A través de nuestros compañeros en Canarias hemos recibido la noticia de que en las últimas semanas, las autoridades españolas en Canarias, están recibiendo a grupos de personas que arriban a las cosas del archipiélago en cayucos desde Mauritania, y sin darles la menor oportunidad de expresarse, defenderse, o de pedir asilo, y a pesar de ser identificados como malienses, son devueltos expeditivamente a Mauritania, desde donde las autoridades de ese país, con pleno conocimiento y anuencia de las españolas, los trasladan a Mali. 

Mali es, además de uno de los países más pobres del mundo, un país agotado por una larga guerra, de poca presencia en los medios de comunicación, en la que los grupos afines a Al Qaeda, como Boko Haram, intentan controlar el territorio y someter a la población a la visión más rigorista de la Sharia. Cuando se ha conseguido liberar alguna zona controlada por Boko Haram las atrocidades que se cuentan no tienen fin, y los objetivos preferidos de secuestro, para enrolarlos por la fuerza o para convertir a las mujeres en esclavas sexuales, son precisamente jóvenes como los que se atreven a hacer la ruta en cayuco. 

La Convención de Ginebra, el derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de nuestra Constitución, los distintos pactos internacionales de derechos humanos, el Convenio Europeo y la Declaración de Derechos Humanos establecen la prohibición a los estados de, directa o indirectamente, expulsar a nadie a un territorio donde su vida pueda sufrir daño o sufrir daños inhumanos o degradantes. El peligro de estos jóvenes en su forzoso regreso a Mali es notorio, y la pretendida ignorancia de las autoridades españolas, cínica y repugnante. 

Desde una lectura de la reciente Sentencia de Estrasburgo, la expulsión en caliente de estos casos no cumple las condiciones que la propia sentencia establece, pues en este caso no existe posibilidad de acceder por una vía legal fronteriza a una oficina de asilo, por lo que no cabe que el gobierno se escude en ello para justificar esta actuación. 

El gobierno debe poner fin inmediatamente a estas prácticas, implantar, tal y como le obliga el reglamento de CIES, un Servicio de Orientación Jurídica para todos los internos, con la debida información y asesoramiento de sus derechos, servicio que en el caso de Canarias es absolutamente imprescindible, dado que la estructura de distintos Colegios de Abogados de las islas está provocando que la primera atención letrada se haga en condiciones muy deficientes. La expulsión sólo se puede practicar con intérprete y abogados a través de un expediente en que los interesados puedan defenderse y pueda ser interrumpido si solicitan asilo, solicitud que deberá ser estudiada y analizada como marcan las leyes. Nos consta por fuentes de alguna ONG que en muchos casos se ha presentado la expresión de voluntad de solicitar asilo y ésta ha sido ignorada de forma grosera por la policía, lo cual constituye una denegación de derechos muy grave. En cualquier caso, no podrá nunca expulsarse a nadie a un país como Mali, quejado por tan grave conflicto. 

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas