Hoy mismo ha aparecido en prensa la noticia de que el gobierno pretende reactivar un plan de repatriación de los llamados Menores extranjeros no acompañados, e incluidos en el acrónimo MENA, una forma de despersonalizar el problema. No nos cansaremos de repetir que los llamados MENAs son, de conformidad a las obligaciones internacionales asumidas por España y a nuestra propia legislación interna, MENORES, que por su situación de desamparo deben ser acogidos y tutelados por una Administración autonómica. No existen legalmente menores extranjeros o nacionales, sólo menores, y sólo su interés superior, por encima de cualquier otro interés administrativo como control de fronteras o política de inmigración.-

La experiencia desde la que partimos, y que se ha aprendido durante muchos años de pelea y  desde otros intentos de reactivar el acuerdo con Marruecos, se puede resumir en los siguientes puntos:

  1. Que la Administración autonómica sea la tutora legal no garantiza de ninguna manera que ésta vaya a defender los intereses del menor. Antes al contrario, se ha podido comprobar en muchas ocasiones la descarada complicidad de ambas administraciones implicadas: inmigración y comunidad autónoma, en conseguir por encima de todo la expulsión del menor.
  2. La intervención de la fiscalía no es sino una muestra más de esa complicidad de las administraciones que sitúan, contra la ley, en último lugar, el interés superior del menor. Cierto que especialmente vergonzosa, por cuanto la claridad de la Ley en la determinación de su labor en la protección de los menores es más clara aún, pero no menos constatada.
  3. La única garantía que ha demostrado su eficacia, independencia, y validez en la representación del interés superior de los menores y con ello en la defensa de sus derechos y la Ley ha sido y es la designación de un abogado especialista en extranjería independiente, sea del turno de oficio, sea de ONGs dedicadas a esta labor. La función de este abogado es entrevistarse con ese menor y preguntarle si quiere o no ser deportado, y si dice que no quiere – que es lo más normal en personas que se han jugado la vida para llegar a donde están – oponerse con todas sus fuerzas y ante todas las instancias posibles que no se le expulse ni se le deporte.
  4. Sólo hace unos días la Asociación de Abogados Extranjeristas reclamaba una solución amplia y general al problema de estos menores que incluía facilitar su integración más allá del cumplimiento de la mayoría de edad y otras medidas. Parece que a tal reclamación el gobierno ha respondido de la peor manera posible, apartándose radicalmente de nuestras justas reclamaciones.

Nos ampara la Constitución, los Convenios Internacionales firmados por España, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, firmado en 1989, y la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. España está bajo la vigilancia del Comité Internacional de la ONU de protección de los menores que ha dictado varios dictámenes vinculantes a los que no sólo no se está haciendo caso, sino que se implementan iniciativas como ésta.

Sólo nos queda expresar nuestra más enérgica repulsa y oposición a estas medidas, de las que no nos creemos – desde pasadas y largas experiencias — que vayan a desarrollarse respetando los derechos de los menores.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas