Ya al poco de alcanzar la Junta de Andalucía el PP y CS, como cesión hecha al acuerdo con VOX para conseguir el apoyo de esta formación política, se anunció en su día una comunicación entre los servicios de la Junta y la Policía Nacional para facilitar las expulsiones de extranjeros en situación irregular. Ya entonces (véase nota de prensa de la Asociación de 9/01/2019) advertimos de la radical ilegalidad de esas propuestas.

Recientemente, y con motivo del acuerdo para el apoyo de VOX a los presupuestos, se ha publicado un alambicado texto de compromiso en esa misma línea de facilitar a la policía y guardia civil los datos que la Junta posee y que ha obtenido con finalidades de asistencia sanitaria, servicios sociales, educativos, etc. De esa manera SE DA LA IMAGEN de una auténtica persecución al extranjero en situación irregular.  

Nos sumamos al comunicado que todo un elenco de entidades andaluzas de apoyo a los inmigrantes sacó a la luz apenas conocerse la noticia, y que recoge básicamente la misma fundamentación jurídica que en su día publicamos. 

Dado que el compromiso es firme, y pese a su redacción pretendidamente confusa y retorcida, no podemos ver en ello sino la intención de ocultar una actuación que en caso de que se llegara a producir sería radicalmente ilegal e ilícita, y de ahí que nos planteemos no ya la intencionalidad manifiesta, sino la oculta, no menos escalofriante. 

La intencionalidad manifestada, si llegara a producirse, daría lugar a una cadena de prevaricaciones que no sólo se traduciría en un escándalo, sino que además podemos afirmar que redundaría en un absoluto fracaso, de una ineficacia absoluta. Los impedimentos que la Ley Orgánica de protección de datos, sus principios y base constitucional, la Directiva europea, etc, etc, etc,  hacen que ningún agente de policía en sus cabales, si es que quiere mantener su puesto de funcionario, se atrevería a iniciar un proceso a sabiendas de que la fuente del mismo es ilegal, cosa de la que nunca podría invocar ignorancia, y que a buen seguro sería denunciada por el abogado en el marco del expediente. Pero además, la doctrina de los frutos del árbol prohibido haría que dicho expediente fuera nulo de pleno derecho, y por tanto ineficaz. 

Por tanto, no nos resulta creíble que, ni para engañar a VOX en sus intenciones, ni para que VOX pueda engañar a sus votantes afirmando haber conseguido algo que no consigue, el acuerdo tenga la finalidad que se declara. 

Otra distinta es la intención de semejantes textos, y la misma es de una irresponsabilidad palmaria: lo que se pretende es meter miedo entre el colectivo inmigrante, redundar en el clima de persecución, profundizar el aislamiento y el rechazo de unos seres humanos sobre los que se dirige así un odio irracional. El fundamento de dichos acuerdos públicos es que algunos inmigrantes tengan miedo a acudir al médico, a llevar a sus hijos al colegio, a visitar los servicios sociales, a defenderse de los abusos de que sean víctimas por desaprensivos, y un largo etcétera de servicios que son competencia de las comunidades autónomas. Ya con la ley que sufrimos es temible y poco aconsejable acudir a la policía cuando se ha sido víctima de un delito, y tantos así quedan sin denunciar. El efecto que se busca es que se aíslen de unos servicios públicos a los que también contribuyen con sus impuestos y esfuerzo. 

El acuerdo, por tanto, no sólo es radicalmente contrario a la legalidad, sino a un mínimo de ética y humanidad. Por esa razón, la Asociación de Abogados Extranjeristas se dispone a cursar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos para que inicie la oportuna investigación. Y asimismo, hacemos un llamamiento a la fiscalía para que esté vigilante, dado que desde luego la Asociación a la que representamos lo estará, y en caso de que se llegara a producir semejante atropello, procederíamos por vía penal contra los delitos que se estarían cometiendo de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos. 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

A través de una respuesta dada por el Defensor del Pueblo, se nos ha dado a conocer un extracto de una circular interna de la Fiscalía General que sorprende por su dureza con la actitud mantenida por las Administraciones, tanto central como autonómica, de auténtica negligencia culpable dirigida a conseguir dejar sin documentación a los menores extranjeros no acompañados. 

Hasta ahora todas las excusas eran pocas para ese fin: interpretar la norma al revés, considerando el plazo máximo para documentar al menor como mínimo; repartirse el trabajo mediante la actuación de las administraciones autonómicas tutelares de no solicitar y de las oficinas de extranjería de inadmitir a trámite cuando era el menor directamente quien solicitaba; echarse la culpa de la situación mutuamente para no resolver el problema; denegar permisos por razones peregrinas buscando que el menor se pierda en la maraña administrativa… Todo vale con tal de saltar — en la política general de acoso y derribo al extranjero — la barrera jurídicamente sagrada de la protección del menor y la defensa de sus derechos. El principio jurídico general, consagrado por la Ley internacional y nuestra propia Ley, de superioridad del interés del menor se ha visto gravemente vulnerado sólo por molestar a una política de extranjería claramente excesiva y desnortada. 

La fiscalía, quien hasta ahora no se había significado razonablemente por ejercer su función de ser protectora de estos menores, antes al contrario, ha ejercido un papel a veces lamentable en las calificaciones de las pruebas de edad, demostrando ser más cómplice de las Administraciones que mostrando una verdadera independencia, ha dado ahora un paso adelante en el camino correcto y obliga a los fiscales provinciales de menores y de extranjería a asumir un papel activo de defensa de esos derechos – retorciendo además el brazo de alguna fiscalía provincial, que se había destacado en esa complicidad  –, llevando un seguimiento de los casos y demandando a las administraciones implicadas ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo por la vía especial y urgente de la protección de los Derechos Fundamentales. 

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas queremos saludar esta iniciativa, que se ha adoptado como respuesta a las innumerables quejas que desde la sociedad civil se han presentado para defender a estos menores. Este varapalo institucional viene a exigir de la Secretaría de Estado de Inmigración, como las Consejerías competentes, revisen sus actuaciones, que pidan perdón a las víctimas de sus desafueros y revisen los casos, y comiencen a respetar efectivamente los derechos de estos menores, cumpliendo las obligaciones que les atan para con ellos. Confiamos que la fiscalía desarrolle en lo sucesivo el ejemplo, citado en la circular, de la fiscalía de Córdoba, y ejerza un control estrecho de la actuación administrativa evitando que se repitan estos atropellos, y que ésta sea además el comienzo de la línea que le obliga la ley a seguir, que es un papel activo y proactivo de defensa de todos los menores, incluyendo a los que planteen dudas de si son menores, sin mirar su nacionalidad u origen, y que se está haciendo esperar demasiado. 

Somos conscientes, empero, de que queda mucho por hacer en este camino, sobre todo la defensa del derecho a un futuro para estos niños. Con el paso de la fiscalía se adelante en que sean tratados correctamente mientras son menores, pero queda aún la importante laguna de evitar las graves discriminaciones de que son víctimas en cuanto cumplen la mayoría de edad.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

El pasado 8 de junio de 2019 la Cumbre Europea de Ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, aprobó la propuesta, que viene circulando desde septiembre pasado, de endurecer la ya extrema Directiva de Retorno forzoso – conocida con acierto como Directiva de la Vergüenza – en teoría para hacer más efectivas las expulsiones a sus países de origen de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer.

El gobierno español ha puesto objeciones debido a que entre lo aprobado estaría un internamiento MÍNIIMO OBLIGATORIO DE TRES MESES, lo cual Grande Marlaska considera contrario a nuestra Constitución. Tal medida no sólo sería contraria a la Constitución, sino que desvelaría claramente el hipócrita objetivo de los internamientos en toda Europa, que presentados como medida cautelar para facilitar la localización de quien va a ser expulsado, se mostraría así como lo que es: una prisión encubierta y sin garantías contra el no delito de haber inmigrado sin papeles.

Sin embargo, la propuesta esconde otras muchas medidas que elevan hasta lo repugnante la persecución obsesiva que Europa muestra frente a quienes son más dignos de acogida, integración y facilidades que de este tratamiento como si se trataran del enemigo público número uno. Se pretende generalizar un procedimiento ultrarrápido y sin casi posibilidades de defensa; se abandona por completo la política de incentivar el retorno voluntario, convirtiéndolo ya en una persecución generalizada; se prioriza el fin sobre los medios; se ignoran al fin groseramente el respeto a los derechos humanos de las personas en aras a una eficacia mal entendida.

Por otra parte, no se recoge medida alguna para la regularización de estas personas, ni para el control de la actuación policial contra los abusos: se dicen unos pocos eufemismos ya conocidos sobre las condiciones de estancia en los CIES pero ni se mencionan para prohíbirlas las identificaciones étnicas ni otros abusos a los que estamos tan tristemente habituados.

Ya el Consejo Económico y Social Europeo se ha pronunciado, exigiendo la retirada del proyecto, y tras su aprobación por la cumbre, la única esperanza que nos queda es que las nuevas mayorías conformadas en el Parlamento Europeo eviten que la vergüenza de la Directiva aprobada en su día se convierta ahora en insufrible bochorno por el abandono repulsivo de los principios fundacionales. Confiemos que el órgano democrático por excelencia de la UE desautorice semejante despropósito.

Como abogados Extranjeristas, que conocemos como nadie las dificultades de los extranjeros, pero también los detalles de los procedimientos de expulsión denunciamos enérgicamente que todas estas reformas no pretenden un aumento de eficacia, que si está lastrada no es ni por la necesidad de procedimientos en los que sea posible una defensa efectiva ni por garantías jurídicas ante tan dura sanción, que rompe por completo familias y proyectos vitales. Lo que se pretende es ahondar en una persecución con la que dar satisfacción a los bajos instintos de una extrema derecha que ruge cada día más, no por lo que es – un resto histórico de épocas que en nada enorgullecen a nuestra Europa — sino por lo que se les alimenta con proyectos de este calado.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas