A través de una respuesta dada por el Defensor del Pueblo, se nos ha dado a conocer un extracto de una circular interna de la Fiscalía General que sorprende por su dureza con la actitud mantenida por las Administraciones, tanto central como autonómica, de auténtica negligencia culpable dirigida a conseguir dejar sin documentación a los menores extranjeros no acompañados. 

Hasta ahora todas las excusas eran pocas para ese fin: interpretar la norma al revés, considerando el plazo máximo para documentar al menor como mínimo; repartirse el trabajo mediante la actuación de las administraciones autonómicas tutelares de no solicitar y de las oficinas de extranjería de inadmitir a trámite cuando era el menor directamente quien solicitaba; echarse la culpa de la situación mutuamente para no resolver el problema; denegar permisos por razones peregrinas buscando que el menor se pierda en la maraña administrativa… Todo vale con tal de saltar — en la política general de acoso y derribo al extranjero — la barrera jurídicamente sagrada de la protección del menor y la defensa de sus derechos. El principio jurídico general, consagrado por la Ley internacional y nuestra propia Ley, de superioridad del interés del menor se ha visto gravemente vulnerado sólo por molestar a una política de extranjería claramente excesiva y desnortada. 

La fiscalía, quien hasta ahora no se había significado razonablemente por ejercer su función de ser protectora de estos menores, antes al contrario, ha ejercido un papel a veces lamentable en las calificaciones de las pruebas de edad, demostrando ser más cómplice de las Administraciones que mostrando una verdadera independencia, ha dado ahora un paso adelante en el camino correcto y obliga a los fiscales provinciales de menores y de extranjería a asumir un papel activo de defensa de esos derechos – retorciendo además el brazo de alguna fiscalía provincial, que se había destacado en esa complicidad  –, llevando un seguimiento de los casos y demandando a las administraciones implicadas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la vía especial y urgente de la protección de los Derechos Fundamentales. 

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas queremos saludar esta iniciativa, que se ha adoptado como respuesta a las innumerables quejas que desde la sociedad civil se han presentado para defender a estos menores. Este varapalo institucional viene a exigir de la Secretaría de Estado de Inmigración, como las Consejerías competentes, revisen sus actuaciones, que pidan perdón a las víctimas de sus desafueros y revisen los casos, y comiencen a respetar efectivamente los derechos de estos menores, cumpliendo las obligaciones que les atan para con ellos. Confiamos que la fiscalía desarrolle en lo sucesivo el ejemplo, citado en la circular, de la fiscalía de Córdoba, y ejerza un control estrecho de la actuación administrativa evitando que se repitan estos atropellos, y que ésta sea además el comienzo de la línea que le obliga la ley a seguir, que es un papel activo y proactivo de defensa de todos los menores, incluyendo a los que planteen dudas de si son menores, sin mirar su nacionalidad u origen, y que se está haciendo esperar demasiado. 

Somos conscientes, empero, de que queda mucho por hacer en este camino, sobre todo la defensa del derecho a un futuro para estos niños. Con el paso de la fiscalía se adelante en que sean tratados correctamente mientras son menores, pero queda aún la importante laguna de evitar las graves discriminaciones de que son víctimas en cuanto cumplen la mayoría de edad.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

El pasado 8 de junio de 2019 la Cumbre Europea de Ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, aprobó la propuesta, que viene circulando desde septiembre pasado, de endurecer la ya extrema Directiva de Retorno forzoso – conocida con acierto como Directiva de la Vergüenza – en teoría para hacer más efectivas las expulsiones a sus países de origen de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer.

El gobierno español ha puesto objeciones debido a que entre lo aprobado estaría un internamiento MÍNIIMO OBLIGATORIO DE TRES MESES, lo cual Grande Marlaska considera contrario a nuestra Constitución. Tal medida no sólo sería contraria a la Constitución, sino que desvelaría claramente el hipócrita objetivo de los internamientos en toda Europa, que presentados como medida cautelar para facilitar la localización de quien va a ser expulsado, se mostraría así como lo que es: una prisión encubierta y sin garantías contra el no delito de haber inmigrado sin papeles.

Sin embargo, la propuesta esconde otras muchas medidas que elevan hasta lo repugnante la persecución obsesiva que Europa muestra frente a quienes son más dignos de acogida, integración y facilidades que de este tratamiento como si se trataran del enemigo público número uno. Se pretende generalizar un procedimiento ultrarrápido y sin casi posibilidades de defensa; se abandona por completo la política de incentivar el retorno voluntario, convirtiéndolo ya en una persecución generalizada; se prioriza el fin sobre los medios; se ignoran al fin groseramente el respeto a los derechos humanos de las personas en aras a una eficacia mal entendida.

Por otra parte, no se recoge medida alguna para la regularización de estas personas, ni para el control de la actuación policial contra los abusos: se dicen unos pocos eufemismos ya conocidos sobre las condiciones de estancia en los CIES pero ni se mencionan para prohíbirlas las identificaciones étnicas ni otros abusos a los que estamos tan tristemente habituados.

Ya el Consejo Económico y Social Europeo se ha pronunciado, exigiendo la retirada del proyecto, y tras su aprobación por la cumbre, la única esperanza que nos queda es que las nuevas mayorías conformadas en el Parlamento Europeo eviten que la vergüenza de la Directiva aprobada en su día se convierta ahora en insufrible bochorno por el abandono repulsivo de los principios fundacionales. Confiemos que el órgano democrático por excelencia de la UE desautorice semejante despropósito.

Como abogados Extranjeristas, que conocemos como nadie las dificultades de los extranjeros, pero también los detalles de los procedimientos de expulsión denunciamos enérgicamente que todas estas reformas no pretenden un aumento de eficacia, que si está lastrada no es ni por la necesidad de procedimientos en los que sea posible una defensa efectiva ni por garantías jurídicas ante tan dura sanción, que rompe por completo familias y proyectos vitales. Lo que se pretende es ahondar en una persecución con la que dar satisfacción a los bajos instintos de una extrema derecha que ruge cada día más, no por lo que es – un resto histórico de épocas que en nada enorgullecen a nuestra Europa — sino por lo que se les alimenta con proyectos de este calado.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

De nuevo, y sólo unos pocos días después de otra resolución que apesta a xenofobia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nos vuelve a sorprender con una nueva sentencia en la que, no ya se comete un claro acto de discriminación contra un matrimonio de extranjeros por el hecho de serlo, sino contra dos españoles, por el hecho de haber sido extranjeros en el pasado. De nuevo tenemos un voto particular que aprecia con corrección y de forma más favorable a los derechos de las personas, lo que denota que era perfectamente posible haber adoptado una perspectiva mejor desde ese punto de vista.  En este voto particular, el hecho de que los solicitantes sean españoles se reseña como un hecho añadido, que para nosotros constituye ya una nota de escándalo en el sentido de la resolución.

No obstante, la trascendencia que tiene la Sentencia va más allá, y puede constituir un auténtico torpedo bajo la línea de flotación de nuestro sistema social, por cuanto excluye de las pensiones de jubilación no contributivas a todos aquellos extranjeros que alcancen la edad sin haber estado los diez años inmediatamente anteriores con permiso de residencia en España.

Llama la atención la incongruencia obsesiva del Alto Tribunal que le hace situarse sobre el propio sentido de la norma, que le vincula en su interpretación. ¿Qué sentido tienen las pensiones no contributivas de jubilación? Evidentemente son un mínimo por el que la sociedad no puede permitir que personas mayores, sea cual sea su condición, nacionalidad, origen, etc, queden en situación de absoluto desamparo a la puerta de nuestras casas y en nuestros vecindarios. Ya es una limitación del sistema, prevista para evitar abusos, que se exija una residencia durante los diez años anteriores, pero nada tiene que ver en ello si esa residencia cumplía o no otros requisitos administrativos que los estrictamente previstos en la norma de contexto. Parece que el artículo 3.1 del Código Civil se aplica según conveniencia, y desde luego el artículo 3.2 se olvida groseramente cuando se trata de extranjeros.

La situación social que se va a crear será muy grave: una discriminación intolerable entre ancianos que recibirán una ayuda social, siempre escasa, frente a otros que no recibirán nada, y se verán abocados al hambre en nuestras ciudades, sólo porque son o fueron extranjeros, aunque lleven viviendo entre nosotros algunos mucho más tiempo que ese exigido de los diez años.

La falta de sensibilidad social exhibida – reiteradamente en pocos días — por la Sala que recibe precisamente el nombre “de lo Social” de nuestro alto Tribunal extiende a esa jurisdicción las sospechas de falta de parcialidad que hasta ahora se dirigían de otras salas, de inclinación en sus sentencias a favorecer al Estado frente a las personas, no sólo demuestra el alejamiento – con tacha de ideológico — de los criterios preceptivos marcados para la interpretación de las leyes por el Tribunal Constitucional, sino la completa ignorancia de la realidad social de quienes más deberían velar por su equilibrio.

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas.