📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA
  • STJUE de 10 de septiembre de 2019, asunto C-94/18
    El artículo 15 de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una decisión de expulsión adoptada contra un nacional de un tercer Estado basándose en que este ya no tiene derecho de residencia con arreglo a dicha Directiva. De ello se deduce que, al adoptar esta decisión de expulsión, deben respetarse las garantías pertinentes establecidas en los artículos 30 y 31 de la Directiva 2004/38, sin que en ningún caso pueda acompañarse tal decisión de una prohibición de entrada en el territorio.
  • STJUE de 19 de septiembre de 2019, asunto C-544/18
    El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que una mujer que deja de ejercer una actividad por cuenta propia debido a las limitaciones físicas relacionadas con las últimas fases de su embarazo y el período subsiguiente al parto mantiene su condición de trabajadora autónoma, siempre que reanude dicha actividad o encuentre otra actividad por cuenta propia o un empleo dentro de un período de tiempo razonable tras el nacimiento de su hijo.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 1200/2019, de 19 de septiembre de 2019 (rec. 4955/2018)
    STS 1259/2019, de 26 de septiembre de 2019 (rec. 6139/2018)
    El Tribunal reitera la interpretación ya fijada en la sentencia 1716/2018, de 4 de diciembre, entre otras, por la que determina que, tras la sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, en aplicación de los artículos 53.1.a), en relación con los artículos 55.1.b ) y 57.1 LO 4/2000, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.
  • STS 1201/2019, de 19 de septiembre de 2019 (rec. 5928/2018)
    El Tribunal determina que el cómputo de los medios económicos del empleador a que se refiere el artículo 66.2 RD 557/2011 debe efectuarse en neto.
  • STS 1211/2019, de 23 de septiembre de 2019 (rec. 4798/2018)
    El Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, en tanto viene a cuestionar la aplicación de doctrina sobre el cómputo de los plazos establecidos en el art. 21 Ley 12/2009 en solicitudes de asilo formuladas desde un CIE, doctrina que asumió y aceptó en el propio escrito de preparación del recurso y que, como se reconoce en el mismo, no era objeto de controversia.
  • STS 1270/2019, de 30 de septiembre de 2019 (rec. 7101/2018)
    El Tribunal estima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, denegando autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo familiar a padre de menor española, por haber sido condenado por un delito de maltrato en el ámbito familiar.
🗣  TABLÓN EXTRANJERISTA

JUNIO – JULIO 2019

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

📖  ACTUALIDAD NORMATIVA

  • Instrucción DGM 2/2019, sobre la aportación de documentos en lengua extranjera en los procedimientos de extranjería.

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 11 de junio de 2019, asunto Ozdil y otros contra Moldavia
    Cinco ciudadanos turcos fueron extraditados de forma encubierta tras ser buscados por las autoridades turcas por presuntos vínculos con el movimiento de Fethullah Gülen, acusado por el presidente Erdogan de orquestar el golpe de Estado de  2016. Dichos ciudadanos turcos habían solicitado protección internacional y se encontraban a la espera de resolución. Actualmente están detenidos en Turquía.  El Tribunal sostiene que se ha producido una vulneración de los artículos 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) y 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) CEDH, condenando a Moldavia al pago de 25.000€ en concepto de daños no pecuniarios a cada uno de los solicitantes.
  • El artículo 46.3 de la Directiva 2013/32/UE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que un órgano judicial de primera instancia, tras efectuar un examen completo y ex nuncdel conjunto de elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por un solicitante de protección internacional, declara que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95/UE, ha de reconocérsele al interesado tal protección internacional por el motivo invocado en apoyo de su solicitud, pero en las que un órgano administrativo o cuasi-judicial adopta posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, el órgano judicial deberá modificar la referida resolución administrativa, que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente, y sustituirla por su propia decisión sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera.
  • Cuando exista un acuerdo bilateral de representación entre Estados miembros que estipule que las autoridades consulares del Estado miembro de representación están facultadas para adoptar las decisiones de denegación de visado, corresponde a las autoridades competentes de dicho Estado miembro pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las denegaciones de visado.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

 

🗣  TABLÓN EXTRANJERISTA

MAYO 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📖  ACTUALIDAD NORMATIVA

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 14 de mayo de 2019, asuntos acumulados C-391/16, C-77/17 y C-78/17
    El examen del artículo 14, apartados 4 a 6, de la Directiva 2011/95/UE (normas relativas al reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional), no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de estas disposiciones a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • STJUE de 23 de mayo de 2019, asunto C-720/17
    Un Estado miembro debe revocar el estatuto de protección subsidiaria cuando haya concedido ese estatuto sin que concurran los requisitos para tal concesión, basándose en hechos que posteriormente han resultado erróneos, y aunque no pueda reprocharse a la persona interesada que haya inducido a error al respecto al Estado miembro.

 

🇪🇸  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 673/2019, de 23 de mayo de 2017 (rec. 3292/2017)
    El Tribunal reitera la interpretación fijada en la sentencia 1295/2017, de 18 de julio, por la que entiende aplicable que el artículo 7 del RD 240/2007 es aplicable a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles.
  • STS 696/2019, de 27 de mayo de 2019 (rec. 5809/2018)
    El Tribunal entiende que es válida la solicitud de reexamen de la solicitud de protección internacional presentada ante cualquier registro u oficina pública aptos según el régimen administrativo común, y que el cómputo de los dos días a que se refiere el artículo 21.5 de la Ley 12/2009 habrá de iniciarse desde el momento de la recepción de la petición de reexamen por el órgano competente para tramitar su resolución y, en todo caso, transcurridos 6 días desde la presentación sin que constara la remisión a dicho órgano competente para la resolución conforme al artículo 6.1 de la Directiva 3013/32/UE.
  • STS 702/2019, de 27 de mayo de 2019 (rec. 4461/2017)
    El Tribunal afirma que las autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales son susceptibles de prórroga, aun cuando ello suponga el transcurso en tal situación por más de un año, y ello con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia o de residencia y trabajo si concurren las circunstancias para ello.
  • STS 708/2019, de 28 de mayo de 2019 (rec. 13/2016)
    El Tribunal establece que no es aplicable a los MIR extracomunitarios la disposición adicional decimosexta RD 557/2011 por la que se establece que «en las contrataciones de los extranjeros titulares de las autorizaciones de trabajo para actividades de duración determinada y para estudiantes no se cotizará por la contingencia de desempleo».
  • STS 734/2019, de 30 de mayo de 2019 (rec. 2674/2018) El Tribunal reitera sus sentencias de 4 y 19 de diciembre de 2018, por cuanto, tras la STJUE de 23 de abril de 2015, y en aplicación de los artículos 53.1.a) LO 4/2000 en relación con los artículos 55.1.b) y 57.1, no es posible optar entre la sanción de multa o expulsión, sino que ha de imponerse preceptivamente la de expulsión.

 

🗣  TABLÓN EXTRANJERISTA

ABRIL 2019

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢  COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STJUE de 2 de abril de 2019, asuntos C-582/17 y C-583/17
    El Reglamento 604/2013 (Convenio Dublín) debe interpretarse en el sentido de que un nacional de un tercer país que ha presentado una solicitud de protección internacional en un primer Estado miembro y que posteriormente ha abandonado dicho Estado miembro y ha presentado a continuación una nueva solicitud de protección internacional en un segundo Estado miembro no podrá, en principio, invocar, en el marco de un recurso interpuesto en ese segundo Estado miembro, al amparo del artículo 27.1 de dicho Reglamento (tutela judicial efectiva), contra una decisión de traslado de la que sea objeto, el criterio de responsabilidad recogido en el artículo 9 del mismo Reglamento (residencia de miembros de la familia). Podrá excepcionalmente invocar, en el marco de tal recurso, el mencionado criterio de responsabilidad, en una situación en la que se aplique el artículo 20.5 del mismo Reglamento (obligación de readmisión), siempre que el referido nacional de un tercer país haya transmitido a la autoridad competente del Estado miembro requirente datos que demuestren manifiestamente que dicho Estado miembro debe ser considerado como el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional en aplicación del mencionado criterio de responsabilidad.

 

🗣  TABLÓN EXTRANJERISTA

MARZO 2019

En este segundo número del Boletín Extranjerista introducimos una novedad, idea de nuestro compañero Paco Solans, por la cual compartiremos peach por escritorealizados por los socios y socias. Se trata de imitar el sistema de peach que venimos realizando en los meetings de la Asociación, una especie de artículos doctrinales que se rijan por criterios de brevedad y concisión, y que además nos permitan utilizar los argumentos expuestos en nuestras demandas. Podéis encontrar el primero de ellos al final del Tablón Extranjerista, descargando un documento word al pinchar en el enlace. Os animamos a participar y compartir vuestras ideas.

 

📰  NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

🇪🇺  ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA
  • STEDH de 26 de marzo de 2019, asunto Haghilo contra Chipre
    El Sr. Haghilo fue internado en abril de 2011, tras haberse acordado su expulsión por encontrarse en situación irregular. En diciembre de 2011 el Tribunal Supremo de Chipre resolvió su puesta en libertad en base a que su detención había sido ilegal a partir del mes de octubre, pues había transcurrido el límite de seis meses de internamiento establecido en la Directiva 2008/115 y no se cumplía requisito  alguno para el mantenimiento del mismo. Fue detenido inmediatamente, saliendo de la vista judicial, en base a una nueva y reiterada orden de expulsión por estancia irregular. Continuó internado hasta octubre de 2012. El Tribunal sostiene que se ha producido una vulneración de los artículos 3 (prohibición de tortura) y 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) CEDH, condenando a Chipre al pago de 30.000€ en concepto de daños no pecuniarios, y 4.124€ en concepto de costas y otros gastos.
  • STJUE de 12 de marzo de 2019, asunto C-221/17
    El Tribunal no se opone a la legislación de un Estado miembro que prevé, con sujeción a determinados requisitos, la pérdida automática de la nacionalidad de dicho Estado miembro por imperativo de la ley (ipso iure), pérdida que lleva consigo, en el caso de las personas que no posean asimismo la nacionalidad de otro Estado miembro, la pérdida de la ciudadanía de la Unión y de los derechos vinculados a la misma, siempre que las autoridades nacionales competentes —con inclusión, en su caso, de los tribunales nacionales — estén en condiciones de examinar, con carácter incidental, las consecuencias de tal pérdida de nacionalidad y, eventualmente, de arbitrar el mecanismo adecuado para que las personas afectadas recuperen ex tuncla nacionalidad en el momento en que soliciten la obtención de un documento de viaje o de cualquier otro documento que haga constar su nacionalidad. En el marco del referido examen, las autoridades y los tribunales nacionales mencionados deberán verificar si la pérdida de la nacionalidad del Estado miembro de que se trate, que entraña la pérdida de la ciudadanía de la Unión, resulta conforme con el principio de proporcionalidad en lo que atañe a las consecuencias que tenga para la situación de cada persona afectada y, en su caso, para la situación de los miembros de su familia desde el punto de vista del Derecho de la Unión.
  • STJUE de 13 de marzo, asunto C-635/17
    El artículo 11.2 de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias en las que una reagrupante beneficiaria del estatuto conferido por la protección subsidiaria ha presentado una solicitud de reagrupación familiar en favor de un menor del que es tía y supuestamente tutora, que reside como refugiado y sin lazos familiares en un tercer país, se opone a que se desestime esta solicitud por el único motivo de que la reagrupante no ha presentado los documentos justificativos oficiales del fallecimiento de los padres biológicos del menor y, por tanto, del carácter efectivo de sus vínculos familiares con este, y de que las autoridades competentes no consideran verosímiles las explicaciones dadas por la reagrupante para justificar la imposibilidad de presentar tales documentos basándose únicamente en la información general disponible acerca de la situación en el país de origen, sin tomar en consideración la situación concreta de la reagrupante y del menor ni las dificultades particulares a las que, según alegan, tuvieron que enfrentarse antes y después de huir de su país de origen.
  • STJUE de 14 de marzo, asunto C-557/17
    Los artículos 16.2.a) de la Directiva 2003/86 y 9.1.a) de la Directiva 2003/109 deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de que se hayan presentado documentos falsificados a efectos de la expedición de permisos de residencia a los miembros de la familia de un nacional de un tercer país o de residencia de larga duración, la circunstancia de que estos no tuvieran conocimiento del carácter fraudulento de los documentos no impide que el Estado miembro retire esos permisos.
  • STJUE de 19 de marzo, asunto C-163/17
    El artículo 29.2 del Reglamento 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que un solicitante se da a la «fuga», a los efectos de esta disposición, cuando, con el fin de frustrar su traslado, huye deliberadamente de las autoridades nacionales competentes para efectuarlo. Se presumirá que ocurre así cuando el traslado no pueda efectuarse porque el solicitante ha abandonado el lugar de residencia que le fue asignado, sin haber informado de su ausencia a las autoridades nacionales competentes, siempre que dicha persona haya sido informada de sus obligaciones a este respecto, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. El solicitante conserva la posibilidad de demostrar que el hecho de no haber avisado a las referidas autoridades de su ausencia está justificado por razones válidas y no por la intención de huir de tales autoridades.
  • STJUE de 19 de marzo, asuntos acm C-297/17, C-318/17, C-319/17 y C-438/17
    El artículo 33.2.a) de la Directiva 2013/32 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro ejerza la facultad que ofrece esta disposición de denegar una solicitud de concesión del estatuto de refugiado por considerarla inadmisible debido a que otro Estado miembro ya haya concedido protección subsidiaria al solicitante, siempre que las condiciones de vida que dicho solicitante encontrará previsiblemente en ese otro Estado miembro como beneficiario de protección subsidiaria no lo expongan a un grave riesgo de sufrir un trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
  • STJUE de 19 de marzo, asunto C-444/17
    El artículo 2.2.a) de la Directiva 2008/115, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en relación con el artículo 32 del Reglamento 2016/399, por el que se establece el código de fronteras Schengen, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la situación de un nacional de un tercer país, detenido en las inmediaciones de una frontera interior y en situación irregular en el territorio de un Estado miembro, aun cuando ese Estado miembro haya restablecido, en virtud del artículo 25 de dicho código, los controles en tal frontera, debido a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior del citado Estado miembro.
  • STJUE de 26 de marzo, asunto 129/18
    El concepto de «descendiente directo» de ciudadano de la Unión del artículo 2.2.c) de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano de la Unión con arreglo a la institución de la «kafala» argelina, puesto que dicho régimen no crea un vínculo de filiación entre ellos. No obstante, incumbe a las autoridades nacionales competentes facilitar la entrada y residencia de dicha menor como «otro miembro de la familia» de un ciudadano de la Unión, de conformidad con el artículo 3.2.a) de la misma Directiva.

 

🗣  TABLÓN EXTRANJERISTA

FEBRERO 2019

Con gran ilusión os presentamos el primer número del Boletín Extranjerista, un resumen de la actualidad social, legal y jurisprudencial en apoyo al Área de materiales y documentación que recibiréis con carácter mensual y en formato newsletter. Además contará con una sección final, el Tablón Extranjerista, donde los socios y socias podréis compartir vuestros artículos y reflexiones, así como formación o eventos que consideréis de interés. Se trata de una herramienta creada por y para la Asociación, donde toda opinión, sugerencia o propuesta será bienvenida. Os invitamos a participar y construir en común este proyecto que esperamos sea de utilidad en nuestro ejercicio diario.

 

📰 NOTICIAS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN

 

📢 COMUNICADOS DE LA ASOCIACIÓN

🇪🇺 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL EUROPEA

  • STEDH de 14 de febrero de 2019, asunto Narjis contra Italia
    El Sr. Narjis es un ciudadano marroquí de 39 años que lleva residiendo 20 años en Italia. Está soltero y no tiene hijos, pero su madre y hermanos residen también en Italia. Tras varias condenas penales, Italia decide no renovar su autorización de residencia y ordenar su expulsión a Marruecos. El Tribunal Europeo sostiene que los tribunales italianos tuvieron en cuenta las circunstancias personales del ciudadano, y que no se han demostrado elementos adicionales de dependencia más allá de los comunes lazos emocionales que le unen con su madre y hermanos (todos ellos adultos), por lo que entiende que no se ha producido una vulneración del artículo 8 CEDH respecto al derecho al respeto de la vida familiar.
  • STEDH de 28 de febrero de 2019, asunto H.A. y otros contra Grecia
    Nueve menores no acompañados fueron retenidos en diferentes comisarías de policía de Grecia por periodos de entre 21 y 33 días. Posteriormente fueron derivados a un centro de recepción, y a continuación a centros para menores no acompañados. El Tribunal sostiene que se han producido las vulneraciones de los artículos 3 y 13 CEDH (prohibición de tratos inhumanos o degradantes y derecho a un recurso efectivo) debido a las condiciones que sufrieron los menores en las comisarías de policía, y del artículo 5, apartados 1 y 4 (derecho a la libertad y a la seguridad, y derecho a pronunciamiento en breve plazo sobre la legalidad de la privación de libertad). De esta manera, el Tribunal condena a Grecia al pago de 4.000€ a cada menor en concepto de daño moral, y 1.500€ a todos los menores en conjunto en concepto de costas y otros gastos.

 

🇪🇸 ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL ESPAÑOLA

  • STS 110/2019 de 1 de febrero de 2019 (rec. 3141/2017)
    El Tribunal determina que el artículo 197 RD 557/2011 es aplicable, únicamente, a la primera renovación de la autorización de residencia obtenida – en aplicación de su artículo 196 – por menores extranjeros no acompañados sujetos a tutela de un organismo de protección, cuando alcancen la mayoría de edad. La segunda y/o ulteriores renovaciones de autorización de residencia no lucrativa se rigen por el régimen general previsto en el artículo 51 en relación con el artículo 47 de la norma reglamentaria. Asimismo añade que el requisito relativo a la disponibilidad de medios económicos, en los términos establecidos por el legislador, es condición necesaria para obtener la renovación de este tipo de autorizaciones no lucrativas, haciendo innecesaria la valoración de otras circunstancias que no se establecen como sustitutivas o moderadoras de dicha exigencia. Además el Tribunal precisa que las prestaciones públicas no son computables a efectos de determinar el nivel mensual de ingresos económicos exigibles para obtener la renovación de una autorizacion temporal de residencia no lucrativa.
  • STS 120/2019 de 5 de febrero de 2019 (rec. 6379/2017)
    El Tribunal acuerda que la falta de justificación de inicio del procedimiento previsto en el artículo 63 LO 4/2000 es una mera irregularidad formal no invalidante si no ha causado indefensión, correspondiendo a quien alega irregularidad la prueba de la indefensión, pero que ello no es así cuando, como sucede en el caso enjuiciado, no concurren las circunstancias exigidas en el precepto de mención como habilitadoras del indicado procedimiento, pues en estos supuestos el seguimiento de tal procedimiento supone un defecto esencial que comporta la anulación de la resolución sancionadora.
  • STS 153/2019 de 8 de febrero de 2019 (rec. 4666/2017)
    El Tribunal reitera los pronunciamientos realizados tras la STJUE de 23 de abril de 2015, relativos a la expulsión como sanción aplicable a la estancia irregular. Por otro lado determina que no puede un órgano del orden contencioso-administrativo, cuya función jurisdiccional queda limitada a enjuiciar la legalidad de un acto administrativo previo, acordar que «la Administración de oficio, en ejecución de la presente sentencia, deba efectuar la actividad precisa para regularizar por arraigo la situación de la recurrente», apuntando que las autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo precisan, además de los requisitos previstos en el art. 124 RD 557/201, la petición del interesado.
  • STS 160/2019 de 11 de febrero de 2019 (rec. 5211/2017)
    El Tribunal aclara que no cabe la expulsión en aplicación de la LO 4/2000 de un extranjero casado con una ciudadana española, del que no consta haya realizado ninguna actividad laboral, sin residencia estable y detenido por diversos delitos, que aún se encontraba litigando la obtención de la tarjeta de familiar comunitario, en cuanto le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 15.1 y 28.1 de la Directiva 2004/38/CE, transpuesta por el RD 240/2007.
  • STS 191/2019 de 19 de febrero (rec. 5607/2017)
    STS 257/2019 de 27 de febrero (rec. 5809/2017)
    El Tribunal afirma en ambas sentencias que procede la expulsión automática de extranjeros residentes de larga duración condenados por delitos dolosos con penas superiores a un año prevista en el artículo 57.2 LO 4/2000, sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 57.5 ni en el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE, por cuanto debe considerarse que la Directiva 2001/40/CE, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, reconoce una decisión de expulsión adoptada por una autoridad competente de un Estado miembro cuando concurre alguno de los supuestos previstos, entre ellos, el de la condena del nacional de un tercer país por el Estado miembro a causa de una infracción sancionable con una pena privativa de al menos un año.

 

🗣 TABLÓN EXTRANJERISTA

 

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