Los conocidos como CIEs, acrónimo de Centro de Internamiento de Extranjeros, han sido denunciados en múltiples ocasiones por las condiciones de vida dentro de los mismos, que pueden resumirse en que son mucho peores que las cárceles, a pesar de que la Ley establece claramente que no son centros penitenciarios. 

Es precisamente el no ser penitenciarios lo que construye que sean especiales de otras maneras, y la Ley establece esa especialidad en algo que al parecer el Ministerio del Interior está olvidando de forma grosera y gravosa para el derecho a la libertad, uno de las cúspides de la pirámide de los derechos fundamentales en nuestra Constitución. 

El internamiento en estos centros puede darse, y sólo puede darse, única y exclusivamente, como un medio para la ejecución de una expulsión. Ante el temor de que un extranjero que va a ser expulsado intente huir o entorpecer ilegítimamente a ejecución de la órden, la Ley concede a la Administración un auténtico privilegio, como es tener a esas personas privadas de libertad. 

Pero claro, ese privilegio tiene sus limitaciones: debe ser autorizado por un juez, por un máximo insoslayable de 60 dias, y nunca como castigo añadido a la expulsión, es decir, sólo para facilitarla y hacerla posible. 

Por tanto, se entenderá perfectamente que, si por cualquier otra circunstancia, la expulsión no va a ser posible, el internamiento debe terminar de inmediato y la persona debe ser puesta en libertad. 

La actual crisis del Covid 19 ha señalado que la primera medida adoptada por el conjunto de los países de todo el mundo es limitar la circulación de pasajeros. España, por la especial incidencia que está cobrando el virus, y Europa en general como nuevo epicentro, ha hecho que el mundo entero restrinja o impida los viajes desde nuestro territorio: las expulsiones serán imposibles durante, no sólo los próximos 15 días del estado de alarma, sino hasta que se declare superada la crisis, lo cual será con toda seguridad mucho más de los 60 días que la Ley establece como máximo. 

El estado de alarma en nuestro país no debe sólo fijar las medidas, sino que debe hacer que todos los abogados nos opongamos radicalmente, aunque sólo fuera por ese motivo, a todo dictado de internamiento. Que ningún juez autorice ningún internamiento más durante la crisis, pero que el Ministerio ordene de inmediato la puesta en libertad de todos los internos, dado que no puede garantizar de ninguna manera que ninguno de ellos finalmente vaya a ser expulsado gracias a tenerlo preso. 

Con este razonamiento, la Asociación de Abogados Extranjeristas ha anunciado al Defensor del Pueblo la presentación de una queja urgente para que el Alto Comisionado del Parlamento para los Derechos Humanos que es la Oficina del Defensor se dirija al gobierno en apoyo de esta postura. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas