El Consejo de Ministros de ayer día 7 de abril aprobó, según referencia de la Presidencia del Gobierno, un Real Decreto Ley de Medidas urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que según afirma la nota remitida, permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. Las medidas consisten básicamente en compatibilizar el trabajo en el campo con la recepción de ayudas y prestaciones al desempleo, si bien limitados a “las personas cuyos domicilios se hallen próximos al lugar de trabajo – limitación que viene a convertir a las medidas casi en un oxímoron – introduciendo algunas flexibilizaciones en el ámbito de la extranjería que no son sino redundancia de medidas anteriores de prórroga automática de los permisos. Sin embargo se renuncia a regularizar – por mucho que lo exija en estos momentos el interés público – a inmigrantes en situación irregular, muchos de ellos presentes en asentamientos cercanos, esperando su oportunidad de presentar papeles, algunos de ellos incluso cumpliendo requisitos, mediante el subrayado de que sólo podrán acogerse los que se encuentren legalmente. 

Las medidas aprobadas han sido pronto tildadas de claramente insuficientes por los propios agricultores afectados, y desde el punto de vista de los inmigrantes son claramente contradictorias con el objetivo fundamental de evitar que las cosechas que se avecinan queden sin recoger por falta de una mano de obra por un lado confinada y por otro condenada al desempleo. Duele comprobar que una vez más, la cerrazón de una política de inmigración orientada sólo desde la óptica policial del cierre de fronteras  se impone sobre un espíritu pragmático que favorezca a todos, e impide al gobierno dar un paso valiente y aprobar la concesión de permisos de trabajo a quien puede y quiere trabajar, pero a quien no se lo permite una ley que en estos momentos está fuera de tiempo y lugar.  

Sin romper la lealtad debida al gobierno en estos difíciles momentos no podemos sino reclamarle una reflexión necesaria: miles de trabajadores que están dispuestos a ir a recoger la cosecha se esconden en sus casas por miedo a la persecución policial; miles de agricultores reclaman manos para recoger la cosecha que nuestros millones de bocas necesitarán para comer. ¿No resulta un empecinamiento absurdo negarles la posibilidad de ayudarles y ayudarnos, todo por cerrarse a un formalismo legal de burocracias y permisos?. 

Reclamamos al gobierno que razone, que abra un mecanismo ágil, de ejecutividad inmediata – lo que no quita que sea revisable caso por caso a posteriori – que conceda autorización para residir y trabajar por razones extraordinarias a todo aquel inmigrante en situación irregular que pueda acudir al campo a resolver esta alarmante situación. Más tarde, o complicándolo más, será demasiado tarde. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas