Las leyes de extranjería, en toda Europa, no se hacen pensando en los derechos humanos, se diga lo que se diga, y eso tiene consecuencias. Una de ellas es que los Tribunales más elevados, aquellos que más tienen en cuenta la cúspide de nuestros valores europeos, no dejan de sorprender a los legisladores y de corregirles en sus interpretaciones y tendencias ultrarrestrictivas.

La política represiva europea, el pilar principal en torno al cual giran las “políticas” en toda Europa, es la de que todos los caminos, todas las soluciones, todas las orientaciones, pasan por la eliminación de los “desechos sociales”. Cuando se es parte de esa nueva aristocracia europea especialmente protegida que son los ciudadanos, se les encierra en la cárcel. Y cuando pertenecen a esa otra amplia minoría, los extranjeros, se les expulsa “con cajas destempladas”, es decir, con toda la fuerza represiva de quien trata a sus enemigos.

En España, cuando los partidos mayoritarios en 2004 pelearon en el parlamento en torno a una reforma necesaria de esos parámetros, seguida de una contra reforma de la Ley de extranjería – más tarde fuertemente recortada por el Tribunal Constitucional –, tan sólo un año después el Tribunal Supremo (entonces menos contaminado por los tejemanejes en el poder judicial) sentó una doctrina que rebatía esa política: “la expulsión no debe ser la solución sistemática, sino, como sanción más grave, la reservada sólo para aquellas conductas que, a la mera estancia irregular, añadan algún agravante.” El principio de proporcionalidad, de valor constitucional, se consagraba como elemento troncal.

La reacción fue muy variada: los poderes policiales no se dieron por aludidos y continuaron con la política de expulsión de irregulares, y los tribunales inferiores, con disciplina muchas veces temblorosa, anulaban las resoluciones por ausencia de agravantes o las ratificaban sobre la base de agravantes a veces imaginarios, pero un ejército de abogados entregados peleó para que se impusiera la cordura y el buen derecho.

El 23 de abril de 2015 llegó el jarro de agua fría. Una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, con un desarrollo abrupto y una muy mala traducción de los términos, tras la promulgación de la que fue llamada con Justicia “Directiva de la vergüenza” sobre las expulsiones de extranjeros, parecía dar la razón a las interpretaciones más duras. Según esa Sentencia la Directiva obliga a resolver la irregularidad, sin aludir a los matices que añadiera la ley española. Se abrió la caja de los truenos y volvió la política de tierra quemada: estancia irregular y expulsión se volvieron a convertir en fórmula sin más elementos. La simplicidad siempre ha gustado a los que no quieren que se tengan en cuenta los derechos de las personas.

Ese mismo ejército de abogados, de los que nos orgullece contar en la Asociación de Abogados Extranjeristas con una gran representación, no cejó en defender lo justo: se defendieron las interpretaciones más favorables a los derechos humanos, pero la lucha fue ardua: la Directiva no cambia la Ley, y la interpretación que se hacía seguía siendo correcta. La interpretación de “los duros” se extendió y llevó incluso al Supremo a rectificar su doctrina sin tener en cuenta nuestras alegaciones.

Pues bien, hoy hemos asistido a un nuevo bandazo, solo que esta vez para volver a la situación anterior a ese aciago 23 de abril: se ha dictado hoy una nueva Sentencia, del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea que elocuentemente dice en su fallo final:
“La Directiva (…) debe interpretarse en el sentido de que, cuando la normativa nacional, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, imponga, o bien una sanción de multa, o bien la expulsión, teniendo en cuenta que la segunda medida solo puede adoptarse si existen circunstancias agravantes en la persona de dichos nacionales, adicionales a su situación irregular, la autoridad nacional competente no podrá basarse directamente en lo dispuesto en la Directiva para adoptar una decisión de retorno y hacer cumplir dicha decisión aun cuando no existan circunstancias agravantes.”

Con ello, respondiendo a una pregunta inducida por los abogados, hecha por el Tribunal Superior de Castilla la Mancha, el alto Tribunal desautoriza al Tribunal Supremo español y a la mayoría de Tribunales de Justicia de este país, a los que hemos estado alegando eso mismo, y se nos ha despreciado una y otra vez. Algo tan simple de entender como que la Directiva no vale como excusa válida para eludir una versión más favorable a los derechos humanos hecha por la Ley de un país.

Nuestra satisfacción es inmensa. Cinco años de lucha no han concluido, pues ahora toca convencer a tantos que seguirán insistiendo en una ecuación simple que cuando se trata de personas y de derechos humanos esas sumas y restas de colegial nunca son válidas.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas