Tras la llegada a las Islas Canarias de un inusual número de cayucos cargados de inmigrantes hacinados y arriesgando sus vidas, de los que no acertamos ni a adivinar cuántos hayan quedado por el camino, el Ministerio del Interior actuó con una gran torpeza al encerrarlos en un muelle del Puerto de Arguineguín, a la intemperie y en condiciones inhumanas, y en unas condiciones legales donde la falta de claridad era tal que se acercó al sainete: nadie sabe si estaban libres o detenidos, si acogidos o presos, si podían salir o debían volver, si se les abría expediente o no, si se les notificaba con o sin asistencia de letrado o intérprete, si el Ministerio de Defensa colaboraba o no, o si se le hacía algún caso al de Trabajo y Migraciones.

Al final el Defensor del Pueblo tuvo que intervenir para poner orden y cerrar el despropósito supremo en que se había convertido la situación, dejar clara la situación de libertad legal de estas personas – se les haya o no ordenado una devolución – e instar una acogida en mínimas condiciones de dignidad.

Se trata de un grupo de personas muy variopinto, de diversas nacionalidades, unos con y otros sin documentación, con o sin dinero, con o sin familia y destino. De entre ellos, y en ejercicio de un derecho constitucional – que no quedaría limitado sino con la orden de un juez, y nunca, desde luego, porque tengan o dejen de tener un sello de entrada en su pasaporte, como se ha llegado a afirmar – muchos han tomado un medio de transporte legal y se han trasladado a distintas ciudades de la península, y seguramente del resto de Europa.

Una vez en su lugar de paso o destino, nos encontramos con un auténtico despropósito de acusaciones y laceraciones al gobierno por no hacer no lo que no puede hacer o por hacer lo que no ha hecho:

  • Probablemente lo que debería haberse hecho es organizar traslados coordinados con los servicios sociales de las diversas Comunidades Autónomas. En lugar de ello, el Ministerio del Interior ha pretendido retenerlos en Canarias y anunciar que no permite el traslado. Y por encima de esa realidad se ha impuesto el delirio de unos “traslados” colectivos que no son sino viajes individuales.
  • Se pretende que el Gobierno ejerza un control totalitario sobre personas que sólo han cometido un ilícito administrativo, y que ni están privadas de libertad ni sometidas a mayor control. Se le acusa de no haber avisado a alcaldes y a autoridades, cuando de nada hay que avisar cuando unas personas libres ejercen su libertad deambulatoria.
  • Se compara la situación con la de los ciudadanos limitados en su movilidad por la crisis del coronavirus, cuando estas personas están igual de limitadas que el resto, o mucho más, debido a prácticas más que discutibles.
  • En algunos lugares se están produciendo detenciones que se verá si son legales o no, pero que sólo pueden tener justificación si lo son para ejecutar una orden de devolución que hace tan sólo unos días no se pudo ejecutar, por lo que nada hace pensar que mañana se pueda.
  • La utilización política de una crisis humanitaria es un ejercicio de demagogia que sólo puede ser calificado de repugnante e inmoral. Los inmigrantes afectados en esta situación son – y debo recordarlo una vez más tal día como hoy, 72 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU – que son seres humanos y que tal consideración está y debe estar por encima de cualquier otra.

 

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas