Las mejores democracias — o el poder desde el que se articulan y ejercen — se reservan “zonas grises” de ejercicio de ese poder sin los controles democráticos al que está sometido el resto de su ejercicio. Cloacas, fondos reservados, actuaciones abusivas que no llegan a ser manifiestamente ilegales, pero rozan hábilmente esa zona… Imaginemos lo que ocurre cuando ello se combina con intereses de países que no pueden presumir de democracias tan “plenas” o avanzadas.

Un ejemplo de la aberración que se produce cuando se combinan esas dos zonas oscuras de dos países ha sido la noticia, conocida estos días, de la expulsión el pasado enero de la activista defensora de inmigrantes Helena Malena, desde Marruecos, el hogar donde venía viviendo desde hace años, hacia un país, su país, España, que acredita un poco presentable expediente de respeto hacia sus derechos, habiendo intentado encarcelarla en Marruecos por su “molesto” papel de defensora de derechos humanos.

Se intentó eliminarla del mapa mediante denuncias falsas e informes chapuceros con los que se consiguió imputarla por no se sabe muy bien qué delitos, pero no se consiguió, porque Marruecos no permitió que las jugadas sucias de algunas cloacas de nuestro estado socavaran su integridad hasta encarcelarla. La operación fracasó, y por tanto se trataba de volver con otros medios a los mismos fines. Ya que no podemos eliminar a la persona, y aunque se pierda el poder de atemorizar al resto, encarcelándola, pasemos a eliminarla mediante el alejamiento, mediante la expulsión. Las autoridades españolas no podrán quejarse, dado que en su propia legislación recogen esa posibilidad de expulsar sumariamente a personas por ser meramente molestos al estado. Todo ello acompañado de un procedimiento en el que ni tan siquiera ha mediado una comunicación o una somera motivación, y en un contexto de absoluta inseguridad jurídica y personal, con un auténtico chantaje ejercido sobre una menor, al retener a la niña durante mucho tiempo antes de permitir su viaje junto a su madre.

La combinación de esas zonas oscuras está servida cuando el sujeto en cuestión es un extranjero. Nuestra organización estatal construye la titularidad de los derechos sobre la condición de ciudadano — antaño categoría igualadora y liberadora — pervirtiendo su naturaleza, y entregando a los no ciudadanos, es decir, a los extranjeros, a las zonas más oscuras de la actividad de los poderes públicos.

Helena, con su actividad humanitaria que contribuía a salvar vidas en el estrecho, era un ejemplo para todos, y por eso mismo, muy molesta, para aquellos defensores de la idea — inconfesada, inconfesable, pero presente en muchas mentes — de que cuantas más muertes menos efecto llamada y mejor para nosotros.

El gobierno español no puede permitir que se dé ese trato a una ciudadana española. Exigimos del Ministerio de Exteriores español que se implique activamente en la defensa de Helena Maleno, injustamente expulsada de Marruecos, alejada de su vida, sus amigos, sus vecinos, su trabajo y familia, como represalia por su ejercicio de solidaridad. Exigimos del resto de Ministerios españoles la máxima transparencia sobre lo ocurrido, y que se depuren responsabilidades pendientes por la operación — claramente orquestada desde España — que intentó eliminar su actividad y que dio comienzo a una persecución de la que su expulsión ha sido un capítulo más. Nos sumamos a las peticiones hechas desde distintos grupos políticos de que se den estas explicaciones en sede parlamentaria y exigimos que el objetivo sea la revocación de la expulsión por Marruecos y se permita a Helena volver a su vida de antes, de la que tanto, todos los seres humanos, nos beneficiamos.

Tras la llegada a las Islas Canarias de un inusual número de cayucos cargados de inmigrantes hacinados y arriesgando sus vidas, de los que no acertamos ni a adivinar cuántos hayan quedado por el camino, el Ministerio del Interior actuó con una gran torpeza al encerrarlos en un muelle del Puerto de Arguineguín, a la intemperie y en condiciones inhumanas, y en unas condiciones legales donde la falta de claridad era tal que se acercó al sainete: nadie sabe si estaban libres o detenidos, si acogidos o presos, si podían salir o debían volver, si se les abría expediente o no, si se les notificaba con o sin asistencia de letrado o intérprete, si el Ministerio de Defensa colaboraba o no, o si se le hacía algún caso al de Trabajo y Migraciones.

Al final el Defensor del Pueblo tuvo que intervenir para poner orden y cerrar el despropósito supremo en que se había convertido la situación, dejar clara la situación de libertad legal de estas personas – se les haya o no ordenado una devolución – e instar una acogida en mínimas condiciones de dignidad.

Se trata de un grupo de personas muy variopinto, de diversas nacionalidades, unos con y otros sin documentación, con o sin dinero, con o sin familia y destino. De entre ellos, y en ejercicio de un derecho constitucional – que no quedaría limitado sino con la orden de un juez, y nunca, desde luego, porque tengan o dejen de tener un sello de entrada en su pasaporte, como se ha llegado a afirmar – muchos han tomado un medio de transporte legal y se han trasladado a distintas ciudades de la península, y seguramente del resto de Europa.

Una vez en su lugar de paso o destino, nos encontramos con un auténtico despropósito de acusaciones y laceraciones al gobierno por no hacer no lo que no puede hacer o por hacer lo que no ha hecho:

• Probablemente lo que debería haberse hecho es organizar traslados coordinados con los servicios sociales de las diversas Comunidades Autónomas. En lugar de ello, el Ministerio del Interior ha pretendido retenerlos en Canarias y anunciar que no permite el traslado. Y por encima de esa realidad se ha impuesto el delirio de unos “traslados” colectivos que no son sino viajes individuales.
• Se pretende que el Gobierno ejerza un control totalitario sobre personas que sólo han cometido un ilícito administrativo, y que ni están privadas de libertad ni sometidas a mayor control. Se le acusa de no haber avisado a alcaldes y a autoridades, cuando de nada hay que avisar cuando unas personas libres ejercen su libertad deambulatoria.
• Se compara la situación con la de los ciudadanos limitados en su movilidad por la crisis del coronavirus, cuando estas personas están igual de limitadas que el resto, o mucho más, debido a prácticas más que discutibles.
• En algunos lugares se están produciendo detenciones que se verá si son legales o no, pero que sólo pueden tener justificación si lo son para ejecutar una orden de devolución que hace tan sólo unos días no se pudo ejecutar, por lo que nada hace pensar que mañana se pueda.
• La utilización política de una crisis humanitaria es un ejercicio de demagogia que sólo puede ser calificado de repugnante e inmoral. Los inmigrantes afectados en esta situación son – y debo recordarlo una vez más tal día como hoy, 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU – que son seres humanos y que tal consideración está y debe estar por encima de cualquier otra.

Los trámites de extranjería, como todos los entresijos burocráticos, son molestos y farragosos, pero los ciudadanos extranjeros en nuestro país se someten disciplinadamente a los mismos, unas veces – los más valientes o inconscientes – en solitario, otras con el acompañamiento, asesoría y representación de abogados y otros profesionales especializados en la materia.

Sin embargo, estos trámites tienen una especialidad sobre los de cualquier otra administración pública a cuyo régimen nos debemos, y es que siempre terminan con un trámite que es forzosamente presencial, personal e intransferible: la colocación de la huella dactilar para la emisión del documento que acredite la estancia regular. Y ese trámite, responsabilidad de la Policía de Documentación no se puede hacer sino en unas pocas comisarías de cada provincia, a veces en una sola. Otra nota diferencial es que no es – como el DNI – un trámite que haya de hacerse cada periodo prolongado de tiempo, sino que los extranjeros deben someterse a él (después de un expediente nada fácil de renovación) cada año, o dos, o con suerte ya cinco.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en su capacidad y facultades de autoorganización pasó a exigir a los administrados que para hacer ese trámite se sometieran a una cita previa, que sólo se puede obtener en la página web de la Administración, y ahí es donde empezó el mayor problema ya antes de la pandemia, que ha venido a hacerse insoportable con ella.

Si accedes a la mencionada página web lo más seguro es que todo lo que consigas es recibir un mensaje que diga: “en este momento no hay citas disponibles”. Ese mensaje se va a repetir en otro momento, otro día, otra semana, otro mes… y para un trámite legalmente necesario y exigible, del que dependen además muchos de los derechos de esas personas.

Por métodos desconocidos – básicamente un derroche de paciencia – algunos consiguen con mucha suerte alguna cita suelta. Surgen los negociantes que comienzan a cobrar por esa paciencia, y las quejas por abusos. Comienzan las quejas y protestas públicas contra los responsables de esta situación e incluso se proponen soluciones fáciles de implementar. Pero sólo la callada por respuesta y ninguna explicación de cómo se ha llegado a esta situación desesperada.

Como queriendo elevar la situación a tomadura de pelo descubrimos que en lugar de aumentar la oferta de citas, la única “solución” que se da es limitar la demanda, bloqueando direcciones ip de quienes consiguen alguna cita, en una supuesta pelea contra quienes se lucran con ello, y cargándose de paso a honrados profesionales que están ofreciendo el servicio. Otra “solución” es dilatar las citas que a duras penas se obtienen. Todo con tal de no poner las verdaderas soluciones a un problema provocado por la falta de consideración y respeto a quienes se ven obligados a pasar por ese trámite. Ya no es un problema de falta de voluntad política, sino de un intolerable desprecio.

De ese desprecio señalamos a un responsable, a quien se han dirigido todas las protestas y ha omitido cualquier respuesta y en lugar de poner soluciones está claramente empeorando la situación: D. Enrique Taborda Álvarez, Comisario General de Extranjería y Fronteras ha demostrado que la situación le supera, que su falta de previsión es impropia de su responsabilidad, que su desinterés y ausencia de respuestas demuestra su incapacidad, y que su deficiente manejo de la situación ha llevado a que en lugar de mejoras haya introducido parches que han venido a empeorar la situación.

La Junta de Gobierno de la Asociación de Abogados/as Extranjeristas nos dirigimos por tanto a él mismo, pidiéndole que presente su dimisión, o a sus superiores para que lo sustituyan y permitan a otros más dotados enfrentarse a situaciones en las que debe primar la ponderación y el respeto de las personas, a las que se están ocasionando perjuicios sin cuenta.

La Junta Directiva de la Asociación de Abogados Extranjeristas