El pasado 16 de marzo presentamos una queja al Defensor del Pueblo y reclamamos del Ministerio del Interior el cierre de los CIEs debido a la pérdida de su función y sentido, al devenir imposible la ejecución de las órdenes de expulsión a las que supuestamente se deben los internamientos. El Defensor respondió apoyando nuestra queja y recomendando al Ministerio la puesta en libertad de los internos. Sin embargo, el Ministerio se mostró contumaz en su postura, y se negó a poner en libertad a los internos, pese a que era muy fácil prever que ninguno de ellos podría llegar a ser expulsado debido al cierre de fronteras ocasionado por el coronavirus. 

Tal previsión se ha confirmado ahora, mediante un informe requerido por el Juzgado de Instrucción nº 9 a la Policía Nacional en el que ésta reconoce que no puede asegurar que la orden de expulsión podrá ser ejecutada por la misma razón que apuntábamos, motivo por el que ayer se produjo la puesta en libertad de N.B. que debía ser una de las internas con plazo más largo para poderse ejecutar, dado que su internamiento se dictó tan sólo dos días antes de la declaración del estado de alarma. 

Con su actitud el Ministerio demuestra, una vez más, que es falso que el internamiento se ejerza como una medida cautelar de carácter no penitenciario ni punitivo, y que su intención y existencia tiene como función la de ser una intimidación constante contra la inmigración ilegal, lo que lo sitúa fuera de nuestra Constitución, dado que la estancia irregular de inmigrantes no es un delito.

La existencia de los CIEs no es más que la de crear un espacio de sufrimiento que se aplica a aquellos que se atreven a inmigrar irregularmente a nuestro país, y con ello se consigue un elemento de disuasión que es en sí mismo un abuso por parte de los Estados, que por otra parte elude las garantías mínimas de las privaciones de libertad en los estados democráticos. 

El mantenimiento y sostenimiento de CIEs abiertos y operativos contra viento y marea, contra toda evidencia de su inutilidad, demuestra a las claras que la utilidad declarada dista mucho de ser la real. 

Una vez más, exigimos del Ministerio del Interior coherencia con la Ley y con el Derecho, y el cierre inmediato de unas instalaciones que no deberían tener otro objeto que permitir lo que hoy es imposible de ejecutar.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas