Durante la presente campaña electoral, la Asociación de Abogados Extranjeristas, en la persona de su Presidente Felipe Garoña, ha dirigido una tabla reivindicativa a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, de la que hemos destacado otros aspectos en notas anteriores, tales como la política de menores extranjeros o la necesidad de un estatuto del extranjero familiar de español. 

Además de ello, queremos destacar algunos otros aspectos de relevancia de esa carta reivindicativa, que denotan la gravedad de la situación general de la extranjería en España: 

1.- Se hace necesaria una solución a la bolsa de inmigrantes irregulares que no sea la vía represiva, absolutamente inviable. Medidas necesarias serían: 

.- Una regularización extraordinaria, sobre todo para los extranjeros que habiendo conseguido sus papeles, los han perdido por causa de la crisis. 

.- Una flexibilización de la vía del arraigo social y laboral que permita incorporar a la legalidad a los llegados durante los últimos años. 

2.- La normalización del Derecho de Extranjería.
El derecho de extranjería se ha ido construyendo como un derecho de excepción, que además se va quedando obsoleto frente a con las nuevas fórmulas de Administración telemática y sin papel. La exigencia de presentación personal sólo ante determinados registros, fruto de una desconfianza excesiva, una rémora arcaica que sólo contribuye a hacer más largos y costosos los trámites, aumentar la conflictividad asociada, la burocratización y los indeseables márgenes de arbitrariedad administrativa. 

3.- Reformas necesarias del derecho sancionador, entre las que debe priorizarse la Prohibición radical de las identificaciones por perfil étnico, apoyada por las necesarias normas que hagan esa prohibición efectiva. La constante actuación policial en ese sentido contribuye de manera intolerable a la criminalización del colectivo inmigrante, supone una vulneración flagrante de los Derechos Humanos e impide la integración social. 

Estos tres puntos, junto con los destacados anteriormente, forman parte de una tabla reivindicativa que esperamos nos permita iniciar un diálogo con el nuevo gobierno que salga de las urnas, para facilitar la vida y derechos de un colectivo importante que vive entre nosotros y favorecer la paz social y economía de nuestro país. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Hoy mismo ha aparecido en prensa la noticia de que el gobierno pretende reactivar un plan de repatriación de los llamados Menores extranjeros no acompañados, e incluidos en el acrónimo MENA, una forma de despersonalizar el problema. No nos cansaremos de repetir que los llamados MENAS son, de conformidad a las obligaciones internacionales asumidas por España y a nuestra propia legislación interna, MENORES, que por su situación de desamparo deben ser acogidos y tutelados por una Administración autonómica. No existen legalmente menores extranjeros o nacionales, sólo menores, y sólo su interés superior, por encima de cualquier otro interés administrativo como control de fronteras o política de inmigración.-

La experiencia desde la que partimos, y que se ha aprendido durante muchos años de pelea y  desde otros intentos de reactivar el acuerdo con Marruecos, se puede resumir en los siguientes puntos:

1.- Que la Administración autonómica sea la tutora legal no garantiza de ninguna manera que ésta vaya a defender los intereses del menor. Antes al contrario, se ha podido comprobar en muchas ocasiones la descarada complicidad de ambas administraciones implicadas: inmigración y comunidad autónoma, en conseguir por encima de todo la expulsión del menor.

2.- La intervención de la fiscalía no es sino una muestra más de esa complicidad de las administraciones que sitúan, contra la ley, en último lugar, el interés superior del menor. Cierto que especialmente vergonzosa, por cuanto la claridad de la Ley en la determinación de su labor en la protección de los menores es más clara aún, pero no menos constatada.

3.- La única garantía que ha demostrado su eficacia, independencia, y validez en la representación del interés superior de los menores y con ello en la defensa de sus derechos y la Ley ha sido y es la designación de un abogado especialista en extranjería independiente, sea del turno de oficio, sea de ONGs dedicadas a esta labor. La función de este abogado es entrevistarse con ese menor y preguntarle si quiere o no ser deportado, y si dice que no quiere – que es lo más normal en personas que se han jugado la vida para llegar a donde están – oponerse con todas sus fuerzas y ante todas las instancias posibles que no se le expulse ni se le deporte.

4.- Sólo hace unos días la Asociación de Abogados Extranjeristas reclamaba una solución amplia y general al problema de estos menores que incluía facilitar su integración más allá del cumplimiento de la mayoría de edad y otras medidas. Parece que a tal reclamación el gobierno ha respondido de la peor manera posible, apartándose radicalmente de nuestras justas reclamaciones.

Nos ampara la Constitución, los Convenios Internacionales firmados por España, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, firmado en 1989, y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. España está bajo la vigilancia del Comité Internacional de la ONU de protección de los menores que ha dictado varios dictámenes vinculantes a los que no sólo no se está haciendo caso, sino que se implementan iniciativas como ésta.

Sólo nos queda expresar nuestra más enérgica repulsa y oposición a estas medidas, de las que no nos creemos – desde pasadas y largas experiencias — que vayan a desarrollarse respetando los derechos de los menores.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas