La Asociación de Abogados Extranjeristas eleva a la Fiscalía General una protesta por los ataques de la Fiscalía de Melilla a los menores desescolarizados, y no obtiene respuesta

En otras ocasiones hemos informado de la situación en Melilla, donde con la excusa de que no puedan presentar documentos que demuestren su domiciliación en Melilla, documentos que previamente se les niega su acceso, se lleva varios años impidiendo la debida escolarización de niños marroquís residentes en la ciudad. El derecho a la educación es un derecho fundamental responsabilidad del estado bajo cuya jurisdicción territorial se encuentren esos menores, y como tal derecho fundamental de unos menores es obligación muy especialmente de la fiscalía defenderlo y velar por su cumplimiento.

Sin embargo, una fiscal de Melilla está presentando ante el juez, en una clara e ilícita connivencia con el abogado del estado (que le lleva incluso a copiarle literalmente algunos de sus párrafos), argumentos que no podrían ser sostenidos por un estudiante de primero de derecho, en una actitud que va más allá de una intolerable dejación de sus obligaciones. Constituye una toma de partido activa en contra de los derechos fundamentales de unos niños, por razones que no podemos entender cuáles sean, pero que podrían inferirse como de una xenofobia y racismo lamentablemente presentes en nuestra sociedad y frente a las que la fiscalía debe posicionarse. Decir que el derecho a la educación es un derecho personal competencia del estado de nacionalidad constituye algo más que una patada al Derecho al que se debe y al sentido común, es una vulneración flagrante del estatuto del Ministerio Fiscal y de sus obligaciones como jurista y como persona, que, si no fuera porque se sitúa en una posición meramente propositiva, la podrían llevar al extremo de la prevaricación.

En la última comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones ante el Senado, Fernandez Marugan, al ser requerido por una senadora de ERC, comentó que la actitud de la Fiscalía General era favorable a los menores, y que en Ceuta se había resuelto, pero que en Melilla la fiscalía “había tenido un problema”, sin especificar qué problema fuera éste, y dejándonos a todos con la pregunta en mente: ¿Qué problema hay con la fiscal de Melilla? ¿Por qué se le tolera su actitud díscola ante sus obligaciones y ante las instrucciones de la Fiscalía General? ¿Por qué se le permite este claro alejamiento de sus funciones y estatuto?

La queja ya cursada hace semanas y elevada a la Fiscalía General obliga a ésta a actuar con contundencia y rapidez, si fuera necesario, disciplinariamente, contra esta intolerable actuación de la fiscalía en los asuntos que se están ventilando ante los Juzgados de Melilla bajo reclamación de protección de derechos fundamentales. También es responsable de adoptar las medidas que sean necesarias para recuperar la dignidad de la fiscalía en la ciudad autónoma. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna a nuestras quejas, y desde luego, nada se mueve en Melilla, donde los niños que están pidiendo plaza en estas fechas para el siguiente curso, siguen siendo rechazados con los mismos subterfugios.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El Tribunal Constitucional dictó una Sentencia, el pasado 9 de marzo, que salió publicada en el BOE de ayer, que sólo puede ser interpretada como un duro varapalo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, muy cuestionada en sus sentencias desde que asumió la competencia de resolver recursos de casación en materia de extranjería. La postura del TS ha dejado ver en más de una ocasión una acusada tendencia a avalar las tesis de la Administración en materia de extranjería, pese a que son asuntos que afectan a casos y derechos muy sensibles de ciudadanos extranjeros y de ciudadanos españoles vinculados familiarmente a ellos, y en los que se esperaba una mayor sensibilidad por parte del Alto Tribunal.

La Sentencia del Constitucional acusa al Supremo de haber vulnerado los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de un ciudadano peruano casado con una española, al que se le denegó la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión, y con ello su consideración como titular del derecho a residir y trabajar en España, por el motivo – a todas luces irracional – de que no podía ser mantenido por su mujer. El Tribunal Supremo, y antes que él el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideraron legal que se le denegara la tarjeta por esa razón (los medios de vida que justificaban la concesión eran de él, no de la ciudadana española) y para más inri, ni tan siquiera entraron a valorar las motivaciones, limitándose a dar la razón a la Administración.

Este tipo de resoluciones que llevan a planteamientos ininteligibles desde un punto de vista lógico y humano son sin embargo muy frecuentes en el derecho de extranjería, donde rige una visión muy extendida de que es el Estado quien debe ser defendido de los inmigrantes, y que la labor de la Administración de extranjería es precisamente esa, razón por la que recibe un trato increíblemente suave y que inconscientemente pervierte, sin embargo, la razón última del Derecho de defender por la razón al débil frente a la fuerza del poderoso.

La Sentencia del Tribunal Constitucional debe ser interpretada no sólo como una corrección en un caso concreto, sino como un aviso claro a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de la preeminencia de los derechos fundamentales de la persona, extranjero, nacional, ser humano, por encima de intereses administrativos o de determinada política que sean esgrimidos por la Administración.

La Asociación de Abogados extranjeristas se felicita por esta Sentencia, que saluda, y reclama del Tribunal Supremo que este aviso le sirva de reflexión para tomar conciencia de lo que el Tribunal Constitucional ha venido a recordarle.

Desde ya antes del comienzo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y de su plasmación en la declaración de un estado de alarma que afecta a todas las actividades y personas del país, se venía reclamando la necesidad de acometer una regularización de extranjer@s en situación irregular que, entre otras cosas, resolviera la injusticia que suponía la aplicación durante demasiado tiempo de una política de aplicación a rajatabla de los reglamentos, cuando no incumplimiento de los mismos en contra de l@s inmigrantes. La renovación de cargos en la Secretaría de Estado hacía abrigar esperanzas de una política más razonable, pero la sorpresiva llegada de la pandemia hizo que todo proyecto y reivindicación que no tuviera que ver directamente con la crisis se aparcara.

Sin embargo, ello no debe servir de excusa para que la inmigración, formada por cientos de miles de personas en nuestro país, y que afecta a la convivencia de toda la sociedad española, haya sido apartada por completo de la agenda del gobierno, a donde debe volver de inmediato para afrontar la situación y adoptar iniciativas, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

En tanto se diseñe esta política migratoria necesaria para abordar este nuevo escenario, es necesaria como medida principal y urgente la regularización de personas extranjeras en situación irregular.

Las razones son las siguientes:

1º.- La incidencia de la limitación en la libertad de circulación va a tener en las necesidades de recogida de cosechas una urgencia que ya ha sido denunciada por l@s agricultores (alternativa: por el sector agrícola).

2º.- El anuncio de un ingreso mínimo vital puede nacer lastrado por una seria injusticia: dedicado a evitar situaciones de pobreza extrema, dejará fuera sin embargo a miles de personas por una cuestión puramente burocrática.

3º.- El cierre generalizado de fronteras ha provocado que los instrumentos actuales de la Ley de extranjería contra la inmigración irregular hayan quedado imposibilitados. No es momento de analizar la obsesiva utilización de la expulsión como único instrumento. El caso es que hoy es imposible de practicar, y durante mucho tiempo va a ser enormemente difícil. Lo que hoy aparece como una situación transitoria va a tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de vacío legal efectivo.

4º.- La crisis ha venido acompañada de una sustancial disminución de entradas irregulares. El llamado “efecto llamada” con el que obsesivamente se impide cualquier incremento de derechos de l@s inmigrantes, se ha convertido hoy en un “efecto expulsión” desde España hacia un retorno a sus países.

5º.- El conjunto de ONGs y otras organizaciones del ámbito de la inmigración vienen reclamando esta medida de regularización, que resolvería los numerosos problemas sociales actuales.

6º.- Una regularización que además garantizara la renovación automática a todos los permisos en trámite de renovación, permitiría evitar el previsible colapso en las oficinas de extranjería, cuya situación ya era angustiosa por la precariedad de sus medios.

7º.- La crisis ha desvelado que uno de los sectores más abandonados del país y más necesarios es el de los cuidados. Ese sector viene sostenido muy mayoritariamente por inmigrantes y va a aumentar su demanda por el previsible abandono de residencias de ancianos, al menos hasta que se aplique otro modelo de gestión que les ofrezca una seguridad que hoy han demostrado no tener.

8º.- La transformación necesaria de nuestra economía debe conllevar una reducción de la economía sumergida del país, traducida en ingresos significativos tanto a nivel fiscal como de seguridad social. Para ello es imprescindible regularizar no solo los trabajos que los extranjeros en situación irregular desarrollan de hecho -para asegurar su subsistencia-por cuenta ajena, sino para poder aprovechar su alta capacidad de emprendimiento. Hoy por hoy no contribuyen a las arcas públicas porque las trabas para acceder a su regularidad son excesivamente exigentes.

9º.- La llegada de un importante número de venezolan@s, teniendo reconocido el derecho a obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales humanitarias, pero después de un largo periodo de tramitación a través de la figura del asilo, se vería resuelta con una regularización, y que liberaría un importante contingente de recursos humanos para la lucha contra el virus.

10º.- Primero Portugal, por motivos de extender la asistencia sanitaria, luego Italia por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un camino que España no debe tener reparos en recorrer. Las objeciones que puedan poner otros países de la Unión son hoy en día, con las fronteras Schengen cerradas, absolutamente irrelevantes.

Una regularización debe estar guiada por una incorporación del derecho de extranjería a la Administración de ventanilla única electrónica, previendo la presentación telemática como norma general, menos utilitarista y vinculada al mercado laboral.

La situación es excepcional, y qué duda cabe que exige decisiones excepcionales. En un reto como el que nos ocupa como país no podemos mirar única y exclusivamente dentro de nuestras fronteras, con más razón no podemos hacer distingos y discriminaciones que hoy se demuestran más absurdas que nunca entre las personas que están dentro de ellas. Tod@s vamos a necesitar la ayuda de tod@s para salir de esta crisis.

No dejemos a nadie desechad@, como una mascarilla usada.