Ante la continuidad de la situación de escándalo y el clamoroso silencio del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía sobre la falta de citas previas para realizar el trámite de puesta de huellas en los trámites de extranjería, que está provocando el perjuicio en derechos básicos de miles de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha decidido elevar su protesta y sugerir soluciones ante los Grupos Políticos del Congreso y Senado, así como a las Comisiones de Interior y de Inmigración de ambas cámaras, y a los Defensores del Pueblo español y europeo.

En el texto de la carta remitida a todos ellos por el Presidente de la Asociación, elaborada por la Junta Directiva en unanimidad, se proponen una serie de soluciones que sería facilísimo implementar y que estarían al alcance del Ministerio, máxime en el marco de necesidad de soluciones excepcionales en que nos encontramos. Sin embargo, la desidia negligente del Ministerio no sólo prefiere no adoptar ninguna de estas medidas, sino que además continúa sin ofrecer ninguna explicación del por qué de esta situación, que en algunas provincias venia presentándose incluso desde antes del estado de alarma, con el que se ha generalizado a toda España, ni si se va a adoptar alguna medida que intente aminorar el problema que afecta tan gravemente a tanta gente. Medidas tales como:

  • Habilitar las oficinas de renovación del DNI
  • Que las propias resoluciones de concesión de las autorizaciones incorporen la fecha de cita previa y eximir de toma de huellas a todas las tarjetas en que no sea estrictamente necesaria
  • Detraer personal de otros servicios menos urgentes y necesarios, como los CIEs
  • Emprender las reformas legales necesarias, para evitar burocracia innecesaria eliminando todo trámite en que se exija la presencia personal, el respeto al derecho de representación y la modernización telemática
  • Permitir que representantes vayan a recoger la tarjeta ya hecha

Tampoco se explica si se va a investigar cómo consiguen el evidente beneficio aquellos pocos que – posiblemente con implicación de elementos internos de la propia policía – consiguen las pocas citas que salen al público, y que se están lucrando a costa de la desesperación de quienes día tras otro intentan sacar esas citas sin resultado.

La elevación, además de al Defensor del Pueblo español, al Europeo, se explica porque de esta situación se están perjudicando también miles de ciudadanos europeos que desearían legalmente obtener el registro de su residencia en España, y no pueden por falta de citas previas.

Confiamos en que desde las altas instancias a que nos hemos dirigido se consiga movilizar una actuación que ya llevamos demasiado tiempo esperando del Ministerio del Interior, muy activo a la hora de elevar vallas, pero poco a la de respetar los derechos de las personas.

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas