Esta mañana toda Europa se despierta con una noticia escalofriante que sin embargo los medios están tratando ya como una cuestión menor, y de la que no podemos sino denunciar las enormes responsabilidades que nuestros gobernantes están asumiendo:

22 muertos debido a la tardanza en rescatar a los náufragos de una patera.

22 muertos consecuencia de la modificación de las políticas de dotación a salvamento marítimo.

22 muertos que se habrían evitado si se hubiera mantenido una dotación y cobertura adecuada, en lugar de reducirla sensiblemente.

22 muertos que son seres humanos, unos inmigrantes irregulares, otros refugiados de guerras y catástrofes, pero todos seres humanos.

22 muertos que deben pesar como una losa sobre la conciencia del Ministro de Fomento, D. José Luis Avalos, responsable principal de la reducción de competencias y dotaciones a salvamento marítimo acometida durante los últimos meses.

22 muertos que deberían pesar como una losa sobre la conciencia de los gobernantes europeos que no permiten que se desarrollen políticas más abiertas de inmigración regular y obligan a las personas a esta única vía.

22 muertos que deberían pesar como una losa sobre la conciencia de los gobernantes que no permiten el asilo en origen.

22 hombres, mujeres y seguramente niños y niñas que ven truncadas sus vidas por la cerrazón y el egoísmo de una Europa que se construye tras sus muros y que se pudre de ideologías populistas, racistas y xenófobas a las que sin embargo nadie llama por su nombre.

22 ahogados que no se pueden olvidar ni a los que no podemos acostumbrarnos, por mucho que la cifra, con distintos dígitos, se repita como una letanía un día, y otro, y otro.

Como abogados, como abogados Extranjeristas, y como seres humanos, sólo podemos alzar nuestra voz y apelar a las conciencias. Las leyes, como las palabras, ante estas tragedias, no sirven.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas.

De nuevo, y sólo unos pocos días después de otra resolución que apesta a xenofobia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nos vuelve a sorprender con una nueva sentencia en la que, no ya se comete un claro acto de discriminación contra un matrimonio de extranjeros por el hecho de serlo, sino contra dos españoles, por el hecho de haber sido extranjeros en el pasado. De nuevo tenemos un voto particular que aprecia con corrección y de forma más favorable a los derechos de las personas, lo que denota que era perfectamente posible haber adoptado una perspectiva mejor desde ese punto de vista.  En este voto particular, el hecho de que los solicitantes sean españoles se reseña como un hecho añadido, que para nosotros constituye ya una nota de escándalo en el sentido de la resolución.

No obstante, la trascendencia que tiene la Sentencia va más allá, y puede constituir un auténtico torpedo bajo la línea de flotación de nuestro sistema social, por cuanto excluye de las pensiones de jubilación no contributivas a todos aquellos extranjeros que alcancen la edad sin haber estado los diez años inmediatamente anteriores con permiso de residencia en España.

Llama la atención la incongruencia obsesiva del Alto Tribunal que le hace situarse sobre el propio sentido de la norma, que le vincula en su interpretación. ¿Qué sentido tienen las pensiones no contributivas de jubilación? Evidentemente son un mínimo por el que la sociedad no puede permitir que personas mayores, sea cual sea su condición, nacionalidad, origen, etc, queden en situación de absoluto desamparo a la puerta de nuestras casas y en nuestros vecindarios. Ya es una limitación del sistema, prevista para evitar abusos, que se exija una residencia durante los diez años anteriores, pero nada tiene que ver en ello si esa residencia cumplía o no otros requisitos administrativos que los estrictamente previstos en la norma de contexto. Parece que el artículo 3.1 del Código Civil se aplica según conveniencia, y desde luego el artículo 3.2 se olvida groseramente cuando se trata de extranjeros.

La situación social que se va a crear será muy grave: una discriminación intolerable entre ancianos que recibirán una ayuda social, siempre escasa, frente a otros que no recibirán nada, y se verán abocados al hambre en nuestras ciudades, sólo porque son o fueron extranjeros, aunque lleven viviendo entre nosotros algunos mucho más tiempo que ese exigido de los diez años.

La falta de sensibilidad social exhibida – reiteradamente en pocos días – por la Sala que recibe precisamente el nombre “de lo Social” de nuestro alto Tribunal extiende a esa jurisdicción las sospechas de falta de parcialidad que hasta ahora se dirigían de otras salas, de inclinación en sus sentencias a favorecer al Estado frente a las personas, no sólo demuestra el alejamiento – con tacha de ideológico – de los criterios preceptivos marcados para la interpretación de las leyes por el Tribunal Constitucional, sino la completa ignorancia de la realidad social de quienes más deberían velar por su equilibrio.

 

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas

La Asociación de Abogados Extranjeristas lamenta profundamente la reciente Sentencia del pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que conduce a una situación difícilmente explicable, cuando no directamente absurda.

El caso es que el Decreto 240/2007 que regula los derechos de los ciudadanos de la Unión en España y sus familiares, desde una restricción sufrida el 2012 exige, como le permite la Directiva 2004/38/CE que los familiares tengan medios para no ser una carga excesiva para la asistencia social del país de acogida, como requisito para obtener una tarjeta de residencia, que no para ser considerados miembros de pleno derecho del estatus jurídico de ciudadano de la Unión. Ello ha conducido ya a situaciones rocambolescas derivadas de resoluciones de la Sala de lo Contencioso, como que a familiares de españoles se les exijan medios para no ser considerados una carga para los servicios sociales de España, considerando España país de acogida de españoles, como si se trataran de familiares de otro ciudadano de un país de la Unión. Y ello, insistimos, sólo para conceder una tarjeta que les haga más fácil la vida, puesto que el estatuto de familiares lo tienen.

En una nueva vuelta de tuerca, y tras vericuetos jurídicos que evitan la evidencia de que el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio de sanidad universal esposterior y de superior rango al Decreto de 2007, se dice ahora que estos familiares de españoles NO TIENEN DERECHO A LA SANIDAD UNIVERSAL, porque para obtener la tarjeta se supone que debieron acreditar que tenían medios privados para no acudir a la misma.

La situación es tan absurda que lo que hace el Tribunal Supremo es tratar con peor derecho a quienes han cumplido la ley, obteniendo la tarjeta a la que tienen obligación administrativa, que aquellos que o bien ni la hayan pedido, o bien se les haya denegado por no tener un seguro privado u otros medios.

Los abogados nos vamos a tener que plantear lo insólito que resultará que en algunos casos, para poder obtener el reconocimiento al derecho a la sanidad deberán renunciar a su tarjeta de residencia o plantearnos el no pedirla, con los serios perjuicios que ello supone para estas personas, que quedan expuestas a una falta presunción de ilegalidad.

La solución a este cúmulo de despropósitos pasa únicamente por una reforma del Decreto 240/2007 que regrese a los términos previos a la dura restricción que supuso la reforma del mismo en 2012 al mismo tiempo que las restricciones a la sanidad universal, que el gobierno Rajoy y su ministra Mato presentaron falsamente como una restricción del turismo sanitario, y sólo ha ocasionado este tipo de perjuicios.

Al final, la xenofobia rampante de nuestros Tribunales supone que se ignora groseramente la norma establecida por la Jurisprudencia Constitucional de que si una norma tiene varias interpretaciones se DEBE optar por la más favorable a los derechos fundamentales. Algunos utilizan su cargo de poder para una interpretación de la ley que pueda causar el mayor daño posible al ciudadano o ciudadana al que le es de aplicación dicha ley, pese a que por ser extranjero tiene una posición más vulnerable, renunciando a la obligación de protegerle frente a los desafueros de los otros poderes públicos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Como suele decirse, “la cosa viene de lejos”, y ese lejos es el año 2006 en que la primera reforma del Reglamento de Extranjería hecha por Consuelo Rumí, flamante nueva Secretaria de Estado, que ahora se encuentra repitiendo puesto, hacía desaparecer la fórmula de la exención de visado para los padres extranjeros de menores españoles.

Se trata de niños que, bien por ser nacidos en España, bien porque uno de sus padres sea español, o por alguna otra circunstancia, son españoles de pleno derecho, pero se encontraban con que sus padres no podían cuidar de ellos porque se encuentran en situación irregular y amenazados de expulsión. La norma anterior daba un cauce rápido y sencillo para regularizar su situación, en atención a sus obligaciones con ese menor, pero en aquella reforma, sorprendentemente, les debió parecer que tener un hijo era una vía demasiado fácil de conseguir papeles, y se suprimió. Ello nos daba como resultado padres y madres desesperados por sostener a sus hijos y a los que la Administración no sólo no ayudaba sino que amenazaba. Incluso ha habido casos de expulsiones de padres y madres a los que han separado de sus hijos, o han obligado al hijo español a irse con ellos.

A partir de ahí la pelea en los Tribunales fue tal que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, que en 2012 dictaba la llamada Sentencia Ruiz Zambrano, que consagraba que era un derecho esencial a la ciudadanía de la Unión de un menor el tener consigo a sus padres residiendo legalmente con él en su país, y obligaba a darles permiso de residencia.

Ello provocó que la última reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, operada en 2011 creara la figura del arraigo familiar para solucionar estos problemas, y en su artículo 124.3 concedía permisos por un año a esos padres y madres.

La sorpresa llegó justo al año, cuando tocó renovar o prorrogar esos permisos, siendo que la situación de base de ser niños españoles de padres extranjeros con derecho a tenerlos legalmente consigo no había cambiado. Una interpretación ultrarrestrictiva y que, en palabras del Tribunal Supremo, “supone una palmaria infracción de la protección jurídica que al menor dispensa nuestro ordenamiento jurídico”, consideró que no cabía la prórroga de esos permisos y que para renovarlos era necesario cumplir unos requisitos de empleo y cotización que en muchos casos, y más teniendo que cuidar de niños pequeños, eran claramente leoninas.

De nuevo hubo que elevar la pelea a los Tribunales, y sólo tras siete años de resoluciones absolutamente absurdas por parte de la Administración, de sentencias en todos los sentidos por parte de los Tribunales (la Sentencia del TS critica duramente la propia redacción del artículo del Reglamento) se ha alcanzado una solución lógica y acorde a los derechos de las personas.

La dureza de la expresión del Tribunal Supremo (“palmaria infracción”) en su crítica al Gobierno –dirigido hoy en día en este aspecto, insistimos, por la misma persona que generó el problema – y a los Tribunales que le han avalado en esta línea de interpretación (el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero también el de Andalucia, Galicia y Baleares) no puede pasar desapercibida: los intereses del derecho de extranjeria, y más cuando se hacen absolutamente inútiles e incomprensibles como en este caso, no pueden ponerse por encima de los derechos de colectivos especialmente vulnerables, como es en este caso los menores, pero como hemos visto recientemente, las víctimas de delito, los solicitantes de asilo, los náufragos, y un largo etcétera.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Durante la presente campaña electoral, la Asociación de Abogados Extranjeristas, en la persona de su Presidente Felipe Garoña, ha dirigido una tabla reivindicativa a los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, de la que hemos destacado otros aspectos en notas anteriores, tales como la política de menores extranjeros o la necesidad de un estatuto del extranjero familiar de español. 

Además de ello, queremos destacar algunos otros aspectos de relevancia de esa carta reivindicativa, que denotan la gravedad de la situación general de la extranjería en España: 

  1. Se hace necesaria una solución a la bolsa de inmigrantes irregulares que no sea la vía represiva, absolutamente inviable. Medidas necesarias serían: 
    • Una regularización extraordinaria, sobre todo para los extranjeros que habiendo conseguido sus papeles, los han perdido por causa de la crisis.
    • Una flexibilización de la vía del arraigo social y laboral que permita incorporar a la legalidad a los llegados durante los últimos años.
  2. La normalización del Derecho de Extranjería. El derecho de extranjería se ha ido construyendo como un derecho de excepción, que además se va quedando obsoleto frente a con las nuevas fórmulas de Administración telemática y sin papel. La exigencia de presentación personal sólo ante determinados registros, fruto de una desconfianza excesiva, una rémora arcaica que sólo contribuye a hacer más largos y costosos los trámites, aumentar la conflictividad asociada, la burocratización y los indeseables márgenes de arbitrariedad administrativa.
  3. Reformas necesarias del derecho sancionador, entre las que debe priorizarse la Prohibición radical de las identificaciones por perfil étnico, apoyada por las necesarias normas que hagan esa prohibición efectiva. La constante actuación policial en ese sentido contribuye de manera intolerable a la criminalización del colectivo inmigrante, supone una vulneración flagrante de los Derechos Humanos e impide la integración social.

Estos tres puntos, junto con los destacados anteriormente, forman parte de una tabla reivindicativa que esperamos nos permita iniciar un diálogo con el nuevo gobierno que salga de las urnas, para facilitar la vida y derechos de un colectivo importante que vive entre nosotros y favorecer la paz social y economía de nuestro país. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas

Hoy mismo ha aparecido en prensa la noticia de que el gobierno pretende reactivar un plan de repatriación de los llamados Menores extranjeros no acompañados, e incluidos en el acrónimo MENA, una forma de despersonalizar el problema. No nos cansaremos de repetir que los llamados MENAs son, de conformidad a las obligaciones internacionales asumidas por España y a nuestra propia legislación interna, MENORES, que por su situación de desamparo deben ser acogidos y tutelados por una Administración autonómica. No existen legalmente menores extranjeros o nacionales, sólo menores, y sólo su interés superior, por encima de cualquier otro interés administrativo como control de fronteras o política de inmigración.-

La experiencia desde la que partimos, y que se ha aprendido durante muchos años de pelea y  desde otros intentos de reactivar el acuerdo con Marruecos, se puede resumir en los siguientes puntos:

  1. Que la Administración autonómica sea la tutora legal no garantiza de ninguna manera que ésta vaya a defender los intereses del menor. Antes al contrario, se ha podido comprobar en muchas ocasiones la descarada complicidad de ambas administraciones implicadas: inmigración y comunidad autónoma, en conseguir por encima de todo la expulsión del menor.
  2. La intervención de la fiscalía no es sino una muestra más de esa complicidad de las administraciones que sitúan, contra la ley, en último lugar, el interés superior del menor. Cierto que especialmente vergonzosa, por cuanto la claridad de la Ley en la determinación de su labor en la protección de los menores es más clara aún, pero no menos constatada.
  3. La única garantía que ha demostrado su eficacia, independencia, y validez en la representación del interés superior de los menores y con ello en la defensa de sus derechos y la Ley ha sido y es la designación de un abogado especialista en extranjería independiente, sea del turno de oficio, sea de ONGs dedicadas a esta labor. La función de este abogado es entrevistarse con ese menor y preguntarle si quiere o no ser deportado, y si dice que no quiere – que es lo más normal en personas que se han jugado la vida para llegar a donde están – oponerse con todas sus fuerzas y ante todas las instancias posibles que no se le expulse ni se le deporte.
  4. Sólo hace unos días la Asociación de Abogados Extranjeristas reclamaba una solución amplia y general al problema de estos menores que incluía facilitar su integración más allá del cumplimiento de la mayoría de edad y otras medidas. Parece que a tal reclamación el gobierno ha respondido de la peor manera posible, apartándose radicalmente de nuestras justas reclamaciones.

Nos ampara la Constitución, los Convenios Internacionales firmados por España, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, firmado en 1989, y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. España está bajo la vigilancia del Comité Internacional de la ONU de protección de los menores que ha dictado varios dictámenes vinculantes a los que no sólo no se está haciendo caso, sino que se implementan iniciativas como ésta.

Sólo nos queda expresar nuestra más enérgica repulsa y oposición a estas medidas, de las que no nos creemos – desde pasadas y largas experiencias — que vayan a desarrollarse respetando los derechos de los menores.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas