La Asociación de Abogados Extranjeristas eleva a la Fiscalía General una protesta por los ataques de la Fiscalía de Melilla a los menores desescolarizados, y no obtiene respuesta

En otras ocasiones hemos informado de la situación en Melilla, donde con la excusa de que no puedan presentar documentos que demuestren su domiciliación en Melilla, documentos que previamente se les niega su acceso, se lleva varios años impidiendo la debida escolarización de niños marroquís residentes en la ciudad. El derecho a la educación es un derecho fundamental responsabilidad del estado bajo cuya jurisdicción territorial se encuentren esos menores, y como tal derecho fundamental de unos menores es obligación muy especialmente de la fiscalía defenderlo y velar por su cumplimiento.

Sin embargo, una fiscal de Melilla está presentando ante el juez, en una clara e ilícita connivencia con el abogado del estado (que le lleva incluso a copiarle literalmente algunos de sus párrafos), argumentos que no podrían ser sostenidos por un estudiante de primero de derecho, en una actitud que va más allá de una intolerable dejación de sus obligaciones. Constituye una toma de partido activa en contra de los derechos fundamentales de unos niños, por razones que no podemos entender cuáles sean, pero que podrían inferirse como de una xenofobia y racismo lamentablemente presentes en nuestra sociedad y frente a las que la fiscalía debe posicionarse. Decir que el derecho a la educación es un derecho personal competencia del estado de nacionalidad constituye algo más que una patada al Derecho al que se debe y al sentido común, es una vulneración flagrante del estatuto del Ministerio Fiscal y de sus obligaciones como jurista y como persona, que, si no fuera porque se sitúa en una posición meramente propositiva, la podrían llevar al extremo de la prevaricación.

En la última comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones ante el Senado, Fernandez Marugan, al ser requerido por una senadora de ERC, comentó que la actitud de la Fiscalía General era favorable a los menores, y que en Ceuta se había resuelto, pero que en Melilla la fiscalía “había tenido un problema”, sin especificar qué problema fuera éste, y dejándonos a todos con la pregunta en mente: ¿Qué problema hay con la fiscal de Melilla? ¿Por qué se le tolera su actitud díscola ante sus obligaciones y ante las instrucciones de la Fiscalía General? ¿Por qué se le permite este claro alejamiento de sus funciones y estatuto?

La queja ya cursada hace semanas y elevada a la Fiscalía General obliga a ésta a actuar con contundencia y rapidez, si fuera necesario, disciplinariamente, contra esta intolerable actuación de la fiscalía en los asuntos que se están ventilando ante los Juzgados de Melilla bajo reclamación de protección de derechos fundamentales. También es responsable de adoptar las medidas que sean necesarias para recuperar la dignidad de la fiscalía en la ciudad autónoma. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna a nuestras quejas, y desde luego, nada se mueve en Melilla, donde los niños que están pidiendo plaza en estas fechas para el siguiente curso, siguen siendo rechazados con los mismos subterfugios.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Con fecha de ayer 12 de junio hemos recibido una nueva carta del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en la que, con respecto a dos casos concretos elevados al Comité de Derechos del Niño de ese organismo, la contumacia de las autoridades españolas y su resistencia frente a las peticiones de este alto organismo ha obligado a tener que repetir la petición de que se escolarice a estos niños.

Estos dos casos son sólo la punta del iceberg de una actitud que en estos momentos, en que se sacan de nuevo las listas de escolarización para el curso que viene, está desplegando la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, de evitar e impedir la escolarización de niños residentes en Melilla y que por tanto están obligados a escolarizar en igualdad de condiciones.

El derecho fundamental a la educación, el artículo 9 de la Ley de Extranjería, los convenios internacionales firmados por España, y todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico obligan con absoluta claridad a ello, y a pesar de esto la mencionada Dirección Provincial mantiene sus excusas de que estos niños no presentan la documentación que demuestre su residencia en Melilla.

Lo grotesco del caso, en estos momentos, es que Melilla es una ciudad con su frontera cerrada, con lo que si no fueran residentes de verdad, ni tan siquiera habrían podido presentar la solicitud, con lo que la negativa adquiere visos de sarcasmo y arrogancia.

Pero lo que más llama la atención a estas alturas es el silencio, ya claramente cómplice, del Ministerio, en esta situación, y ello pese a las peticiones, ya reiteradas, tanto del Defensor del Pueblo como del Comité de Derechos del Niño del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Exigimos de la Ministra Celáa que se siente durante diez minutos de su precioso tiempo a estudiar el asunto, que destituya fulminantemente a quien ha demostrado ser responsable de este despropósito mayúsculo, y permita el cumplimiento de un derecho fundamental de estos menores melillenses.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El Tribunal Constitucional dictó una Sentencia, el pasado 9 de marzo, que salió publicada en el BOE de ayer, que sólo puede ser interpretada como un duro varapalo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, muy cuestionada en sus sentencias desde que asumió la competencia de resolver recursos de casación en materia de extranjería. La postura del TS ha dejado ver en más de una ocasión una acusada tendencia a avalar las tesis de la Administración en materia de extranjería, pese a que son asuntos que afectan a casos y derechos muy sensibles de ciudadanos extranjeros y de ciudadanos españoles vinculados familiarmente a ellos, y en los que se esperaba una mayor sensibilidad por parte del Alto Tribunal.

La Sentencia del Constitucional acusa al Supremo de haber vulnerado los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de un ciudadano peruano casado con una española, al que se le denegó la Tarjeta de Familiar de Ciudadano de la Unión, y con ello su consideración como titular del derecho a residir y trabajar en España, por el motivo – a todas luces irracional – de que no podía ser mantenido por su mujer. El Tribunal Supremo, y antes que él el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideraron legal que se le denegara la tarjeta por esa razón (los medios de vida que justificaban la concesión eran de él, no de la ciudadana española) y para más inri, ni tan siquiera entraron a valorar las motivaciones, limitándose a dar la razón a la Administración.

Este tipo de resoluciones que llevan a planteamientos ininteligibles desde un punto de vista lógico y humano son sin embargo muy frecuentes en el derecho de extranjería, donde rige una visión muy extendida de que es el Estado quien debe ser defendido de los inmigrantes, y que la labor de la Administración de extranjería es precisamente esa, razón por la que recibe un trato increíblemente suave y que inconscientemente pervierte, sin embargo, la razón última del Derecho de defender por la razón al débil frente a la fuerza del poderoso.

La Sentencia del Tribunal Constitucional debe ser interpretada no sólo como una corrección en un caso concreto, sino como un aviso claro a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de la preeminencia de los derechos fundamentales de la persona, extranjero, nacional, ser humano, por encima de intereses administrativos o de determinada política que sean esgrimidos por la Administración.

La Asociación de Abogados extranjeristas se felicita por esta Sentencia, que saluda, y reclama del Tribunal Supremo que este aviso le sirva de reflexión para tomar conciencia de lo que el Tribunal Constitucional ha venido a recordarle.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Ayer se envió a las Oficinas de Extranjería de toda España tres instrucciones internas de gran relevancia: sobre el Arraigo Social, sobre la Reagrupación Familiar y sobre las Renovaciones de Permisos.

Cual en una escala inferior del aserto de Romanones de “dejad que otros hagan las leyes, dejadme a mí los reglamentos” el nuevo equipo de la Secretaria de Estado de Migraciones, mientras afronta una prometida reforma del Reglamento, ha comenzado a enviar Instrucciones que suponen un giro de orientación muy trascendente:

En el arraigo social, única forma de regularización operativa hasta ahora, si bien aún no se afronta la gran contradicción de esta norma, que está en exigir un contrato de trabajo de un año, inexistente desde que la reforma laboral lo borró del mapa legal y laboral, se refuerza enormemente la figura del arraigo sin contrato o con exención de contrato por contar con otros medios de vida familares. La fórmula consiste en bajar sustancialmente el baremo económico, y hacerlo posible en la práctica.

En la Reagrupación Familiar esa misma fórmula termina con una discriminación histórica en que el derecho a vivir en familia se deniega por ser pobre, sobre todo si nos referimos a ese nuevo tipo de pobre con trabajo y nómina pero al que se le exigía hasta ahora unas cuantías de renta difícilmente alcanzables para una familia. Esto además tiene trascendencia sobre la figura del arraigo social, como hemos visto, y también para las renovaciones de permiso.

Es en las renovaciones de permiso donde se afronta más directamente el problema de la situación creada por el estado de alarma, y la apuesta clara es por la flexibilidad y la generosidad en la interpretación de las normas para el mantenimiento de la situación legal de los inmigrantes.

La Asociación de Abogados Extranjeristas hace un balance positivo de estas instrucciones, si bien esperamos que sean las primeras de una lista que todavía debe llegar y que deben culminar con una reforma en profundidad del marco normativo. Suponen claramente un giro de orientación, que se venía esperando fuera plasmado desde la asunción por Hanna Jallul de la Secretaría de Estado y que sin duda el estado de alarma ha retrasado. Uno de los retos de esta nueva orientación de flexibilidad y razonabilidad es que sea entendida y se pueda y se quiera aplicar a través de unas oficinas pobres de medios y en las que sus funcionarios llevan quince años siendo aleccionados en la rigidez y la dureza.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Desde ya antes del comienzo de la crisis sanitaria que estamos viviendo, y de su plasmación en la declaración de un estado de alarma que afecta a todas las actividades y personas del país, se venía reclamando la necesidad de acometer una regularización de extranjer@s en situación irregular que, entre otras cosas, resolviera la injusticia que suponía la aplicación durante demasiado tiempo de una política de aplicación a rajatabla de los reglamentos, cuando no incumplimiento de los mismos en contra de l@s inmigrantes. La renovación de cargos en la Secretaría de Estado hacía abrigar esperanzas de una política más razonable, pero la sorpresiva llegada de la pandemia hizo que todo proyecto y reivindicación que no tuviera que ver directamente con la crisis se aparcara.

Sin embargo, ello no debe servir de excusa para que la inmigración, formada por cientos de miles de personas en nuestro país, y que afecta a la convivencia de toda la sociedad española, haya sido apartada por completo de la agenda del gobierno, a donde debe volver de inmediato para afrontar la situación y adoptar iniciativas, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

En tanto se diseñe esta política migratoria necesaria para abordar este nuevo escenario, es necesaria como medida principal y urgente la regularización de personas extranjeras en situación irregular.

Las razones son las siguientes:

1º.- La incidencia de la limitación en la libertad de circulación va a tener en las necesidades de recogida de cosechas una urgencia que ya ha sido denunciada por l@s agricultores (alternativa: por el sector agrícola).

2º.- El anuncio de un ingreso mínimo vital puede nacer lastrado por una seria injusticia: dedicado a evitar situaciones de pobreza extrema, dejará fuera sin embargo a miles de personas por una cuestión puramente burocrática.

3º.- El cierre generalizado de fronteras ha provocado que los instrumentos actuales de la Ley de extranjería contra la inmigración irregular hayan quedado imposibilitados. No es momento de analizar la obsesiva utilización de la expulsión como único instrumento. El caso es que hoy es imposible de practicar, y durante mucho tiempo va a ser enormemente difícil. Lo que hoy aparece como una situación transitoria va a tener consecuencias mucho más largas, que condenarán a un porcentaje de la población a una intolerable situación de inseguridad jurídica y de vacío legal efectivo.

4º.- La crisis ha venido acompañada de una sustancial disminución de entradas irregulares. El llamado “efecto llamada” con el que obsesivamente se impide cualquier incremento de derechos de l@s inmigrantes, se ha convertido hoy en un “efecto expulsión” desde España hacia un retorno a sus países.

5º.- El conjunto de ONGs y otras organizaciones del ámbito de la inmigración vienen reclamando esta medida de regularización, que resolvería los numerosos problemas sociales actuales.

6º.- Una regularización que además garantizara la renovación automática a todos los permisos en trámite de renovación, permitiría evitar el previsible colapso en las oficinas de extranjería, cuya situación ya era angustiosa por la precariedad de sus medios.

7º.- La crisis ha desvelado que uno de los sectores más abandonados del país y más necesarios es el de los cuidados. Ese sector viene sostenido muy mayoritariamente por inmigrantes y va a aumentar su demanda por el previsible abandono de residencias de ancianos, al menos hasta que se aplique otro modelo de gestión que les ofrezca una seguridad que hoy han demostrado no tener.

8º.- La transformación necesaria de nuestra economía debe conllevar una reducción de la economía sumergida del país, traducida en ingresos significativos tanto a nivel fiscal como de seguridad social. Para ello es imprescindible regularizar no solo los trabajos que los extranjeros en situación irregular desarrollan de hecho -para asegurar su subsistencia-por cuenta ajena, sino para poder aprovechar su alta capacidad de emprendimiento. Hoy por hoy no contribuyen a las arcas públicas porque las trabas para acceder a su regularidad son excesivamente exigentes.

9º.- La llegada de un importante número de venezolan@s, teniendo reconocido el derecho a obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales humanitarias, pero después de un largo periodo de tramitación a través de la figura del asilo, se vería resuelta con una regularización, y que liberaría un importante contingente de recursos humanos para la lucha contra el virus.

10º.- Primero Portugal, por motivos de extender la asistencia sanitaria, luego Italia por motivos más amplios, han abierto, de una u otra manera, un camino que España no debe tener reparos en recorrer. Las objeciones que puedan poner otros países de la Unión son hoy en día, con las fronteras Schengen cerradas, absolutamente irrelevantes.

Una regularización debe estar guiada por una incorporación del derecho de extranjería a la Administración de ventanilla única electrónica, previendo la presentación telemática como norma general, menos utilitarista y vinculada al mercado laboral.

La situación es excepcional, y qué duda cabe que exige decisiones excepcionales. En un reto como el que nos ocupa como país no podemos mirar única y exclusivamente dentro de nuestras fronteras, con más razón no podemos hacer distingos y discriminaciones que hoy se demuestran más absurdas que nunca entre las personas que están dentro de ellas. Tod@s vamos a necesitar la ayuda de tod@s para salir de esta crisis.

No dejemos a nadie desechad@, como una mascarilla usada.

 

Asociación de Abogados Extranjeristas

Ayer, día 15 de abril, se produjo la esperada firma entre entre la Presidenta del Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública por el que se permitirá a l@s abogad@s representar a los solicitantes en los trámites de extranjería, que hasta ahora se exigía que fueran en su fase inicial personales y presenciales por el interesad@.

La contrarreforma de la Ley de extranjeria que se operó en el año 2000, y que restringió duramente los derechos de los extranjer@s en España, uno de los derechos que cercenó fue el de representación administrativa, impidiendo que cualquier trámite de extranjería se hiciera a través de un representante cualificado. Esa restricción, en el marco de una administración moderna, guiada por los cauces telemáticos, es un auténtico arcaísmo que genera muchos problemas y no resuelve nada.

La firma de convenios con colegios profesionales permite superar esa restricción mediante el requisito de que esos representantes estén inscritos en registros que gestionarán los mismos colegios profesionales

La firma del Convenio por el Consejo General de la Abogacía viene a solventar un agravio comparativo grave, dado que tanto gestores administrativos como graduad@s sociales ya podían realizar trámites de extranjería a través de sus correspondientes convenios. A falta del establecimiento del registro, l@s abogad@s tendrán en breve la puerta abierta a permitir a sus clientes extranjer@s y/o a las empresas que los contraten, ejercer su derecho a la representación ante la Administración Pública.

La Asociación de Abogad@s Extranjeristas celebra y saluda la firma del Convenio, felicita y agradece a todos aquellos que lo han hecho posible, y confía en que en breve se solventarán los últimos trámites para alcanzar su pleno ejercicio.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El Consejo de Ministros de ayer día 7 de abril aprobó, según referencia de la Presidencia del Gobierno, un Real Decreto Ley de Medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que según afirma la nota remitida, permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. Las medidas consisten básicamente en compatibilizar el trabajo en el campo con la recepción de ayudas y prestaciones al desempleo, si bien limitados a “las personas cuyos domicilios se hallen próximos al lugar de trabajo – limitación que viene a convertir a las medidas casi en un oxímoron – introduciendo algunas flexibilizaciones en el ámbito de la extranjería que no son sino redundancia de medidas anteriores de prórroga automática de los permisos. Sin embargo se renuncia a regularizar – por mucho que lo exija en estos momentos el interés público – a inmigrantes en situación irregular, muchos de ellos presentes en asentamientos cercanos, esperando su oportunidad de presentar papeles, algunos de ellos incluso cumpliendo requisitos, mediante el subrayado de que sólo podrán acogerse los que se encuentren legalmente. 

Las medidas aprobadas han sido pronto tildadas de claramente insuficientes por los propios agricultores afectados, y desde el punto de vista de los inmigrantes son claramente contradictorias con el objetivo fundamental de evitar que las cosechas que se avecinan queden sin recoger por falta de una mano de obra por un lado confinada y por otro condenada al desempleo. Duele comprobar que una vez más, la cerrazón de una política de inmigración orientada sólo desde la óptica policial del cierre de fronteras  se impone sobre un espíritu pragmático que favorezca a todos, e impide al gobierno dar un paso valiente y aprobar la concesión de permisos de trabajo a quien puede y quiere trabajar, pero a quien no se lo permite una ley que en estos momentos está fuera de tiempo y lugar.  

Sin romper la lealtad debida al gobierno en estos difíciles momentos no podemos sino reclamarle una reflexión necesaria: miles de trabajadores que están dispuestos a ir a recoger la cosecha se esconden en sus casas por miedo a la persecución policial; miles de agricultores reclaman manos para recoger la cosecha que nuestros millones de bocas necesitarán para comer. ¿No resulta un empecinamiento absurdo negarles la posibilidad de ayudarles y ayudarnos, todo por cerrarse a un formalismo legal de burocracias y permisos?. 

Reclamamos al gobierno que razone, que abra un mecanismo ágil, de ejecutividad inmediata – lo que no quita que sea revisable caso por caso a posteriori – que conceda autorización para residir y trabajar por razones extraordinarias a todo aquel inmigrante en situación irregular que pueda acudir al campo a resolver esta alarmante situación. Más tarde, o complicándolo más, será demasiado tarde. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Desde que en la contrarreforma de la Ley de Extranjería se legalizó una concepción de los derechos de los extranjeros en España como de estado de excepción, consagrando un derecho administrativo especial regido por la desconfianza y la sospecha, en el que – en contra de la tendencia general de profundizar en fórmulas de relación telemática con la Administración – se exige para casi todo la presentación personal e intransferible de cada trámite ante la propia Oficina de Extranjeros o sede policial, ya se denunció que ello tenía además un trasfondo de dificultar o impedir, al prohibir la representación, el acceso a estos trámites con el adecuado asesoramiento jurídico.

No fue casual que esta reforma se operara tras un papel protagónico de los abogados en la defensa, caso a caso y en general, de los derechos de los extranjeros en nuestro país.

La evidencia de que aquella reforma era un auténtico sin sentido se reveló desde un primer momento, que hizo que casi desde muy poco después de llevarla a cabo se tuvieran que implementar medidas de moderación, a través de las cuales sin embargo no ha dejado de entreverse esa desconfianza radical hacia quienes mejor representamos la voluntad de defensa de los derechos de las personas.

La crisis del coronavirus y el cierre de las Oficinas públicas ha hecho que el dislate de eliminar a los extranjeros el derecho a actuar a través de representación cualificada se haya puesto de manifiesto con toda su crudeza.

La etapa en que nos encontramos ha llevado a que a través de convenios con colegios profesionales se permita de nuevo presentar solicitudes de extranjería no sólo personalmente y en la sede oficial, sino también por fórmulas de representación. Sin embargo, firmados y en funcionamiento convenios en este sentido con graduados sociales y gestores administrativos, resulta muy sospechoso que no exista convenio alguno con el Consejo General de la Abogacía.

Precisamente quienes no nos limitamos a obedecer las órdenes de la Administración, sino que exigimos con la ley en la mano el cumplimiento de ésta y sus derechos, nos vemos discriminados en esa posición y apartados de la posibilidad de intervenir desde el principio en expedientes de una gran complejidad, y de una gran conflictividad provocada por la actuación restrictiva de la Administración.

Exigimos, por tanto, de la Secretaria de Estado de Inmigración, el comienzo de los trámites necesarios para acabar con las especialidades del derecho de extranjería, su normalización, y con ella y de forma urgente, retornar al reconocimiento del derecho a contar con representación cualificada en los trámites de extranjería, y con la discriminación contra los abogados.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

En medio del marasmo de la crisis del coronavirus corre peligro de pasar desapercibida una noticia importantísima para todos aquellos que pensamos que la Unión Europea debe hacer mucho más en materia migratoria. 

Uno de los pocos puntos de consenso entre los partidos políticos mayoritarios españoles – exceptuando, claro está, a VOX – es la necesidad de una mayor asunción de responsabilidades y coordinación a nivel europeo de un problema cuya trascendencia excede en mucho a los Estados miembros, y sobre todo a los rivereños del Mediterráneo. Sin embargo y pese a ello la política de inmigración sigue siendo, en todas sus vertientes, un espacio de soberanía que los Estados se resisten a compartir. Una manifestación evidente de ello fue cuando, para una asunción solidaria de la llegada de refugiados de la guerra de Siria, por un lado la Unión eludió su propia normativa y organización para llegar a un vergonzante acuerdo con Turquía, y por otro, cuando se acordó un reparto de las cargas, una serie de países se negó a aceptarlas y a recibir a ningún refugiado. 

Debemos recordar una vez más que en el contexto que se produjo, el reparto entre todos los europeos de lo que se llamó una crisis, pero fue una crisis humanitaria, establecia una correspondencia de un refugiado por cada 500 habitantes. Aun así, el llamado Grupo de Visegrado se negó a admitir refugiados. 

Hoy hemos conocido en nota de prensa del Alto Tribunal Europeo  la Sentencia de hoy mismo en que se condena a Polonia, Hungría  y República Checa por incumplimiento del derecho de la Unión por haberse negado entonces a admitir su cuota de refugiados. 

La Sentencia abre la puerta a que estos Estados deban indemnizar al resto de la Unión, declara que las excepciones de responsabilidades en materia de orden público no eran sino excusas, pues ya se consideraba en todo el procedimento y no son aducibles de forma general. También responde a las excusas checas recordando que “salvo que se permita que se menoscaben el objetivo de solidaridad inherente a las Decisiones de reubicación y el carácter obligatorio de estos actos”. 

Sólo si se establecen claramente las obligaciones de solidaridad de todos los estados de la Unión se podrá hablar definitivamente de una Unión Europea. En el actual contexto en que algunos países pretenden eludir su necesaria solidaridad con los más afectados por la actual crisis sanitaria, esta Sentencia viene a recordarnos que en Europa, los fenómenos del tipo que sea no los soporta uno u otro país, sino que son de Europa entera. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El pasado 16 de marzo presentamos una queja al Defensor del Pueblo y reclamamos del Ministerio del Interior el cierre de los CIES debido a la pérdida de su función y sentido, al devenir imposible la ejecución de las órdenes de expulsión a las que supuestamente se deben los internamientos. El Defensor respondió apoyando nuestra queja y recomendando al Ministerio la puesta en libertad de los internos. Sin embargo, el Ministerio se mostró contumaz en su postura, y se negó a poner en libertad a los internos, pese a que era muy fácil prever que ninguno de ellos podría llegar a ser expulsado debido al cierre de fronteras ocasionado por el coronavirus. 

Tal previsión se ha confirmado ahora, mediante un informe requerido por el Juzgado de Instrucción nº 9 a la Policía Nacional en el que ésta reconoce que no puede asegurar que la orden de expulsión podrá ser ejecutada por la misma razón que apuntábamos, motivo por el que ayer se produjo la puesta en libertad de N.B. que debía ser una de las internas con plazo más largo para poderse ejecutar, dado que su internamiento se dictó tan sólo dos días antes de la declaración del estado de alarma. 

Con su actitud el Ministerio demuestra, una vez más, que es falso que el internamiento se ejerza como una medida cautelar de carácter no penitenciario ni punitivo, y que su intención y existencia tiene como función la de ser una intimidación constante contra la inmigración ilegal, lo que lo sitúa fuera de nuestra Constitución, dado que la estancia irregular de inmigrantes no es un delito.

La existencia de los CIES no es más que la de crear un espacio de sufrimiento que se aplica a aquellos que se atreven a inmigrar irregularmente a nuestro país, y con ello se consigue un elemento de disuasión que es en sí mismo un abuso por parte de los Estados, que por otra parte elude las garantías mínimas de las privaciones de libertad en los estados democráticos. 

El mantenimiento y sostenimiento de CIES abiertos y operativos contra viento y marea, contra toda evidencia de su inutilidad, demuestra a las claras que la utilidad declarada dista mucho de ser la real. 

Una vez más, exigimos del Ministerio del Interior coherencia con la Ley y con el Derecho, y el cierre inmediato de unas instalaciones que no deberían tener otro objeto que permitir lo que hoy es imposible de ejecutar.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas