El pasado 8 de junio de 2019 la Cumbre Europea de Ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, aprobó la propuesta, que viene circulando desde septiembre pasado, de endurecer la ya extrema Directiva de Retorno forzoso – conocida con acierto como Directiva de la Vergüenza – en teoría para hacer más efectivas las expulsiones a sus países de origen de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer.

El gobierno español ha puesto objeciones debido a que entre lo aprobado estaría un internamiento MÍNIIMO OBLIGATORIO DE TRES MESES, lo cual Grande Marlaska considera contrario a nuestra Constitución. Tal medida no sólo sería contraria a la Constitución, sino que desvelaría claramente el hipócrita objetivo de los internamientos en toda Europa, que presentados como medida cautelar para facilitar la localización de quien va a ser expulsado, se mostraría así como lo que es: una prisión encubierta y sin garantías contra el no delito de haber inmigrado sin papeles.

Sin embargo, la propuesta esconde otras muchas medidas que elevan hasta lo repugnante la persecución obsesiva que Europa muestra frente a quienes son más dignos de acogida, integración y facilidades que de este tratamiento como si se trataran del enemigo público número uno. Se pretende generalizar un procedimiento ultrarrápido y sin casi posibilidades de defensa; se abandona por completo la política de incentivar el retorno voluntario, convirtiéndolo ya en una persecución generalizada; se prioriza el fin sobre los medios; se ignoran al fin groseramente el respeto a los derechos humanos de las personas en aras a una eficacia mal entendida.

Por otra parte, no se recoge medida alguna para la regularización de estas personas, ni para el control de la actuación policial contra los abusos: se dicen unos pocos eufemismos ya conocidos sobre las condiciones de estancia en los CIES pero ni se mencionan para prohíbirlas las identificaciones étnicas ni otros abusos a los que estamos tan tristemente habituados.

Ya el Consejo Económico y Social Europeo se ha pronunciado, exigiendo la retirada del proyecto, y tras su aprobación por la cumbre, la única esperanza que nos queda es que las nuevas mayorías conformadas en el Parlamento Europeo eviten que la vergüenza de la Directiva aprobada en su día se convierta ahora en insufrible bochorno por el abandono repulsivo de los principios fundacionales. Confiemos que el órgano democrático por excelencia de la UE desautorice semejante despropósito.

Como abogados Extranjeristas, que conocemos como nadie las dificultades de los extranjeros, pero también los detalles de los procedimientos de expulsión denunciamos enérgicamente que todas estas reformas no pretenden un aumento de eficacia, que si está lastrada no es ni por la necesidad de procedimientos en los que sea posible una defensa efectiva ni por garantías jurídicas ante tan dura sanción, que rompe por completo familias y proyectos vitales. Lo que se pretende es ahondar en una persecución con la que dar satisfacción a los bajos instintos de una extrema derecha que ruge cada día más, no por lo que es – un resto histórico de épocas que en nada enorgullecen a nuestra Europa — sino por lo que se les alimenta con proyectos de este calado.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

De nuevo, y sólo unos pocos días después de otra resolución que apesta a xenofobia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nos vuelve a sorprender con una nueva sentencia en la que, no ya se comete un claro acto de discriminación contra un matrimonio de extranjeros por el hecho de serlo, sino contra dos españoles, por el hecho de haber sido extranjeros en el pasado. De nuevo tenemos un voto particular que aprecia con corrección y de forma más favorable a los derechos de las personas, lo que denota que era perfectamente posible haber adoptado una perspectiva mejor desde ese punto de vista.  En este voto particular, el hecho de que los solicitantes sean españoles se reseña como un hecho añadido, que para nosotros constituye ya una nota de escándalo en el sentido de la resolución.

No obstante, la trascendencia que tiene la Sentencia va más allá, y puede constituir un auténtico torpedo bajo la línea de flotación de nuestro sistema social, por cuanto excluye de las pensiones de jubilación no contributivas a todos aquellos extranjeros que alcancen la edad sin haber estado los diez años inmediatamente anteriores con permiso de residencia en España.

Llama la atención la incongruencia obsesiva del Alto Tribunal que le hace situarse sobre el propio sentido de la norma, que le vincula en su interpretación. ¿Qué sentido tienen las pensiones no contributivas de jubilación? Evidentemente son un mínimo por el que la sociedad no puede permitir que personas mayores, sea cual sea su condición, nacionalidad, origen, etc, queden en situación de absoluto desamparo a la puerta de nuestras casas y en nuestros vecindarios. Ya es una limitación del sistema, prevista para evitar abusos, que se exija una residencia durante los diez años anteriores, pero nada tiene que ver en ello si esa residencia cumplía o no otros requisitos administrativos que los estrictamente previstos en la norma de contexto. Parece que el artículo 3.1 del Código Civil se aplica según conveniencia, y desde luego el artículo 3.2 se olvida groseramente cuando se trata de extranjeros.

La situación social que se va a crear será muy grave: una discriminación intolerable entre ancianos que recibirán una ayuda social, siempre escasa, frente a otros que no recibirán nada, y se verán abocados al hambre en nuestras ciudades, sólo porque son o fueron extranjeros, aunque lleven viviendo entre nosotros algunos mucho más tiempo que ese exigido de los diez años.

La falta de sensibilidad social exhibida – reiteradamente en pocos días — por la Sala que recibe precisamente el nombre “de lo Social” de nuestro alto Tribunal extiende a esa jurisdicción las sospechas de falta de parcialidad que hasta ahora se dirigían de otras salas, de inclinación en sus sentencias a favorecer al Estado frente a las personas, no sólo demuestra el alejamiento – con tacha de ideológico — de los criterios preceptivos marcados para la interpretación de las leyes por el Tribunal Constitucional, sino la completa ignorancia de la realidad social de quienes más deberían velar por su equilibrio.

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Como suele decirse, “la cosa viene de lejos”, y ese lejos es el año 2006 en que la primera reforma del Reglamento de Extranjería hecha por Consuelo Rumí, flamante nueva secretaria de Estado, que ahora se encuentra repitiendo puesto, hacía desaparecer la fórmula de la exención de visado para los padres extranjeros de menores españoles.

Se trata de niños que, bien por ser nacidos en España, bien porque uno de sus padres sea español, o por alguna otra circunstancia, son españoles de pleno derecho, pero se encontraban con que sus padres no podían cuidar de ellos porque se encuentran en situación irregular y amenazados de expulsión. La norma anterior daba un cauce rápido y sencillo para regularizar su situación, en atención a sus obligaciones con ese menor, pero en aquella reforma, sorprendentemente, les debió parecer que tener un hijo era una vía demasiado fácil de conseguir papeles, y se suprimió. Ello nos daba como resultado padres y madres desesperados por sostener a sus hijos y a los que la Administración no sólo no ayudaba sino que amenazaba. Incluso ha habido casos de expulsiones de padres y madres a los que han separado de sus hijos, o han obligado al hijo español a irse con ellos.

A partir de ahí la pelea en los Tribunales fue tal que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, que en 2012 dictaba la llamada Sentencia Ruiz Zambrano, que consagraba que era un derecho esencial a la ciudadanía de la Unión de un menor el tener consigo a sus padres residiendo legalmente con él en su país, y obligaba a darles permiso de residencia.

Ello provocó que la última reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, operada en 2011 creara la figura del arraigo familiar para solucionar estos problemas, y en su artículo 124.3 concedía permisos por un año a esos padres y madres.

La sorpresa llegó justo al año, cuando tocó renovar o prorrogar esos permisos, siendo que la situación de base de ser niños españoles de padres extranjeros con derecho a tenerlos legalmente consigo no había cambiado. Una interpretación ultrarrestrictiva y que, en palabras del Tribunal Supremo, “supone una palmaria infracción de la protección jurídica que al menor dispensa nuestro ordenamiento jurídico”, consideró que no cabía la prórroga de esos permisos y que para renovarlos era necesario cumplir unos requisitos de empleo y cotización que en muchos casos, y más teniendo que cuidar de niños pequeños, eran claramente leoninas.

De nuevo hubo que elevar la pelea a los Tribunales, y sólo tras siete años de resoluciones absolutamente absurdas por parte de la Administración, de sentencias en todos los sentidos por parte de los Tribunales (la Sentencia del TS critica duramente la propia redacción del artículo del Reglamento) se ha alcanzado una solución lógica y acorde a los derechos de las personas.

La dureza de la expresión del Tribunal Supremo (“palmaria infracción”) en su crítica al Gobierno –dirigido hoy en día en este aspecto, insistimos, por la misma persona que generó el problema – y a los Tribunales que le han avalado en esta línea de interpretación (el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero también el de Andalucia, Galicia y Baleares) no puede pasar desapercibida: los intereses del derecho de extranjeria, y más cuando se hacen absolutamente inútiles e incomprensibles como en este caso, no pueden ponerse por encima de los derechos de colectivos especialmente vulnerables, como es en este caso los menores, pero como hemos visto recientemente, las víctimas de delito, los solicitantes de asilo, los náufragos, y un largo etcétera.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Hoy mismo ha aparecido en prensa la noticia de que el gobierno pretende reactivar un plan de repatriación de los llamados Menores extranjeros no acompañados, e incluidos en el acrónimo MENA, una forma de despersonalizar el problema. No nos cansaremos de repetir que los llamados MENAS son, de conformidad a las obligaciones internacionales asumidas por España y a nuestra propia legislación interna, MENORES, que por su situación de desamparo deben ser acogidos y tutelados por una Administración autonómica. No existen legalmente menores extranjeros o nacionales, sólo menores, y sólo su interés superior, por encima de cualquier otro interés administrativo como control de fronteras o política de inmigración.-

La experiencia desde la que partimos, y que se ha aprendido durante muchos años de pelea y  desde otros intentos de reactivar el acuerdo con Marruecos, se puede resumir en los siguientes puntos:

1.- Que la Administración autonómica sea la tutora legal no garantiza de ninguna manera que ésta vaya a defender los intereses del menor. Antes al contrario, se ha podido comprobar en muchas ocasiones la descarada complicidad de ambas administraciones implicadas: inmigración y comunidad autónoma, en conseguir por encima de todo la expulsión del menor.

2.- La intervención de la fiscalía no es sino una muestra más de esa complicidad de las administraciones que sitúan, contra la ley, en último lugar, el interés superior del menor. Cierto que especialmente vergonzosa, por cuanto la claridad de la Ley en la determinación de su labor en la protección de los menores es más clara aún, pero no menos constatada.

3.- La única garantía que ha demostrado su eficacia, independencia, y validez en la representación del interés superior de los menores y con ello en la defensa de sus derechos y la Ley ha sido y es la designación de un abogado especialista en extranjería independiente, sea del turno de oficio, sea de ONGs dedicadas a esta labor. La función de este abogado es entrevistarse con ese menor y preguntarle si quiere o no ser deportado, y si dice que no quiere – que es lo más normal en personas que se han jugado la vida para llegar a donde están – oponerse con todas sus fuerzas y ante todas las instancias posibles que no se le expulse ni se le deporte.

4.- Sólo hace unos días la Asociación de Abogados Extranjeristas reclamaba una solución amplia y general al problema de estos menores que incluía facilitar su integración más allá del cumplimiento de la mayoría de edad y otras medidas. Parece que a tal reclamación el gobierno ha respondido de la peor manera posible, apartándose radicalmente de nuestras justas reclamaciones.

Nos ampara la Constitución, los Convenios Internacionales firmados por España, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, firmado en 1989, y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. España está bajo la vigilancia del Comité Internacional de la ONU de protección de los menores que ha dictado varios dictámenes vinculantes a los que no sólo no se está haciendo caso, sino que se implementan iniciativas como ésta.

Sólo nos queda expresar nuestra más enérgica repulsa y oposición a estas medidas, de las que no nos creemos – desde pasadas y largas experiencias — que vayan a desarrollarse respetando los derechos de los menores.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas