Fatima (nombre supuesto) es una niña de unos 11 años a la que se ve emocionada, agradecida, y feliz, por aquello que muchos de nuestros hijos – o incluso nosotros mismos a su edad – aborrecíamos: ir al colegio. En un video de unos pocos segundos que se grabó cuando recibió la resolución por la que – al fin, y de momento, único caso – se le permitía su escolarización en su ciudad de nacimiento y residencia: Melilla. Con su desbordada sinceridad infantil proclama su reconocimiento a los abogados que la han ayudado diciendo que ella de mayor quiere ser abogada para hacer lo mismo, ayudar a la justicia de los que la necesiten, y su satisfacción por superar una discriminación vergonzante por parte de las autoridades de una ciudad que se dice parte de un estado democrático y de derecho se le adivina en una sonrisa inmensa que no puede ocultar la mascarilla.

Es un foco que encabeza un tren donde van montados otros muchos niños, para los que tarde o temprano conseguiremos el mismo reconocimiento. Tal vez por eso, la repulsiva y cobarde estrategia de quienes quieren parar este tren está siendo disparar al faro, quitarle su luz de avance en esta oscuridad en la que los que deberían alumbrar el camino – jueces, fiscales, ministerio de educación – no se han dignado a encender sus luces.

Fatima recibió el viernes una carta nefanda, una ofensa a la dignidad humana, y por tanto – aunque lo ignore – también a la dignidad de quien la firma: como no nos quedó más remedio que aceptar que fueras al colegio con nuestros hijos, pese a que eres foránea, extranjera, subhumana, ilegal, carne de analfabetismo; como te atreviste a insultarnos con tu alegría y a proclamar tu derecho, no vamos a dejar “impune” tu atrevimiento, y vamos a pasar al ataque contra ti, contra una niña de 11 años que eres el foco de tantos detrás de ti: nos vamos a inventar unas irregularidades en el padrón para darte de baja de oficio, y así después seguir mintiendo y decir que no vives aquí, y después echarte del colegio al que tan contenta acudes cada mañana para dar ejemplo.

Con esa incoación, contraria a la resolución de la Comisión de Derechos del Niño de la ONU que obligó a escolarizar a Fatima, contraria a los propios informes de servicios sociales del ayuntamiento, contraria de forma patética a la evidencia de la asistencia continuada de la niña al colegio con la frontera cerrada (¡acaso entra cada mañana en helicóptero para ir al colegio!), la ciudad autónoma de Melilla, cuya administración firma el documento, ha cavado más hondo aún el hoyo en que su racismo y xenofobia estaba excavando. Es el hoyo de su bajeza moral que pretende iniciar una trinchera contra el avance de los derechos de unos niños, es su complicidad culpable contra los que claman (PP. y Vox a pleno pulmón, otros más con la boca pequeña) contra la “marroquinización de Melilla” para justificar el pisoteo de los derechos de unos niños, sin entender que lo que les “tercermundiza” es precisamente esa indignidad y esa falta de acatamiento al Derecho y a los derechos de todos.

La alegría de Fatima se había tornado ayer en miedo a que le quiten lo que tanto ha luchado por conseguir, su proyecto de vida – convertirse en abogada para defender a los demás – amenazado. Puede que sea eso lo que buscan, que no pase de empleada de hogar, para servirles a ellos. La indignación que sentimos desde la Asociación de Abogados Extranjeristas ante esa sucia venganza contra una niña de 11 años por parte de quienes, con una impunidad que cesar, intentan atacarla, no puede ser mayor. Y con la única arma que le vale a la Justicia, el Derecho, avisamos y prestamos a los cómplices de este atropello nuestra asesoría: si se atreven a seguir adelante y llegan a dar de baja en el padrón a Fatima, para después desescolarizarla, estarán cometiendo un delito de prevaricación en el que tendrán enfrente a todo el imperio del Derecho. Veremos entonces si Melilla es un enclave europeo en Africa, o una rémora fascista para un estado democrático como debería ser España en todo su territorio.



Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Ante la continuidad de la situación de escándalo y el clamoroso silencio del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía sobre la falta de citas previas para realizar el trámite de puesta de huellas en los trámites de extranjería, que está provocando el perjuicio en derechos básicos de miles de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha decidido elevar su protesta y sugerir soluciones ante los Grupos Políticos del Congreso y Senado, así como a las Comisiones de Interior y de Inmigración de ambas cámaras, y a los Defensores del Pueblo español y europeo.

En el texto de la carta remitida a todos ellos por el Presidente de la Asociación, elaborada por la Junta Directiva en unanimidad, se proponen una serie de soluciones que sería facilísimo implementar y que estarían al alcance del Ministerio, máxime en el marco de necesidad de soluciones excepcionales en que nos encontramos. Sin embargo, la desidia negligente del Ministerio no sólo prefiere no adoptar ninguna de estas medidas, sino que además continúa sin ofrecer ninguna explicación del por qué de esta situación, que en algunas provincias venia presentándose incluso desde antes del estado de alarma, con el que se ha generalizado a toda España, ni si se va a adoptar alguna medida que intente aminorar el problema que afecta tan gravemente a tanta gente. Medidas tales como:

    • Habilitar las oficinas de renovación del DNI
    • Que las propias resoluciones de concesión de las autorizaciones incorporen la fecha de cita previa y eximir de toma de huellas a todas las tarjetas en que no sea estrictamente necesaria
    • Detraer personal de otros servicios menos urgentes y necesarios, como los CIEs
    • Emprender las reformas legales necesarias, para evitar burocracia innecesaria eliminando todo trámite en que se exija la presencia personal, el respeto al derecho de representación y la modernización telemática
    • Permitir que representantes vayan a recoger la tarjeta ya hecha

Tampoco se explica si se va a investigar cómo consiguen el evidente beneficio aquellos pocos que – posiblemente con implicación de elementos internos de la propia policía – consiguen las pocas citas que salen al público, y que se están lucrando a costa de la desesperación de quienes día tras otro intentan sacar esas citas sin resultado.

La elevación, además de al Defensor del Pueblo español, al Europeo, se explica porque de esta situación se están perjudicando también miles de ciudadanos europeos que desearían legalmente obtener el registro de su residencia en España, y no pueden por falta de citas previas.

Confiamos en que desde las altas instancias a que nos hemos dirigido se consiga movilizar una actuación que ya llevamos demasiado tiempo esperando del Ministerio del Interior, muy activo a la hora de elevar vallas, pero poco a la de respetar los derechos de las personas.



Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Las leyes de extranjería, en toda Europa, no se hacen pensando en los derechos humanos, se diga lo que se diga, y eso tiene consecuencias. Una de ellas es que los Tribunales más elevados, aquellos que más tienen en cuenta la cúspide de nuestros valores europeos, no dejan de sorprender a los legisladores y de corregirles en sus interpretaciones y tendencias ultrarrestrictivas.

La política represiva europea, el pilar principal en torno al cual giran las “políticas” en toda Europa, es la de que todos los caminos, todas las soluciones, todas las orientaciones, pasan por la eliminación de los “desechos sociales”. Cuando se es parte de esa nueva aristocracia europea especialmente protegida que son los ciudadanos, se les encierra en la cárcel. Y cuando pertenecen a esa otra amplia minoría, los extranjeros, se les expulsa “con cajas destempladas”, es decir, con toda la fuerza represiva de quien trata a sus enemigos.

En España, cuando los partidos mayoritarios en 2004 pelearon en el parlamento en torno a una reforma necesaria de esos parámetros, seguida de una contra reforma de la Ley de extranjería – más tarde fuertemente recortada por el Tribunal Constitucional –, tan sólo un año después el Tribunal Supremo (entonces menos contaminado por los tejemanejes en el poder judicial) sentó una doctrina que rebatía esa política: “la expulsión no debe ser la solución sistemática, sino, como sanción más grave, la reservada sólo para aquellas conductas que, a la mera estancia irregular, añadan algún agravante.” El principio de proporcionalidad, de valor constitucional, se consagraba como elemento troncal.

La reacción fue muy variada: los poderes policiales no se dieron por aludidos y continuaron con la política de expulsión de irregulares, y los tribunales inferiores, con disciplina muchas veces temblorosa, anulaban las resoluciones por ausencia de agravantes o las ratificaban sobre la base de agravantes a veces imaginarios, pero un ejército de abogados entregados peleó para que se impusiera la cordura y el buen derecho.

El 23 de abril de 2015 llegó el jarro de agua fría. Una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, con un desarrollo abrupto y una muy mala traducción de los términos, tras la promulgación de la que fue llamada con Justicia “Directiva de la vergüenza” sobre las expulsiones de extranjeros, parecía dar la razón a las interpretaciones más duras. Según esa Sentencia la Directiva obliga a resolver la irregularidad, sin aludir a los matices que añadiera la ley española. Se abrió la caja de los truenos y volvió la política de tierra quemada: estancia irregular y expulsión se volvieron a convertir en fórmula sin más elementos. La simplicidad siempre ha gustado a los que no quieren que se tengan en cuenta los derechos de las personas.

Ese mismo ejército de abogados, de los que nos orgullece contar en la Asociación de Abogados Extranjeristas con una gran representación, no cejó en defender lo justo: se defendieron las interpretaciones más favorables a los derechos humanos, pero la lucha fue ardua: la Directiva no cambia la Ley, y la interpretación que se hacía seguía siendo correcta. La interpretación de “los duros” se extendió y llevó incluso al Supremo a rectificar su doctrina sin tener en cuenta nuestras alegaciones.

Pues bien, hoy hemos asistido a un nuevo bandazo, solo que esta vez para volver a la situación anterior a ese aciago 23 de abril: se ha dictado hoy una nueva Sentencia, del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea que elocuentemente dice en su fallo final:
“La Directiva (…) debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes.”

Con ello, respondiendo a una pregunta inducida por los abogados, hecha por el Tribunal Superior de Castilla la Mancha, el alto Tribunal desautoriza al Tribunal Supremo español y a la mayoría de Tribunales de Justicia de este país, a los que hemos estado alegando eso mismo, y se nos ha despreciado una y otra vez. Algo tan simple de entender como que la Directiva no vale como excusa válida para eludir una versión más favorable a los derechos humanos hecha por la Ley de un país.

Nuestra satisfacción es inmensa. Cinco años de lucha no han concluido, pues ahora toca convencer a tantos que seguirán insistiendo en una ecuación simple que cuando se trata de personas y de derechos humanos esas sumas y restas de colegial nunca son válidas.



Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Durante cinco meses los CIES han estado cerrados, y el anuncio de una oscura secretaría de policía de que se disponen a reabrirlos viene a demostrar muchas cosas:

1.- Nada ha ocurrido durante estos cinco meses que trastoque frontalmente la política migratoria, no sólo sin CIES, sino sin apenas expulsiones, lo que demuestra que la pata represiva del banco de la política migratoria – la contención y la discriminación son las otras dos – sólo sirve para infundir un miedo que no es capaz de sustituir el respeto que toda política pública debería inspirar, y para hacer ver que se hace algo – por inútil que sea, por mucho sufrimiento absurdo que inflija—ante lo que no se sabe qué hacer.

2.- Las prisas por volver a las andadas no son buenas y denotan que mientras desde otros departamentos se intenta construir una política en positivo, el Ministerio del Interior sigue anclado en las más rancias concepciones represivas y de control de las libertades personales, y demuestra que sus intereses se sitúan por encima de la salud pública que dice defender. Los CIES no están preparados para reabrir en plena segunda ola del virus, y mucho menos para garantizar que sean útiles a lo único para lo que se afirma que están concebidos. Nada puede asegurar que los países de origen de los inmigrantes estén dispuestos a recibir a sus nacionales procedentes de un país en plena ascensión de curva de contagios.

3.- Los abogados extranjeristas recomendamos a nuestros compañeros que defiendan frente a la petición de internamiento reclamen del juez garantías reales de que verdaderamente se va a poder expulsar a esa persona a la que se interna con esa finalidad, y además se exijan garantías de sanidad dentro de unos centros que si por algo se caracterizan es por el hacinamiento y la falta de posibilidad de guardar la distancia de seguridad. En esas condiciones es muy probable que la reapertura de los CIES se quede en anecdótica, pero no será irrelevante el incremento de gasto en personal tan necesario para otros cometidos.

No se entiende cómo ni por qué un Ministerio que lleva cuarenta años de democracia, dirigido por un juez de prestigio, no termine de aprender un esquema de prioridades de mínima sensatez. La reapertura de los CIES es en estos momentos más que inoportuna, precipitada y apresurada, es un grave error que sólo va a servir para revelar una vez más cuál es la única y real razón de existir de esos centros de sufrimiento gratuito: imbuir un miedo cerval y exagerado a aquellos que cometan el craso delito de lesa majestad – apréciese la ironía – que supone desobedecer unas leyes injustas por inhumanas y fuera de la realidad.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El 23 de septiembre se ha celebrado una esperada cumbre europea sobre políticas migratorias. Los ilusos aun creyentes de que el proyecto europeo va asociado indisolublemente al respeto a los derechos humanos y a la solidaridad mas allá del mercado como nexo de unión frente a los populismos nacionalistas hemos visto cómo, una vez más, los acuerdos se alcanzan sobre unos mínimos que satisfacen sólo a los más reacios a avanzar en esos valores europeos, ante la debilidad y — ¿por qué no decirlo?— cobardía de aquellos de los que se supone una mejor defensa de esos valores.

Si esperábamos que se superara el esquema del Acuerdo de Dublín II, trampa burda para los países del sur, (no podemos entender cómo se llegó a admitir en su día), que obliga a cada país de entrada de solicitantes de asilo a asumir las solicitudes y la acogida (lo que deja las manos cómodamente libres a los países del norte), nos encontramos con que no sólo no se reforma ese pervertido sistema, sino que se vuelve a las “cuotas voluntarias” de acogida de refugiados. Y todos sabemos la falta de voluntariedad de casi todos, que ante cuotas obligatorias en 2015 se limitaron a no cumplirlas.

Si esperábamos una mayor apertura ante las ya acuciantes necesidades demográficas de una Europa envejecida, la respuesta es mayor cerrazón de la fortaleza, mayor represión y mayor inmigración, los tres ejes que sin duda, y sin hipocresías, son el único lenguaje que entienden nuestros dirigentes europeos. Un endurecimiento anunciado de la bien llamada Directiva de la Vergüenza se une a la novedad de la cumbre, que es que el que no cumpla con la solidaridad pueda compensarlo pagando por mayor represión. Las palabras precisas desnudan el hipócrita lenguaje diplomático, y desvela la descarnada verdad de una Europa pusilánime y acobardada.

Acobardada sobre todo ante los países del grupo de Visegrado, que se han integrado en la Unión pensando y practicando la política de que se puede estar dentro sólo para lo que les conviene o creen que les conviene. Mientras el resto no asuma una postura valiente ante estos países dominados por el populismo nacionalista de raíz neofascista: Polonia, Hungría, Chequia, y les apliquen sanciones duras o el camino de salida por no cumplir con los valores fundacionales europeos, no será posible una política común más allá de la chapuza que hoy nos han presentado. Pero con crecientes tentaciones en Austria, Holanda, Italia, Francia, la propia España, parece que el resto de dirigentes, mirando más a los electores internos, ni se atreven ni son capaces de poner las luces largas, para ver que más allá del campo de las cortas espera un abismo.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Hoy hemos recibido un grupo de abogados de la Asociación de Abogados Extranjeristas, que participamos en apoyo de PRODEIN para conseguir el reconocimiento a una escolarización de todos los niños de Melilla, una nueva comunicación del Comité de Naciones Unidas por los Derechos del Niño, organismo al que España debe obediencia por ser firmante del Convenio Internacional de Derechos del Niño.

En esa comunicación, se repite por enésima vez al Reino de España que debe escolarizar urgentemente a seis niños (de entre casi un centenar más) cuyos casos han sido acogidos por el Comité. Sin embargo, el estado del Reino de España sigue desobedeciendo de forma contumaz la orden dada por este alto organismo de las Naciones Unidas.

Ello nos coloca en situación de incumplidores internacionales y nos sitúa en la lista de países donde no se respetan los derechos humanos, en este caso el derecho a la escolarización de menores. La imagen internacional de España sufre un serio revés ante el mundo, en un momento en que un expediente impoluto en Derechos Humanos es carta de presentación necesaria para que la voz de nuestro país sea respetada en los foros internacionales.

Entre las excusas, francamente absurdas y groseramente sesgadas, que el Estado pretende objetar para no cumplir con su obligación, hay una que llama especialmente la atención, dado que si objeta que estos niños no deben ser escolarizados por España porque supuestamente podrían estar entrando en Melilla cada mañana desde Marruecos, olvida el Estado que desde hace meses eso es imposible, pues la frontera con Marruecos está cerrada y estos niños ni tan siquiera tienen la posibilidad de acudir a la escuela a Marruecos cada mañana desde Melilla, que es donde viven.

Estamos construyendo en Melilla, ciudad española del norte de África, un gueto, un apartheid de derechos, un campo de no derechos tan vergonzoso como el de Moria, donde a menores que están bajo la jurisdicción española se les impide acudir a la Escuela, simplemente por no tener unos papeles. Es curioso que la españolidad de Melilla se defienda aplicando en esa ciudad unos no derechos que son radicalmente contrarios a esa españolidad, como son nuestro Derecho y nuestros derechos, haciendo valer así un rancio y obsoleto concepto de patria vinculado a la raza y la herencia.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Tras estudiarse en Junta de la Asociación se apreció que se va acercando peligrosamente la fecha en la que la estancia legal de muchos extranjeros caducará, con la normativa vigente. Se trata de aquellas personas que de una forma u otra quedaron atrapad@s en nuestro país, durante su estancia legal, y todavía hoy les resulta imposible volver debido a la ausencia de vuelos a sus países de origen o al cierre de fronteras en éstos.

Cuando un extranjer@ entra en nuestro país mediante la modalidad conocida como “de turista”, es decir, con un visado temporal de estancia o amparado en la exención de ese tipo de visados que la Unión Europea concede a los países de una larga lista (prácticamente todos los de la OCDE, latinoamericanos, y otros), éste/a extranjer@ goza de una estancia legal de un máximo de tres meses, que se puede prorrogar en caso de que haya causa y lo solicite con antelación a su expiración.

Miles de personas que se encontraban en España durante las semanas previas al 15 de marzo se encontraron con que no pudieron volver dentro de esos tres meses de estancia para la que tenían permiso, dado que fue la propia España quien cerró las fronteras, por lo que el gobierno acordó no sólo no computar el tiempo de la alarma a efectos de ese plazo de estancia, sino decretar de forma general la prórroga de la estancia por tres meses a contar desde la finalización de la situación legal definida en el estado de alarma, es decir, a partir del 21 de junio.

Aparte de interpretaciones más favorables que cupiera hacerse, lo cierto es que el consenso está en que este 21 de septiembre vence tal periodo, por lo que esos miles de personas siguen atrapadas, debido a que la pandemia se fue extendiendo a sus países con posterioridad al nuestro y sus fronteras, puertos y aeropuertos siguen cerradas.

Esas personas, sin culpa alguna, se encontrarán el 22 de septiembre, si no se hace algo para evitarlo, en una situación de estancia irregular que nuestra ley castiga con una dureza draconiana: expulsión forzosa con prohibición de entrada durante largos periodos de tiempo.

Es por eso que nos hemos dirigido a la Secretaria de Estado Hanna Halloul para que, como una actuación de justicia elemental, dicte una nueva norma de forma urgente que permita sostener la legalidad de la estancia a todas estas personas. De otro modo, se generaría una situación caótica en que por un lado la Ley, a través de la Policía Nacional, sanciona duramente una permanencia en el país de la que no se tiene culpa alguna pues resulta inevitable a esas personas y por otra esas personas no pueden hacer nada para regresar a sus países y evitar el poder verse sometido a esa sanción.

Confiamos en que antes del 21 de septiembre se pueda solucionar la situación mediante una prórroga suficiente de la estancia legal que abarque el tiempo necesario para volver a una normalidad que todos esperamos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La Asociación de Abogados Extranjeristas eleva a la Fiscalía General una protesta por los ataques de la Fiscalía de Melilla a los menores desescolarizados, y no obtiene respuesta

En otras ocasiones hemos informado de la situación en Melilla, donde con la excusa de que no puedan presentar documentos que demuestren su domiciliación en Melilla, documentos que previamente se les niega su acceso, se lleva varios años impidiendo la debida escolarización de niños marroquís residentes en la ciudad. El derecho a la educación es un derecho fundamental responsabilidad del estado bajo cuya jurisdicción territorial se encuentren esos menores, y como tal derecho fundamental de unos menores es obligación muy especialmente de la fiscalía defenderlo y velar por su cumplimiento.

Sin embargo, una fiscal de Melilla está presentando ante el juez, en una clara e ilícita connivencia con el abogado del estado (que le lleva incluso a copiarle literalmente algunos de sus párrafos), argumentos que no podrían ser sostenidos por un estudiante de primero de derecho, en una actitud que va más allá de una intolerable dejación de sus obligaciones. Constituye una toma de partido activa en contra de los derechos fundamentales de unos niños, por razones que no podemos entender cuáles sean, pero que podrían inferirse como de una xenofobia y racismo lamentablemente presentes en nuestra sociedad y frente a las que la fiscalía debe posicionarse. Decir que el derecho a la educación es un derecho personal competencia del estado de nacionalidad constituye algo más que una patada al Derecho al que se debe y al sentido común, es una vulneración flagrante del estatuto del Ministerio Fiscal y de sus obligaciones como jurista y como persona, que, si no fuera porque se sitúa en una posición meramente propositiva, la podrían llevar al extremo de la prevaricación.

En la última comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones ante el Senado, Fernandez Marugan, al ser requerido por una senadora de ERC, comentó que la actitud de la Fiscalía General era favorable a los menores, y que en Ceuta se había resuelto, pero que en Melilla la fiscalía “había tenido un problema”, sin especificar qué problema fuera éste, y dejándonos a todos con la pregunta en mente: ¿Qué problema hay con la fiscal de Melilla? ¿Por qué se le tolera su actitud díscola ante sus obligaciones y ante las instrucciones de la Fiscalía General? ¿Por qué se le permite este claro alejamiento de sus funciones y estatuto?

La queja ya cursada hace semanas y elevada a la Fiscalía General obliga a ésta a actuar con contundencia y rapidez, si fuera necesario, disciplinariamente, contra esta intolerable actuación de la fiscalía en los asuntos que se están ventilando ante los Juzgados de Melilla bajo reclamación de protección de derechos fundamentales. También es responsable de adoptar las medidas que sean necesarias para recuperar la dignidad de la fiscalía en la ciudad autónoma. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna a nuestras quejas, y desde luego, nada se mueve en Melilla, donde los niños que están pidiendo plaza en estas fechas para el siguiente curso, siguen siendo rechazados con los mismos subterfugios.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Con fecha de ayer 12 de junio hemos recibido una nueva carta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en la que, con respecto a dos casos concretos elevados al Comité de Derechos del Niño de ese organismo, la contumacia de las autoridades españolas y su resistencia frente a las peticiones de este alto organismo ha obligado a tener que repetir la petición de que se escolarice a estos niños.

Estos dos casos son sólo la punta del iceberg de una actitud que en estos momentos, en que se sacan de nuevo las listas de escolarización para el curso que viene, está desplegando la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, de evitar e impedir la escolarización de niños residentes en Melilla y que por tanto están obligados a escolarizar en igualdad de condiciones.

El derecho fundamental a la educación, el artículo 9 de la Ley de Extranjería, los convenios internacionales firmados por España, y todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico obligan con absoluta claridad a ello, y a pesar de esto la mencionada Dirección Provincial mantiene sus excusas de que estos niños no presentan la documentación que demuestre su residencia en Melilla.

Lo grotesco del caso, en estos momentos, es que Melilla es una ciudad con su frontera cerrada, con lo que si no fueran residentes de verdad, ni tan siquiera habrían podido presentar la solicitud, con lo que la negativa adquiere visos de sarcasmo y arrogancia.

Pero lo que más llama la atención a estas alturas es el silencio, ya claramente cómplice, del Ministerio, en esta situación, y ello pese a las peticiones, ya reiteradas, tanto del Defensor del Pueblo como del Comité de Derechos del Niño del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Exigimos de la Ministra Celáa que se siente durante diez minutos de su precioso tiempo a estudiar el asunto, que destituya fulminantemente a quien ha demostrado ser responsable de este despropósito mayúsculo, y permita el cumplimiento de un derecho fundamental de estos menores melillenses.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El Tribunal Constitucional dictó una Sentencia, el pasado 9 de marzo, que salió publicada en el BOE de ayer, que sólo puede ser interpretada como un duro varapalo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, muy cuestionada en sus sentencias desde que asumió la competencia de resolver recursos de casación en materia de extranjería. La postura del TS ha dejado ver en más de una ocasión una acusada tendencia a avalar las tesis de la Administración en materia de extranjería, pese a que son asuntos que afectan a casos y derechos muy sensibles de ciudadanos extranjeros y de ciudadanos españoles vinculados familiarmente a ellos, y en los que se esperaba una mayor sensibilidad por parte del Alto Tribunal.

La Sentencia del Constitucional acusa al Supremo de haber vulnerado los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de un ciudadano peruano casado con una española, al que se le denegó la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión, y con ello su consideración como titular del derecho a residir y trabajar en España, por el motivo – a todas luces irracional – de que no podía ser mantenido por su mujer. El Tribunal Supremo, y antes que él el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideraron legal que se le denegara la tarjeta por esa razón (los medios de vida que justificaban la concesión eran de él, no de la ciudadana española) y para más inri, ni tan siquiera entraron a valorar las motivaciones, limitándose a dar la razón a la Administración.

Este tipo de resoluciones que llevan a planteamientos ininteligibles desde un punto de vista lógico y humano son sin embargo muy frecuentes en el derecho de extranjería, donde rige una visión muy extendida de que es el Estado quien debe ser defendido de los inmigrantes, y que la labor de la Administración de extranjería es precisamente esa, razón por la que recibe un trato increíblemente suave y que inconscientemente pervierte, sin embargo, la razón última del Derecho de defender por la razón al débil frente a la fuerza del poderoso.

La Sentencia del Tribunal Constitucional debe ser interpretada no sólo como una corrección en un caso concreto, sino como un aviso claro a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de la preeminencia de los derechos fundamentales de la persona, extranjero, nacional, ser humano, por encima de intereses administrativos o de determinada política que sean esgrimidos por la Administración.

La Asociación de Abogados extranjeristas se felicita por esta Sentencia, que saluda, y reclama del Tribunal Supremo que este aviso le sirva de reflexión para tomar conciencia de lo que el Tribunal Constitucional ha venido a recordarle.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas