Tras estudiarse en Junta de la Asociación se apreció que se va acercando peligrosamente la fecha en la que la estancia legal de muchos extranjeros caducará, con la normativa vigente. Se trata de aquellas personas que de una forma u otra quedaron atrapadas en nuestro país, durante su estancia legal, y todavía hoy les resulta imposible volver debido a la ausencia de vuelos a sus países de origen o al cierre de fronteras en éstos.

Cuando un extranjero entra en nuestro país mediante la modalidad conocida como “de turista”, es decir, con un visado temporal de estancia o amparado en la exención de ese tipo de visados que la Unión Europea concede a los países de una larga lista (prácticamente todos los de la OCDE, latinoamericanos, y otros), éste/a extranjero/a goza de una estancia legal de un máximo de tres meses, que se puede prorrogar en caso de que haya causa y lo solicite con antelación a su expiración.

Miles de personas que se encontraban en España durante las semanas previas al 15 de marzo se encontraron con que no pudieron volver dentro de esos tres meses de estancia para la que tenían permiso, dado que fue la propia España quien cerró las fronteras, por lo que el gobierno acordó no sólo no computar el tiempo de la alarma a efectos de ese plazo de estancia, sino decretar de forma general la prórroga de la estancia por tres meses a contar desde la finalización de la situación legal definida en el estado de alarma, es decir, a partir del 21 de junio.

Aparte de interpretaciones más favorables que cupiera hacerse, lo cierto es que el consenso está en que este 21 de septiembre vence tal periodo, por lo que esos miles de personas siguen atrapadas, debido a que la pandemia se fue extendiendo a sus países con posterioridad al nuestro y sus fronteras, puertos y aeropuertos siguen cerradas.

Esas personas, sin culpa alguna, se encontrarán el 22 de septiembre, si no se hace algo para evitarlo, en una situación de estancia irregular que nuestra ley castiga con una dureza draconiana: expulsión forzosa con prohibición de entrada durante largos periodos de tiempo.

Es por eso que nos hemos dirigido a la Secretaria de Estado Hanna Halloul para que, como una actuación de justicia elemental, dicte una nueva norma de forma urgente que permita sostener la legalidad de la estancia a todas estas personas. De otro modo, se generaría una situación caótica en que por un lado la Ley, a través de la Policía Nacional, sanciona duramente una permanencia en el país de la que no se tiene culpa alguna pues resulta inevitable a esas personas y por otra esas personas no pueden hacer nada para regresar a sus países y evitar el poder verse sometido a esa sanción.

Confiamos en que antes del 21 de septiembre se pueda solucionar la situación mediante una prórroga suficiente de la estancia legal que abarque el tiempo necesario para volver a una normalidad que todos esperamos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas