Para un grupo de juristas como nosotros, ser escuchados por una de las cámaras del poder legislativo, poder acercar la realidad cotidiana a los oídos y sensibilidades de quienes tienen la responsabilidad de elaborar las leyes por las que somos después gobernados – víctimas o beneficiarios directos, por tanto – es algo más que un orgullo o la constatación de que nuestra actividad puede tener una trascendencia mayor que la mera conjunción de personas, opiniones y sensibilidades afines.

Se entenderá la satisfacción de que hayamos sido propuestos y llamados a explicar nuestro punto de vista sobre la inmigración en España ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, y la responsabilidad que supone que nuestra presencia ante la Cámara se destacase, de entre otras exposiciones seguramente coincidentes, por una calidad en la traducción jurídica de esa realidad.

Este pasado 16 de febrero nuestro Presidente, Felipe Garoña, pudo exponer ante la Comisión de Inmigración del Senado nuestra aportación al estudio sobre el fenómeno migratorio de manera integral.

Allí, precisamente desde quienes abordamos y vivimos de forma integral y ante todas las Administraciones y poderes públicos la defensa de las personas inmigrantes, hemos podido expresar el fracaso de las distintas fórmulas legislativas, que sólo han conseguido hundir a las personas en fárragos burocráticos sin cuento para terminar en el despropósito de alimentar la economía sumergida, solar de explotación, en lugar de combatirla. Cómo la ausencia de fórmulas reales y efectivas o posibles de inmigración legal ha abocado a que la única fórmula sea la de una regularización supuestamente extraordinaria por arraigo social. Cómo las trabas al ejercicio de derechos humanos como el de vivir en familia impiden la integración en lugar de fomentarla. Cómo la dispersa competencia de las distintas administraciones es caldo de cultivo para la igualación de criterios siempre al mismo nivel que el más restrictivo, y no el más respetuoso con los derechos, llegando a impedir la entrada incluso de perfiles de aportación positiva neta, como estudiantes, rentistas y emprendedores, lo cual sólo puede ser explicado desde una xenofobia irracional. Cómo la criminalización del inmigrante lleva a un intenso e innecesario control policial que se añade a un angustioso rigorismo burocrático.

Hemos presentado propuestas. De fondo, como superar la cláusula de situación nacional de empleo, ampliar visados, la participación de las empresas en la gestión migratoria, la agilización y de trámites exteriores e interiores, la mejora de los procedimientos estables de regularización, de los procedimientos de reagrupación familiar y de inmigración no laboral y de estudios. Y de forma, simplificando los procedimientos, superando las exigencias de presencialidad y no representación, mejorando la administración electrónica y coordinando mejor las competencias que se duplican, se solapan y hasta se entorpecen mutuamente. Hemos ofrecido nuestra colaboración en mejorar la información y el asesoramiento de los afectados, siempre tan necesario.

Por último, pudimos reclamar la necesidad de la elaboración de un estatuto del extranjero familiar de español, mejorando sus derechos como familiar de ciudadano de la Unión, y superando ciertas desconfianzas que perviven frente a éstos.

La actitud de los senadores fue la de interesarse en nuestra visión y recibir, a veces con sorpresa, la información que desde el pie de calle de la realidad, pudimos acercarles. Confiemos en que estas aportaciones sean bien recibidas y contribuyan a las necesarias reformas normativas que una realidad tan cambiante y mal tratada como es la que se encarna en las personas inmigrantes alcance mejoras sustanciales.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas