En un seminario celebrado en el Comité de Derechos del Niño, y en el que ha sido invitado a participar uno de los miembros de nuestra asociación, José Luis Rodriguez Candela, se ha hecho público que España tiene el dudoso honor de figurar como principal “paciente” del Comité. El CIDN es un organismo integrado en el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, creado a partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989 y sus disposiciones son vinculantes para todos los estados firmantes de la Convención.

De sesenta y dos casos pendientes de resolverse por el Comité, un total de veintiocho, casi la mitad, son expedientes iniciados contra actuaciones del Estado español, todos ellos excepto uno, con menores extranjeros.

Seis de ellos se refieren a la negativa de las autoridades españolas del Ministerio de Educación en Melilla a conceder plaza de escolarización a menores de edad, a los que se discrimina por su nacionalidad marroquí pese a ser residentes en la ciudad autónoma. El resto se trata de sometimiento a menores no acompañados a pruebas de determinación de edad invasivas sin consentimiento, inadecuadas y abusivas por cuanto son claramente tendenciosas para calificarles como mayores de edad contra toda evidencia, a veces incluso documental, con tal de poderles expulsar como mayores.

Esa posición de cabeza cabe achacarlo a los Ministerios de Interior y de Educación, pero también a la Fiscalía, que en su papel de principal protector legal de los derechos de los menores no queda precisamente muy bien parada.

Respecto a los demás países comprobamos que el elemento de extranjería está también muy presente, lo que demuestra que las políticas migratorias claramente securitarias y represivas que se extienden no paran mientes ni siquiera en los derechos de los más desprotegidos de los desprotegidos: los niños.

Desde la Asociación de Abogados Extranjeristas queremos recordar que nuestra legislación, presidida por una convención internacional como es la de la protección de derechos del niño, y seguida de todo un corpus legislativo extenso y expreso que obliga a tener el interés del menor por encima de todos los objetivos públicos, la deshonrosa posición de España en esa lista indica que algo no está funcionando bien en nuestro país, y señalamos preferentemente a esa desbocada política de extranjería que pierde de vista los más elementales derechos humanos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas