El Consejo de Ministros de ayer día 7 de abril aprobó, según referencia de la Presidencia del Gobierno, un Real Decreto Ley de Medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que según afirma la nota remitida, permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. Las medidas consisten básicamente en compatibilizar el trabajo en el campo con la recepción de ayudas y prestaciones al desempleo, si bien limitados a “las personas cuyos domicilios se hallen próximos al lugar de trabajo – limitación que viene a convertir a las medidas casi en un oxímoron – introduciendo algunas flexibilizaciones en el ámbito de la extranjería que no son sino redundancia de medidas anteriores de prórroga automática de los permisos. Sin embargo se renuncia a regularizar – por mucho que lo exija en estos momentos el interés público – a inmigrantes en situación irregular, muchos de ellos presentes en asentamientos cercanos, esperando su oportunidad de presentar papeles, algunos de ellos incluso cumpliendo requisitos, mediante el subrayado de que sólo podrán acogerse los que se encuentren legalmente. 

Las medidas aprobadas han sido pronto tildadas de claramente insuficientes por los propios agricultores afectados, y desde el punto de vista de los inmigrantes son claramente contradictorias con el objetivo fundamental de evitar que las cosechas que se avecinan queden sin recoger por falta de una mano de obra por un lado confinada y por otro condenada al desempleo. Duele comprobar que una vez más, la cerrazón de una política de inmigración orientada sólo desde la óptica policial del cierre de fronteras  se impone sobre un espíritu pragmático que favorezca a todos, e impide al gobierno dar un paso valiente y aprobar la concesión de permisos de trabajo a quien puede y quiere trabajar, pero a quien no se lo permite una ley que en estos momentos está fuera de tiempo y lugar.  

Sin romper la lealtad debida al gobierno en estos difíciles momentos no podemos sino reclamarle una reflexión necesaria: miles de trabajadores que están dispuestos a ir a recoger la cosecha se esconden en sus casas por miedo a la persecución policial; miles de agricultores reclaman manos para recoger la cosecha que nuestros millones de bocas necesitarán para comer. ¿No resulta un empecinamiento absurdo negarles la posibilidad de ayudarles y ayudarnos, todo por cerrarse a un formalismo legal de burocracias y permisos?. 

Reclamamos al gobierno que razone, que abra un mecanismo ágil, de ejecutividad inmediata – lo que no quita que sea revisable caso por caso a posteriori – que conceda autorización para residir y trabajar por razones extraordinarias a todo aquel inmigrante en situación irregular que pueda acudir al campo a resolver esta alarmante situación. Más tarde, o complicándolo más, será demasiado tarde. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Desde que en la contrarreforma de la Ley de Extranjería se legalizó una concepción de los derechos de los extranjeros en España como de estado de excepción, consagrando un derecho administrativo especial regido por la desconfianza y la sospecha, en el que – en contra de la tendencia general de profundizar en fórmulas de relación telemática con la Administración – se exige para casi todo la presentación personal e intransferible de cada trámite ante la propia Oficina de Extranjeros o sede policial, ya se denunció que ello tenía además un trasfondo de dificultar o impedir, al prohibir la representación, el acceso a estos trámites con el adecuado asesoramiento jurídico.

No fue casual que esta reforma se operara tras un papel protagónico de los abogados en la defensa, caso a caso y en general, de los derechos de los extranjeros en nuestro país.

La evidencia de que aquella reforma era un auténtico sin sentido se reveló desde un primer momento, que hizo que casi desde muy poco después de llevarla a cabo se tuvieran que implementar medidas de moderación, a través de las cuales sin embargo no ha dejado de entreverse esa desconfianza radical hacia quienes mejor representamos la voluntad de defensa de los derechos de las personas.

La crisis del coronavirus y el cierre de las Oficinas públicas ha hecho que el dislate de eliminar a los extranjeros el derecho a actuar a través de representación cualificada se haya puesto de manifiesto con toda su crudeza.

La etapa en que nos encontramos ha llevado a que a través de convenios con colegios profesionales se permita de nuevo presentar solicitudes de extranjería no sólo personalmente y en la sede oficial, sino también por fórmulas de representación. Sin embargo, firmados y en funcionamiento convenios en este sentido con graduados sociales y gestores administrativos, resulta muy sospechoso que no exista convenio alguno con el Consejo General de la Abogacía.

Precisamente quienes no nos limitamos a obedecer las órdenes de la Administración, sino que exigimos con la ley en la mano el cumplimiento de ésta y sus derechos, nos vemos discriminados en esa posición y apartados de la posibilidad de intervenir desde el principio en expedientes de una gran complejidad, y de una gran conflictividad provocada por la actuación restrictiva de la Administración.

Exigimos, por tanto, de la Secretaria de Estado de Inmigración, el comienzo de los trámites necesarios para acabar con las especialidades del derecho de extranjería, su normalización, y con ella y de forma urgente, retornar al reconocimiento del derecho a contar con representación cualificada en los trámites de extranjería, y con la discriminación contra los abogados.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

En medio del marasmo de la crisis del coronavirus corre peligro de pasar desapercibida una noticia importantísima para todos aquellos que pensamos que la Unión Europea debe hacer mucho más en materia migratoria. 

Uno de los pocos puntos de consenso entre los partidos políticos mayoritarios españoles – exceptuando, claro está, a VOX – es la necesidad de una mayor asunción de responsabilidades y coordinación a nivel europeo de un problema cuya trascendencia excede en mucho a los Estados miembros, y sobre todo a los rivereños del Mediterráneo. Sin embargo y pese a ello la política de inmigración sigue siendo, en todas sus vertientes, un espacio de soberanía que los Estados se resisten a compartir. Una manifestación evidente de ello fue cuando, para una asunción solidaria de la llegada de refugiados de la guerra de Siria, por un lado la Unión eludió su propia normativa y organización para llegar a un vergonzante acuerdo con Turquía, y por otro, cuando se acordó un reparto de las cargas, una serie de países se negó a aceptarlas y a recibir a ningún refugiado. 

Debemos recordar una vez más que en el contexto que se produjo, el reparto entre todos los europeos de lo que se llamó una crisis, pero fue una crisis humanitaria, establecia una correspondencia de un refugiado por cada 500 habitantes. Aun así, el llamado Grupo de Visegrado se negó a admitir refugiados. 

Hoy hemos conocido en nota de prensa del Alto Tribunal Europeo  la Sentencia de hoy mismo en que se condena a Polonia, Hungría  y República Checa por incumplimiento del derecho de la Unión por haberse negado entonces a admitir su cuota de refugiados. 

La Sentencia abre la puerta a que estos Estados deban indemnizar al resto de la Unión, declara que las excepciones de responsabilidades en materia de orden público no eran sino excusas, pues ya se consideraba en todo el procedimento y no son aducibles de forma general. También responde a las excusas checas recordando que “salvo que se permita que se menoscaben el objetivo de solidaridad inherente a las Decisiones de reubicación y el carácter obligatorio de estos actos”. 

Sólo si se establecen claramente las obligaciones de solidaridad de todos los estados de la Unión se podrá hablar definitivamente de una Unión Europea. En el actual contexto en que algunos países pretenden eludir su necesaria solidaridad con los más afectados por la actual crisis sanitaria, esta Sentencia viene a recordarnos que en Europa, los fenómenos del tipo que sea no los soporta uno u otro país, sino que son de Europa entera. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El pasado 16 de marzo presentamos una queja al Defensor del Pueblo y reclamamos del Ministerio del Interior el cierre de los CIES debido a la pérdida de su función y sentido, al devenir imposible la ejecución de las órdenes de expulsión a las que supuestamente se deben los internamientos. El Defensor respondió apoyando nuestra queja y recomendando al Ministerio la puesta en libertad de los internos. Sin embargo, el Ministerio se mostró contumaz en su postura, y se negó a poner en libertad a los internos, pese a que era muy fácil prever que ninguno de ellos podría llegar a ser expulsado debido al cierre de fronteras ocasionado por el coronavirus. 

Tal previsión se ha confirmado ahora, mediante un informe requerido por el Juzgado de Instrucción nº 9 a la Policía Nacional en el que ésta reconoce que no puede asegurar que la orden de expulsión podrá ser ejecutada por la misma razón que apuntábamos, motivo por el que ayer se produjo la puesta en libertad de N.B. que debía ser una de las internas con plazo más largo para poderse ejecutar, dado que su internamiento se dictó tan sólo dos días antes de la declaración del estado de alarma. 

Con su actitud el Ministerio demuestra, una vez más, que es falso que el internamiento se ejerza como una medida cautelar de carácter no penitenciario ni punitivo, y que su intención y existencia tiene como función la de ser una intimidación constante contra la inmigración ilegal, lo que lo sitúa fuera de nuestra Constitución, dado que la estancia irregular de inmigrantes no es un delito.

La existencia de los CIES no es más que la de crear un espacio de sufrimiento que se aplica a aquellos que se atreven a inmigrar irregularmente a nuestro país, y con ello se consigue un elemento de disuasión que es en sí mismo un abuso por parte de los Estados, que por otra parte elude las garantías mínimas de las privaciones de libertad en los estados democráticos. 

El mantenimiento y sostenimiento de CIES abiertos y operativos contra viento y marea, contra toda evidencia de su inutilidad, demuestra a las claras que la utilidad declarada dista mucho de ser la real. 

Una vez más, exigimos del Ministerio del Interior coherencia con la Ley y con el Derecho, y el cierre inmediato de unas instalaciones que no deberían tener otro objeto que permitir lo que hoy es imposible de ejecutar.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Acabamos de recibir la respuesta a la queja presentada el pasado 17 de marzo en la que expresábamos nuestra queja por que se mantuvieran apresados a los extranjeros que se encuentra en los CIES, lo cual se supone que es una medida de carácter medial para una expulsión que no se va a poder ejecutar en las próximas semanas, y que por tanto pierde su sentido y legalidad. 

Queremos expresar nuestra satisfacción y agradecimiento por el apoyo que, una vez más, una institución tan relevante como el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, ha dado a nuestra queja con su recomendación al gobierno de que proceda a poner en libertad a todos los internos.

Queremos llamar a la cordura al Ministerio del Interior, a demostrar que verdaderamente cree en lo que dice la Ley, y a que no utiliza los CIES como medida de intimidación contra la inmigración ilegal y como castigo añadido contra los que se atrevan a contravenir sus órdenes. La ley consagra estos centros como NO PENITENCIARIOS y eso no quiere decir sino lo que ha expresado el Defensor del Pueblo, y la consecuente obligación de liberación inmediata, que confiamos se lleve a cabo, junto con otros países europeos, lo antes posible, dado que estamos hablando de un derecho fundamental de las personas. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Como ya se ha reflejado en algún medio de comunicación, el cierre de oficinas públicas donde iniciar trámites, siempre necesarios para cualquier ciudadano, ha tenido una trascendencia especial en el ámbito de la extranjería, debido a la artificial naturaleza de derecho administrativo especial a que está sometida. 

El progresivo endurecimiento de las leyes de extranjería que vino a consagrar en 2009 que el derecho de extranjería fuera un derecho de excepción respecto al resto de la Administración. Mientras se avanzaba en el principio de confianza en el ciudadano, en ventanilla única y la administración electrónica, en extranjería se introdujo la necesidad de presentación personal e intransferible y sólo en los registros de los órganos encargados de resolver. 

El caos y las colas kilométricas que generó se terminó resolviendo sobre las espaldas del administrado, con citas previas ineludibles que pronto se revelaron con demoras que se contaban por meses, abusos administrativos varios, que construyeron un régimen de cierre arbitrario de ventanillas a total conveniencia de la Administración. Sólo en las renovaciones se abrió la puerta de la presentación telemática a partir de 2011. Aunque se siguen generando protestas justificadas y escándalos asistenciales, como las citas previas a más de un año en Madrid para poder solicitar asilo. 

Con la llegada del estado de alarma, la restricción de traslado por la calle a los ciudadanos y el cierre de ventanillas presenciales administrativas, ¿cómo queda ese régimen? De nuevo el caos y el desorden: algunas Oficinas de Extranjería han optado por aplicar la racionalidad administrativa, y por razones excepcionales han abierto la ventanilla electrónica a los propios extranjeros que tengan firma digital –una minoría –, otras permiten también a sus representantes – abogados, gestores, etc, todos con firma digital – pero otras muchas no se atreven a saltarse dos disposiciones de la Ley que obligan a la presentación personal y en la oficina, creando una sensación de generalizado descontrol, pero sobre todo, de limitación de acceso a derechos fundamentales de los extranjeros 

Antes del estado de alarma ya habíamos reivindicado incorporar la extranjería a los modos administrativos del S. XXI, pero hoy se presenta una oportunidad de oro para que la Secretaría de Estado comience a caminar esa línea, y dictar las instrucciones precisas para que, de forma generalizada y en todas las oficinas, se permita la presentación telemática de todos los trámites en extranjería, tanto directamente como a través de representante acreditado de forma sencilla

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Los conocidos como CIES, acrónimo de Centro de Internamiento de Extranjeros, han sido denunciados en múltiples ocasiones por las condiciones de vida dentro de los mismos, que pueden resumirse en que son mucho peores que las cárceles, a pesar de que la Ley establece claramente que no son centros penitenciarios. 

Es precisamente el no ser penitenciarios lo que construye que sean especiales de otras maneras, y la Ley establece esa especialidad en algo que al parecer el Ministerio del Interior está olvidando de forma grosera y gravosa para el derecho a la libertad, uno de las cúspides de la pirámide de los derechos fundamentales en nuestra Constitución. 

El internamiento en estos centros puede darse, y sólo puede darse, única y exclusivamente, como un medio para la ejecución de una expulsión. Ante el temor de que un extranjero que va a ser expulsado intente huir o entorpecer ilegítimamente a ejecución de la órden, la Ley concede a la Administración un auténtico privilegio, como es tener a esas personas privadas de libertad. 

Pero claro, ese privilegio tiene sus limitaciones: debe ser autorizado por un juez, por un máximo insoslayable de 60 dias, y nunca como castigo añadido a la expulsión, es decir, sólo para facilitarla y hacerla posible. 

Por tanto, se entenderá perfectamente que, si por cualquier otra circunstancia, la expulsión no va a ser posible, el internamiento debe terminar de inmediato y la persona debe ser puesta en libertad. 

La actual crisis del Covid 19 ha señalado que la primera medida adoptada por el conjunto de los países de todo el mundo es limitar la circulación de pasajeros. España, por la especial incidencia que está cobrando el virus, y Europa en general como nuevo epicentro, ha hecho que el mundo entero restrinja o impida los viajes desde nuestro territorio: las expulsiones serán imposibles durante, no sólo los próximos 15 días del estado de alarma, sino hasta que se declare superada la crisis, lo cual será con toda seguridad mucho más de los 60 días que la Ley establece como máximo. 

El estado de alarma en nuestro país no debe sólo fijar las medidas, sino que debe hacer que todos los abogados nos opongamos radicalmente, aunque sólo fuera por ese motivo, a todo dictado de internamiento. Que ningún juez autorice ningún internamiento más durante la crisis, pero que el Ministerio ordene de inmediato la puesta en libertad de todos los internos, dado que no puede garantizar de ninguna manera que ninguno de ellos finalmente vaya a ser expulsado gracias a tenerlo preso. 

Con este razonamiento, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha anunciado al Defensor del Pueblo la presentación de una queja urgente para que el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos que es la Oficina del Defensor se dirija al gobierno en apoyo de esta postura. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

A través de nuestros compañeros en Canarias hemos recibido la noticia de que en las últimas semanas, las autoridades españolas en Canarias, están recibiendo a grupos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, y sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse, o de pedir asilo, y a pesar de ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente a Mauritania, desde donde las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y anuencia de las españolas, los trasladan a Mali. 

Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los grupos afines a Al Qaeda, como Boko Haram, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la Sharia. Cuando se ha conseguido liberar alguna zona controlada por Boko Haram las atrocidades que se cuentan no tienen fin, y los objetivos preferidos de secuestro, para enrolarlos por la fuerza o para convertir a las mujeres en esclavas sexuales, son precisamente jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco. 

La Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos pactos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o indirectamente, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o sufrir daños inhumanos o degradantes. El peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante. 

Desde una lectura de la reciente Sentencia de Estrasburgo, la expulsión en caliente de estos casos no cumple las condiciones que la propia sentencia establece, pues en este caso no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el gobierno se escude en ello para justificar esta actuación. 

El gobierno debe poner fin inmediatamente a estas prácticas, implantar, tal y como le obliga el reglamento de CIES, un Servicio de Orientación Jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos, servicio que en el caso de Canarias es absolutamente imprescindible, dado que la estructura de distintos Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes. La expulsión sólo se puede practicar con intérprete y abogados a través de un expediente en que los interesados puedan defenderse y pueda ser interrumpido si solicitan asilo, solicitud que deberá ser estudiada y analizada como marcan las leyes. Nos consta por fuentes de alguna ONG que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de solicitar asilo y ésta ha sido ignorada de forma grosera por la policía, lo cual constituye una denegación de derechos muy grave. En cualquier caso, no podrá nunca expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Tras una lectura cuidadosa y en profundidad de la reciente Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, sorprendente por cuanto revierte el juicio previamente hecho por la Sala de Instancia, podemos llegar algunas conclusiones: 

La Sentencia asienta su denegación de protección a los demandantes –dos muchachos que sufrieron una devolución en caliente – sobre la base de unas condiciones o requisitos que entendemos sólo pueden ser consideradas desde una muy estricta observancia, y que constituyen sin duda el elemento más polémico de la resolución, por cuanto parte de la consideración de que esos requisitos en este caso y en aquel momento se cumplieron.  Dicho de otra manera: si se cumplen esas condiciones, las expulsiones en caliente son legales para el Tribunal, pero si no se dan esas condiciones, son ilegales. 

Esas condiciones no son otras que la existencia efectiva y real de muchas alternativas para poder acceder legalmente a un puesto español donde pedir asilo. La existencia de esas condiciones hace legal que una persona que prefiera saltar una valla en lugar de acceder por uno de estos cómodos puestos puede ser rechazado sin más al otro lado de la valla. El argumento lo que hace es trasladar la discusión no tanto a si la expulsión en caliente es legal o ilegal, sino a si las condiciones que se den para poder acceder a medios de presentación de la solicitud de asilo la puedan llegar a justificar.  

El problema, desde esa perspectiva, se centra en la consideración de que se cumplieron esos requisitos, lo cual es contraria al sentido común, a la más elemental valoración de la prueba obrante en el propio Tribunal, y sobre todo, a la realidad: 

La oficina de asilo que se abrió en Melilla en el puesto de Beni Enzar es inaccesible a los subsaharianos. Ello se ha demostrado con estadísticas del propio gobierno español donde, en momentos de fuerte presión migratoria, accedieron a ese puesto 404 sirios, pero ningún subsahariano. La constatación de que se acusa a las autoridades marroquís de impedir el acceso por identificación racial se recoge por el Tribunal, pero no puede ser de recibo que al no ser culpa (directa, al menos) de las autoridades españolas, no afecte al caso, puesto que de lo que se trata es de comprobar si es cierto o no que la oficina de Beni Enzar es inaccesible. Y lo cierto es – sea por responsabilidad de unos o de otros – lo es.  

La posibilidad de pedir asilo en embajadas españolas en el exterior no existe, al menos, desde la promulgación de la Ley de asilo de 2009. La inexistencia de un Reglamento de Desarrollo desde tal fecha está haciendo imposible la presentación de cualquier solicitud, con lo que la posibilidad es inefectiva e irreal

No es cierto, por tanto, que sean reales esos requisitos que harían legales las devoluciones en caliente, por tanto, las devoluciones en caliente siguen siendo ilegales, al menos hasta que se haga posible acceder a los subsaharianos al puesto fronterizo donde pedir asilo y se vuelva a abrir la posibilidad efectiva de que pidan asilo en las embajadas y consulados. 

La postura del Tribunal no deja de ser decepcionante, por cuanto las pruebas aportadas de que esas condiciones no se cumplen eran contundentes. Pero el motivo del rechazo no ha sido que se considerara demostrado que sí que se dan esas condiciones, sino que esas pruebas no le han persuadido o convencido de que no se dieran. La puerta a seguir reclamando contra las devoluciones en caliente sigue abierta, dado que lo cierto es que esas condiciones, hoy por hoy, son inexistentes. 

El Tribunal Constitucional no está vinculado, en su próxima Sentencia sobre la Ley Mordaza, por esta Sentencia de Estrasburgo, dado que lo que se analiza en uno u otro Tribunal es la adecuación a normas distintas: puede que Estrasburgo considere que en determinadas condiciones las expulsiones en caliente no atentan al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero está por ver si la regulación de esas expulsiones del “rechazo en frontera”, concepto, por cierto, duramente desautorizado en la Sentencia de Estrasburgo, son constitucionales. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Una vez más, para vergüenza pública, el sistema de protección de derechos de la infancia demuestra su mal funcionamiento, implicando con ello a las autoridades de educación e incluso al poder judicial.

Como otras veces hemos informado, un grupo de cien niños y niñas marroquíes residentes en Melilla se ven impedidos de ir al colegio, a lo que tienen un derecho reconocido de rango constitucional, por acogerse el Ministerio a un subterfugio que les lleva a afirmar que niños que incluso han nacido en Melilla y nunca han salido de allí no viven en esa ciudad.

La Asociación de Abogados Extranjeristas, en convenio con PRODEIN, decidió judicializar la cuestión, asumiendo la defensa de estos menores ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante lo que era una auténtica dejación de responsabilidad de la Dirección Provincial de Educación, que ni tan siquiera denegaba nada, tan sólo daba la callada por respuesta a las reclamaciones. Se acudió a los jueces, los cuales demostraron una falta de sensibilidad con la situación apabullante, denegando primero la urgencia de la situación de niños a los que no se les permite ir al colegio, y después denegando la posibilidad de obligar al Ministerio a admitirlos siquiera provisionalmente hasta la resolución del pleito.

Nos hemos visto, una vez más, a denunciar a España ante el Comité Internacional de Derechos del Niño, por esta flagrante vulneración de un derecho fundamental, y éste ha respondido con una resolución en la que se obliga a España a dar plaza inmediatamente en un colegio público de Melilla al primero de estos niños.

El precedente que se sienta debe hacer que el Ministerio del gobierno progresista se tome en serio la situación, exigimos que sea la propia Ministra Celáa quien tome cartas en el asunto y resuelva la situación de la única manera posible, que es abriendo los colegios de Melilla a estos niños, y no nos obligue a requerir del Comité cien resoluciones más que obliguen a España a resolver esta situación impresentable que ha motivado por enésima vez la intervención de un organismo internacional de vigilancia de derechos humanos contra nuestro país.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas