La Asociación Caminando Fronteras conocida por la trascendencia de su trabajo solidario en las fronteras del norte de África. Su portavoz, Elena Maleno, ha sido destacada con un reconocimiento unánime por su trabajo, tanto en el estrecho de Gibraltar como en la ruta de Canarias, avisando a Salvamento Marítimo de naufragios y otras incidencias, Caminando Fronteras se dispone a iniciar un programa de apoyo a las madres migrantes que al llegar a España acompañadas de sus niños son separadas de ellos simplemente sobre la base de sospechas.

Caminando Fronteras viene denunciando esta situación desde su inicio, pero se ha comprobado que no basta con la denuncia pública, sino que hace falta una intervención más contundente que no dude en llevar la situación ante los Tribunales si fuera necesario, para defender los derechos de esos menores y sus madres.

En ese programa van a contar con la colaboración y el apoyo de la Asociación de Abogados Extranjeristas, de conformidad al Convenio firmado hoy por ambas asociaciones. En ese Convenio la Asociación de Abogados Extranjeristas nos comprometemos a asesorar, orientar, y prestar el apoyo necesario ante las autoridades, sean administrativas o judiciales, para articular la defensa de los derechos e intereses de estas mujeres, que están sufriendo tan grave atropello.

El trabajo es urgente, y enormemente necesario, dado que la situación irregular en que se encuentran estas personas hace que las autoridades adopten una postura prepotente de imposición de su actuación sin tener en cuenta su fuerte impacto emocional. No cabe imaginar lo que puede llegar a suponer para estas mujeres enfrentarse a un trauma tal como es separarlas de sus niños y niñas. Y ello justo después de haber pasado por una experiencia tan dura como es haberse enfrentado al viaje en cayuco o patera, movidas por una desesperación que les hace arriesgar su vida, y sometidas a condiciones de violación de sus derechos y dignidad inenarrables. Y además, descuidando las debidas explicaciones y garantías.

La Asociación de Abogados pretende extender su actuación solidaria de esa manera apoyando la tarea de Caminando Fronteras allí donde se ven necesitados de este apoyo. Confiamos que el trabajo de colaboración entre ambas entidades nos conduzca a imponer el respeto de los derechos humanos allí donde tan fácilmente son vulnerados.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Una vez más, y son… La tragedia de la inmigración (¿fenómeno, problema, amenaza, avalancha, invasión?) nos deja su testimonio en el fondo de un cayuco: cuatro cuerpos, cuatro gritos, cuatro desesperaciones, cuatro vidas perdidas. Rabia, impotencia, indignación, no son respuesta adecuada. Ni siquiera buscar culpas ni responsabilidades, ya de sobra conocidas y repartidas, con nuestra propia cuota, con una parte especial de los que miran para otro lado o se ponen de perfil, o se sienten ridículamente amenazados – miserables, fanfarrones de pecho ufano, cobardes – y hablan de efectos llamada, y siembran plantas de odio con semillas de miedo.

Nada responde a esa pregunta cuya respuesta nadie sabe, nada es respuesta a la interpelación que la Historia nos deja en una playa, en el fondo de una barca. La torpe impotencia de nuestras autoridades delegando su participación en el crimen sobre hombros ajenos no refleja sino el absurdo de hablar ante esos cuatro cuerpos.

Los abogados extranjeristas nos sentimos interpelados, como parte de la sociedad, y por nuestra propia dedicación, cada vez que la inmigración revela su faz más trágica. No nos dejaremos pervertir en aquellos sepultureros insensibles que Shakespeare primero, Leon Felipe después, denunciaron, pero menos aún nos dejaremos aplastar por el silencio culpable, aunque en días como hoy en que la noticia nos abofetea, sólo podemos encerrarnos en el silencio aplastante de esos cuatro cuerpos.

Nos sumamos a cuantas iniciativas se convoquen en las islas, en la península, en Europa, en el mundo entero, para expresar todo lo que hay en ese silencio temporal, para llorar la rabia, para no dejarnos arrastrar a la indiferencia, para gritar mañana en defensa de los derechos de esos seres humanos que siguen llegando a nuestras costas y a nuestras fronteras, empujados por matanzas, hambre, miseria y desesperación que nos recuerdan tanto a las de nuestros abuelos, para que podamos seguir mirándonos al espejo, y para poder decir a nuestros nietos que nosotros mantuvimos nuestro respeto en silencio, pero no nos quedamos quietos ante esos cuatro cuerpos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Tras la llegada a las Islas Canarias de un inusual número de cayucos cargados de inmigrantes hacinados y arriesgando sus vidas, de los que no acertamos ni a adivinar cuántos hayan quedado por el camino, el Ministerio del Interior actuó con una gran torpeza al encerrarlos en un muelle del Puerto de Arguineguín, a la intemperie y en condiciones inhumanas, y en unas condiciones legales donde la falta de claridad era tal que se acercó al sainete: nadie sabe si estaban libres o detenidos, si acogidos o presos, si podían salir o debían volver, si se les abría expediente o no, si se les notificaba con o sin asistencia de letrado o intérprete, si el Ministerio de Defensa colaboraba o no, o si se le hacía algún caso al de Trabajo y Migraciones.

Al final el Defensor del Pueblo tuvo que intervenir para poner orden y cerrar el despropósito supremo en que se había convertido la situación, dejar clara la situación de libertad legal de estas personas – se les haya o no ordenado una devolución – e instar una acogida en mínimas condiciones de dignidad.

Se trata de un grupo de personas muy variopinto, de diversas nacionalidades, unos con y otros sin documentación, con o sin dinero, con o sin familia y destino. De entre ellos, y en ejercicio de un derecho constitucional – que no quedaría limitado sino con la orden de un juez, y nunca, desde luego, porque tengan o dejen de tener un sello de entrada en su pasaporte, como se ha llegado a afirmar – muchos han tomado un medio de transporte legal y se han trasladado a distintas ciudades de la península, y seguramente del resto de Europa.

Una vez en su lugar de paso o destino, nos encontramos con un auténtico despropósito de acusaciones y laceraciones al gobierno por no hacer no lo que no puede hacer o por hacer lo que no ha hecho:

  • Probablemente lo que debería haberse hecho es organizar traslados coordinados con los servicios sociales de las diversas Comunidades Autónomas. En lugar de ello, el Ministerio del Interior ha pretendido retenerlos en Canarias y anunciar que no permite el traslado. Y por encima de esa realidad se ha impuesto el delirio de unos “traslados” colectivos que no son sino viajes individuales.
  • Se pretende que el Gobierno ejerza un control totalitario sobre personas que sólo han cometido un ilícito administrativo, y que ni están privadas de libertad ni sometidas a mayor control. Se le acusa de no haber avisado a alcaldes y a autoridades, cuando de nada hay que avisar cuando unas personas libres ejercen su libertad deambulatoria.
  • Se compara la situación con la de los ciudadanos limitados en su movilidad por la crisis del coronavirus, cuando estas personas están igual de limitadas que el resto, o mucho más, debido a prácticas más que discutibles.
  • En algunos lugares se están produciendo detenciones que se verá si son legales o no, pero que sólo pueden tener justificación si lo son para ejecutar una orden de devolución que hace tan sólo unos días no se pudo ejecutar, por lo que nada hace pensar que mañana se pueda.
  • La utilización política de una crisis humanitaria es un ejercicio de demagogia que sólo puede ser calificado de repugnante e inmoral. Los inmigrantes afectados en esta situación son – y debo recordarlo una vez más tal día como hoy, 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU – que son seres humanos y que tal consideración está y debe estar por encima de cualquier otra.

 

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas

En un seminario celebrado en el Comité de Derechos del Niño, y en el que ha sido invitado a participar uno de los miembros de nuestra asociación, José Luis Rodriguez Candela, se ha hecho público que España tiene el dudoso honor de figurar como principal “paciente” del Comité. El CIDN es un organismo integrado en el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creado a partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989 y sus disposiciones son vinculantes para todos los estados firmantes de la Convención.

De sesenta y dos casos pendientes de resolverse por el Comité, un total de veintiocho, casi la mitad, son expedientes iniciados contra actuaciones del Estado español, todos ellos excepto uno, con menores extranjeros.

Seis de ellos se refieren a la negativa de las autoridades españolas del Ministerio de Educación en Melilla a conceder plaza de escolarización a menores de edad, a los que se discrimina por su nacionalidad marroquí pese a ser residentes en la ciudad autónoma. El resto se trata de sometimiento a menores no acompañados a pruebas de determinación de edad invasivas sin consentimiento, inadecuadas y abusivas por cuanto son claramente tendenciosas para calificarles como mayores de edad contra toda evidencia, a veces incluso documental, con tal de poderles expulsar como mayores.

Esa posición de cabeza cabe achacarlo a los Ministerios de Interior y de Educación, pero también a la Fiscalía, que en su papel de principal protector legal de los derechos de los menores no queda precisamente muy bien parada.

Respecto a los demás países comprobamos que el elemento de extranjería está también muy presente, lo que demuestra que las políticas migratorias claramente securitarias y represivas que se extienden no paran mientes ni siquiera en los derechos de los más desprotegidos de los desprotegidos: los niños.

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas queremos recordar que nuestra legislación, presidida por una convención internacional como es la de la protección de derechos del niño, y seguida de todo un corpus legislativo extenso y expreso que obliga a tener el interés del menor por encima de todos los objetivos públicos, la deshonrosa posición de España en esa lista indica que algo no está funcionando bien en nuestro país, y señalamos preferentemente a esa desbocada política de extranjería que pierde de vista los más elementales derechos humanos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Los trámites de extranjería, como todos los entresijos burocráticos, son molestos y farragosos, pero los ciudadanos extranjeros en nuestro país se someten disciplinadamente a los mismos, unas veces – los más valientes o inconscientes – en solitario, otras con el acompañamiento, asesoría y representación de abogados y otros profesionales especializados en la materia.

Sin embargo, estos trámites tienen una especialidad sobre los de cualquier otra administración pública a cuyo régimen nos debemos, y es que siempre terminan con un trámite que es forzosamente presencial, personal e intransferible: la colocación de la huella dactilar para la emisión del documento que acredite la estancia regular. Y ese trámite, responsabilidad de la Policía de Documentación no se puede hacer sino en unas pocas comisarías de cada provincia, a veces en una sola. Otra nota diferencial es que no es – como el DNI – un trámite que haya de hacerse cada periodo prolongado de tiempo, sino que los extranjeros deben someterse a él (después de un expediente nada fácil de renovación) cada año, o dos, o con suerte ya cinco.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en su capacidad y facultades de autoorganización pasó a exigir a los administrados que para hacer ese trámite se sometieran a una cita previa, que sólo se puede obtener en la página web de la Administración, y ahí es donde empezó el mayor problema ya antes de la pandemia, que ha venido a hacerse insoportable con ella.

Si accedes a la mencionada página web lo más seguro es que todo lo que consigas es recibir un mensaje que diga: “en este momento no hay citas disponibles”. Ese mensaje se va a repetir en otro momento, otro día, otra semana, otro mes… y para un trámite legalmente necesario y exigible, del que dependen además muchos de los derechos de esas personas.

Por métodos desconocidos – básicamente un derroche de paciencia – algunos consiguen con mucha suerte alguna cita suelta. Surgen los negociantes que comienzan a cobrar por esa paciencia, y las quejas por abusos. Comienzan las quejas y protestas públicas contra los responsables de esta situación e incluso se proponen soluciones fáciles de implementar. Pero sólo la callada por respuesta y ninguna explicación de cómo se ha llegado a esta situación desesperada.

Como queriendo elevar la situación a tomadura de pelo descubrimos que en lugar de aumentar la oferta de citas, la única “solución” que se da es limitar la demanda, bloqueando direcciones ip de quienes consiguen alguna cita, en una supuesta pelea contra quienes se lucran con ello, y cargándose de paso a honrados profesionales que están ofreciendo el servicio. Otra “solución” es dilatar las citas que a duras penas se obtienen. Todo con tal de no poner las verdaderas soluciones a un problema provocado por la falta de consideración y respeto a quienes se ven obligados a pasar por ese trámite. Ya no es un problema de falta de voluntad política, sino de un intolerable desprecio.

De ese desprecio señalamos a un responsable, a quien se han dirigido todas las protestas y ha omitido cualquier respuesta y en lugar de poner soluciones está claramente empeorando la situación: D. Enrique Taborda Álvarez, Comisario General de Extranjería y Fronteras ha demostrado que la situación le supera, que su falta de previsión es impropia de su responsabilidad, que su desinterés y ausencia de respuestas demuestra su incapacidad, y que su deficiente manejo de la situación ha llevado a que en lugar de mejoras haya introducido parches que han venido a empeorar la situación.

La Junta de Gobierno de la Asociación de Abogados/as Extranjeristas nos dirigimos por tanto a él mismo, pidiéndole que presente su dimisión, o a sus superiores para que lo sustituyan y permitan a otros más dotados enfrentarse a situaciones en las que debe primar la ponderación y el respeto de las personas, a las que se están ocasionando perjuicios sin cuenta.

 

La Junta Directiva de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La Asociación de Abogados Extranjeristas quiere contribuir a aclarar las noticias sobre la reciente Sentencia del TC, que viene a considerar constitucional, siempre dentro de los límites de una determinada interpretación, la Disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que creó las mal llamadas “devoluciones en caliente”.

1.- Ni la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ni ésta del Tribunal Constitucional vienen a “avalar” la práctica que se venía desarrollando y que pretendía justificarse en una interpretación de la Disposición que ha quedado completamente desautorizada.

2.- Para que la Disposición pueda considerarse constitucional, la interpretación que de ella se haga debe cumplir al menos tres condiciones previas, las dos primeras ya señaladas por Estrasburgo, y una tercera que se implementa ahora en la Sentencia:

  • Debe ser posible efectivamente el acceso a un puesto fronterizo habilitado legal.
  • Debe ser posible la presentación de solicitud de asilo en consulados
  • Debe respetarse el derecho a la tutela judicial efectiva. La única manera de cumplir esta condición es que la expulsión o devolución requerirá de un expediente con identificación, señalamiento de circunstancias y justificación de la resolución. Lo cual sólo puede garantizarse con asistencia y representación letrada que la someta a esa tutela judicial, o de lo contrario, cualquier derecho queda en su mera proclamación.

3.- Ciertamente, si se cumplen los requisitos de las Sentencias, las llamadas “devoluciones en caliente” se diferenciarán muy poco de las devoluciones ya previstas en la propia Ley de extranjería en vigor, y por el contrario, las exigencias que añaden estas sentencias afectan a otros extremos de lo que ha sido la ultra-restrictiva política de extranjería.

4.- Si no se quiere dejar a los miembros de la Guardia Civil en una inseguridad jurídica alarmante, teniendo que tomar decisiones que ni deben ni pueden tener capacidad para tomar, será necesario la elaboración de una norma de desarrollo de esa Disposición Adicional de la Ley que recoja escrupulosamente las condiciones e indicaciones que ambos altos Tribunales han dictado. Instrucciones, protocolo, o como quiera llamarse, volverá a generar nuevas polémicas en la interpretación y la aplicación, por lo que mucho nos tememos que la conjunción de las Sentencias dictadas primero por el Tribunal de Derechos Humanos Estrasburgo y luego por el Tribunal Constitucional no han zanjado las cuestiones que giran en torno a la polémica figura, y que seguirá el debate abierto – debate de lo que lo que más nos importa es su contenido: el respeto a inalienables derechos de todo ser humano – en tanto no se adopte una postura valiente, que no es otra que la de abandonar esa desafortunada disposición y reconducir la práctica a lo ya regulado con anterioridad, controlando las garantías de su cumplimiento efectivo.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La llegada de cayucos a la provincia de Las Palmas en las últimas semanas – algo para nada imprevisible y que incluso era anunciado, dado el cierre de otras vías migratorias debido a la pandemia – ha provocado un fenómeno difícil de calificar en un país desarrollado: las personas que llegan – según los últimos datos más de 2000 – son encerradas, hacinadas y abandonadas en un muelle del puerto de Arguineguín, es decir, en una plataforma plana de hormigón elevada una escasa altura sobre las aguas del Atlántico que entran en el puerto.

Allí se supone que son atendidos, lo cual parece obvio que en unas condiciones mínimas de dignidad humana es imposible: acogidos, revisados médicamente, alimentados, interrogados sobre su origen e intención, sobre las circunstancias de su huida de su país, todo ello con intérprete suficiente… y abogado que le informe de sus derechos y garantice que todo ello se hace de forma suficiente. En esa intolerable situación nos tenemos que pronunciar ineludiblemente, poniendo las cosas en su sitio:

La principal responsabilidad de esta situación, claramente atentatoria a los Derechos Humanos más elementales, es de la Administración Pública y del Gobierno Central, que es quien tiene las competencias al respecto. Es intolerable que se tenga pernoctando a gente al raso en esa situación. El Ministerio del Interior no puede alegar la situación administrativa de unas personas para privarlas de libertad deambulatoria y hacinarlos de esa manera en un muelle.

Parece evidente que todos los servicios que esas personas necesitan o no se les están dando o si se les da, las condiciones son absolutamente deficientes. La denuncia pública de las deficiencias en la prestación de la asistencia letrada deben ser valoradas en ese contexto, lo que no quita para que – junto con la solidaridad y ofrecimiento de apoyo al Colegio de Las Palmas – llamemos a los compañeros a negarse a prestar un servicio imposible que luego será utilizado para “blanquear” decisiones de expulsión y repatriación cuya nulidad de raíz es manifiesta.

Es responsabilidad de los Colegios de Abogados mantener una formación permanente adecuada y continuada de sus letrados, especialmente aquellos que prestan sus servicios en el turno de oficio, para evitar esos abusos por parte de las autoridades, o que se escuden en lo desbordante de una situación de la que esa misma Administración es responsable.

Nos consta la implicación de las autoridades locales por llegar a una solución, que pasa por dar un alojamiento digno a estas personas. Cuando ello se consiga, es forzoso que la prestación de sus servicios y derechos se repita, tanto en el ámbito sanitario como legal. Se ha pedido la apertura y habilitación de cuarteles, instalaciones de campaña, y servicios que obran en poder del Ministerio de Defensa, cuya negativa hace que nos avergoncemos.

Desde la Asociación hemos ofrecido a los compañeros de Las Palmas un apoyo y colaboración responsable, que pasa por evitar que nuestra intervención sea utilizada para blanquear una actuación de las autoridades públicas que es completamente contraria a los más elementales valores humanos. Para ello, vamos a publicar un video informativo y a poner a disposición de los compañeros un teléfono permanente de información al que puedan consultar cómo enfrentar la situación.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Fatima (nombre supuesto) es una niña de unos 11 años a la que se ve emocionada, agradecida, y feliz, por aquello que muchos de nuestros hijos – o incluso nosotros mismos a su edad – aborrecíamos: ir al colegio. En un video de unos pocos segundos que se grabó cuando recibió la resolución por la que – al fin, y de momento, único caso – se le permitía su escolarización en su ciudad de nacimiento y residencia: Melilla. Con su desbordada sinceridad infantil proclama su reconocimiento a los abogados que la han ayudado diciendo que ella de mayor quiere ser abogada para hacer lo mismo, ayudar a la justicia de los que la necesiten, y su satisfacción por superar una discriminación vergonzante por parte de las autoridades de una ciudad que se dice parte de un estado democrático y de derecho se le adivina en una sonrisa inmensa que no puede ocultar la mascarilla.

Es un foco que encabeza un tren donde van montados otros muchos niños, para los que tarde o temprano conseguiremos el mismo reconocimiento. Tal vez por eso, la repulsiva y cobarde estrategia de quienes quieren parar este tren está siendo disparar al faro, quitarle su luz de avance en esta oscuridad en la que los que deberían alumbrar el camino – jueces, fiscales, ministerio de educación – no se han dignado a encender sus luces.

Fatima recibió el viernes una carta nefanda, una ofensa a la dignidad humana, y por tanto – aunque lo ignore – también a la dignidad de quien la firma: como no nos quedó más remedio que aceptar que fueras al colegio con nuestros hijos, pese a que eres foránea, extranjera, subhumana, ilegal, carne de analfabetismo; como te atreviste a insultarnos con tu alegría y a proclamar tu derecho, no vamos a dejar “impune” tu atrevimiento, y vamos a pasar al ataque contra ti, contra una niña de 11 años que eres el foco de tantos detrás de ti: nos vamos a inventar unas irregularidades en el padrón para darte de baja de oficio, y así después seguir mintiendo y decir que no vives aquí, y después echarte del colegio al que tan contenta acudes cada mañana para dar ejemplo.

Con esa incoación, contraria a la resolución de la Comisión de Derechos del Niño de la ONU que obligó a escolarizar a Fatima, contraria a los propios informes de servicios sociales del ayuntamiento, contraria de forma patética a la evidencia de la asistencia continuada de la niña al colegio con la frontera cerrada (¡acaso entra cada mañana en helicóptero para ir al colegio!), la ciudad autónoma de Melilla, cuya administración firma el documento, ha cavado más hondo aún el hoyo en que su racismo y xenofobia estaba excavando. Es el hoyo de su bajeza moral que pretende iniciar una trinchera contra el avance de los derechos de unos niños, es su complicidad culpable contra los que claman (PP. y Vox a pleno pulmón, otros más con la boca pequeña) contra la “marroquinización de Melilla” para justificar el pisoteo de los derechos de unos niños, sin entender que lo que les “tercermundiza” es precisamente esa indignidad y esa falta de acatamiento al Derecho y a los derechos de todos.

La alegría de Fatima se había tornado ayer en miedo a que le quiten lo que tanto ha luchado por conseguir, su proyecto de vida – convertirse en abogada para defender a los demás – amenazado. Puede que sea eso lo que buscan, que no pase de empleada de hogar, para servirles a ellos. La indignación que sentimos desde la Asociación de Abogados Extranjeristas ante esa sucia venganza contra una niña de 11 años por parte de quienes, con una impunidad que cesar, intentan atacarla, no puede ser mayor. Y con la única arma que le vale a la Justicia, el Derecho, avisamos y prestamos a los cómplices de este atropello nuestra asesoría: si se atreven a seguir adelante y llegan a dar de baja en el padrón a Fatima, para después desescolarizarla, estarán cometiendo un delito de prevaricación en el que tendrán enfrente a todo el imperio del Derecho. Veremos entonces si Melilla es un enclave europeo en Africa, o una rémora fascista para un estado democrático como debería ser España en todo su territorio.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Ante la continuidad de la situación de escándalo y el clamoroso silencio del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía sobre la falta de citas previas para realizar el trámite de puesta de huellas en los trámites de extranjería, que está provocando el perjuicio en derechos básicos de miles de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha decidido elevar su protesta y sugerir soluciones ante los Grupos Políticos del Congreso y Senado, así como a las Comisiones de Interior y de Inmigración de ambas cámaras, y a los Defensores del Pueblo español y europeo.

En el texto de la carta remitida a todos ellos por el Presidente de la Asociación, elaborada por la Junta Directiva en unanimidad, se proponen una serie de soluciones que sería facilísimo implementar y que estarían al alcance del Ministerio, máxime en el marco de necesidad de soluciones excepcionales en que nos encontramos. Sin embargo, la desidia negligente del Ministerio no sólo prefiere no adoptar ninguna de estas medidas, sino que además continúa sin ofrecer ninguna explicación del por qué de esta situación, que en algunas provincias venia presentándose incluso desde antes del estado de alarma, con el que se ha generalizado a toda España, ni si se va a adoptar alguna medida que intente aminorar el problema que afecta tan gravemente a tanta gente. Medidas tales como:

  • Habilitar las oficinas de renovación del DNI
  • Que las propias resoluciones de concesión de las autorizaciones incorporen la fecha de cita previa y eximir de toma de huellas a todas las tarjetas en que no sea estrictamente necesaria
  • Detraer personal de otros servicios menos urgentes y necesarios, como los CIEs
  • Emprender las reformas legales necesarias, para evitar burocracia innecesaria eliminando todo trámite en que se exija la presencia personal, el respeto al derecho de representación y la modernización telemática
  • Permitir que representantes vayan a recoger la tarjeta ya hecha

Tampoco se explica si se va a investigar cómo consiguen el evidente beneficio aquellos pocos que – posiblemente con implicación de elementos internos de la propia policía – consiguen las pocas citas que salen al público, y que se están lucrando a costa de la desesperación de quienes día tras otro intentan sacar esas citas sin resultado.

La elevación, además de al Defensor del Pueblo español, al Europeo, se explica porque de esta situación se están perjudicando también miles de ciudadanos europeos que desearían legalmente obtener el registro de su residencia en España, y no pueden por falta de citas previas.

Confiamos en que desde las altas instancias a que nos hemos dirigido se consiga movilizar una actuación que ya llevamos demasiado tiempo esperando del Ministerio del Interior, muy activo a la hora de elevar vallas, pero poco a la de respetar los derechos de las personas.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Las leyes de extranjería, en toda Europa, no se hacen pensando en los derechos humanos, se diga lo que se diga, y eso tiene consecuencias. Una de ellas es que los Tribunales más elevados, aquellos que más tienen en cuenta la cúspide de nuestros valores europeos, no dejan de sorprender a los legisladores y de corregirles en sus interpretaciones y tendencias ultrarrestrictivas.

La política represiva europea, el pilar principal en torno al cual giran las “políticas” en toda Europa, es la de que todos los caminos, todas las soluciones, todas las orientaciones, pasan por la eliminación de los “desechos sociales”. Cuando se es parte de esa nueva aristocracia europea especialmente protegida que son los ciudadanos, se les encierra en la cárcel. Y cuando pertenecen a esa otra amplia minoría, los extranjeros, se les expulsa “con cajas destempladas”, es decir, con toda la fuerza represiva de quien trata a sus enemigos.

En España, cuando los partidos mayoritarios en 2004 pelearon en el parlamento en torno a una reforma necesaria de esos parámetros, seguida de una contra reforma de la Ley de extranjería – más tarde fuertemente recortada por el Tribunal Constitucional –, tan sólo un año después el Tribunal Supremo (entonces menos contaminado por los tejemanejes en el poder judicial) sentó una doctrina que rebatía esa política: “la expulsión no debe ser la solución sistemática, sino, como sanción más grave, la reservada sólo para aquellas conductas que, a la mera estancia irregular, añadan algún agravante.” El principio de proporcionalidad, de valor constitucional, se consagraba como elemento troncal.

La reacción fue muy variada: los poderes policiales no se dieron por aludidos y continuaron con la política de expulsión de irregulares, y los tribunales inferiores, con disciplina muchas veces temblorosa, anulaban las resoluciones por ausencia de agravantes o las ratificaban sobre la base de agravantes a veces imaginarios, pero un ejército de abogados entregados peleó para que se impusiera la cordura y el buen derecho.

El 23 de abril de 2015 llegó el jarro de agua fría. Una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, con un desarrollo abrupto y una muy mala traducción de los términos, tras la promulgación de la que fue llamada con Justicia “Directiva de la vergüenza” sobre las expulsiones de extranjeros, parecía dar la razón a las interpretaciones más duras. Según esa Sentencia la Directiva obliga a resolver la irregularidad, sin aludir a los matices que añadiera la ley española. Se abrió la caja de los truenos y volvió la política de tierra quemada: estancia irregular y expulsión se volvieron a convertir en fórmula sin más elementos. La simplicidad siempre ha gustado a los que no quieren que se tengan en cuenta los derechos de las personas.

Ese mismo ejército de abogados, de los que nos orgullece contar en la Asociación de Abogados Extranjeristas con una gran representación, no cejó en defender lo justo: se defendieron las interpretaciones más favorables a los derechos humanos, pero la lucha fue ardua: la Directiva no cambia la Ley, y la interpretación que se hacía seguía siendo correcta. La interpretación de “los duros” se extendió y llevó incluso al Supremo a rectificar su doctrina sin tener en cuenta nuestras alegaciones.

Pues bien, hoy hemos asistido a un nuevo bandazo, solo que esta vez para volver a la situación anterior a ese aciago 23 de abril: se ha dictado hoy una nueva Sentencia, del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea que elocuentemente dice en su fallo final:
“La Directiva (…) debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes”.

Con ello, respondiendo a una pregunta inducida por los abogados, hecha por el Tribunal Superior de Castilla la Mancha, el alto Tribunal desautoriza al Tribunal Supremo español y a la mayoría de Tribunales de Justicia de este país, a los que hemos estado alegando eso mismo, y se nos ha despreciado una y otra vez. Algo tan simple de entender como que la Directiva no vale como excusa válida para eludir una versión más favorable a los derechos humanos hecha por la Ley de un país.

Nuestra satisfacción es inmensa. Cinco años de lucha no han concluido, pues ahora toca convencer a tantos que seguirán insistiendo en una ecuación simple que, cuando se trata de personas y de derechos humanos, esas sumas y restas de colegial nunca son válidas.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas