Acabamos de recibir la respuesta a la queja presentada el pasado 17 de marzo en la que expresábamos nuestra queja por que se mantuvieran apresados a los extranjeros que se encuentra en los CIES, lo cual se supone que es una medida de carácter medial para una expulsión que no se va a poder ejecutar en las próximas semanas, y que por tanto pierde su sentido y legalidad. 

Queremos expresar nuestra satisfacción y agradecimiento por el apoyo que, una vez más, una institución tan relevante como el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, ha dado a nuestra queja con su recomendación al gobierno de que proceda a poner en libertad a todos los internos.

Queremos llamar a la cordura al Ministerio del Interior, a demostrar que verdaderamente cree en lo que dice la Ley, y a que no utiliza los CIES como medida de intimidación contra la inmigración ilegal y como castigo añadido contra los que se atrevan a contravenir sus órdenes. La ley consagra estos centros como NO PENITENCIARIOS y eso no quiere decir sino lo que ha expresado el Defensor del Pueblo, y la consecuente obligación de liberación inmediata, que confiamos se lleve a cabo, junto con otros países europeos, lo antes posible, dado que estamos hablando de un derecho fundamental de las personas. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Como ya se ha reflejado en algún medio de comunicación, el cierre de oficinas públicas donde iniciar trámites, siempre necesarios para cualquier ciudadano, ha tenido una trascendencia especial en el ámbito de la extranjería, debido a la artificial naturaleza de derecho administrativo especial a que está sometida. 

El progresivo endurecimiento de las leyes de extranjería que vino a consagrar en 2009 que el derecho de extranjería fuera un derecho de excepción respecto al resto de la Administración. Mientras se avanzaba en el principio de confianza en el ciudadano, en ventanilla única y la administración electrónica, en extranjería se introdujo la necesidad de presentación personal e intransferible y sólo en los registros de los órganos encargados de resolver. 

El caos y las colas kilométricas que generó se terminó resolviendo sobre las espaldas del administrado, con citas previas ineludibles que pronto se revelaron con demoras que se contaban por meses, abusos administrativos varios, que construyeron un régimen de cierre arbitrario de ventanillas a total conveniencia de la Administración. Sólo en las renovaciones se abrió la puerta de la presentación telemática a partir de 2011. Aunque se siguen generando protestas justificadas y escándalos asistenciales, como las citas previas a más de un año en Madrid para poder solicitar asilo. 

Con la llegada del estado de alarma, la restricción de traslado por la calle a los ciudadanos y el cierre de ventanillas presenciales administrativas, ¿cómo queda ese régimen? De nuevo el caos y el desorden: algunas Oficinas de Extranjería han optado por aplicar la racionalidad administrativa, y por razones excepcionales han abierto la ventanilla electrónica a los propios extranjeros que tengan firma digital –una minoría –, otras permiten también a sus representantes – abogados, gestores, etc, todos con firma digital – pero otras muchas no se atreven a saltarse dos disposiciones de la Ley que obligan a la presentación personal y en la oficina, creando una sensación de generalizado descontrol, pero sobre todo, de limitación de acceso a derechos fundamentales de los extranjeros 

Antes del estado de alarma ya habíamos reivindicado incorporar la extranjería a los modos administrativos del S. XXI, pero hoy se presenta una oportunidad de oro para que la Secretaría de Estado comience a caminar esa línea, y dictar las instrucciones precisas para que, de forma generalizada y en todas las oficinas, se permita la presentación telemática de todos los trámites en extranjería, tanto directamente como a través de representante acreditado de forma sencilla

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Los conocidos como CIES, acrónimo de Centro de Internamiento de Extranjeros, han sido denunciados en múltiples ocasiones por las condiciones de vida dentro de los mismos, que pueden resumirse en que son mucho peores que las cárceles, a pesar de que la Ley establece claramente que no son centros penitenciarios. 

Es precisamente el no ser penitenciarios lo que construye que sean especiales de otras maneras, y la Ley establece esa especialidad en algo que al parecer el Ministerio del Interior está olvidando de forma grosera y gravosa para el derecho a la libertad, uno de las cúspides de la pirámide de los derechos fundamentales en nuestra Constitución. 

El internamiento en estos centros puede darse, y sólo puede darse, única y exclusivamente, como un medio para la ejecución de una expulsión. Ante el temor de que un extranjero que va a ser expulsado intente huir o entorpecer ilegítimamente a ejecución de la órden, la Ley concede a la Administración un auténtico privilegio, como es tener a esas personas privadas de libertad. 

Pero claro, ese privilegio tiene sus limitaciones: debe ser autorizado por un juez, por un máximo insoslayable de 60 dias, y nunca como castigo añadido a la expulsión, es decir, sólo para facilitarla y hacerla posible. 

Por tanto, se entenderá perfectamente que, si por cualquier otra circunstancia, la expulsión no va a ser posible, el internamiento debe terminar de inmediato y la persona debe ser puesta en libertad. 

La actual crisis del Covid 19 ha señalado que la primera medida adoptada por el conjunto de los países de todo el mundo es limitar la circulación de pasajeros. España, por la especial incidencia que está cobrando el virus, y Europa en general como nuevo epicentro, ha hecho que el mundo entero restrinja o impida los viajes desde nuestro territorio: las expulsiones serán imposibles durante, no sólo los próximos 15 días del estado de alarma, sino hasta que se declare superada la crisis, lo cual será con toda seguridad mucho más de los 60 días que la Ley establece como máximo. 

El estado de alarma en nuestro país no debe sólo fijar las medidas, sino que debe hacer que todos los abogados nos opongamos radicalmente, aunque sólo fuera por ese motivo, a todo dictado de internamiento. Que ningún juez autorice ningún internamiento más durante la crisis, pero que el Ministerio ordene de inmediato la puesta en libertad de todos los internos, dado que no puede garantizar de ninguna manera que ninguno de ellos finalmente vaya a ser expulsado gracias a tenerlo preso. 

Con este razonamiento, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha anunciado al Defensor del Pueblo la presentación de una queja urgente para que el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos que es la Oficina del Defensor se dirija al gobierno en apoyo de esta postura. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

A través de nuestros compañeros en Canarias hemos recibido la noticia de que en las últimas semanas, las autoridades españolas en Canarias, están recibiendo a grupos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, y sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse, o de pedir asilo, y a pesar de ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente a Mauritania, desde donde las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y anuencia de las españolas, los trasladan a Mali. 

Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los grupos afines a Al Qaeda, como Boko Haram, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la Sharia. Cuando se ha conseguido liberar alguna zona controlada por Boko Haram las atrocidades que se cuentan no tienen fin, y los objetivos preferidos de secuestro, para enrolarlos por la fuerza o para convertir a las mujeres en esclavas sexuales, son precisamente jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco. 

La Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos pactos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o indirectamente, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o sufrir daños inhumanos o degradantes. El peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante. 

Desde una lectura de la reciente Sentencia de Estrasburgo, la expulsión en caliente de estos casos no cumple las condiciones que la propia sentencia establece, pues en este caso no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el gobierno se escude en ello para justificar esta actuación. 

El gobierno debe poner fin inmediatamente a estas prácticas, implantar, tal y como le obliga el reglamento de CIES, un Servicio de Orientación Jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos, servicio que en el caso de Canarias es absolutamente imprescindible, dado que la estructura de distintos Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes. La expulsión sólo se puede practicar con intérprete y abogados a través de un expediente en que los interesados puedan defenderse y pueda ser interrumpido si solicitan asilo, solicitud que deberá ser estudiada y analizada como marcan las leyes. Nos consta por fuentes de alguna ONG que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de solicitar asilo y ésta ha sido ignorada de forma grosera por la policía, lo cual constituye una denegación de derechos muy grave. En cualquier caso, no podrá nunca expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Tras una lectura cuidadosa y en profundidad de la reciente Sentencia del Tribunal de Estrasburgo, sorprendente por cuanto revierte el juicio previamente hecho por la Sala de Instancia, podemos llegar algunas conclusiones: 

La Sentencia asienta su denegación de protección a los demandantes –dos muchachos que sufrieron una devolución en caliente – sobre la base de unas condiciones o requisitos que entendemos sólo pueden ser consideradas desde una muy estricta observancia, y que constituyen sin duda el elemento más polémico de la resolución, por cuanto parte de la consideración de que esos requisitos en este caso y en aquel momento se cumplieron.  Dicho de otra manera: si se cumplen esas condiciones, las expulsiones en caliente son legales para el Tribunal, pero si no se dan esas condiciones, son ilegales. 

Esas condiciones no son otras que la existencia efectiva y real de muchas alternativas para poder acceder legalmente a un puesto español donde pedir asilo. La existencia de esas condiciones hace legal que una persona que prefiera saltar una valla en lugar de acceder por uno de estos cómodos puestos puede ser rechazado sin más al otro lado de la valla. El argumento lo que hace es trasladar la discusión no tanto a si la expulsión en caliente es legal o ilegal, sino a si las condiciones que se den para poder acceder a medios de presentación de la solicitud de asilo la puedan llegar a justificar.  

El problema, desde esa perspectiva, se centra en la consideración de que se cumplieron esos requisitos, lo cual es contraria al sentido común, a la más elemental valoración de la prueba obrante en el propio Tribunal, y sobre todo, a la realidad: 

La oficina de asilo que se abrió en Melilla en el puesto de Beni Enzar es inaccesible a los subsaharianos. Ello se ha demostrado con estadísticas del propio gobierno español donde, en momentos de fuerte presión migratoria, accedieron a ese puesto 404 sirios, pero ningún subsahariano. La constatación de que se acusa a las autoridades marroquís de impedir el acceso por identificación racial se recoge por el Tribunal, pero no puede ser de recibo que al no ser culpa (directa, al menos) de las autoridades españolas, no afecte al caso, puesto que de lo que se trata es de comprobar si es cierto o no que la oficina de Beni Enzar es inaccesible. Y lo cierto es – sea por responsabilidad de unos o de otros – lo es.  

La posibilidad de pedir asilo en embajadas españolas en el exterior no existe, al menos, desde la promulgación de la Ley de asilo de 2009. La inexistencia de un Reglamento de Desarrollo desde tal fecha está haciendo imposible la presentación de cualquier solicitud, con lo que la posibilidad es inefectiva e irreal

No es cierto, por tanto, que sean reales esos requisitos que harían legales las devoluciones en caliente, por tanto, las devoluciones en caliente siguen siendo ilegales, al menos hasta que se haga posible acceder a los subsaharianos al puesto fronterizo donde pedir asilo y se vuelva a abrir la posibilidad efectiva de que pidan asilo en las embajadas y consulados. 

La postura del Tribunal no deja de ser decepcionante, por cuanto las pruebas aportadas de que esas condiciones no se cumplen eran contundentes. Pero el motivo del rechazo no ha sido que se considerara demostrado que sí que se dan esas condiciones, sino que esas pruebas no le han persuadido o convencido de que no se dieran. La puerta a seguir reclamando contra las devoluciones en caliente sigue abierta, dado que lo cierto es que esas condiciones, hoy por hoy, son inexistentes. 

El Tribunal Constitucional no está vinculado, en su próxima Sentencia sobre la Ley Mordaza, por esta Sentencia de Estrasburgo, dado que lo que se analiza en uno u otro Tribunal es la adecuación a normas distintas: puede que Estrasburgo considere que en determinadas condiciones las expulsiones en caliente no atentan al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero está por ver si la regulación de esas expulsiones del “rechazo en frontera”, concepto, por cierto, duramente desautorizado en la Sentencia de Estrasburgo, son constitucionales. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Una vez más, para vergüenza pública, el sistema de protección de derechos de la infancia demuestra su mal funcionamiento, implicando con ello a las autoridades de educación e incluso al poder judicial.

Como otras veces hemos informado, un grupo de cien niños y niñas marroquíes residentes en Melilla se ven impedidos de ir al colegio, a lo que tienen un derecho reconocido de rango constitucional, por acogerse el Ministerio a un subterfugio que les lleva a afirmar que niños que incluso han nacido en Melilla y nunca han salido de allí no viven en esa ciudad.

La Asociación de Abogados Extranjeristas, en convenio con PRODEIN, decidió judicializar la cuestión, asumiendo la defensa de estos menores ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante lo que era una auténtica dejación de responsabilidad de la Dirección Provincial de Educación, que ni tan siquiera denegaba nada, tan sólo daba la callada por respuesta a las reclamaciones. Se acudió a los jueces, los cuales demostraron una falta de sensibilidad con la situación apabullante, denegando primero la urgencia de la situación de niños a los que no se les permite ir al colegio, y después denegando la posibilidad de obligar al Ministerio a admitirlos siquiera provisionalmente hasta la resolución del pleito.

Nos hemos visto, una vez más, a denunciar a España ante el Comité Internacional de Derechos del Niño, por esta flagrante vulneración de un derecho fundamental, y éste ha respondido con una resolución en la que se obliga a España a dar plaza inmediatamente en un colegio público de Melilla al primero de estos niños.

El precedente que se sienta debe hacer que el Ministerio del gobierno progresista se tome en serio la situación, exigimos que sea la propia Ministra Celáa quien tome cartas en el asunto y resuelva la situación de la única manera posible, que es abriendo los colegios de Melilla a estos niños, y no nos obligue a requerir del Comité cien resoluciones más que obliguen a España a resolver esta situación impresentable que ha motivado por enésima vez la intervención de un organismo internacional de vigilancia de derechos humanos contra nuestro país.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

El 16 de enero de 2017 se inició en Facebook un “debate” en una red llamada “opinión popular de Melilla” en el que se iniciaron toda una serie larga de expresiones que, en palabras del Juez y del Código Penal, se deben interpretar como que “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupo, (…) por razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, (…), situación familiar, la pertenencia de sus miembros, a una etnia, raza o nación, su origen nacional, (…)”, es decir, incardinables en el artículo 510 del Código Penal, que prevé los delitos de incitación al odio.

Expresiones tales como “Tenemos q hacer limpieza en las calles con nuestros propios medios”, “ya sabemos que son cucarachas”, “si lo pillais no llameis a la policía una carias y listo”, “es cogerlo y a palos con ellos”, “están por todos los rincones como ratas, si, he dicho RATAS”, “después estan los defensores del pueblo o pobrecitos pobrecitos ni q mierda estoy hasta el coño señor@ssss no hay derecho a esto o salimos a dar palo nosotr@s o no vamos a arreglar (…) q se vayan a su puto pais a pasar hambre mana de cabrones», “En vez de dejarlos al otro lado de la vaya hay que tirarlos”, “solo nos queda tomar la justicia con nuestras manos”, “si voy en coche atropello al que sea, y como alguno se me acerque estando por la calle llevo encima un palo o lo que sea y se caga”, “Eso se solucionaba dando un día de ciudad sin ley.”, “darles una buena paliza a hostias limpias y luego se llama a la policía para que se los lleven, si lo haces al contrario encima se rien de ti”, “Nunca llames a la Policia después de darle una paliza, lo dejas por culakier sitio k es lo que se merecen esta gentuza”, y vertidas en la mencionada red social, son consideradas por el Juzgado como incardinables en el delito de incitación al odio.

En nuestro país, a pesar de la promulgación en la reforma del Código Penal en 2015 a partir de obligaciones internacionales, los tribunales están siendo parcos a la hora de iniciar procesos por este delito, dado que existe un conflicto evidente con el derecho a la libertad de expresión, conflicto, sin embargo, que ha sido resuelto por la jurisprudencia, como bien se argumenta en el auto del Juzgado.

El auto tiene una muy especial importancia y trascendencia, dado que el mismo hace referencia a expresiones en redes sociales en los que la gente pensaba que podía actuar con toda impunidad, es además en Melilla, una plaza especialmente sensible en este terreno, y la iniciativa de la denuncia ha partido de la Guardia Civil, lo cual demuestra un buen funcionamiento de esta institución en ese terreno.

Esperamos que cunda el ejemplo, y que otras muchas expresiones de odio que se leen de forma casi cotidiana en redes sean filtradas y perseguidas como corresponde.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

La Asociación de Abogados Extranjeristas, dentro de la campaña que está desarrollando con Prodein para defender el derecho a que se conceda plaza escolar a más de 100 niños (la cifra va creciendo desde los 62 inicialmente detectados) que siendo residentes efectivos en Melilla, se les deniega la escolarización a que tienen derecho con diversas excusas, presentó, entre otras actuaciones que tienen la intención de llevar ante los jueces tamaño incumplimiento de un derecho fundamental, también una denuncia contra España ante la Comisión Europea por incumplimiento de las Directivas y resto de la normativa europea, que ha sido recibida y admitida a trámite por la Dirección General de Migraciones y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. 

En efecto, el artículo 14 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece el derecho de toda persona a “la educación (…) que “incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria”. Pero además, en el caso concreto que se trata, al ser el menor hijo de un residente de Larga Duración, se incumple la Directiva 2003/109/CEde residentes de larga duración y la  2003/86/CE. Se establece por tanto la obligación de los estados miembros de escolarizar a todos los menores que vivan en su territorio, mediante la asignación de plazas en colegios públicos o concertados donde se les garantice el acceso a una educación reglada, sin que para ello sea exigible ningún tipo de requisito administrativo que no tenga que ver con la presencia del menor, dado que su necesidad y derecho a la educación se da por sentado. 

Las autoridades melillenses, en unos procedimientos que están resultando enormemente farragosos, por cuanto no se hace más que pedir más documentación de la que ni tan siquiera se facilita un ejemplo, para acreditar una residencia efectiva del menor en Melila que por otra parte resulta patente, denotan una actitud de la que sólo cabe deducir un ánimo de ocultación de las razones reales por las que se deniega a estos niños su necesaria escolarización. 

Las autoridades europeas, con la admisión de esta denuncia, comenzarán una investigación que comprobará que verdaderamente la administración no está cumpliendo con sus obligaciones de escolarizar a estos menores, y puede llegar a sancionar a España por incumplimiento de los tratados en su territorio. 

La Asociación de Extranjeristas, en su convenio con PRODEIN, no cejará hasta conseguir que todo este grupo de niños sea debidamente escolarizado, y sólo podemos expresar nuestra consternación e indignación ante la actitud de nula colaboración y exigencias burocráticas irracionales que está desplegando la Administración. 

Cabe recordar que la Asociación de Abogados Extranjeristas está realizando este trabajo de manera voluntaria y desinteresadamente, esto es, sin recibir ninguna remuneración por su trabajo. Pero para llevar el proceso de reclamación contra la Administración que niega el derecho fundamental a la educación a todos estos niños y niñas necesita poder sufragar algunos gastos tal como es el propio desplazamiento de estos profesionales a Melilla. Para ello se ha abierto una campaña de crowdfunding, la cual puede consultarse en migranodearena.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

El convenio firmado el pasado sábado 26 de octubre entre José Palazón, presidente de la Asociación para la Promoción de la infancia en Melilla y la Asociación de Abogados Extranjeristas no ha tardado en dar sus primeros frutos para la defensa de los derechos de los inmigrantes. 

De esta manera, las actuaciones de la Asociación en seguimiento de las denuncias de PRODEIN han permitido elaborar una lista de 67 niños a los que no sólo se les está impidiendo la escolarización con la excusa de que no están empadronados, sino que nos consta que se les está impidiendo empadronarse precisamente para no permitirles escolarizarse, en un juego macabro de abuso institucional sobre estos menores. 

Con estos casos, la Asociación de Abogados tiene previsto emprender de inmediato una campaña de presentación de recursos contencioso-administrativos para conseguir que los jueces condenen al Ministerio de Educación a conceder plaza a estos niños, que acreditan su residencia efectiva en Melilla, donde incluso muchos de ellos han nacido. 

La investigación emprendida ha hecho que salgan a la luz algunas de las malas prácticas de la Administración en la plaza, como los abusos de funcionarios del padrón, que se niegan a recoger las solicitudes de alta que se les presentan, con excusas impresentables e ilegales. Estas actuaciones han sido documentadas en alguna grabación de audio donde se escucha al funcionario negar el empadronamiento por no tener visado, requisito radicalmente innecesario para el alta en el padrón. 

Más aun, y fruto de las actuaciones de PRODEIN, el Defensor del Pueblo ha dictado una sugerencia y recomendación a las autoridades de Melilla para que cese el entorpecimiento del padrón a personas inmigrantes por motivos distintos a la mera realidad de residencia efectiva. Desde la Asociación, ante la constatación de que la legalidad se está vulnerando en Melilla y con la claridad de la recomendación del Defensor, está estudiando distintas vías para exigir responsabilidades disciplinarias o penales a los funcionarios implicados, y cuya única motivación no puede ser otra que la discriminatoria.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

Ya al poco de alcanzar la Junta de Andalucía el PP y CS, como cesión hecha al acuerdo con VOX para conseguir el apoyo de esta formación política, se anunció en su día una comunicación entre los servicios de la Junta y la Policía Nacional para facilitar las expulsiones de extranjeros en situación irregular. Ya entonces (véase nota de prensa de la Asociación de 9/01/2019) advertimos de la radical ilegalidad de esas propuestas.

Recientemente, y con motivo del acuerdo para el apoyo de VOX a los presupuestos, se ha publicado un alambicado texto de compromiso en esa misma línea de facilitar a la policía y guardia civil los datos que la Junta posee y que ha obtenido con finalidades de asistencia sanitaria, servicios sociales, educativos, etc. De esa manera SE DA LA IMAGEN de una auténtica persecución al extranjero en situación irregular.  

Nos sumamos al comunicado que todo un elenco de entidades andaluzas de apoyo a los inmigrantes sacó a la luz apenas conocerse la noticia, y que recoge básicamente la misma fundamentación jurídica que en su día publicamos. 

Dado que el compromiso es firme, y pese a su redacción pretendidamente confusa y retorcida, no podemos ver en ello sino la intención de ocultar una actuación que en caso de que se llegara a producir sería radicalmente ilegal e ilícita, y de ahí que nos planteemos no ya la intencionalidad manifiesta, sino la oculta, no menos escalofriante. 

La intencionalidad manifestada, si llegara a producirse, daría lugar a una cadena de prevaricaciones que no sólo se traduciría en un escándalo, sino que además podemos afirmar que redundaría en un absoluto fracaso, de una ineficacia absoluta. Los impedimentos que la Ley Orgánica de protección de datos, sus principios y base constitucional, la Directiva europea, etc, etc, etc,  hacen que ningún agente de policía en sus cabales, si es que quiere mantener su puesto de funcionario, se atrevería a iniciar un proceso a sabiendas de que la fuente del mismo es ilegal, cosa de la que nunca podría invocar ignorancia, y que a buen seguro sería denunciada por el abogado en el marco del expediente. Pero además, la doctrina de los frutos del árbol prohibido haría que dicho expediente fuera nulo de pleno derecho, y por tanto ineficaz. 

Por tanto, no nos resulta creíble que, ni para engañar a VOX en sus intenciones, ni para que VOX pueda engañar a sus votantes afirmando haber conseguido algo que no consigue, el acuerdo tenga la finalidad que se declara. 

Otra distinta es la intención de semejantes textos, y la misma es de una irresponsabilidad palmaria: lo que se pretende es meter miedo entre el colectivo inmigrante, redundar en el clima de persecución, profundizar el aislamiento y el rechazo de unos seres humanos sobre los que se dirige así un odio irracional. El fundamento de dichos acuerdos públicos es que algunos inmigrantes tengan miedo a acudir al médico, a llevar a sus hijos al colegio, a visitar los servicios sociales, a defenderse de los abusos de que sean víctimas por desaprensivos, y un largo etcétera de servicios que son competencia de las comunidades autónomas. Ya con la ley que sufrimos es temible y poco aconsejable acudir a la policía cuando se ha sido víctima de un delito, y tantos así quedan sin denunciar. El efecto que se busca es que se aíslen de unos servicios públicos a los que también contribuyen con sus impuestos y esfuerzo. 

El acuerdo, por tanto, no sólo es radicalmente contrario a la legalidad, sino a un mínimo de ética y humanidad. Por esa razón, la Asociación de Abogados Extranjeristas se dispone a cursar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos para que inicie la oportuna investigación. Y asimismo, hacemos un llamamiento a la fiscalía para que esté vigilante, dado que desde luego la Asociación a la que representamos lo estará, y en caso de que se llegara a producir semejante atropello, procederíamos por vía penal contra los delitos que se estarían cometiendo de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.