El 16 de enero de 2017 se inició en Facebook un “debate” en una red llamada “opinión popular de Melilla” en el que se iniciaron toda una serie larga de expresiones que, en palabras del Juez y del Código Penal, se deben interpretar como que “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupo, (…) por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, (…), situación familiar, la pertenencia de sus miembros, a una etnia, raza o nación, su origen nacional, (…)”, es decir, incardinables en el artículo 510 del Código Penal, que prevé los delitos de incitación al odio.

Expresiones tales como “Tenemos q hacer limpieza en las calles con nuestros propios medios”, “ya sabemos que son cucarachas”, “si lo pillais no llameis a la policía una carias y listo”, “es cogerlo y a palos con ellos”, “están por todos los rincones como ratas, si, he dicho RATAS”, “después estan los defensores del pueblo o pobrecitos pobrecitos ni q mierda estoy hasta el coño señor@ssss no hay derecho a esto o salimos a dar palo nosotr@s o no vamos a arreglar (…) q se vayan a su puto pais a pasar hambre mana de cabrones», “En vez de dejarlos al otro lado de la vaya hay que tirarlos”, “solo nos queda tomar la justicia con nuestras manos”, “si voy en coche atropello al que sea, y como alguno se me acerque estando por la calle llevo encima un palo o lo que sea y se caga”, “Eso se solucionaba dando un día de ciudad sin ley.”, “darles una buena paliza a hostias limpias y luego se llama a la policía para que se los lleven, si lo haces al contrario encima se rien de ti”, “Nunca llames a la Policia después de darle una paliza, lo dejas por culakier sitio k es lo que se merecen esta gentuza”, y vertidas en la mencionada red social, son consideradas por el Juzgado como incardinables en el delito de incitación al odio.

En nuestro país, a pesar de la promulgación en la reforma del Código Penal en 2015 a partir de obligaciones internacionales, los tribunales están siendo parcos a la hora de iniciar procesos por este delito, dado que existe un conflicto evidente con el derecho a la libertad de expresión, conflicto, sin embargo, que ha sido resuelto por la jurisprudencia, como bien se argumenta en el auto del Juzgado.

El auto tiene una muy especial importancia y trascendencia, dado que el mismo hace referencia a expresiones en redes sociales en los que la gente pensaba que podía actuar con toda impunidad, es además en Melilla, una plaza especialmente sensible en este terreno, y la iniciativa de la denuncia ha partido de la Guardia Civil, lo cual demuestra un buen funcionamiento de esta institución en ese terreno.

Esperamos que cunda el ejemplo, y que otras muchas expresiones de odio que se leen de forma casi cotidiana en redes sean filtradas y perseguidas como corresponde.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

La Asociación de Abogados Extranjeristas, dentro de la campaña que está desarrollando con Prodein para defender el derecho a que se conceda plaza escolar a más de 100 niños (la cifra va creciendo desde los 62 inicialmente detectados) que siendo residentes efectivos en Melilla, se les deniega la escolarización a que tienen derecho con diversas excusas, presentó, entre otras actuaciones que tienen la intención de llevar ante los jueces tamaño incumplimiento de un derecho fundamental, también una denuncia contra España ante la Comisión Europea por incumplimiento de las Directivas y resto de la normativa europea, que ha sido recibida y admitida a trámite por la Dirección General de Migraciones y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. 

En efecto, el artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece el derecho de toda persona a “la educación (…) que “incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria”. Pero además, en el caso concreto que se trata, al ser el menor hijo de un residente de Larga Duración, se incumple la Directiva 2003/109/CEde residentes de larga duración y la  2003/86/CE. Se establece por tanto la obligación de los estados miembros de escolarizar a todos los menores que vivan en su territorio, mediante la asignación de plazas en colegios públicos o concertados donde se les garantice el acceso a una educación reglada, sin que para ello sea exigible ningún tipo de requisito administrativo que no tenga que ver con la presencia del menor, dado que su necesidad y derecho a la educación se da por sentado. 

Las autoridades melillenses, en unos procedimientos que están resultando enormemente farragosos, por cuanto no se hace más que pedir más documentación de la que ni tan siquiera se facilita un ejemplo, para acreditar una residencia efectiva del menor en Melila que por otra parte resulta patente, denotan una actitud de la que sólo cabe deducir un ánimo de ocultación de las razones reales por las que se deniega a estos niños su necesaria escolarización. 

Las autoridades europeas, con la admisión de esta denuncia, comenzarán una investigación que comprobará que verdaderamente la administración no está cumpliendo con sus obligaciones de escolarizar a estos menores, y puede llegar a sancionar a España por incumplimiento de los tratados en su territorio. 

La Asociación de Extranjeristas, en su convenio con PRODEIN, no cejará hasta conseguir que todo este grupo de niños sea debidamente escolarizado, y sólo podemos expresar nuestra consternación e indignación ante la actitud de nula colaboración y exigencias burocráticas irracionales que está desplegando la Administración. 

Cabe recordar que la Asociación de Abogados Extranjeristas está realizando este trabajo de manera voluntaria y desinteresadamente, esto es, sin recibir ninguna remuneración por su trabajo. Pero para llevar el proceso de reclamación contra la Administración que niega el derecho fundamental a la educación a todos estos niños y niñas necesita poder sufragar algunos gastos tal como es el propio desplazamiento de estos profesionales a Melilla. Para ello se ha abierto una campaña de crowdfunding, la cual puede consultarse en migranodearena.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

El convenio firmado el pasado sábado 26 de octubre entre José Palazón, presidente de la Asociación para la Promoción de la infancia en Melilla y la Asociación de Abogados Extranjeristas no ha tardado en dar sus primeros frutos para la defensa de los derechos de los inmigrantes. 

De esta manera, las actuaciones de la Asociación en seguimiento de las denuncias de PRODEIN han permitido elaborar una lista de 67 niños a los que no sólo se les está impidiendo la escolarización con la excusa de que no están empadronados, sino que nos consta que se les está impidiendo empadronarse precisamente para no permitirles escolarizarse, en un juego macabro de abuso institucional sobre estos menores. 

Con estos casos, la Asociación de Abogados tiene previsto emprender de inmediato una campaña de presentación de recursos contencioso-administrativos para conseguir que los jueces condenen al Ministerio de Educación a conceder plaza a estos niños, que acreditan su residencia efectiva en Melilla, donde incluso muchos de ellos han nacido. 

La investigación emprendida ha hecho que salgan a la luz algunas de las malas prácticas de la Administración en la plaza, como los abusos de funcionarios del padrón, que se niegan a recoger las solicitudes de alta que se les presentan, con excusas impresentables e ilegales. Estas actuaciones han sido documentadas en alguna grabación de audio donde se escucha al funcionario negar el empadronamiento por no tener visado, requisito radicalmente innecesario para el alta en el padrón. 

Más aun, y fruto de las actuaciones de PRODEIN, el Defensor del Pueblo ha dictado una sugerencia y recomendación a las autoridades de Melilla para que cese el entorpecimiento del padrón a personas inmigrantes por motivos distintos a la mera realidad de residencia efectiva. Desde la Asociación, ante la constatación de que la legalidad se está vulnerando en Melilla y con la claridad de la recomendación del Defensor, está estudiando distintas vías para exigir responsabilidades disciplinarias o penales a los funcionarios implicados, y cuya única motivación no puede ser otra que la discriminatoria.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Ya al poco de alcanzar la Junta de Andalucía el PP y CS, como cesión hecha al acuerdo con VOX para conseguir el apoyo de esta formación política, se anunció en su día una comunicación entre los servicios de la Junta y la Policía Nacional para facilitar las expulsiones de extranjeros en situación irregular. Ya entonces (véase nota de prensa de la Asociación de 9/01/2019) advertimos de la radical ilegalidad de esas propuestas.

Recientemente, y con motivo del acuerdo para el apoyo de VOX a los presupuestos, se ha publicado un alambicado texto de compromiso en esa misma línea de facilitar a la policía y guardia civil los datos que la Junta posee y que ha obtenido con finalidades de asistencia sanitaria, servicios sociales, educativos, etc. De esa manera SE DA LA IMAGEN de una auténtica persecución al extranjero en situación irregular.  

Nos sumamos al comunicado que todo un elenco de entidades andaluzas de apoyo a los inmigrantes sacó a la luz apenas conocerse la noticia, y que recoge básicamente la misma fundamentación jurídica que en su día publicamos. 

Dado que el compromiso es firme, y pese a su redacción pretendidamente confusa y retorcida, no podemos ver en ello sino la intención de ocultar una actuación que en caso de que se llegara a producir sería radicalmente ilegal e ilícita, y de ahí que nos planteemos no ya la intencionalidad manifiesta, sino la oculta, no menos escalofriante. 

La intencionalidad manifestada, si llegara a producirse, daría lugar a una cadena de prevaricaciones que no sólo se traduciría en un escándalo, sino que además podemos afirmar que redundaría en un absoluto fracaso, de una ineficacia absoluta. Los impedimentos que la Ley Orgánica de protección de datos, sus principios y base constitucional, la Directiva europea, etc, etc, etc,  hacen que ningún agente de policía en sus cabales, si es que quiere mantener su puesto de funcionario, se atrevería a iniciar un proceso a sabiendas de que la fuente del mismo es ilegal, cosa de la que nunca podría invocar ignorancia, y que a buen seguro sería denunciada por el abogado en el marco del expediente. Pero además, la doctrina de los frutos del árbol prohibido haría que dicho expediente fuera nulo de pleno derecho, y por tanto ineficaz. 

Por tanto, no nos resulta creíble que, ni para engañar a VOX en sus intenciones, ni para que VOX pueda engañar a sus votantes afirmando haber conseguido algo que no consigue, el acuerdo tenga la finalidad que se declara. 

Otra distinta es la intención de semejantes textos, y la misma es de una irresponsabilidad palmaria: lo que se pretende es meter miedo entre el colectivo inmigrante, redundar en el clima de persecución, profundizar el aislamiento y el rechazo de unos seres humanos sobre los que se dirige así un odio irracional. El fundamento de dichos acuerdos públicos es que algunos inmigrantes tengan miedo a acudir al médico, a llevar a sus hijos al colegio, a visitar los servicios sociales, a defenderse de los abusos de que sean víctimas por desaprensivos, y un largo etcétera de servicios que son competencia de las comunidades autónomas. Ya con la ley que sufrimos es temible y poco aconsejable acudir a la policía cuando se ha sido víctima de un delito, y tantos así quedan sin denunciar. El efecto que se busca es que se aíslen de unos servicios públicos a los que también contribuyen con sus impuestos y esfuerzo. 

El acuerdo, por tanto, no sólo es radicalmente contrario a la legalidad, sino a un mínimo de ética y humanidad. Por esa razón, la Asociación de Abogados Extranjeristas se dispone a cursar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos para que inicie la oportuna investigación. Y asimismo, hacemos un llamamiento a la fiscalía para que esté vigilante, dado que desde luego la Asociación a la que representamos lo estará, y en caso de que se llegara a producir semejante atropello, procederíamos por vía penal contra los delitos que se estarían cometiendo de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Recientemente se ha conseguido que trascienda a los medios de comunicación audiovisuales la situación intolerable a que se somete a los extranjeros en las oficinas de extranjeria, tal y como veníamos denunciando desde la Asociación desde hace mucho tiempo, por lo que las informaciones dadas requieren ciertas matizaciones.

En primer lugar, nos adherimos, apoyamos y ratificamos las denuncias que se están haciendo sobre la situación, pues la misma es, desde luego, intolerable, y supone una vulneración intolerable de derechos fundamentales.

Debemos denunciar que la responsabilidad principal de la situación es de la Administración de Extranjeria. En una de las reformas de la Ley de Extranjería se introdujo un elemento más de desconfianza y de exceso de control sobre los extranjeros, que es además ajeno al espíritu del derecho administrativo en general, como es la obligación de presentar personalmente en las oficinas competentes todos los trámites y documentación, obligación que además ha quedado obsoleta y superada en el marco de una Administración digitalizada y telemática como la que se pretende conseguir. Desde hace mucho tiempo venimos reclamando una “normalización” del Derecho de Extranjeria que supere esta situación de estado de excepción en que vivimos los que defendemos a los extranjeros.

Habiéndose hecho esa reforma por instancia de la Administración, poco después se arguyeron razones organizativas para implantar el sistema de cita previa (como experimento que después se ha ido extendiendo peligrosamente a otras instancias, afectando al conjunto de ciudadanos). El siguiente paso fue utilizar ese sistema para, de forma abusiva, adecuar la demanda a las necesidades y capacidades del oferente, en este caso la Administración, y ninguneando las necesidades y derechos de los administrados. Del “vuelva Ud. mañana” hemos pasado al “tiene que venir con cita previa” que se le dará cuando y como le convenga a la Administración. Así, se hace depender el ejercicio de derechos de la capacidad de la Administración de controlarlos, lo cual lleva a situaciones esperpénticas y absurdas.

La situación de abuso sistemático ha saltado cuando las citas se han comenzado a dar con cuentagotas o con meses y meses de demora. No olvidemos que de la tramitación para la que hace falta la cita previa depende el ejercicio de derechos muy importantes, como el del trabajo, la estancia o residencia, la libre circulación, etc, etc.

En esa situación, resulta previsible que algunos desaprensivos hayan comenzado a lucrarse con la consecución de las citas, lo cual es completamente ilegal, por cuanto las citas deben ser y son legalmente gratuitas, como muy bien informa nuestro compañero y miembro de la asociación, Marcelo Belgrano, en el reportaje.

Desde ese punto de vista, la posible y no demostrada implicación de abogados en dicho mercadeo, que de ninguna manera cabría extender al colectivo de abogados Extranjeristas, es algo que deben investigar y dilucidar los Colegios de Abogados, a os que instamos, que tienen la exclusiva competencia deontológica, dado que no se puede permitir que unos pocos ensucien el prestigio de toda una profesión.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

A través de una respuesta dada por el Defensor del Pueblo, se nos ha dado a conocer un extracto de una circular interna de la Fiscalía General que sorprende por su dureza con la actitud mantenida por las Administraciones, tanto central como autonómica, de auténtica negligencia culpable dirigida a conseguir dejar sin documentación a los menores extranjeros no acompañados. 

Hasta ahora todas las excusas eran pocas para ese fin: interpretar la norma al revés, considerando el plazo máximo para documentar al menor como mínimo; repartirse el trabajo mediante la actuación de las administraciones autonómicas tutelares de no solicitar y de las oficinas de extranjería de inadmitir a trámite cuando era el menor directamente quien solicitaba; echarse la culpa de la situación mutuamente para no resolver el problema; denegar permisos por razones peregrinas buscando que el menor se pierda en la maraña administrativa… Todo vale con tal de saltar — en la política general de acoso y derribo al extranjero — la barrera jurídicamente sagrada de la protección del menor y la defensa de sus derechos. El principio jurídico general, consagrado por la Ley internacional y nuestra propia Ley, de superioridad del interés del menor se ha visto gravemente vulnerado sólo por molestar a una política de extranjería claramente excesiva y desnortada. 

La fiscalía, quien hasta ahora no se había significado razonablemente por ejercer su función de ser protectora de estos menores, antes al contrario, ha ejercido un papel a veces lamentable en las calificaciones de las pruebas de edad, demostrando ser más cómplice de las Administraciones que mostrando una verdadera independencia, ha dado ahora un paso adelante en el camino correcto y obliga a los fiscales provinciales de menores y de extranjería a asumir un papel activo de defensa de esos derechos – retorciendo además el brazo de alguna fiscalía provincial, que se había destacado en esa complicidad  –, llevando un seguimiento de los casos y demandando a las administraciones implicadas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la vía especial y urgente de la protección de los Derechos Fundamentales. 

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas queremos saludar esta iniciativa, que se ha adoptado como respuesta a las innumerables quejas que desde la sociedad civil se han presentado para defender a estos menores. Este varapalo institucional viene a exigir de la Secretaría de Estado de Inmigración, como las Consejerías competentes, revisen sus actuaciones, que pidan perdón a las víctimas de sus desafueros y revisen los casos, y comiencen a respetar efectivamente los derechos de estos menores, cumpliendo las obligaciones que les atan para con ellos. Confiamos que la fiscalía desarrolle en lo sucesivo el ejemplo, citado en la circular, de la fiscalía de Córdoba, y ejerza un control estrecho de la actuación administrativa evitando que se repitan estos atropellos, y que ésta sea además el comienzo de la línea que le obliga la ley a seguir, que es un papel activo y proactivo de defensa de todos los menores, incluyendo a los que planteen dudas de si son menores, sin mirar su nacionalidad u origen, y que se está haciendo esperar demasiado. 

Somos conscientes, empero, de que queda mucho por hacer en este camino, sobre todo la defensa del derecho a un futuro para estos niños. Con el paso de la fiscalía se adelante en que sean tratados correctamente mientras son menores, pero queda aún la importante laguna de evitar las graves discriminaciones de que son víctimas en cuanto cumplen la mayoría de edad.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Durante este fin de semana, y a petición de PRODEIN, una comisión representativa de la Asociación de Abogados Extranjeristas se ha trasladado a Melilla para estudiar la situación denunciada de que, arguyendo distintos subterfugios legales, las autoridades melillenses están denegando el derecho constitucional a la educación a menores residentes en la ciudad autónoma, derecho garantizado categóricamente por la Ley, tanto la ley del menor como la de extranjería, por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, y por la normativa internacional.

El principal subterfugio al que se recurre es denegar el empadronamiento a quien carezca de pasaporte español o de visado, lo cual es una vulneración grosera, grave y manifiesta de la normativa sobre el padrón e instrucciones del Instituto Nacional de Estadistica. El padrón constituye un instrumento estadístico e informativo de ubicación poblacional, que sin embargo se convierte en requisito administrativo en ocasiones para el acceso a determinados derechos. Así, para escolarizar a un menor – que tiene garantizado su derecho por las normas de más alto rango de nuestro ordenamiento – se recurre a denegarle el padrón con una excusa, que ni tan siquiera está prevista o tiene justificación en norma alguna, con el objetivo manifiesto de impedir que accedan a su derecho.

Tras la comprobación hecha por los compañeros in situ se ha podido ratificar la denuncia hecha por PRODEIN de que la situación es casi generalizada, motivo por el que la Asociación va a exigir de inmediato a las autoridades melillenses que solucionen la situación y, simplemente, cumplan la Ley y reconozcan y faciliten el cumpliimiento de los derechos de estos niños. En caso de que la respuesta sea negativa y no se ponga de inmediato los medios para que este próximo curso escolar próximo a su inicio se hayan solventado los obstáculos interpuestos, la Asociación iniciará las acciones legales necesarias, sin excluir ninguna de las vías previstas en nuestro ordenamiento, y desde luego sin excluir las vías penales.

Resulta intolerable que, por motivaciones inconfesables, quienes tienen la responsabilidad de cumplir la Ley y reconocer los derechos se dediquen a impedir su ejercicio, máxime cuando se trata de niños y menores de edad con un derecho tan sensible, y tan clarísimamente reconocido.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Ya en su día (nota de prensa del pasado 28 de junio) la Asociación de Abogados Extranjeriasexpresó su rotundo apoyo a la “rebeldía” que manifestaban los barcos que salieron alsalvamento de náufragos en el Mediterráneo señalando que no eran ellos los rebeldes ni desobedientes, sino los gobiernos que les estaban poniendo trabas al cumplimiento del deber supremo del derecho marítimo de salvar vidas.

Hoy nos encontramos con la conocida e intolerable situación a la que se se está sometiendo a más de 100 personas salvadas por el Open Arms, a quien ni Malta, ni Italia, ni la propia España, bajo cuyo pabellón y bandera navega el barco, se niegan a facilitar un puerto seguro donde desembarcar y reconocer el estatuto jurídico correspondiente a estos seres humanos.

Es por ello que nos ha parecido oportuno, necesario y digno de adhesión, el manifiesto emitido por distintas asociaciones de jueces, juristas, colegio de Barcelona, y otros, mencionando el derecho marítimo general con el que tanto Malta e Italia como España están obligados. No obstante, queremos hacer una añadidura importante que nos parece esencial por cuanto señala a nuestro propio país como incumplidor de nuestras leyes y Derecho.

Resulta evidente, de las circunstancias del salvamento y por el origen de estas personas, procedentes de un país como Libia que ni el cinismo más repulsivo puede calificar como país seguro, que estas personas están adscritas al estatuto de solicitantes de protección internacional, de conformidad a la Ley de Protección Internacional Ley 12/22009 de 30 de octubre. Esta Ley exige una manifestación de voluntad del solicitante que debe presentarse ante la autoridad competente, para que ésta la dirija a la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior. Y en un buque de bandera española en aguas internacionales esa autoridad competente es el capitán del barco, quien por cualquier medio telemático fehaciente puede y debe remitir tales solicitudes a la mencionada OAR. A partir de ese momento su estatuto jurídico es el de solicitantes y presuntos protegidos internacionalmente por España, su entrada en el país DEBE ser facilitada por las autoridades españolas, su solicitud DEBE ser tramitada y su estatus jurídico, tras el oportuno expediente durante el cual gozarán de los derechos de un solicitante de asilo, tales como el de libre entrada y circulación por el territorio español, y a ser documentados por el Estado.

Independientemente del flagrante incumplimiento del derecho del mar y de los derechos humanos que estén cometiendo Italia y Malta, y por el cual debe presentarse la denuncia sugerida por las asociaciones de jueces, la urgencia de la situación sólo puede resolverse de una manera, y es que España reciba las solicitudes recabadas por el capitán del barco, y a partir de ahi facilite el acceso a un puerto nacional al Open Arms, y acoja a estas personas, siempre en el bien entendido de que no se trata ni de inmigrantes irregulares ni de nadie que haya pretendido entrar ilegalmente en nuestro territorio – lo cual tampoco sería óbice suficiente para su situación — sino náufragos cuyas vidas han sido salvadas por un barco español en escrupuloso cumplimiento del derecho del mar.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

La noticia de extranjería de hoy es que las ONGs de rescate de seres humanos del Mediterráneo están haciendo algo tan elemental como poner por encima de la obediencia a los gobiernos la obligación de salvar vidas humanas en peligro o de respetar la dignidad de otras salvadas.

El Sea Watcha ha puesto rumbo a un puerto italiano, desafiando la prohibición de Salvini, y el Open Arms hacia aguas libias, desafiando la prohibición del gobierno español.

Dichas prohibiciones, pretendidamente justificadas desde la autoridad de gobiernos democráticos, son, sin embargo, no sólo contrarias radicalmente a la legalidad internacional y al derecho del mar, que obliga al salvamento de náufragos como prioridad absoluta, sino que resultan desde un punto de vista ético y humanitario de un maquiavelismo repugnante, que si bien en el caso de Salvini ya no sorprende a nadie, en el caso del gobierno español — el mismo que abrió sus puertas al Aquarius hace un año – indigna doblemente por su incoherencia y por su debilidad para enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha a la que dice combatir. Esas prohibiciones son las que colocan en franca rebeldía con el Derecho a esos gobiernos, a los que resulta no sólo legítimo, sino obligado, desobedecer.

El juego de los gobiernos sólo se entiende desde la prepotencia de su posición y desde un abuso de posición ante un poder judicial que deviene inoperante, o intolerablemente tardío, para actuar en situaciones así, precisamente por la falta de dotación de medios legales y materiales a que les condenan los gobiernos, en una curiosa perversión de la separación de poderes.

Como abogados especialistas en Derecho de Extranjería queremos expresar nuestro más firme apoyo a esta supuesta rebeldía – que no lo es, sino cumplimiento de los derechos por encima de quienes en franca rebeldía desobedecen el derecho internacional y humanitario – convencidos de que su causa tendrá buen fin y que los Tribunales de Derechos Humanos terminarán por darles la razón.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

El pasado 8 de junio de 2019 la Cumbre Europea de Ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, aprobó la propuesta, que viene circulando desde septiembre pasado, de endurecer la ya extrema Directiva de Retorno forzoso – conocida con acierto como Directiva de la Vergüenza – en teoría para hacer más efectivas las expulsiones a sus países de origen de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer.

El gobierno español ha puesto objeciones debido a que entre lo aprobado estaría un internamiento MÍNIIMO OBLIGATORIO DE TRES MESES, lo cual Grande Marlaska considera contrario a nuestra Constitución. Tal medida no sólo sería contraria a la Constitución, sino que desvelaría claramente el hipócrita objetivo de los internamientos en toda Europa, que presentados como medida cautelar para facilitar la localización de quien va a ser expulsado, se mostraría así como lo que es: una prisión encubierta y sin garantías contra el no delito de haber inmigrado sin papeles.

Sin embargo, la propuesta esconde otras muchas medidas que elevan hasta lo repugnante la persecución obsesiva que Europa muestra frente a quienes son más dignos de acogida, integración y facilidades que de este tratamiento como si se trataran del enemigo público número uno. Se pretende generalizar un procedimiento ultrarrápido y sin casi posibilidades de defensa; se abandona por completo la política de incentivar el retorno voluntario, convirtiéndolo ya en una persecución generalizada; se prioriza el fin sobre los medios; se ignoran al fin groseramente el respeto a los derechos humanos de las personas en aras a una eficacia mal entendida.

Por otra parte, no se recoge medida alguna para la regularización de estas personas, ni para el control de la actuación policial contra los abusos: se dicen unos pocos eufemismos ya conocidos sobre las condiciones de estancia en los CIES pero ni se mencionan para prohíbirlas las identificaciones étnicas ni otros abusos a los que estamos tan tristemente habituados.

Ya el Consejo Económico y Social Europeo se ha pronunciado, exigiendo la retirada del proyecto, y tras su aprobación por la cumbre, la única esperanza que nos queda es que las nuevas mayorías conformadas en el Parlamento Europeo eviten que la vergüenza de la Directiva aprobada en su día se convierta ahora en insufrible bochorno por el abandono repulsivo de los principios fundacionales. Confiemos que el órgano democrático por excelencia de la UE desautorice semejante despropósito.

Como abogados Extranjeristas, que conocemos como nadie las dificultades de los extranjeros, pero también los detalles de los procedimientos de expulsión denunciamos enérgicamente que todas estas reformas no pretenden un aumento de eficacia, que si está lastrada no es ni por la necesidad de procedimientos en los que sea posible una defensa efectiva ni por garantías jurídicas ante tan dura sanción, que rompe por completo familias y proyectos vitales. Lo que se pretende es ahondar en una persecución con la que dar satisfacción a los bajos instintos de una extrema derecha que ruge cada día más, no por lo que es – un resto histórico de épocas que en nada enorgullecen a nuestra Europa — sino por lo que se les alimenta con proyectos de este calado.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas