Una vez más, para vergüenza pública, el sistema de protección de derechos de la infancia demuestra su mal funcionamiento, implicando con ello a las autoridades de educación e incluso al poder judicial.

Como otras veces hemos informado, un grupo de cien niños y niñas marroquíes residentes en Melilla se ven impedidos de ir al colegio, a lo que tienen un derecho reconocido de rango constitucional, por acogerse el Ministerio a un subterfugio que les lleva a afirmar que niños que incluso han nacido en Melilla y nunca han salido de allí no viven en esa ciudad.

La Asociación de Abogados Extranjeristas, en convenio con PRODEIN, decidió judicializar la cuestión, asumiendo la defensa de estos menores ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante lo que era una auténtica dejación de responsabilidad de la Dirección Provincial de Educación, que ni tan siquiera denegaba nada, tan sólo daba la callada por respuesta a las reclamaciones. Se acudió a los jueces, los cuales demostraron una falta de sensibilidad con la situación apabullante, denegando primero la urgencia de la situación de niños a los que no se les permite ir al colegio, y después denegando la posibilidad de obligar al Ministerio a admitirlos siquiera provisionalmente hasta la resolución del pleito.

Nos hemos visto, una vez más, a denunciar a España ante el Comité Internacional de Derechos del Niño, por esta flagrante vulneración de un derecho fundamental, y éste ha respondido con una resolución en la que se obliga a España a dar plaza inmediatamente en un colegio público de Melilla al primero de estos niños.

El precedente que se sienta debe hacer que el Ministerio del gobierno progresista se tome en serio la situación, exigimos que sea la propia Ministra Celáa quien tome cartas en el asunto y resuelva la situación de la única manera posible, que es abriendo los colegios de Melilla a estos niños, y no nos obligue a requerir del Comité cien resoluciones más que obliguen a España a resolver esta situación impresentable que ha motivado por enésima vez la intervención de un organismo internacional de vigilancia de derechos humanos contra nuestro país.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La Asociación de Abogados Extranjeristas, dentro de la campaña que está desarrollando con Prodein para defender el derecho a que se conceda plaza escolar a más de 100 niños (la cifra va creciendo desde los 62 inicialmente detectados) que siendo residentes efectivos en Melilla, se les deniega la escolarización a que tienen derecho con diversas excusas, presentó, entre otras actuaciones que tienen la intención de llevar ante los jueces tamaño incumplimiento de un derecho fundamental, también una denuncia contra España ante la Comisión Europea por incumplimiento de las Directivas y resto de la normativa europea, que ha sido recibida y admitida a trámite por la Dirección General de Migraciones y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. 

En efecto, el artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece el derecho de toda persona a “la educación (…) que “incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria”. Pero además, en el caso concreto que se trata, al ser el menor hijo de un residente de Larga Duración, se incumple la Directiva 2003/109/CEde residentes de larga duración y la  2003/86/CE. Se establece por tanto la obligación de los estados miembros de escolarizar a todos los menores que vivan en su territorio, mediante la asignación de plazas en colegios públicos o concertados donde se les garantice el acceso a una educación reglada, sin que para ello sea exigible ningún tipo de requisito administrativo que no tenga que ver con la presencia del menor, dado que su necesidad y derecho a la educación se da por sentado. 

Las autoridades melillenses, en unos procedimientos que están resultando enormemente farragosos, por cuanto no se hace más que pedir más documentación de la que ni tan siquiera se facilita un ejemplo, para acreditar una residencia efectiva del menor en Melila que por otra parte resulta patente, denotan una actitud de la que sólo cabe deducir un ánimo de ocultación de las razones reales por las que se deniega a estos niños su necesaria escolarización. 

Las autoridades europeas, con la admisión de esta denuncia, comenzarán una investigación que comprobará que verdaderamente la administración no está cumpliendo con sus obligaciones de escolarizar a estos menores, y puede llegar a sancionar a España por incumplimiento de los tratados en su territorio. 

La Asociación de Extranjeristas, en su convenio con PRODEIN, no cejará hasta conseguir que todo este grupo de niños sea debidamente escolarizado, y sólo podemos expresar nuestra consternación e indignación ante la actitud de nula colaboración y exigencias burocráticas irracionales que está desplegando la Administración. 

Cabe recordar que la Asociación de Abogados Extranjeristas está realizando este trabajo de manera voluntaria y desinteresadamente, esto es, sin recibir ninguna remuneración por su trabajo. Pero para llevar el proceso de reclamación contra la Administración que niega el derecho fundamental a la educación a todos estos niños y niñas necesita poder sufragar algunos gastos tal como es el propio desplazamiento de estos profesionales a Melilla. Para ello se ha abierto una campaña de crowdfunding, la cual puede consultarse en migranodearena.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Ya al poco de alcanzar la Junta de Andalucía el PP y CS, como cesión hecha al acuerdo con VOX para conseguir el apoyo de esta formación política, se anunció en su día una comunicación entre los servicios de la Junta y la Policía Nacional para facilitar las expulsiones de extranjeros en situación irregular. Ya entonces (véase nota de prensa de la Asociación de 9/01/2019) advertimos de la radical ilegalidad de esas propuestas.

Recientemente, y con motivo del acuerdo para el apoyo de VOX a los presupuestos, se ha publicado un alambicado texto de compromiso en esa misma línea de facilitar a la policía y guardia civil los datos que la Junta posee y que ha obtenido con finalidades de asistencia sanitaria, servicios sociales, educativos, etc. De esa manera SE DA LA IMAGEN de una auténtica persecución al extranjero en situación irregular.  

Nos sumamos al comunicado que todo un elenco de entidades andaluzas de apoyo a los inmigrantes sacó a la luz apenas conocerse la noticia, y que recoge básicamente la misma fundamentación jurídica que en su día publicamos. 

Dado que el compromiso es firme, y pese a su redacción pretendidamente confusa y retorcida, no podemos ver en ello sino la intención de ocultar una actuación que en caso de que se llegara a producir sería radicalmente ilegal e ilícita, y de ahí que nos planteemos no ya la intencionalidad manifiesta, sino la oculta, no menos escalofriante. 

La intencionalidad manifestada, si llegara a producirse, daría lugar a una cadena de prevaricaciones que no sólo se traduciría en un escándalo, sino que además podemos afirmar que redundaría en un absoluto fracaso, de una ineficacia absoluta. Los impedimentos que la Ley Orgánica de protección de datos, sus principios y base constitucional, la Directiva europea, etc, etc, etc,  hacen que ningún agente de policía en sus cabales, si es que quiere mantener su puesto de funcionario, se atrevería a iniciar un proceso a sabiendas de que la fuente del mismo es ilegal, cosa de la que nunca podría invocar ignorancia, y que a buen seguro sería denunciada por el abogado en el marco del expediente. Pero además, la doctrina de los frutos del árbol prohibido haría que dicho expediente fuera nulo de pleno derecho, y por tanto ineficaz. 

Por tanto, no nos resulta creíble que, ni para engañar a VOX en sus intenciones, ni para que VOX pueda engañar a sus votantes afirmando haber conseguido algo que no consigue, el acuerdo tenga la finalidad que se declara. 

Otra distinta es la intención de semejantes textos, y la misma es de una irresponsabilidad palmaria: lo que se pretende es meter miedo entre el colectivo inmigrante, redundar en el clima de persecución, profundizar el aislamiento y el rechazo de unos seres humanos sobre los que se dirige así un odio irracional. El fundamento de dichos acuerdos públicos es que algunos inmigrantes tengan miedo a acudir al médico, a llevar a sus hijos al colegio, a visitar los servicios sociales, a defenderse de los abusos de que sean víctimas por desaprensivos, y un largo etcétera de servicios que son competencia de las comunidades autónomas. Ya con la ley que sufrimos es temible y poco aconsejable acudir a la policía cuando se ha sido víctima de un delito, y tantos así quedan sin denunciar. El efecto que se busca es que se aíslen de unos servicios públicos a los que también contribuyen con sus impuestos y esfuerzo. 

El acuerdo, por tanto, no sólo es radicalmente contrario a la legalidad, sino a un mínimo de ética y humanidad. Por esa razón, la Asociación de Abogados Extranjeristas se dispone a cursar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos para que inicie la oportuna investigación. Y asimismo, hacemos un llamamiento a la fiscalía para que esté vigilante, dado que desde luego la Asociación a la que representamos lo estará, y en caso de que se llegara a producir semejante atropello, procederíamos por vía penal contra los delitos que se estarían cometiendo de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos. 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

A través de una respuesta dada por el Defensor del Pueblo, se nos ha dado a conocer un extracto de una circular interna de la Fiscalía General que sorprende por su dureza con la actitud mantenida por las Administraciones, tanto central como autonómica, de auténtica negligencia culpable dirigida a conseguir dejar sin documentación a los menores extranjeros no acompañados. 

Hasta ahora todas las excusas eran pocas para ese fin: interpretar la norma al revés, considerando el plazo máximo para documentar al menor como mínimo; repartirse el trabajo mediante la actuación de las administraciones autonómicas tutelares de no solicitar y de las oficinas de extranjería de inadmitir a trámite cuando era el menor directamente quien solicitaba; echarse la culpa de la situación mutuamente para no resolver el problema; denegar permisos por razones peregrinas buscando que el menor se pierda en la maraña administrativa… Todo vale con tal de saltar — en la política general de acoso y derribo al extranjero — la barrera jurídicamente sagrada de la protección del menor y la defensa de sus derechos. El principio jurídico general, consagrado por la Ley internacional y nuestra propia Ley, de superioridad del interés del menor se ha visto gravemente vulnerado sólo por molestar a una política de extranjería claramente excesiva y desnortada. 

La fiscalía, quien hasta ahora no se había significado razonablemente por ejercer su función de ser protectora de estos menores, antes al contrario, ha ejercido un papel a veces lamentable en las calificaciones de las pruebas de edad, demostrando ser más cómplice de las Administraciones que mostrando una verdadera independencia, ha dado ahora un paso adelante en el camino correcto y obliga a los fiscales provinciales de menores y de extranjería a asumir un papel activo de defensa de esos derechos – retorciendo además el brazo de alguna fiscalía provincial, que se había destacado en esa complicidad  –, llevando un seguimiento de los casos y demandando a las administraciones implicadas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la vía especial y urgente de la protección de los Derechos Fundamentales. 

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas queremos saludar esta iniciativa, que se ha adoptado como respuesta a las innumerables quejas que desde la sociedad civil se han presentado para defender a estos menores. Este varapalo institucional viene a exigir de la Secretaría de Estado de Inmigración, como las Consejerías competentes, revisen sus actuaciones, que pidan perdón a las víctimas de sus desafueros y revisen los casos, y comiencen a respetar efectivamente los derechos de estos menores, cumpliendo las obligaciones que les atan para con ellos. Confiamos que la fiscalía desarrolle en lo sucesivo el ejemplo, citado en la circular, de la fiscalía de Córdoba, y ejerza un control estrecho de la actuación administrativa evitando que se repitan estos atropellos, y que ésta sea además el comienzo de la línea que le obliga la ley a seguir, que es un papel activo y proactivo de defensa de todos los menores, incluyendo a los que planteen dudas de si son menores, sin mirar su nacionalidad u origen, y que se está haciendo esperar demasiado. 

Somos conscientes, empero, de que queda mucho por hacer en este camino, sobre todo la defensa del derecho a un futuro para estos niños. Con el paso de la fiscalía se adelante en que sean tratados correctamente mientras son menores, pero queda aún la importante laguna de evitar las graves discriminaciones de que son víctimas en cuanto cumplen la mayoría de edad.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.