Durante cinco meses los CIES han estado cerrados, y el anuncio de una oscura secretaría de policía de que se disponen a reabrirlos viene a demostrar muchas cosas:

1.- Nada ha ocurrido durante estos cinco meses que trastoque frontalmente la política migratoria, no sólo sin CIES, sino sin apenas expulsiones, lo que demuestra que la pata represiva del banco de la política migratoria – la contención y la discriminación son las otras dos – sólo sirve para infundir un miedo que no es capaz de sustituir el respeto que toda política pública debería inspirar, y para hacer ver que se hace algo – por inútil que sea, por mucho sufrimiento absurdo que inflija—ante lo que no se sabe qué hacer.

2.- Las prisas por volver a las andadas no son buenas y denotan que mientras desde otros departamentos se intenta construir una política en positivo, el Ministerio del Interior sigue anclado en las más rancias concepciones represivas y de control de las libertades personales, y demuestra que sus intereses se sitúan por encima de la salud pública que dice defender. Los CIES no están preparados para reabrir en plena segunda ola del virus, y mucho menos para garantizar que sean útiles a lo único para lo que se afirma que están concebidos. Nada puede asegurar que los países de origen de los inmigrantes estén dispuestos a recibir a sus nacionales procedentes de un país en plena ascensión de curva de contagios.

3.- Los abogados extranjeristas recomendamos a nuestros compañeros que defiendan frente a la petición de internamiento reclamen del juez garantías reales de que verdaderamente se va a poder expulsar a esa persona a la que se interna con esa finalidad, y además se exijan garantías de sanidad dentro de unos centros que si por algo se caracterizan es por el hacinamiento y la falta de posibilidad de guardar la distancia de seguridad. En esas condiciones es muy probable que la reapertura de los CIES se quede en anecdótica, pero no será irrelevante el incremento de gasto en personal tan necesario para otros cometidos.

No se entiende cómo ni por qué un Ministerio que lleva cuarenta años de democracia, dirigido por un juez de prestigio, no termine de aprender un esquema de prioridades de mínima sensatez. La reapertura de los CIES es en estos momentos más que inoportuna, precipitada y apresurada, es un grave error que sólo va a servir para revelar una vez más cuál es la única y real razón de existir de esos centros de sufrimiento gratuito: imbuir un miedo cerval y exagerado a aquellos que cometan el craso delito de lesa majestad – apréciese la ironía – que supone desobedecer unas leyes injustas por inhumanas y fuera de la realidad.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El 23 de septiembre se ha celebrado una esperada cumbre europea sobre políticas migratorias. Los ilusos aun creyentes de que el proyecto europeo va asociado indisolublemente al respeto a los derechos humanos y a la solidaridad mas allá del mercado como nexo de unión frente a los populismos nacionalistas hemos visto cómo, una vez más, los acuerdos se alcanzan sobre unos mínimos que satisfacen sólo a los más reacios a avanzar en esos valores europeos, ante la debilidad y — ¿por qué no decirlo?— cobardía de aquellos de los que se supone una mejor defensa de esos valores.

Si esperábamos que se superara el esquema del Acuerdo de Dublín II, trampa burda para los países del sur, (no podemos entender cómo se llegó a admitir en su día), que obliga a cada país de entrada de solicitantes de asilo a asumir las solicitudes y la acogida (lo que deja las manos cómodamente libres a los países del norte), nos encontramos con que no sólo no se reforma ese pervertido sistema, sino que se vuelve a las “cuotas voluntarias” de acogida de refugiados. Y todos sabemos la falta de voluntariedad de casi todos, que ante cuotas obligatorias en 2015 se limitaron a no cumplirlas.

Si esperábamos una mayor apertura ante las ya acuciantes necesidades demográficas de una Europa envejecida, la respuesta es mayor cerrazón de la fortaleza, mayor represión y mayor inmigración, los tres ejes que sin duda, y sin hipocresías, son el único lenguaje que entienden nuestros dirigentes europeos. Un endurecimiento anunciado de la bien llamada Directiva de la Vergüenza se une a la novedad de la cumbre, que es que el que no cumpla con la solidaridad pueda compensarlo pagando por mayor represión. Las palabras precisas desnudan el hipócrita lenguaje diplomático, y desvela la descarnada verdad de una Europa pusilánime y acobardada.

Acobardada sobre todo ante los países del grupo de Visegrado, que se han integrado en la Unión pensando y practicando la política de que se puede estar dentro sólo para lo que les conviene o creen que les conviene. Mientras el resto no asuma una postura valiente ante estos países dominados por el populismo nacionalista de raíz neofascista: Polonia, Hungría, Chequia, y les apliquen sanciones duras o el camino de salida por no cumplir con los valores fundacionales europeos, no será posible una política común más allá de la chapuza que hoy nos han presentado. Pero con crecientes tentaciones en Austria, Holanda, Italia, Francia, la propia España, parece que el resto de dirigentes, mirando más a los electores internos, ni se atreven ni son capaces de poner las luces largas, para ver que más allá del campo de las cortas espera un abismo.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Hoy hemos recibido un grupo de abogados de la Asociación de Abogados Extranjeristas, que participamos en apoyo de PRODEIN para conseguir el reconocimiento a una escolarización de todos los niños de Melilla, una nueva comunicación del Comité de Naciones Unidas por los Derechos del Niño, organismo al que España debe obediencia por ser firmante del Convenio Internacional de Derechos del Niño.

En esa comunicación, se repite por enésima vez al Reino de España que debe escolarizar urgentemente a seis niños (de entre casi un centenar más) cuyos casos han sido acogidos por el Comité. Sin embargo, el estado del Reino de España sigue desobedeciendo de forma contumaz la orden dada por este alto organismo de las Naciones Unidas.

Ello nos coloca en situación de incumplidores internacionales y nos sitúa en la lista de países donde no se respetan los derechos humanos, en este caso el derecho a la escolarización de menores. La imagen internacional de España sufre un serio revés ante el mundo, en un momento en que un expediente impoluto en Derechos Humanos es carta de presentación necesaria para que la voz de nuestro país sea respetada en los foros internacionales.

Entre las excusas, francamente absurdas y groseramente sesgadas, que el Estado pretende objetar para no cumplir con su obligación, hay una que llama especialmente la atención, dado que si objeta que estos niños no deben ser escolarizados por España porque supuestamente podrían estar entrando en Melilla cada mañana desde Marruecos, olvida el Estado que desde hace meses eso es imposible, pues la frontera con Marruecos está cerrada y estos niños ni tan siquiera tienen la posibilidad de acudir a la escuela a Marruecos cada mañana desde Melilla, que es donde viven.

Estamos construyendo en Melilla, ciudad española del norte de África, un gueto, un apartheid de derechos, un campo de no derechos tan vergonzoso como el de Moria, donde a menores que están bajo la jurisdicción española se les impide acudir a la Escuela, simplemente por no tener unos papeles. Es curioso que la españolidad de Melilla se defienda aplicando en esa ciudad unos no derechos que son radicalmente contrarios a esa españolidad, como son nuestro Derecho y nuestros derechos, haciendo valer así un rancio y obsoleto concepto de patria vinculado a la raza y la herencia.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Tras estudiarse en Junta de la Asociación se apreció que se va acercando peligrosamente la fecha en la que la estancia legal de muchos extranjeros caducará, con la normativa vigente. Se trata de aquellas personas que de una forma u otra quedaron atrapad@s en nuestro país, durante su estancia legal, y todavía hoy les resulta imposible volver debido a la ausencia de vuelos a sus países de origen o al cierre de fronteras en éstos.

Cuando un extranjer@ entra en nuestro país mediante la modalidad conocida como “de turista”, es decir, con un visado temporal de estancia o amparado en la exención de ese tipo de visados que la Unión Europea concede a los países de una larga lista (prácticamente todos los de la OCDE, latinoamericanos, y otros), éste/a extranjer@ goza de una estancia legal de un máximo de tres meses, que se puede prorrogar en caso de que haya causa y lo solicite con antelación a su expiración.

Miles de personas que se encontraban en España durante las semanas previas al 15 de marzo se encontraron con que no pudieron volver dentro de esos tres meses de estancia para la que tenían permiso, dado que fue la propia España quien cerró las fronteras, por lo que el gobierno acordó no sólo no computar el tiempo de la alarma a efectos de ese plazo de estancia, sino decretar de forma general la prórroga de la estancia por tres meses a contar desde la finalización de la situación legal definida en el estado de alarma, es decir, a partir del 21 de junio.

Aparte de interpretaciones más favorables que cupiera hacerse, lo cierto es que el consenso está en que este 21 de septiembre vence tal periodo, por lo que esos miles de personas siguen atrapadas, debido a que la pandemia se fue extendiendo a sus países con posterioridad al nuestro y sus fronteras, puertos y aeropuertos siguen cerradas.

Esas personas, sin culpa alguna, se encontrarán el 22 de septiembre, si no se hace algo para evitarlo, en una situación de estancia irregular que nuestra ley castiga con una dureza draconiana: expulsión forzosa con prohibición de entrada durante largos periodos de tiempo.

Es por eso que nos hemos dirigido a la Secretaria de Estado Hanna Halloul para que, como una actuación de justicia elemental, dicte una nueva norma de forma urgente que permita sostener la legalidad de la estancia a todas estas personas. De otro modo, se generaría una situación caótica en que por un lado la Ley, a través de la Policía Nacional, sanciona duramente una permanencia en el país de la que no se tiene culpa alguna pues resulta inevitable a esas personas y por otra esas personas no pueden hacer nada para regresar a sus países y evitar el poder verse sometido a esa sanción.

Confiamos en que antes del 21 de septiembre se pueda solucionar la situación mediante una prórroga suficiente de la estancia legal que abarque el tiempo necesario para volver a una normalidad que todos esperamos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La Asociación de Abogados Extranjeristas eleva a la Fiscalía General una protesta por los ataques de la Fiscalía de Melilla a los menores desescolarizados, y no obtiene respuesta

En otras ocasiones hemos informado de la situación en Melilla, donde con la excusa de que no puedan presentar documentos que demuestren su domiciliación en Melilla, documentos que previamente se les niega su acceso, se lleva varios años impidiendo la debida escolarización de niños marroquís residentes en la ciudad. El derecho a la educación es un derecho fundamental responsabilidad del estado bajo cuya jurisdicción territorial se encuentren esos menores, y como tal derecho fundamental de unos menores es obligación muy especialmente de la fiscalía defenderlo y velar por su cumplimiento.

Sin embargo, una fiscal de Melilla está presentando ante el juez, en una clara e ilícita connivencia con el abogado del estado (que le lleva incluso a copiarle literalmente algunos de sus párrafos), argumentos que no podrían ser sostenidos por un estudiante de primero de derecho, en una actitud que va más allá de una intolerable dejación de sus obligaciones. Constituye una toma de partido activa en contra de los derechos fundamentales de unos niños, por razones que no podemos entender cuáles sean, pero que podrían inferirse como de una xenofobia y racismo lamentablemente presentes en nuestra sociedad y frente a las que la fiscalía debe posicionarse. Decir que el derecho a la educación es un derecho personal competencia del estado de nacionalidad constituye algo más que una patada al Derecho al que se debe y al sentido común, es una vulneración flagrante del estatuto del Ministerio Fiscal y de sus obligaciones como jurista y como persona, que, si no fuera porque se sitúa en una posición meramente propositiva, la podrían llevar al extremo de la prevaricación.

En la última comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones ante el Senado, Fernandez Marugan, al ser requerido por una senadora de ERC, comentó que la actitud de la Fiscalía General era favorable a los menores, y que en Ceuta se había resuelto, pero que en Melilla la fiscalía “había tenido un problema”, sin especificar qué problema fuera éste, y dejándonos a todos con la pregunta en mente: ¿Qué problema hay con la fiscal de Melilla? ¿Por qué se le tolera su actitud díscola ante sus obligaciones y ante las instrucciones de la Fiscalía General? ¿Por qué se le permite este claro alejamiento de sus funciones y estatuto?

La queja ya cursada hace semanas y elevada a la Fiscalía General obliga a ésta a actuar con contundencia y rapidez, si fuera necesario, disciplinariamente, contra esta intolerable actuación de la fiscalía en los asuntos que se están ventilando ante los Juzgados de Melilla bajo reclamación de protección de derechos fundamentales. También es responsable de adoptar las medidas que sean necesarias para recuperar la dignidad de la fiscalía en la ciudad autónoma. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna a nuestras quejas, y desde luego, nada se mueve en Melilla, donde los niños que están pidiendo plaza en estas fechas para el siguiente curso, siguen siendo rechazados con los mismos subterfugios.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Con fecha de ayer 12 de junio hemos recibido una nueva carta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en la que, con respecto a dos casos concretos elevados al Comité de Derechos del Niño de ese organismo, la contumacia de las autoridades españolas y su resistencia frente a las peticiones de este alto organismo ha obligado a tener que repetir la petición de que se escolarice a estos niños.

Estos dos casos son sólo la punta del iceberg de una actitud que en estos momentos, en que se sacan de nuevo las listas de escolarización para el curso que viene, está desplegando la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, de evitar e impedir la escolarización de niños residentes en Melilla y que por tanto están obligados a escolarizar en igualdad de condiciones.

El derecho fundamental a la educación, el artículo 9 de la Ley de Extranjería, los convenios internacionales firmados por España, y todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico obligan con absoluta claridad a ello, y a pesar de esto la mencionada Dirección Provincial mantiene sus excusas de que estos niños no presentan la documentación que demuestre su residencia en Melilla.

Lo grotesco del caso, en estos momentos, es que Melilla es una ciudad con su frontera cerrada, con lo que si no fueran residentes de verdad, ni tan siquiera habrían podido presentar la solicitud, con lo que la negativa adquiere visos de sarcasmo y arrogancia.

Pero lo que más llama la atención a estas alturas es el silencio, ya claramente cómplice, del Ministerio, en esta situación, y ello pese a las peticiones, ya reiteradas, tanto del Defensor del Pueblo como del Comité de Derechos del Niño del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Exigimos de la Ministra Celáa que se siente durante diez minutos de su precioso tiempo a estudiar el asunto, que destituya fulminantemente a quien ha demostrado ser responsable de este despropósito mayúsculo, y permita el cumplimiento de un derecho fundamental de estos menores melillenses.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El Tribunal Constitucional dictó una Sentencia, el pasado 9 de marzo, que salió publicada en el BOE de ayer, que sólo puede ser interpretada como un duro varapalo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, muy cuestionada en sus sentencias desde que asumió la competencia de resolver recursos de casación en materia de extranjería. La postura del TS ha dejado ver en más de una ocasión una acusada tendencia a avalar las tesis de la Administración en materia de extranjería, pese a que son asuntos que afectan a casos y derechos muy sensibles de ciudadanos extranjeros y de ciudadanos españoles vinculados familiarmente a ellos, y en los que se esperaba una mayor sensibilidad por parte del Alto Tribunal.

La Sentencia del Constitucional acusa al Supremo de haber vulnerado los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de un ciudadano peruano casado con una española, al que se le denegó la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión, y con ello su consideración como titular del derecho a residir y trabajar en España, por el motivo – a todas luces irracional – de que no podía ser mantenido por su mujer. El Tribunal Supremo, y antes que él el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideraron legal que se le denegara la tarjeta por esa razón (los medios de vida que justificaban la concesión eran de él, no de la ciudadana española) y para más inri, ni tan siquiera entraron a valorar las motivaciones, limitándose a dar la razón a la Administración.

Este tipo de resoluciones que llevan a planteamientos ininteligibles desde un punto de vista lógico y humano son sin embargo muy frecuentes en el derecho de extranjería, donde rige una visión muy extendida de que es el Estado quien debe ser defendido de los inmigrantes, y que la labor de la Administración de extranjería es precisamente esa, razón por la que recibe un trato increíblemente suave y que inconscientemente pervierte, sin embargo, la razón última del Derecho de defender por la razón al débil frente a la fuerza del poderoso.

La Sentencia del Tribunal Constitucional debe ser interpretada no sólo como una corrección en un caso concreto, sino como un aviso claro a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de la preeminencia de los derechos fundamentales de la persona, extranjero, nacional, ser humano, por encima de intereses administrativos o de determinada política que sean esgrimidos por la Administración.

La Asociación de Abogados extranjeristas se felicita por esta Sentencia, que saluda, y reclama del Tribunal Supremo que este aviso le sirva de reflexión para tomar conciencia de lo que el Tribunal Constitucional ha venido a recordarle.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Ayer se envió a las Oficinas de Extranjería de toda España tres instrucciones internas de gran relevancia: sobre el Arraigo Social, sobre la Reagrupación Familiar y sobre las Renovaciones de Permisos.

Cual en una escala inferior del aserto de Romanones de “dejad que otros hagan las leyes, dejadme a mí los reglamentos” el nuevo equipo de la Secretaria de Estado de Migraciones, mientras afronta una prometida reforma del Reglamento, ha comenzado a enviar Instrucciones que suponen un giro de orientación muy trascendente:

En el arraigo social, única forma de regularización operativa hasta ahora, si bien aún no se afronta la gran contradicción de esta norma, que está en exigir un contrato de trabajo de un año, inexistente desde que la reforma laboral lo borró del mapa legal y laboral, se refuerza enormemente la figura del arraigo sin contrato o con exención de contrato por contar con otros medios de vida familares. La fórmula consiste en bajar sustancialmente el baremo económico, y hacerlo posible en la práctica.

En la Reagrupación Familiar esa misma fórmula termina con una discriminación histórica en que el derecho a vivir en familia se deniega por ser pobre, sobre todo si nos referimos a ese nuevo tipo de pobre con trabajo y nómina pero al que se le exigía hasta ahora unas cuantías de renta difícilmente alcanzables para una familia. Esto además tiene trascendencia sobre la figura del arraigo social, como hemos visto, y también para las renovaciones de permiso.

Es en las renovaciones de permiso donde se afronta más directamente el problema de la situación creada por el estado de alarma, y la apuesta clara es por la flexibilidad y la generosidad en la interpretación de las normas para el mantenimiento de la situación legal de los inmigrantes.

La Asociación de Abogados Extranjeristas hace un balance positivo de estas instrucciones, si bien esperamos que sean las primeras de una lista que todavía debe llegar y que deben culminar con una reforma en profundidad del marco normativo. Suponen claramente un giro de orientación, que se venía esperando fuera plasmado desde la asunción por Hanna Jallul de la Secretaría de Estado y que sin duda el estado de alarma ha retrasado. Uno de los retos de esta nueva orientación de flexibilidad y razonabilidad es que sea entendida y se pueda y se quiera aplicar a través de unas oficinas pobres de medios y en las que sus funcionarios llevan quince años siendo aleccionados en la rigidez y la dureza.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Desde ya antes del comienzo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y de su plasmación en la declaración de un estado de alarma que afecta a todas las actividades y personas del país, se venía reclamando la necesidad de acometer una regularización de extranjer@s en situación irregular que, entre otras cosas, resolviera la injusticia que suponía la aplicación durante demasiado tiempo de una política de aplicación a rajatabla de los reglamentos, cuando no incumplimiento de los mismos en contra de l@s inmigrantes. La renovación de cargos en la Secretaría de Estado hacía abrigar esperanzas de una política más razonable, pero la sorpresiva llegada de la pandemia hizo que todo proyecto y reivindicación que no tuviera que ver directamente con la crisis se aparcara.

Sin embargo, ello no debe servir de excusa para que la inmigración, formada por cientos de miles de personas en nuestro país, y que afecta a la convivencia de toda la sociedad española, haya sido apartada por completo de la agenda del gobierno, a donde debe volver de inmediato para afrontar la situación y adoptar iniciativas, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

En tanto se diseñe esta política migratoria necesaria para abordar este nuevo escenario, es necesaria como medida principal y urgente la regularización de personas extranjeras en situación irregular.

Las razones son las siguientes:

1º.- La incidencia de la limitación en la libertad de circulación va a tener en las necesidades de recogida de cosechas una urgencia que ya ha sido denunciada por l@s agricultores (alternativa: por el sector agrícola).

2º.- El anuncio de un ingreso mínimo vital puede nacer lastrado por una seria injusticia: dedicado a evitar situaciones de pobreza extrema, dejará fuera sin embargo a miles de personas por una cuestión puramente burocrática.

3º.- El cierre generalizado de fronteras ha provocado que los instrumentos actuales de la Ley de extranjería contra la inmigración irregular hayan quedado imposibilitados. No es momento de analizar la obsesiva utilización de la expulsión como único instrumento. El caso es que hoy es imposible de practicar, y durante mucho tiempo va a ser enormemente difícil. Lo que hoy aparece como una situación transitoria va a tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de vacío legal efectivo.

4º.- La crisis ha venido acompañada de una sustancial disminución de entradas irregulares. El llamado “efecto llamada” con el que obsesivamente se impide cualquier incremento de derechos de l@s inmigrantes, se ha convertido hoy en un “efecto expulsión” desde España hacia un retorno a sus países.

5º.- El conjunto de ONGs y otras organizaciones del ámbito de la inmigración vienen reclamando esta medida de regularización, que resolvería los numerosos problemas sociales actuales.

6º.- Una regularización que además garantizara la renovación automática a todos los permisos en trámite de renovación, permitiría evitar el previsible colapso en las oficinas de extranjería, cuya situación ya era angustiosa por la precariedad de sus medios.

7º.- La crisis ha desvelado que uno de los sectores más abandonados del país y más necesarios es el de los cuidados. Ese sector viene sostenido muy mayoritariamente por inmigrantes y va a aumentar su demanda por el previsible abandono de residencias de ancianos, al menos hasta que se aplique otro modelo de gestión que les ofrezca una seguridad que hoy han demostrado no tener.

8º.- La transformación necesaria de nuestra economía debe conllevar una reducción de la economía sumergida del país, traducida en ingresos significativos tanto a nivel fiscal como de seguridad social. Para ello es imprescindible regularizar no solo los trabajos que los extranjeros en situación irregular desarrollan de hecho -para asegurar su subsistencia-por cuenta ajena, sino para poder aprovechar su alta capacidad de emprendimiento. Hoy por hoy no contribuyen a las arcas públicas porque las trabas para acceder a su regularidad son excesivamente exigentes.

9º.- La llegada de un importante número de venezolan@s, teniendo reconocido el derecho a obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales humanitarias, pero después de un largo periodo de tramitación a través de la figura del asilo, se vería resuelta con una regularización, y que liberaría un importante contingente de recursos humanos para la lucha contra el virus.

10º.- Primero Portugal, por motivos de extender la asistencia sanitaria, luego Italia por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un camino que España no debe tener reparos en recorrer. Las objeciones que puedan poner otros países de la Unión son hoy en día, con las fronteras Schengen cerradas, absolutamente irrelevantes.

Una regularización debe estar guiada por una incorporación del derecho de extranjería a la Administración de ventanilla única electrónica, previendo la presentación telemática como norma general, menos utilitarista y vinculada al mercado laboral.

La situación es excepcional, y qué duda cabe que exige decisiones excepcionales. En un reto como el que nos ocupa como país no podemos mirar única y exclusivamente dentro de nuestras fronteras, con más razón no podemos hacer distingos y discriminaciones que hoy se demuestran más absurdas que nunca entre las personas que están dentro de ellas. Tod@s vamos a necesitar la ayuda de tod@s para salir de esta crisis.

No dejemos a nadie desechad@, como una mascarilla usada.

 

Asociación de Abogados Extranjeristas

Ayer, día 15 de abril, se produjo la esperada firma entre entre la Presidenta del Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública por el que se permitirá a l@s abogad@s representar a los solicitantes en los trámites de extranjería, que hasta ahora se exigía que fueran en su fase inicial personales y presenciales por el interesad@.

La contrarreforma de la Ley de extranjeria que se operó en el año 2000, y que restringió duramente los derechos de los extranjer@s en España, uno de los derechos que cercenó fue el de representación administrativa, impidiendo que cualquier trámite de extranjería se hiciera a través de un representante cualificado. Esa restricción, en el marco de una administración moderna, guiada por los cauces telemáticos, es un auténtico arcaísmo que genera muchos problemas y no resuelve nada.

La firma de convenios con colegios profesionales permite superar esa restricción mediante el requisito de que esos representantes estén inscritos en registros que gestionarán los mismos colegios profesionales

La firma del Convenio por el Consejo General de la Abogacía viene a solventar un agravio comparativo grave, dado que tanto gestores administrativos como graduad@s sociales ya podían realizar trámites de extranjería a través de sus correspondientes convenios. A falta del establecimiento del registro, l@s abogad@s tendrán en breve la puerta abierta a permitir a sus clientes extranjer@s y/o a las empresas que los contraten, ejercer su derecho a la representación ante la Administración Pública.

La Asociación de Abogad@s Extranjeristas celebra y saluda la firma del Convenio, felicita y agradece a todos aquellos que lo han hecho posible, y confía en que en breve se solventarán los últimos trámites para alcanzar su pleno ejercicio.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas