Los trámites de extranjería, como todos los entresijos burocráticos, son molestos y farragosos, pero los ciudadanos extranjeros en nuestro país se someten disciplinadamente a los mismos, unas veces – los más valientes o inconscientes – en solitario, otras con el acompañamiento, asesoría y representación de abogados y otros profesionales especializados en la materia.

Sin embargo, estos trámites tienen una especialidad sobre los de cualquier otra administración pública a cuyo régimen nos debemos, y es que siempre terminan con un trámite que es forzosamente presencial, personal e intransferible: la colocación de la huella dactilar para la emisión del documento que acredite la estancia regular. Y ese trámite, responsabilidad de la Policía de Documentación no se puede hacer sino en unas pocas comisarías de cada provincia, a veces en una sola. Otra nota diferencial es que no es – como el DNI – un trámite que haya de hacerse cada periodo prolongado de tiempo, sino que los extranjeros deben someterse a él (después de un expediente nada fácil de renovación) cada año, o dos, o con suerte ya cinco.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en su capacidad y facultades de autoorganización pasó a exigir a los administrados que para hacer ese trámite se sometieran a una cita previa, que sólo se puede obtener en la página web de la Administración, y ahí es donde empezó el mayor problema ya antes de la pandemia, que ha venido a hacerse insoportable con ella.

Si accedes a la mencionada página web lo más seguro es que todo lo que consigas es recibir un mensaje que diga: “en este momento no hay citas disponibles”. Ese mensaje se va a repetir en otro momento, otro día, otra semana, otro mes… y para un trámite legalmente necesario y exigible, del que dependen además muchos de los derechos de esas personas.

Por métodos desconocidos – básicamente un derroche de paciencia – algunos consiguen con mucha suerte alguna cita suelta. Surgen los negociantes que comienzan a cobrar por esa paciencia, y las quejas por abusos. Comienzan las quejas y protestas públicas contra los responsables de esta situación e incluso se proponen soluciones fáciles de implementar. Pero sólo la callada por respuesta y ninguna explicación de cómo se ha llegado a esta situación desesperada.

Como queriendo elevar la situación a tomadura de pelo descubrimos que en lugar de aumentar la oferta de citas, la única “solución” que se da es limitar la demanda, bloqueando direcciones ip de quienes consiguen alguna cita, en una supuesta pelea contra quienes se lucran con ello, y cargándose de paso a honrados profesionales que están ofreciendo el servicio. Otra “solución” es dilatar las citas que a duras penas se obtienen. Todo con tal de no poner las verdaderas soluciones a un problema provocado por la falta de consideración y respeto a quienes se ven obligados a pasar por ese trámite. Ya no es un problema de falta de voluntad política, sino de un intolerable desprecio.

De ese desprecio señalamos a un responsable, a quien se han dirigido todas las protestas y ha omitido cualquier respuesta y en lugar de poner soluciones está claramente empeorando la situación: D. Enrique Taborda Álvarez, Comisario General de Extranjería y Fronteras ha demostrado que la situación le supera, que su falta de previsión es impropia de su responsabilidad, que su desinterés y ausencia de respuestas demuestra su incapacidad, y que su deficiente manejo de la situación ha llevado a que en lugar de mejoras haya introducido parches que han venido a empeorar la situación.

La Junta de Gobierno de la Asociación de Abogados/as Extranjeristas nos dirigimos por tanto a él mismo, pidiéndole que presente su dimisión, o a sus superiores para que lo sustituyan y permitan a otros más dotados enfrentarse a situaciones en las que debe primar la ponderación y el respeto de las personas, a las que se están ocasionando perjuicios sin cuenta.

 

La Junta Directiva de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La Asociación de Abogados Extranjeristas quiere contribuir a aclarar las noticias sobre la reciente Sentencia del TC, que viene a considerar constitucional, siempre dentro de los límites de una determinada interpretación, la Disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que creó las mal llamadas “devoluciones en caliente”.

1.- Ni la Sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ni ésta del Tribunal Constitucional vienen a “avalar” la práctica que se venía desarrollando y que pretendía justificarse en una interpretación de la Disposición que ha quedado completamente desautorizada.

2.- Para que la Disposición pueda considerarse constitucional, la interpretación que de ella se haga debe cumplir al menos tres condiciones previas, las dos primeras ya señaladas por Estrasburgo, y una tercera que se implementa ahora en la Sentencia:

  • Debe ser posible efectivamente el acceso a un puesto fronterizo habilitado legal.
  • Debe ser posible la presentación de solicitud de asilo en consulados
  • Debe respetarse el derecho a la tutela judicial efectiva. La única manera de cumplir esta condición es que la expulsión o devolución requerirá de un expediente con identificación, señalamiento de circunstancias y justificación de la resolución. Lo cual sólo puede garantizarse con asistencia y representación letrada que la someta a esa tutela judicial, o de lo contrario, cualquier derecho queda en su mera proclamación.

3.- Ciertamente, si se cumplen los requisitos de las Sentencias, las llamadas “devoluciones en caliente” se diferenciarán muy poco de las devoluciones ya previstas en la propia Ley de extranjería en vigor, y por el contrario, las exigencias que añaden estas sentencias afectan a otros extremos de lo que ha sido la ultra-restrictiva política de extranjería.

4.- Si no se quiere dejar a los miembros de la Guardia Civil en una inseguridad jurídica alarmante, teniendo que tomar decisiones que ni deben ni pueden tener capacidad para tomar, será necesario la elaboración de una norma de desarrollo de esa Disposición Adicional de la Ley que recoja escrupulosamente las condiciones e indicaciones que ambos altos Tribunales han dictado. Instrucciones, protocolo, o como quiera llamarse, volverá a generar nuevas polémicas en la interpretación y la aplicación, por lo que mucho nos tememos que la conjunción de las Sentencias dictadas primero por el Tribunal de Derechos Humanos Estrasburgo y luego por el Tribunal Constitucional no han zanjado las cuestiones que giran en torno a la polémica figura, y que seguirá el debate abierto – debate de lo que lo que más nos importa es su contenido: el respeto a inalienables derechos de todo ser humano – en tanto no se adopte una postura valiente, que no es otra que la de abandonar esa desafortunada disposición y reconducir la práctica a lo ya regulado con anterioridad, controlando las garantías de su cumplimiento efectivo.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La llegada de cayucos a la provincia de Las Palmas en las últimas semanas – algo para nada imprevisible y que incluso era anunciado, dado el cierre de otras vías migratorias debido a la pandemia – ha provocado un fenómeno difícil de calificar en un país desarrollado: las personas que llegan – según los últimos datos más de 2000 – son encerradas, hacinadas y abandonadas en un muelle del puerto de Arguineguín, es decir, en una plataforma plana de hormigón elevada una escasa altura sobre las aguas del Atlántico que entran en el puerto.

Allí se supone que son atendidos, lo cual parece obvio que en unas condiciones mínimas de dignidad humana es imposible: acogidos, revisados médicamente, alimentados, interrogados sobre su origen e intención, sobre las circunstancias de su huida de su país, todo ello con intérprete suficiente… y abogado que le informe de sus derechos y garantice que todo ello se hace de forma suficiente. En esa intolerable situación nos tenemos que pronunciar ineludiblemente, poniendo las cosas en su sitio:

La principal responsabilidad de esta situación, claramente atentatoria a los Derechos Humanos más elementales, es de la Administración Pública y del Gobierno Central, que es quien tiene las competencias al respecto. Es intolerable que se tenga pernoctando a gente al raso en esa situación. El Ministerio del Interior no puede alegar la situación administrativa de unas personas para privarlas de libertad deambulatoria y hacinarlos de esa manera en un muelle.

Parece evidente que todos los servicios que esas personas necesitan o no se les están dando o si se les da, las condiciones son absolutamente deficientes. La denuncia pública de las deficiencias en la prestación de la asistencia letrada deben ser valoradas en ese contexto, lo que no quita para que – junto con la solidaridad y ofrecimiento de apoyo al Colegio de Las Palmas – llamemos a los compañeros a negarse a prestar un servicio imposible que luego será utilizado para “blanquear” decisiones de expulsión y repatriación cuya nulidad de raíz es manifiesta.

Es responsabilidad de los Colegios de Abogados mantener una formación permanente adecuada y continuada de sus letrados, especialmente aquellos que prestan sus servicios en el turno de oficio, para evitar esos abusos por parte de las autoridades, o que se escuden en lo desbordante de una situación de la que esa misma Administración es responsable.

Nos consta la implicación de las autoridades locales por llegar a una solución, que pasa por dar un alojamiento digno a estas personas. Cuando ello se consiga, es forzoso que la prestación de sus servicios y derechos se repita, tanto en el ámbito sanitario como legal. Se ha pedido la apertura y habilitación de cuarteles, instalaciones de campaña, y servicios que obran en poder del Ministerio de Defensa, cuya negativa hace que nos avergoncemos.

Desde la Asociación hemos ofrecido a los compañeros de Las Palmas un apoyo y colaboración responsable, que pasa por evitar que nuestra intervención sea utilizada para blanquear una actuación de las autoridades públicas que es completamente contraria a los más elementales valores humanos. Para ello, vamos a publicar un video informativo y a poner a disposición de los compañeros un teléfono permanente de información al que puedan consultar cómo enfrentar la situación.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Fatima (nombre supuesto) es una niña de unos 11 años a la que se ve emocionada, agradecida, y feliz, por aquello que muchos de nuestros hijos – o incluso nosotros mismos a su edad – aborrecíamos: ir al colegio. En un video de unos pocos segundos que se grabó cuando recibió la resolución por la que – al fin, y de momento, único caso – se le permitía su escolarización en su ciudad de nacimiento y residencia: Melilla. Con su desbordada sinceridad infantil proclama su reconocimiento a los abogados que la han ayudado diciendo que ella de mayor quiere ser abogada para hacer lo mismo, ayudar a la justicia de los que la necesiten, y su satisfacción por superar una discriminación vergonzante por parte de las autoridades de una ciudad que se dice parte de un estado democrático y de derecho se le adivina en una sonrisa inmensa que no puede ocultar la mascarilla.

Es un foco que encabeza un tren donde van montados otros muchos niños, para los que tarde o temprano conseguiremos el mismo reconocimiento. Tal vez por eso, la repulsiva y cobarde estrategia de quienes quieren parar este tren está siendo disparar al faro, quitarle su luz de avance en esta oscuridad en la que los que deberían alumbrar el camino – jueces, fiscales, ministerio de educación – no se han dignado a encender sus luces.

Fatima recibió el viernes una carta nefanda, una ofensa a la dignidad humana, y por tanto – aunque lo ignore – también a la dignidad de quien la firma: como no nos quedó más remedio que aceptar que fueras al colegio con nuestros hijos, pese a que eres foránea, extranjera, subhumana, ilegal, carne de analfabetismo; como te atreviste a insultarnos con tu alegría y a proclamar tu derecho, no vamos a dejar “impune” tu atrevimiento, y vamos a pasar al ataque contra ti, contra una niña de 11 años que eres el foco de tantos detrás de ti: nos vamos a inventar unas irregularidades en el padrón para darte de baja de oficio, y así después seguir mintiendo y decir que no vives aquí, y después echarte del colegio al que tan contenta acudes cada mañana para dar ejemplo.

Con esa incoación, contraria a la resolución de la Comisión de Derechos del Niño de la ONU que obligó a escolarizar a Fatima, contraria a los propios informes de servicios sociales del ayuntamiento, contraria de forma patética a la evidencia de la asistencia continuada de la niña al colegio con la frontera cerrada (¡acaso entra cada mañana en helicóptero para ir al colegio!), la ciudad autónoma de Melilla, cuya administración firma el documento, ha cavado más hondo aún el hoyo en que su racismo y xenofobia estaba excavando. Es el hoyo de su bajeza moral que pretende iniciar una trinchera contra el avance de los derechos de unos niños, es su complicidad culpable contra los que claman (PP. y Vox a pleno pulmón, otros más con la boca pequeña) contra la “marroquinización de Melilla” para justificar el pisoteo de los derechos de unos niños, sin entender que lo que les “tercermundiza” es precisamente esa indignidad y esa falta de acatamiento al Derecho y a los derechos de todos.

La alegría de Fatima se había tornado ayer en miedo a que le quiten lo que tanto ha luchado por conseguir, su proyecto de vida – convertirse en abogada para defender a los demás – amenazado. Puede que sea eso lo que buscan, que no pase de empleada de hogar, para servirles a ellos. La indignación que sentimos desde la Asociación de Abogados Extranjeristas ante esa sucia venganza contra una niña de 11 años por parte de quienes, con una impunidad que cesar, intentan atacarla, no puede ser mayor. Y con la única arma que le vale a la Justicia, el Derecho, avisamos y prestamos a los cómplices de este atropello nuestra asesoría: si se atreven a seguir adelante y llegan a dar de baja en el padrón a Fatima, para después desescolarizarla, estarán cometiendo un delito de prevaricación en el que tendrán enfrente a todo el imperio del Derecho. Veremos entonces si Melilla es un enclave europeo en Africa, o una rémora fascista para un estado democrático como debería ser España en todo su territorio.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Ante la continuidad de la situación de escándalo y el clamoroso silencio del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía sobre la falta de citas previas para realizar el trámite de puesta de huellas en los trámites de extranjería, que está provocando el perjuicio en derechos básicos de miles de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha decidido elevar su protesta y sugerir soluciones ante los Grupos Políticos del Congreso y Senado, así como a las Comisiones de Interior y de Inmigración de ambas cámaras, y a los Defensores del Pueblo español y europeo.

En el texto de la carta remitida a todos ellos por el Presidente de la Asociación, elaborada por la Junta Directiva en unanimidad, se proponen una serie de soluciones que sería facilísimo implementar y que estarían al alcance del Ministerio, máxime en el marco de necesidad de soluciones excepcionales en que nos encontramos. Sin embargo, la desidia negligente del Ministerio no sólo prefiere no adoptar ninguna de estas medidas, sino que además continúa sin ofrecer ninguna explicación del por qué de esta situación, que en algunas provincias venia presentándose incluso desde antes del estado de alarma, con el que se ha generalizado a toda España, ni si se va a adoptar alguna medida que intente aminorar el problema que afecta tan gravemente a tanta gente. Medidas tales como:

  • Habilitar las oficinas de renovación del DNI
  • Que las propias resoluciones de concesión de las autorizaciones incorporen la fecha de cita previa y eximir de toma de huellas a todas las tarjetas en que no sea estrictamente necesaria
  • Detraer personal de otros servicios menos urgentes y necesarios, como los CIEs
  • Emprender las reformas legales necesarias, para evitar burocracia innecesaria eliminando todo trámite en que se exija la presencia personal, el respeto al derecho de representación y la modernización telemática
  • Permitir que representantes vayan a recoger la tarjeta ya hecha

Tampoco se explica si se va a investigar cómo consiguen el evidente beneficio aquellos pocos que – posiblemente con implicación de elementos internos de la propia policía – consiguen las pocas citas que salen al público, y que se están lucrando a costa de la desesperación de quienes día tras otro intentan sacar esas citas sin resultado.

La elevación, además de al Defensor del Pueblo español, al Europeo, se explica porque de esta situación se están perjudicando también miles de ciudadanos europeos que desearían legalmente obtener el registro de su residencia en España, y no pueden por falta de citas previas.

Confiamos en que desde las altas instancias a que nos hemos dirigido se consiga movilizar una actuación que ya llevamos demasiado tiempo esperando del Ministerio del Interior, muy activo a la hora de elevar vallas, pero poco a la de respetar los derechos de las personas.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Las leyes de extranjería, en toda Europa, no se hacen pensando en los derechos humanos, se diga lo que se diga, y eso tiene consecuencias. Una de ellas es que los Tribunales más elevados, aquellos que más tienen en cuenta la cúspide de nuestros valores europeos, no dejan de sorprender a los legisladores y de corregirles en sus interpretaciones y tendencias ultrarrestrictivas.

La política represiva europea, el pilar principal en torno al cual giran las “políticas” en toda Europa, es la de que todos los caminos, todas las soluciones, todas las orientaciones, pasan por la eliminación de los “desechos sociales”. Cuando se es parte de esa nueva aristocracia europea especialmente protegida que son los ciudadanos, se les encierra en la cárcel. Y cuando pertenecen a esa otra amplia minoría, los extranjeros, se les expulsa “con cajas destempladas”, es decir, con toda la fuerza represiva de quien trata a sus enemigos.

En España, cuando los partidos mayoritarios en 2004 pelearon en el parlamento en torno a una reforma necesaria de esos parámetros, seguida de una contra reforma de la Ley de extranjería – más tarde fuertemente recortada por el Tribunal Constitucional –, tan sólo un año después el Tribunal Supremo (entonces menos contaminado por los tejemanejes en el poder judicial) sentó una doctrina que rebatía esa política: “la expulsión no debe ser la solución sistemática, sino, como sanción más grave, la reservada sólo para aquellas conductas que, a la mera estancia irregular, añadan algún agravante.” El principio de proporcionalidad, de valor constitucional, se consagraba como elemento troncal.

La reacción fue muy variada: los poderes policiales no se dieron por aludidos y continuaron con la política de expulsión de irregulares, y los tribunales inferiores, con disciplina muchas veces temblorosa, anulaban las resoluciones por ausencia de agravantes o las ratificaban sobre la base de agravantes a veces imaginarios, pero un ejército de abogados entregados peleó para que se impusiera la cordura y el buen derecho.

El 23 de abril de 2015 llegó el jarro de agua fría. Una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, con un desarrollo abrupto y una muy mala traducción de los términos, tras la promulgación de la que fue llamada con Justicia “Directiva de la vergüenza” sobre las expulsiones de extranjeros, parecía dar la razón a las interpretaciones más duras. Según esa Sentencia la Directiva obliga a resolver la irregularidad, sin aludir a los matices que añadiera la ley española. Se abrió la caja de los truenos y volvió la política de tierra quemada: estancia irregular y expulsión se volvieron a convertir en fórmula sin más elementos. La simplicidad siempre ha gustado a los que no quieren que se tengan en cuenta los derechos de las personas.

Ese mismo ejército de abogados, de los que nos orgullece contar en la Asociación de Abogados Extranjeristas con una gran representación, no cejó en defender lo justo: se defendieron las interpretaciones más favorables a los derechos humanos, pero la lucha fue ardua: la Directiva no cambia la Ley, y la interpretación que se hacía seguía siendo correcta. La interpretación de “los duros” se extendió y llevó incluso al Supremo a rectificar su doctrina sin tener en cuenta nuestras alegaciones.

Pues bien, hoy hemos asistido a un nuevo bandazo, solo que esta vez para volver a la situación anterior a ese aciago 23 de abril: se ha dictado hoy una nueva Sentencia, del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea que elocuentemente dice en su fallo final:
“La Directiva (…) debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes.”

Con ello, respondiendo a una pregunta inducida por los abogados, hecha por el Tribunal Superior de Castilla la Mancha, el alto Tribunal desautoriza al Tribunal Supremo español y a la mayoría de Tribunales de Justicia de este país, a los que hemos estado alegando eso mismo, y se nos ha despreciado una y otra vez. Algo tan simple de entender como que la Directiva no vale como excusa válida para eludir una versión más favorable a los derechos humanos hecha por la Ley de un país.

Nuestra satisfacción es inmensa. Cinco años de lucha no han concluido, pues ahora toca convencer a tantos que seguirán insistiendo en una ecuación simple que cuando se trata de personas y de derechos humanos esas sumas y restas de colegial nunca son válidas.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Durante cinco meses los CIEs han estado cerrados, y el anuncio de una oscura secretaría de policía de que se disponen a reabrirlos viene a demostrar muchas cosas:

  1. Nada ha ocurrido durante estos cinco meses que trastoque frontalmente la política migratoria, no sólo sin CIEs, sino sin apenas expulsiones, lo que demuestra que la pata represiva del banco de la política migratoria – la contención y la discriminación son las otras dos – sólo sirve para infundir un miedo que no es capaz de sustituir el respeto que toda política pública debería inspirar, y para hacer ver que se hace algo – por inútil que sea, por mucho sufrimiento absurdo que inflija—ante lo que no se sabe qué hacer.
  2. Las prisas por volver a las andadas no son buenas y denotan que mientras desde otros departamentos se intenta construir una política en positivo, el Ministerio del Interior sigue anclado en las más rancias concepciones represivas y de control de las libertades personales, y demuestra que sus intereses se sitúan por encima de la salud pública que dice defender. Los CIEs no están preparados para reabrir en plena segunda ola del virus, y mucho menos para garantizar que sean útiles a lo único para lo que se afirma que están concebidos. Nada puede asegurar que los países de origen de los inmigrantes estén dispuestos a recibir a sus nacionales procedentes de un país en plena ascensión de curva de contagios.
  3. Los abogados extranjeristas recomendamos a nuestros compañeros que defiendan frente a la petición de internamiento reclamen del juez garantías reales de que verdaderamente se va a poder expulsar a esa persona a la que se interna con esa finalidad, y además se exijan garantías de sanidad dentro de unos centros que si por algo se caracterizan es por el hacinamiento y la falta de posibilidad de guardar la distancia de seguridad. En esas condiciones es muy probable que la reapertura de los CIEs se quede en anecdótica, pero no será irrelevante el incremento de gasto en personal tan necesario para otros cometidos.

No se entiende cómo ni por qué un Ministerio que lleva cuarenta años de democracia, dirigido por un juez de prestigio, no termine de aprender un esquema de prioridades de mínima sensatez. La reapertura de los CIEs es en estos momentos más que inoportuna, precipitada y apresurada, es un grave error que sólo va a servir para revelar una vez más cuál es la única y real razón de existir de esos centros de sufrimiento gratuito: imbuir un miedo cerval y exagerado a aquellos que cometan el craso delito de lesa majestad – apréciese la ironía – que supone desobedecer unas leyes injustas por inhumanas y fuera de la realidad.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El 23 de septiembre se ha celebrado una esperada cumbre europea sobre políticas migratorias. Los ilusos aun creyentes de que el proyecto europeo va asociado indisolublemente al respeto a los derechos humanos y a la solidaridad mas allá del mercado como nexo de unión frente a los populismos nacionalistas hemos visto cómo, una vez más, los acuerdos se alcanzan sobre unos mínimos que satisfacen sólo a los más reacios a avanzar en esos valores europeos, ante la debilidad y — ¿por qué no decirlo?— cobardía de aquellos de los que se supone una mejor defensa de esos valores.

Si esperábamos que se superara el esquema del Acuerdo de Dublín II, trampa burda para los países del sur, (no podemos entender cómo se llegó a admitir en su día), que obliga a cada país de entrada de solicitantes de asilo a asumir las solicitudes y la acogida (lo que deja las manos cómodamente libres a los países del norte), nos encontramos con que no sólo no se reforma ese pervertido sistema, sino que se vuelve a las “cuotas voluntarias” de acogida de refugiados. Y todos sabemos la falta de voluntariedad de casi todos, que ante cuotas obligatorias en 2015 se limitaron a no cumplirlas.

Si esperábamos una mayor apertura ante las ya acuciantes necesidades demográficas de una Europa envejecida, la respuesta es mayor cerrazón de la fortaleza, mayor represión y mayor inmigración, los tres ejes que sin duda, y sin hipocresías, son el único lenguaje que entienden nuestros dirigentes europeos. Un endurecimiento anunciado de la bien llamada Directiva de la Vergüenza se une a la novedad de la cumbre, que es que el que no cumpla con la solidaridad pueda compensarlo pagando por mayor represión. Las palabras precisas desnudan el hipócrita lenguaje diplomático, y desvela la descarnada verdad de una Europa pusilánime y acobardada.

Acobardada sobre todo ante los países del grupo de Visegrado, que se han integrado en la Unión pensando y practicando la política de que se puede estar dentro sólo para lo que les conviene o creen que les conviene. Mientras el resto no asuma una postura valiente ante estos países dominados por el populismo nacionalista de raíz neofascista: Polonia, Hungría, Chequia, y les apliquen sanciones duras o el camino de salida por no cumplir con los valores fundacionales europeos, no será posible una política común más allá de la chapuza que hoy nos han presentado. Pero con crecientes tentaciones en Austria, Holanda, Italia, Francia, la propia España, parece que el resto de dirigentes, mirando más a los electores internos, ni se atreven ni son capaces de poner las luces largas, para ver que más allá del campo de las cortas espera un abismo.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Hoy hemos recibido un grupo de abogados de la Asociación de Abogados Extranjeristas, que participamos en apoyo de PRODEIN para conseguir el reconocimiento a una escolarización de todos los niños de Melilla, una nueva comunicación del Comité de Naciones Unidas por los Derechos del Niño, organismo al que España debe obediencia por ser firmante del Convenio Internacional de Derechos del Niño.

En esa comunicación, se repite por enésima vez al Reino de España que debe escolarizar urgentemente a seis niños (de entre casi un centenar más) cuyos casos han sido acogidos por el Comité. Sin embargo, el estado del Reino de España sigue desobedeciendo de forma contumaz la orden dada por este alto organismo de las Naciones Unidas.

Ello nos coloca en situación de incumplidores internacionales y nos sitúa en la lista de países donde no se respetan los derechos humanos, en este caso el derecho a la escolarización de menores. La imagen internacional de España sufre un serio revés ante el mundo, en un momento en que un expediente impoluto en Derechos Humanos es carta de presentación necesaria para que la voz de nuestro país sea respetada en los foros internacionales.

Entre las excusas, francamente absurdas y groseramente sesgadas, que el Estado pretende objetar para no cumplir con su obligación, hay una que llama especialmente la atención, dado que si objeta que estos niños no deben ser escolarizados por España porque supuestamente podrían estar entrando en Melilla cada mañana desde Marruecos, olvida el Estado que desde hace meses eso es imposible, pues la frontera con Marruecos está cerrada y estos niños ni tan siquiera tienen la posibilidad de acudir a la escuela a Marruecos cada mañana desde Melilla, que es donde viven.

Estamos construyendo en Melilla, ciudad española del norte de África, un gueto, un apartheid de derechos, un campo de no derechos tan vergonzoso como el de Moria, donde a menores que están bajo la jurisdicción española se les impide acudir a la Escuela, simplemente por no tener unos papeles. Es curioso que la españolidad de Melilla se defienda aplicando en esa ciudad unos no derechos que son radicalmente contrarios a esa españolidad, como son nuestro Derecho y nuestros derechos, haciendo valer así un rancio y obsoleto concepto de patria vinculado a la raza y la herencia.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Tras estudiarse en Junta de la Asociación se apreció que se va acercando peligrosamente la fecha en la que la estancia legal de muchos extranjeros caducará, con la normativa vigente. Se trata de aquellas personas que de una forma u otra quedaron atrapadas en nuestro país, durante su estancia legal, y todavía hoy les resulta imposible volver debido a la ausencia de vuelos a sus países de origen o al cierre de fronteras en éstos.

Cuando un extranjero entra en nuestro país mediante la modalidad conocida como “de turista”, es decir, con un visado temporal de estancia o amparado en la exención de ese tipo de visados que la Unión Europea concede a los países de una larga lista (prácticamente todos los de la OCDE, latinoamericanos, y otros), éste/a extranjero/a goza de una estancia legal de un máximo de tres meses, que se puede prorrogar en caso de que haya causa y lo solicite con antelación a su expiración.

Miles de personas que se encontraban en España durante las semanas previas al 15 de marzo se encontraron con que no pudieron volver dentro de esos tres meses de estancia para la que tenían permiso, dado que fue la propia España quien cerró las fronteras, por lo que el gobierno acordó no sólo no computar el tiempo de la alarma a efectos de ese plazo de estancia, sino decretar de forma general la prórroga de la estancia por tres meses a contar desde la finalización de la situación legal definida en el estado de alarma, es decir, a partir del 21 de junio.

Aparte de interpretaciones más favorables que cupiera hacerse, lo cierto es que el consenso está en que este 21 de septiembre vence tal periodo, por lo que esos miles de personas siguen atrapadas, debido a que la pandemia se fue extendiendo a sus países con posterioridad al nuestro y sus fronteras, puertos y aeropuertos siguen cerradas.

Esas personas, sin culpa alguna, se encontrarán el 22 de septiembre, si no se hace algo para evitarlo, en una situación de estancia irregular que nuestra ley castiga con una dureza draconiana: expulsión forzosa con prohibición de entrada durante largos periodos de tiempo.

Es por eso que nos hemos dirigido a la Secretaria de Estado Hanna Halloul para que, como una actuación de justicia elemental, dicte una nueva norma de forma urgente que permita sostener la legalidad de la estancia a todas estas personas. De otro modo, se generaría una situación caótica en que por un lado la Ley, a través de la Policía Nacional, sanciona duramente una permanencia en el país de la que no se tiene culpa alguna pues resulta inevitable a esas personas y por otra esas personas no pueden hacer nada para regresar a sus países y evitar el poder verse sometido a esa sanción.

Confiamos en que antes del 21 de septiembre se pueda solucionar la situación mediante una prórroga suficiente de la estancia legal que abarque el tiempo necesario para volver a una normalidad que todos esperamos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas