Boletín Extranjerista #12

MARZO 2020

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖  ACTUALIDAD NORMATIVA

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA
  • STEDH de 24 de marzo de 2020, asunto Asady y otros contra Eslovaquia
    El Tribunal considera que no se ha producido una vulneración del art. 4 del Protocolo nº 4 CEDH (prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros) en el caso de siete solicitantes de asilo que fueron expulsados a Ucrania. A pesar de que, según alegaban los demandantes, las transcripciones de sus entrevistas mostraban que no habían sido entrevistados por separado ya que los tiempos oficiales se habían solapado en varios casos, que sólo un intérprete había estado presente, y que no habían tenido más de diez minutos para expresarse, el Tribunal entiende que se les otorgó una posibilidad genuina de señalar a las autoridades cualquier problema que pudiera haber afectado a su estado y permitido la permanencia en Eslovaquia.
  • STJUE de 19 de marzo de 2020, asunto C‑406/18
    El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que únicamente confiere a los órganos jurisdiccionales la facultad de anular las resoluciones de las autoridades competentes en materia de protección internacional, pero no de modificarlas. No obstante, en caso de devolución del expediente a la autoridad administrativa competente, deberá adoptarse en el menor tiempo posible una nueva resolución que sea conforme con la apreciación contenida en la sentencia anulatoria.
  • STJUE de 19 de marzo de 2020, asunto C-564/18
    El artículo 33 de la Directiva 2013/32/UE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite denegar una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible cuando el solicitante haya llegado al territorio del Estado miembro de que se trata por un país en el que no haya estado expuesto a persecución ni a riesgo de daños graves o en el que se garantiza un nivel adecuado de protección.
    El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución mediante la que se deniega una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible un plazo de ocho días para resolver si dicho órgano jurisdiccional no puede garantizar en ese plazo la efectividad de las normas materiales y de las garantías procesales que el Derecho de la Unión reconoce al solicitante.

 

 ⚖  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 303/2020, de 2 de marzo de 2020 (rec. 871/2019)
    Los antecedentes policiales – salvo que, por su reiteración y/o gravedad, evidencien que el solicitante representa un peligro para el «orden público» o la «seguridad pública», en el sentido que es interpretado por el TJUE – no constituyen causa de denegación de una solicitud de primera autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo social.
  • STS 310/2020, de 3 de marzo de 2020 (rec. 868/2019)
    Desestima recurso de casación formulado por la Abogacía del Estado contra sentencia de la Audiencia Nacional que concedía autorización de residencia por razones humanitarias a dos ciudadanos venezolanos (señora de avanzada edad y su nieto menor de edad). La Sala recuerda que el legislador impone, de oficio y sin necesidad de esperar a la alegación de concretas razones humanitarias, un tratamiento diferenciado en relación con las personas solicitantes de protección internacional en situación de vulnerabilidad (artículos 46.1 y 2 de la Ley 12/2009), por cuanto la Abogacía del Estado alegaba que el procedimiento de solicitud de protección internacional en frontera no permite la concesión de autorización de razones humanitarias.
  • STS 321/2020, de 4 de marzo de 2020 (rec. 5364/2018)
    El plazo de caducidad de seis meses establecido en el artículo 225.1 RD 557/2011 para resolver y notificar el expediente de expulsión de un ciudadano extranjero debe computarse, en el supuesto de retroacción del expediente administrativo a la fase de resolución del mismo ordenado por decisión judicial, desde la fecha de la comunicación de la recepción de la sentencia por parte del órgano que hubiese realizado la actividad objeto del recurso, salvo que la sentencia hubiese establecido otro plazo u otras condiciones para la ejecución de la misma.
    Por otro lado, la Sala desestima el recurso interpuesto por residente de larga duración expulsado del territorio nacional en aplicación del artículo 57.5.b) LO 4/2000, si bien aclara que la doctrina aplicada no toma en consideración la fundamentación contenida en las sentencias de 19 de enero y 27 de febrero de 2019 que aplicaban a este supuesto la Directiva 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, por cuanto «obviamente tal fundamentación no resulta de aplicación a supuestos como el de autos, en los que el «Estado miembro de ejecución» y el «Estado miembro autor», coinciden».

 

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Boletín Extranjerista #11

FEBRERO 2020

 

🎉 ¡EL BOLETÍN EXTRANJERISTA CUMPLE SU PRIMER AÑO! 🎂
Gracias a todos los que hacéis posible que cada mes podamos hacer un buen seguimiento de las novedades más importantes en el ámbito de la extranjería. A nuestros colaboradores habituales (Paco y Andrés), a nuestro bloguero de cabecera (Alfredo) y a nuestro profesor por excelencia (Pepelu), pero también a todos los socios y socias que cada día compartís información, opiniones, iniciativas, estrategias y ánimos para seguir adelante en esta profesión tan bonita pero a veces tan dura. Nos seguimos viendo, esto no ha hecho más que empezar 🙂

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 13 de febrero de 2020, asunto N.D. y N.T. contra España
    El Tribunal considera que la devolución en caliente realizada a dos ciudadanos de Mali y Costa de Marfil tras su salto a la valla de Melilla en 2014 no supone una violación del artículo 13 CEDH (derecho a un recurso efectivo) ni del artículo 4 del Protocolo nº4 del Convenio (prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros). Alega que la falta de decisiones individualizadas de expulsión y de opción a recurso efectivo puede atribuirse al hecho de que los solicitantes no habían utilizado las vías legales de entrada al territorio, siendo así consecuencia de su propia conducta.
  • STJUE de 5 de febrero de 2020, asunto C‑341/18
    El artículo 11.1 del Reglamento (UE) 2016/399 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un marino que tiene la condición de nacional de un tercer país se enrola en un buque atracado por un largo período de tiempo en un puerto marítimo de un Estado que forma parte del espacio Schengen con el fin de realizar un trabajo a bordo, antes de abandonar el puerto en ese mismo buque deberá estamparse el sello de salida en sus documentos de viaje, cuando tal sellado esté previsto por ese mismo código, no en el momento en que el marino se enrola en el buque, sino cuando el capitán informe a las autoridades nacionales competentes de la partida inminente del buque.
  • STJUE de 27 de febrero de 2020, asunto C-836/18
    El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro deniegue una solicitud de reagrupación familiar, presentada por el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano de la Unión que posee la nacionalidad de ese Estado miembro y que nunca ha ejercido su libertad de circulación, por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga, para sí y su cónyuge, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social, sin que se haya examinado si entre ese ciudadano de la Unión y su cónyuge existe una relación de dependencia de tal naturaleza que, en caso de denegarse un derecho de residencia derivado a este último, el ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la UE en su conjunto y quedaría privado, en consecuencia, del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto.
    Señala además que, en otro caso, la denegación resultaría desproporcionada en relación con el objetivo perseguido por el requisito de disponer de recursos suficientes, a saber, preservar el erario del Estado miembro de que se trate, pues es fundamentalmente diferente del objetivo consistente en mantener el orden público y salvaguardar la seguridad pública, no pudiendo justificar una injerencia tan grave en el disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que confieren el estatuto de ciudadano de la Unión.
    Determina eso sí que la obligación de vivir juntos emanada del artículo 68 del Código civil no es suficiente para conceder al cónyuge de español, sea cual fuere la situación, la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión.

 

⚖  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 261/2020, de 24 de febrero de 2020 (rec. 1054/2019)
    El Tribunal establece que a los efectos del art. 126.2 RD 557/2011 (autorización de residencia temporal por razones humanitarias por enfermedad sobrevenida), es adecuado y suficiente el informe clínico del facultativo que presta la asistencia sanitaria.

 

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Boletín Extranjerista #10

ENERO 2020

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 22 de enero de 2020, asunto C-32/19
    El artículo 17.1.a) de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, a fin de adquirir un derecho de residencia permanente en el Estado miembro de acogida antes de que finalice un período ininterrumpido de residencia de cinco años, los requisitos de haber ejercido en ese Estado su actividad durante al menos los últimos doce meses y de haber residido en él de manera continuada durante más de tres años se aplican a un trabajador que, en el momento de cesar en su actividad, haya alcanzado la edad prevista por la legislación de dicho Estado miembro para adquirir el derecho a una pensión de jubilación.

 

⚖  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 22/2020, de 15 de enero de 2020 (rec. 6078/2018)
    El Tribunal reitera la interpretación ya fijada en la sentencia de 1 de julio, entre otras, por la que concluyó que la facultad de la administración para declarar extinguidas las autorizaciones temporales de residencia o de residencia y trabajo contemplada en el artículo 162.2 RD 557/2011 debe ser ejercitada, inexcusablemente, antes de que dicha autorización haya concluido su plazo inicial de vigencia.
  • STS 61/2020, de 23 de enero de 2020 (rec. 3348/2019)
    Conforme al art. 21, al que se remite el art. 25 de la Ley 12/2009, el transcurso del plazo, fijado para acordar la inadmisión a trámite sin que se haya notificado la resolución de forma expresa, determinará su tramitación por el procedimiento ordinario, así como la autorización de entrada y permanencia provisional de la persona solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente.

 

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Boletín Extranjerista #9

DICIEMBRE 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 12 de diciembre de 2019, asunto C-380/18
    El artículo 6.1.e), del Reglamento (UE) 2016/399 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica nacional en virtud de la cual las autoridades competentes pueden dictar una decisión de retorno contra un nacional de un tercer país no sujeto a la obligación de visado que se encuentra en el territorio de los Estados miembros para una estancia de corta duración, porque se le considera una amenaza para el orden público, al sospecharse que ha cometido un delito, siempre que esta práctica solo se aplique si, por una parte, el delito es lo suficientemente grave, y, por otra, si dichas autoridades disponen de información coherente, objetiva y precisa que corrobore sus sospechas.
  • STJUE de 12 de diciembre de 2019, asuntos C-381/2018 y 382/2018
    El artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una práctica nacional en virtud de la cual las autoridades competentes pueden, por una parte, denegar una solicitud de entrada y de residencia debido a una condena penal impuesta durante una estancia anterior en el territorio del Estado miembro de que se trate y, por otra parte, retirar un permiso de residencia o denegar su renovación cuando se haya impuesto al solicitante una pena de considerable gravedad en relación con la duración de su residencia, siempre que esta práctica solo sea aplicable si el delito que justificó la condena penal en cuestión es suficientemente grave como para resolver que es necesario denegar la residencia del referido solicitante y que dichas autoridades lleven a cabo una apreciación individual.
  • STJUE de 12 de diciembre de 2019, asunto C-519/18
    El artículo 10.2 de la Directiva 2003/86/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro sólo autorice la reagrupación familiar de la hermana de un refugiado si ésta, debido a su estado de salud, no es capaz de proveer a sus propias necesidades, siempre que, por una parte, dicha incapacidad se aprecie teniendo en cuenta la situación particular en que se encuentran los refugiados y tras un examen individualizado, y, por otra parte, pueda acreditarse que es el refugiado quien garantiza efectivamente el sustento material de la persona de que se trata o que el refugiado parece ser el miembro de la familia con más capacidad para garantizar el sustento material requerido.

 

⚖  CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y AÚN NO RESUELTAS

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1665/2019, de 3 de diciembre de 2019 (rec. 8013/2018)
    El Tribunal reitera la doctrina ya establecida por la Sala en sentencias anteriores por la que una insuficiente motivación en el acuerdo de iniciación del procedimiento preferente de expulsión carece de trascendencia (virtualidad) invalidante, no produciendo indefensión.
  • STS 1695/2019, de 11 de diciembre de 2019 (rec. 6233/2018)
    Para la concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo no son exigibles las garantías del art. 64.3.d) del RD 557/2011, prevista únicamente para las autorizaciones temporales de residencia y trabajo por cuenta ajena, y para el resto de las autorizaciones de residencia reguladas en el Título V, y todo ello sin perjuicio de que la Administración, en uso de su potestad de control y siempre que no tenga por cierto el contrato presentado, pueda probar la inexistencia material del contrato o su evidente falta de viabilidad, en cuyo caso podrá denegar la autorización mediante resolución motivada justificativa de esa decisión.
  • STS 1728/2019, de 13 de diciembre de 2019 (rec. 6538/2018) 
    La persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud de protección internacional, salvo en aquellos supuestos en los que se acredite, de forma suficiente por la administración, que la formulación de la solicitud se ha realizado con la única y exclusiva finalidad de mantenerse en territorio español, enervando así los efectos de la ejecución de una orden firme de devolución o expulsión.
  • STS 1737/2019, de 13 de diciembre de 2019 (rec. 15/2019)
    La sola existencia de antecedentes penales no determina sin más la denegación de la solicitud de autorización temporal por circunstancias extraordinarias de arraigo familiar, procediendo la ponderación las circunstancias concurrentes en el caso.
  • STS 1801/2019, de 17 de diciembre de 2019 (rec. 2459/2019)
    Es aplicable a las solicitudes de protección internacional presentadas en un CIE el plazo para dictar la resolución denegatoria establecido para cuando dicha solicitud se presente en frontera.
  • STS 1830/2019, de 18 de diciembre de 2019 (rec. 2521/2019)
    Los apartados 1 y 2 del artículo 162 RD 557/2011, bajo el epígrafe «extinción de la residencia temporal», resultan mutuamente excluyentes, de manera que producida la extinción por el transcurso del plazo de vigencia no resulta procedente acordar la extinción por incumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y permanencia. Ello no implica sin embargo que tal incumplimiento sea irrelevante, pudiendo valorarse en relación con la concesión de ulteriores autorizaciones en las que resulte exigible el requisito incumplido.
  • STS 1837/2019, de 18 de diciembre de 2019 (rec. 6269/2018)
    STS 1848/2019, de 18 de diciembre de 2019 (rec. 113/2019)
    Es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de «un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año«, sin mayores requisitos, todo ello sin perjuicio de que la Administración, en uso de su potestad de control y siempre que no tenga por cierto el contrato presentado, pueda probar la inexistencia material del contrato o su evidente falta de viabilidad, en cuyo caso deberá denegar la autorización mediante resolución motivada justificativa de esa decisión.
  • STS 1865/2019, de 19 de diciembre de 2019 (rec. 222/2019)
    Únicamente se podrá ordenar la expulsión de un extranjero con residencia de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad jurídica (por tanto, no basta con que haya sido condenado por la comisión de un delito castigado con más de un año de cárcel), debiendo tenerse en cuenta, antes de acordar la expulsión, entre otras circunstancias, las consecuencias que para él y los miembros de su familia tendría la expulsión.

 

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Boletín Extranjerista #8

NOVIEMBRE 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 14 de noviembre de 2019, asunto N.A. contra Finlandia
    Un ciudadano iraquí, que había tenido un conflicto con un compañero chiíta en su lugar de trabajo como investigador del Ministerio del Interior, vio denegada su solicitud de asilo y aceptó regresar voluntariamente a Irak, donde le asesinaron poco después de su llegada El Tribunal sostiene que se ha producido una violación del artículo 2 (derecho a la vida) y del artículo 3 (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes) CEDH debido a las decisiones de deportar al padre del solicitante a su país de origen, condenando a Finlandia al pago de 20.000€ en concepto de daños no pecuniarios y 4.500€ en concepto de costas y otros gastos a su hijo, residente en Finlandia.
  • STEDH de 21 de noviembre de 2019, asunto Ilias y Ahmed contra Hungría
    Dos solicitantes de asilo de Bangladesh pasaron 23 días en una zona de tránsito fronteriza húngara antes de ser trasladados a Serbia, después de que sus solicitudes de asilo fueran rechazadas. El Tribunal sostiene que se ha producido una vulneración del artículo 3 CEDH (prohibición de tortura o trato inhumano o degradante) al no haber evaluado el riesgo a que los solicitantes no tuvieran acceso adecuado a los procedimientos de asilo en Serbia o a que fueran sometidos a una devolución en cadena, lo que podría haberlos enviado a Grecia, donde las condiciones en los campos de refugiados violan el artículo 3. Sin embargo, descarta una vulneración del artículo 5 CEDH (derecho a la libertad y seguridad), entendiendo que no hubo una privación de libertad de facto en la zona de tránsito, pues en la práctica podrían haber regresado a Serbia. El Tribunal condena así a Hungría a pagar 5.000€ a cada uno de los solicitantes en concepto de daños no pecuniarios, y 18.000€ en conjunto en concepto de costas y otros gastos.
  • STJUE de 12 de noviembre de 2019, asunto C‑233/18
    El artículo 20.4 y 20.5 de la Directiva 2013/33/UE debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede establecer, entre las sanciones que pueden imponerse a un solicitante en caso de violación grave de la normativa aplicable en los centros de acogida o de comportamiento violento grave, una sanción consistente en retirar, aunque solo sea temporalmente, el beneficio de las condiciones materiales de acogida ya que ello tendría como efecto privar al solicitante de la posibilidad de satisfacer sus necesidades más elementales.
  • STJUE de 20 de noviembre de 2019, asunto C-706/18
    La Directiva 2003/86/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando no se haya adoptado una resolución una vez transcurrido un plazo de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de reagrupación familiar, las autoridades nacionales competentes deberán expedir de oficio un permiso de residencia al solicitante sin estar necesariamente obligadas a comprobar previamente que este reúne efectivamente los requisitos para residir en el Estado miembro de acogida de conformidad con el Derecho de la Unión.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1618/2019, de 20 de noviembre de 2019 (rec. 4698/2019)
    El Tribunal reitera la interpretación ya fijada en la sentencia de 19 de diciembre de 2018, entre otras, por la que determina que, tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, en aplicación de los artículos 53.1.a), en relación con los artículos 55.1.b ) y 57.1 LO 4/2000, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.
  • STS 1638/2019, de 26 de noviembre de 2019 (rec. 7066/2018)
    La protección reforzada frente a la expulsión que brinda el art. 12 de la Directiva 2003/109 y el art. 57.3.b) LO 4/2000, es sólo aplicable a los extranjeros titulares de una autorización de residencia de larga duración.

 

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Boletín Extranjerista #7

OCTUBRE 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA
  • STDEH de 10 de octubre de 2019, asunto O.D. contra Bulgaria
    El Tribunal considera que la ejecución de una orden de expulsión a Siria realizada por las autoridades búlgaras contra un ex militar sirio alegando que representa una amenaza para la seguridad nacional equivaldría a una violación del artículo 2 (derecho a la vida) y el artículo 3 (prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes) CEDH, así como determina que hubo una violación del artículo 13 CEDH (derecho a un recurso efectivo). El Tribunal indicó al Gobierno, de conformidad con el Artículo 39 del Reglamento de la Corte, que dicho ciudadano no debe ser expulsado.
  • STJUE de 2 de octubre de 2019, asunto C-93/18
    El artículo 7.1.b) DIR 2004/38/CE debe interpretarse en el sentido de que un ciudadano de la Unión menor de edad dispone de recursos suficientes para no convertirse en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia aun cuando dichos recursos procedan de los ingresos obtenidos por el empleo ejercido de manera ilegal por su progenitor, nacional de un tercer Estado que no dispone de permiso de residencia y trabajo en dicho Estado miembro.
  • STJUE de 3 de octubre de 2019, asunto C-302/18
    El artículo 5.1.a) DIR 2003/109/CE debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «recursos» utilizado en dicha disposición no se refiere únicamente a los «recursos propios» del solicitante del estatuto de residente de larga duración, sino que puede comprender también los recursos puestos a su disposición por un tercero, siempre y cuando tales recursos se consideren fijos, regulares y suficientes, habida cuenta de la situación individual del solicitante de que se trate

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1304/2019, de 3 de octubre de 2019 (rec. 7231/2018)
    De acuerdo con el art. 162.2.b) RD 557/2011, la Administración decretará la extinción de las autorizaciones de residencia temporal o de residencia temporal y trabajo, con arreglo a los trámites previstos para el otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, cuando se constate que han desaparecido las circunstancias que sirvieron de base para su concesión, siempre, claro está, que no se hubieran ya extinguido aquéllas ope legis, por cualquiera de las circunstancias previstas en su apartado 1, y sin que quepa la aplicación de su art. 71.2, previsto para otros supuestos distintos.
  • STS 1305/2019, de 3 de octubre de 2019 (rec. 7163/2018)
    En los supuestos de solicitud de autorización de residencia de larga duración, y también temporal de residencia y trabajo, procede considerar la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública o el peligro que representa la persona en cuestión, además de las circunstancias personales del solicitante, nacional de un tercer Estado, si tiene la guarda y custodia de menor de edad, ciudadano español y por tanto ciudadano de la UE.
  • STS 1336/2019, de 9 de octubre de 2019 (rec. 7077/2018)
    La mera existencia de antecedentes penales no impide automáticamente, el otorgamiento de una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo familiar, sino que éstos habrán de ser ponderados a la luz del principio de proporcionalidad, con independencia y al margen de que ostente -o no- la guarda del menor (ciudadano de la UE), y solo cuando tales antecedentes penales lo sean por delito/s que atenten gravemente al orden público o a la seguridad pública en detrimento de la protección del menor.
  • STS 1334/2019, de 9 de octubre de 2019 (rec. 5076/2018)
    La expulsión del art. 15.1.c) RD 240/2007 tiene un carácter sancionador, al igual que el régimen general aplicable del 57.2 LO 4/2000, y por tanto el plazo máximo de tramitación es de 6 meses, de acuerdo con el art. 225 RD 557/2011.
  • STS 1363/2019, de 15 de octubre de 2019 (rec. 1629/2018)
    STS 1407/2019, de 22 de octubre de 2019 (rec. 1713/2018)
    STS 1444/2019, de 24 de octubre de 2019 (rec. 2676/2018)
    STS 1447/2019, de 24 de octubre de 2019 (rec. 1808/2018)
    El Tribunal reitera la interpretación ya fijada en sentencias anteriores, por las que en atención a los pronunciamientos de la STJUE de 23 de abril de 2015 se determina que la sanción aplicable a la estancia irregular es únicamente la expulsión.
    * Se da respuesta al cuestionamiento de la eficacia directa de la Directiva de retorno.
  • STS 1448/2019, de 25 de octubre de 2019 (rec. 270/2019)
    El reagrupante deberá acreditar contar con la exigencia económica que señala el art. 61 RD 557/2011 en la primera renovación de la autorización de residencia del reagrupado.
  • STS 1472/2019, de 29 de octubre de 2019 (rec. 1059/2018)
    El reenvío que efectúa el art. 25.2 al art. 21, ambos de la Ley 12/2009, es integral, siempre y cuando la petición de protección internacional realizada desde un Centro de Internamiento de Extranjeros, se haya formulado en el plazo señalado en el art. 17 de dicho texto legal, y cuando tal petición de protección internacional no se haya realizado en fraude de ley que puede llegar a ser un abuso de derecho proscrito por el Ordenamiento Jurídico.

 

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Boletín Extranjerista #6

SEPTIEMBRE 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA
  • STJUE de 10 de septiembre de 2019, asunto C-94/18
    El artículo 15 de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una decisión de expulsión adoptada contra un nacional de un tercer Estado basándose en que este ya no tiene derecho de residencia con arreglo a dicha Directiva. De ello se deduce que, al adoptar esta decisión de expulsión, deben respetarse las garantías pertinentes establecidas en los artículos 30 y 31 de la Directiva 2004/38, sin que en ningún caso pueda acompañarse tal decisión de una prohibición de entrada en el territorio.
  • STJUE de 19 de septiembre de 2019, asunto C-544/18
    El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que una mujer que deja de ejercer una actividad por cuenta propia debido a las limitaciones físicas relacionadas con las últimas fases de su embarazo y el período subsiguiente al parto mantiene su condición de trabajadora autónoma, siempre que reanude dicha actividad o encuentre otra actividad por cuenta propia o un empleo dentro de un período de tiempo razonable tras el nacimiento de su hijo.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1200/2019, de 19 de septiembre de 2019 (rec. 4955/2018)
    STS 1259/2019, de 26 de septiembre de 2019 (rec. 6139/2018)
    El Tribunal reitera la interpretación ya fijada en la sentencia 1716/2018, de 4 de diciembre, entre otras, por la que determina que, tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, en aplicación de los artículos 53.1.a), en relación con los artículos 55.1.b ) y 57.1 LO 4/2000, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.
  • STS 1201/2019, de 19 de septiembre de 2019 (rec. 5928/2018)
    El Tribunal determina que el cómputo de los medios económicos del empleador a que se refiere el artículo 66.2 RD 557/2011 debe efectuarse en neto.
  • STS 1211/2019, de 23 de septiembre de 2019 (rec. 4798/2018)
    El Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, en tanto viene a cuestionar la aplicación de doctrina sobre el cómputo de los plazos establecidos en el art. 21 Ley 12/2009 en solicitudes de asilo formuladas desde un CIE, doctrina que asumió y aceptó en el propio escrito de preparación del recurso y que, como se reconoce en el mismo, no era objeto de controversia.
  • STS 1270/2019, de 30 de septiembre de 2019 (rec. 7101/2018)
    El Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, denegando autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo familiar a padre de menor española, por haber sido condenado por un delito de maltrato en el ámbito familiar.
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Boletín Extranjerista #5

JUNIO – JULIO 2019

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖  ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Instrucción DGM 2/2019, sobre la aportación de documentos en lengua extranjera en los procedimientos de extranjería.

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 11 de junio de 2019, asunto Ozdil y otros contra Moldavia
    Cinco ciudadanos turcos fueron extraditados de forma encubierta tras ser buscados por las autoridades turcas por presuntos vínculos con el movimiento de Fethullah Gülen, acusado por el presidente Erdogan de orquestar el golpe de Estado de  2016. Dichos ciudadanos turcos habían solicitado protección internacional y se encontraban a la espera de resolución. Actualmente están detenidos en Turquía.  El Tribunal sostiene que se ha producido una vulneración de los artículos 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) CEDH, condenando a Moldavia al pago de 25.000€ en concepto de daños no pecuniarios a cada uno de los solicitantes.
  • El artículo 46.3 de la Directiva 2013/32/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que un órgano judicial de primera instancia, tras efectuar un examen completo y ex nuncdel conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declara que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95/UE, ha de reconocérsele al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero en las que un órgano administrativo o cuasi-judicial adopta posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, el órgano judicial deberá modificar la referida resolución administrativa, que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente, y sustituirla por su propia decisión sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.
  • Cuando exista un acuerdo bilateral de representación entre Estados miembros que estipule que las autoridades consulares del Estado miembro de representación están facultadas para adoptar las decisiones de denegación de visado, corresponde a las autoridades competentes de dicho Estado miembro pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las denegaciones de visado.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

 

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Boletín Extranjerista #4

MAYO 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📖  ACTUALIDAD NORMATIVA

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 14 de mayo de 2019, asuntos acumulados C-391/16, C-77/17 y C-78/17
    El examen del artículo 14, apartados 4 a 6, de la Directiva 2011/95/UE (normas relativas al reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional), no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de estas disposiciones a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • STJUE de 23 de mayo de 2019, asunto C-720/17
    Un Estado miembro debe revocar el estatuto de protección subsidiaria cuando haya concedido ese estatuto sin que concurran los requisitos para tal concesión, basándose en hechos que posteriormente han resultado erróneos, y aunque no pueda reprocharse a la persona interesada que haya inducido a error al respecto al Estado miembro.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 673/2019, de 23 de mayo de 2017 (rec. 3292/2017)
    El Tribunal reitera la interpretación fijada en la sentencia 1295/2017, de 18 de julio, por la que entiende aplicable que el artículo 7 del RD 240/2007 es aplicable a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles.
  • STS 696/2019, de 27 de mayo de 2019 (rec. 5809/2018)
    El Tribunal entiende que es válida la solicitud de reexamen de la solicitud de protección internacional presentada ante cualquier registro u oficina pública aptos según el régimen administrativo común, y que el cómputo de los dos días a que se refiere el artículo 21.5 de la Ley 12/2009 habrá de iniciarse desde el momento de la recepción de la petición de reexamen por el órgano competente para tramitar su resolución y, en todo caso, transcurridos 6 días desde la presentación sin que constara la remisión a dicho órgano competente para la resolución conforme al artículo 6.1 de la Directiva 3013/32/UE.
  • STS 702/2019, de 27 de mayo de 2019 (rec. 4461/2017)
    El Tribunal afirma que las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales son susceptibles de prórroga, aun cuando ello suponga el transcurso en tal situación por más de un año, y ello con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia o de residencia y trabajo si concurren las circunstancias para ello.
  • STS 708/2019, de 28 de mayo de 2019 (rec. 13/2016)
    El Tribunal establece que no es aplicable a los MIR extracomunitarios la disposición adicional decimosexta RD 557/2011 por la que se establece que «en las contrataciones de los extranjeros titulares de las autorizaciones de trabajo para actividades de duración determinada y para estudiantes no se cotizará por la contingencia de desempleo».
  • STS 734/2019, de 30 de mayo de 2019 (rec. 2674/2018) El Tribunal reitera sus sentencias de 4 y 19 de diciembre de 2018, por cuanto, tras la STJUE de 23 de abril de 2015, y en aplicación de los artículos 53.1.a) LO 4/2000 en relación con los artículos 55.1.b) y 57.1, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.

 

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Boletín Extranjerista #3

ABRIL 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 2 de abril de 2019, asuntos C-582/17 y C-583/17
    El Reglamento 604/2013 (Convenio Dublín) debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país que ha presentado una solicitud de protección internacional en un primer Estado miembro y que posteriormente ha abandonado dicho Estado miembro y ha presentado a continuación una nueva solicitud de protección internacional en un segundo Estado miembro no podrá, en principio, invocar, en el marco de un recurso interpuesto en ese segundo Estado miembro, al amparo del artículo 27.1 de dicho Reglamento (tutela judicial efectiva), contra una decisión de traslado de la que sea objeto, el criterio de responsabilidad recogido en el artículo 9 del mismo Reglamento (residencia de miembros de la familia). Podrá excepcionalmente invocar, en el marco de tal recurso, el mencionado criterio de responsabilidad, en una situación en la que se aplique el artículo 20.5 del mismo Reglamento (obligación de readmisión), siempre que el referido nacional de un tercer país haya transmitido a la autoridad competente del Estado miembro requirente datos que demuestren manifiestamente que dicho Estado miembro debe ser considerado como el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional en aplicación del mencionado criterio de responsabilidad.

 

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