1011/2020, de 16 de julio de 2020 (rec. 3455/2019)
    En el supuesto en que el extranjero haya sido penado en concurso medial en aplicación del art. 77.3 del Código Penal (en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), la aplicación de la causa de expulsión prevista en el art. 57.2 de la LO 4/2000, y concretamente su inciso «delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año», requerirá que, al menos, uno de los delitos cometidos en concurso medial tenga asignada una pena abstracta privativa de libertad superior a un año en todo su recorrido.
  • STS 1019/2020, de 16 de julio de 2020 (rec. 2400/2019)
    La expulsión de un extracomunitario puede decretarse conforme al artículo 57.2 LO 4/2000, pero si el extranjero extracomunitario afirma estar casado con una ciudadana española, procede verificar la realidad de dicho matrimonio, si posee o no tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la UE, si tiene domicilio conocido en España, si tiene trabajo y percibe retribución por ello, etc. Y a la vista de la gravedad de la conducta dolosa determinante de la expulsión, y de las circunstancias antes mencionadas, determinar si el extranjero extracomunitario representa una amenaza para el orden público, seguridad pública o salud pública.
  • STS 1037/2020, de 20 de julio de 2020 (rec. 4531/2020)
    STS 1038/2020, de 20 de julio de 2020 (rec. 4629/2019)
    STS 1129/2020, de 29 de julio de 2020 (rec. 6594/2019)
    La persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud de protección internacional, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión
  • STS 1092/2020, de 23 de julio de 2020 (rec. 3698/2019)
    Unos antecedentes policiales consistentes en la mera mención del delito, sin saber siquiera el devenir judicial de los mismos, no son suficientes para poder fundamentar un comportamiento personal del solicitante del permiso de residencia de larga duración contrario al orden público o la seguridad pública, en el sentido en el que tales conceptos han sido interpretados por el TJUE.
  • STS 1105/2020, de 23 de julio de 2020 (rec. 4692/2019)
    El plazo de caducidad en los expedientes de expulsión del territorio es el de seis meses establecido en el artículo 225.1 RD 557/2011.
  • STS 1125/2020, de 27 de julio de 2020 (rec. 3522/2019)
    No es admisible, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 LO 4/2000, decretar la expulsión automática de un extranjero por haber sido condenado a pena privativa libertad superior a un año, sino que es la propia Administración la que ha de ponderar las circunstancias que concurren en el afectado de las que pueda concluirse que, pese a la existencia de dicha condena, representa una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública.
  • STS 1127/2020, de 28 de julio de 2020 (rec. 5413/2019)
    No puede computarse el trabajo realizado tras la finalización de la vigencia de la autorización concedida, pues sólo prorroga su vigencia a los efectos de poder formular la solicitud de renovación extemporáneamente.
  • STS 1128/2020, de 29 de julio de 2020 (rec. 4893/2019)
    STS 1130/2020, de 29 de julio de 2020 (rec. 1953/2019)
    Debe mantenerse el criterio de la Sala de instancia y considerar que todo ciudadano extranjero que haya solicitado una protección internacional o asilo en las Ciudades Autónomas tiene derecho a la libertad de movimiento y fijar su residencia en cualquier otra ciudad del territorio nacional.
  • STS 1131/2020, de 29 de julio de 2020 (rec. 2657/2018)
    Quien solicite la autorización de residencia temporal por razones de arraigo social basada en vínculos familiares del art. 124.2.c) RD 557/2011 debe contar con un contrato de trabajo en las condiciones que el precepto exige, no obstante lo cual, dicha exigencia puede ser sustituida, en base al informe de arraigo a que se refiere el precepto, a lo que resulte del mismo «siempre y cuando acredite que cuenta con medios económicos suficientes»; pero que dichos medios económicos han de concurrir, en todo caso, en el solicitante de la residencia y no en la unidad familiar cuyos vínculos sirve para solicitar el arraigo. No obstante, la Administración al resolver sobre la petición y los Tribunales de lo Contencioso al revisar las resoluciones que se dicten, deben examinar las pruebas sobre dicha exigencia y ponderar las circunstancias personales del solicitante a los efectos de conceder dicha autorización de residencia.
  • STS 1132/2020, de 29 de julio de 2020 (rec. 4687/2019)
    Para decidir acerca de la solicitud formulada por extranjero de una autorización de residencia de larga duración, se debe considerar, primero, si tiene algún antecedente penal, y si ello ocurre, considerar la gravedad o el tipo de delito contra el orden público por el que el solicitante fue condenado y si representa un peligro para la sociedad por su conducta. Y segundo, se debe examinar, además de lo anterior, si el solicitante tiene vínculos con el país de residencia. Si el solicitante tiene un hijo menor de edad de nacionalidad española, procede examinar la relación del progenitor con el menor, si tiene la guarda y custodia, si está a su cargo, relación con el menor, etcétera.
  • STS 1134/2020, de 30 de julio de 2020 (rec. 5613/2019)
    La inversión significativa exigida para el otorgamiento de la autorización de residencia como inversor prevista en el artículo 63.1.b) de la Ley 14/2013 puede llevarse a cabo mediante la construcción o promoción de un inmueble sobre una parcela o terreno previamente adquirido mediante compraventa.
  • STS 1137/2020, de 30 de julio de 2020 (4528/2018)
    En congruencia con la declaración efectuada en las sentencias anteriormente dictadas, ante la efectiva concurrencia de alguno de los supuestos que permiten la incoación del procedimiento preferente al amparo del art. 63.1 LO 4/2000, la falta de indicación del mismo y consiguiente motivación insuficiente del acuerdo de iniciación del procedimiento preferente carece de trascendencia (virtualidad) invalidante.

 

 

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