Desde ya antes del comienzo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y de su plasmación en la declaración de un estado de alarma que afecta a todas las actividades y personas del país, se venía reclamando la necesidad de acometer una regularización de extranjer@s en situación irregular que, entre otras cosas, resolviera la injusticia que suponía la aplicación durante demasiado tiempo de una política de aplicación a rajatabla de los reglamentos, cuando no incumplimiento de los mismos en contra de l@s inmigrantes. La renovación de cargos en la Secretaría de Estado hacía abrigar esperanzas de una política más razonable, pero la sorpresiva llegada de la pandemia hizo que todo proyecto y reivindicación que no tuviera que ver directamente con la crisis se aparcara.
Sin embargo, ello no debe servir de excusa para que la inmigración, formada por cientos de miles de personas en nuestro país, y que afecta a la convivencia de toda la sociedad española, haya sido apartada por completo de la agenda del gobierno, a donde debe volver de inmediato para afrontar la situación y adoptar iniciativas, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.
En tanto se diseñe esta política migratoria necesaria para abordar este nuevo escenario, es necesaria como medida principal y urgente la regularización de personas extranjeras en situación irregular.
Las razones son las siguientes:
1º.- La incidencia de la limitación en la libertad de circulación va a tener en las necesidades de recogida de cosechas una urgencia que ya ha sido denunciada por l@s agricultores (alternativa: por el sector agrícola).
2º.- El anuncio de un ingreso mínimo vital puede nacer lastrado por una seria injusticia: dedicado a evitar situaciones de pobreza extrema, dejará fuera sin embargo a miles de personas por una cuestión puramente burocrática.
3º.- El cierre generalizado de fronteras ha provocado que los instrumentos actuales de la Ley de extranjería contra la inmigración irregular hayan quedado imposibilitados. No es momento de analizar la obsesiva utilización de la expulsión como único instrumento. El caso es que hoy es imposible de practicar, y durante mucho tiempo va a ser enormemente difícil. Lo que hoy aparece como una situación transitoria va a tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de vacío legal efectivo.
4º.- La crisis ha venido acompañada de una sustancial disminución de entradas irregulares. El llamado “efecto llamada” con el que obsesivamente se impide cualquier incremento de derechos de l@s inmigrantes, se ha convertido hoy en un “efecto expulsión” desde España hacia un retorno a sus países.
5º.- El conjunto de ONGs y otras organizaciones del ámbito de la inmigración vienen reclamando esta medida de regularización, que resolvería los numerosos problemas sociales actuales.
6º.- Una regularización que además garantizara la renovación automática a todos los permisos en trámite de renovación, permitiría evitar el previsible colapso en las oficinas de extranjería, cuya situación ya era angustiosa por la precariedad de sus medios.
7º.- La crisis ha desvelado que uno de los sectores más abandonados del país y más necesarios es el de los cuidados. Ese sector viene sostenido muy mayoritariamente por inmigrantes y va a aumentar su demanda por el previsible abandono de residencias de ancianos, al menos hasta que se aplique otro modelo de gestión que les ofrezca una seguridad que hoy han demostrado no tener.
8º.- La transformación necesaria de nuestra economía debe conllevar una reducción de la economía sumergida del país, traducida en ingresos significativos tanto a nivel fiscal como de seguridad social. Para ello es imprescindible regularizar no solo los trabajos que los extranjeros en situación irregular desarrollan de hecho -para asegurar su subsistencia-por cuenta ajena, sino para poder aprovechar su alta capacidad de emprendimiento. Hoy por hoy no contribuyen a las arcas públicas porque las trabas para acceder a su regularidad son excesivamente exigentes.
9º.- La llegada de un importante número de venezolan@s, teniendo reconocido el derecho a obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales humanitarias, pero después de un largo periodo de tramitación a través de la figura del asilo, se vería resuelta con una regularización, y que liberaría un importante contingente de recursos humanos para la lucha contra el virus.
10º.- Primero Portugal, por motivos de extender la asistencia sanitaria, luego Italia por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un camino que España no debe tener reparos en recorrer. Las objeciones que puedan poner otros países de la Unión son hoy en día, con las fronteras Schengen cerradas, absolutamente irrelevantes.
Una regularización debe estar guiada por una incorporación del derecho de extranjería a la Administración de ventanilla única electrónica, previendo la presentación telemática como norma general, menos utilitarista y vinculada al mercado laboral.
La situación es excepcional, y qué duda cabe que exige decisiones excepcionales. En un reto como el que nos ocupa como país no podemos mirar única y exclusivamente dentro de nuestras fronteras, con más razón no podemos hacer distingos y discriminaciones que hoy se demuestran más absurdas que nunca entre las personas que están dentro de ellas. Tod@s vamos a necesitar la ayuda de tod@s para salir de esta crisis.
No dejemos a nadie desechad@, como una mascarilla usada.
Asociación de Abogados Extranjeristas