En otras ocasiones hemos informado y denunciado la situación en Melilla, donde se lleva varios años impidiendo la debida escolarización de niños y niñas marroquís residentes en la ciudad. Seguimos defendiendo que el derecho a la educación es un derecho fundamental y es responsabilidad del Estado bajo cuya jurisdicción territorial se encuentren esos menores.

En esta ocasión, la policía de Melilla ha iniciado a finales de la semana pasada un procedimiento de expulsión de 2 familias que llevan 20 años en la ciudad, donde nacieron sus hijos y los cuales están inmersos en el proceso de escolarización. Hoy mismo nos ha informado que otras familias están siendo citadas para incoaciones de expediente.

Dentro del proceso de escolarización de estos menores se debe acreditar la residencia efectiva de los mismos, y para ello el Ministerio envía a la policía para que realice el oportuno informe y verifique tal extremo, el de su residencia efectiva – no lo olvidemos; sin embargo esta verificación igualmente les vale para informar sobre su estancia irregular.

Indiciariamente debemos afirmar que los datos necesarios para poder enviar la aludida citación se han conseguido por la autoridad policial de fuentes expresamente prohibidas por la Ley y claramente protegidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que la consecución de esos datos CONSTITUYE UNA REPRESALIA Y UNA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 18 CE.

No es posible conseguir esos datos (nombre, dirección, etc.) si no es por medio de la vulneración de esos derechos, especialmente habiéndoseles facilitado desde otras Administraciones y sin que se ajuste al supuesto que el propio Reglamento regula sobre el tratamiento.

Como decimos y denunciamos, todos los indicios apuntan a que el inicio de estos expedientes procede de la voluntad de alguna de las administraciones implicadas en los procesos seguidos contra la denegación de escolarización de menores, considerándose una represalia contra las personas actuantes que defienden sus derechos, y se ha procedido al tratamiento de los datos necesarios por la Policía Nacional de una forma desleal, no razonable ni contemplada en la normativa, y ello para comenzar un expediente a todas luces innecesario e incongruente con los derechos de estas personas. Concurre así una suerte de nulidad por indemnidad de la actuación administrativa, aparte de otras responsabilidades de todo tipo, que deberán ser dilucidadas por la oportuna investigación que ya han solicitado los abogados y abogadas de estas familias mediante queja formal al Defensor del Pueblo.

Ni a estas ni a otras familias que están luchando por la escolarización de sus hijos se les ha permitido nunca empadronarse a pesar de tener residencia efectiva en Melilla, ni obtener una residencia legal, aunque sí se les permite ser explotados laboralmente en una ciudad donde a pesar de ser vecinos se les trata como extraños, como foráneos, como extranjeros sin derechos.

Las quejas ante el Defensor del Pueblo están ya cursadas, pero a pesar de ello nuestra profunda preocupación es que si nada lo impide esta práctica que se acaba de iniciar por parte de las autoridades competentes hará que las familias quieran desistir de su lucha por el derecho fundamental de sus hijos menores a la educación, y ello por el miedo a ser expulsados de la ciudad donde residen hace más de una década, maniobra sin duda que desde esta Asociación rechazamos enérgicamente.

 

Asociación de Abogados y Abogadas Extranjeristas