Desde que en la contrarreforma de la Ley de Extranjería se legalizó una concepción de los derechos de los extranjeros en España como de estado de excepción, consagrando un derecho administrativo especial regido por la desconfianza y la sospecha, en el que – en contra de la tendencia general de profundizar en fórmulas de relación telemática con la Administración – se exige para casi todo la presentación personal e intransferible de cada trámite ante la propia Oficina de Extranjeros o sede policial, ya se denunció que ello tenía además un trasfondo de dificultar o impedir, al prohibir la representación, el acceso a estos trámites con el adecuado asesoramiento jurídico.

No fue casual que esta reforma se operara tras un papel protagónico de los abogados en la defensa, caso a caso y en general, de los derechos de los extranjeros en nuestro país.

La evidencia de que aquella reforma era un auténtico sin sentido se reveló desde un primer momento, que hizo que casi desde muy poco después de llevarla a cabo se tuvieran que implementar medidas de moderación, a través de las cuales sin embargo no ha dejado de entreverse esa desconfianza radical hacia quienes mejor representamos la voluntad de defensa de los derechos de las personas.

La crisis del coronavirus y el cierre de las Oficinas públicas ha hecho que el dislate de eliminar a los extranjeros el derecho a actuar a través de representación cualificada se haya puesto de manifiesto con toda su crudeza.

La etapa en que nos encontramos ha llevado a que a través de convenios con colegios profesionales se permita de nuevo presentar solicitudes de extranjería no sólo personalmente y en la sede oficial, sino también por fórmulas de representación. Sin embargo, firmados y en funcionamiento convenios en este sentido con graduados sociales y gestores administrativos, resulta muy sospechoso que no exista convenio alguno con el Consejo General de la Abogacía.

Precisamente quienes no nos limitamos a obedecer las órdenes de la Administración, sino que exigimos con la ley en la mano el cumplimiento de ésta y sus derechos, nos vemos discriminados en esa posición y apartados de la posibilidad de intervenir desde el principio en expedientes de una gran complejidad, y de una gran conflictividad provocada por la actuación restrictiva de la Administración.

Exigimos, por tanto, de la Secretaria de Estado de Inmigración, el comienzo de los trámites necesarios para acabar con las especialidades del derecho de extranjería, su normalización, y con ella y de forma urgente, retornar al reconocimiento del derecho a contar con representación cualificada en los trámites de extranjería, y con la discriminación contra los abogados.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas