La llegada de cayucos a la provincia de Las Palmas en las últimas semanas – algo para nada imprevisible y que incluso era anunciado, dado el cierre de otras vías migratorias debido a la pandemia – ha provocado un fenómeno difícil de calificar en un país desarrollado: las personas que llegan – según los últimos datos más de 2000 – son encerradas, hacinadas y abandonadas en un muelle del puerto de Arguineguín, es decir, en una plataforma plana de hormigón elevada una escasa altura sobre las aguas del Atlántico que entran en el puerto.

Allí se supone que son atendidos, lo cual parece obvio que en unas condiciones mínimas de dignidad humana es imposible: acogidos, revisados médicamente, alimentados, interrogados sobre su origen e intención, sobre las circunstancias de su huida de su país, todo ello con intérprete suficiente… y abogado que le informe de sus derechos y garantice que todo ello se hace de forma suficiente. En esa intolerable situación nos tenemos que pronunciar ineludiblemente, poniendo las cosas en su sitio:

La principal responsabilidad de esta situación, claramente atentatoria a los Derechos Humanos más elementales, es de la Administración Pública y del Gobierno Central, que es quien tiene las competencias al respecto. Es intolerable que se tenga pernoctando a gente al raso en esa situación. El Ministerio del Interior no puede alegar la situación administrativa de unas personas para privarlas de libertad deambulatoria y hacinarlos de esa manera en un muelle.

Parece evidente que todos los servicios que esas personas necesitan o no se les están dando o si se les da, las condiciones son absolutamente deficientes. La denuncia pública de las deficiencias en la prestación de la asistencia letrada deben ser valoradas en ese contexto, lo que no quita para que – junto con la solidaridad y ofrecimiento de apoyo al Colegio de Las Palmas – llamemos a los compañeros a negarse a prestar un servicio imposible que luego será utilizado para “blanquear” decisiones de expulsión y repatriación cuya nulidad de raíz es manifiesta.

Es responsabilidad de los Colegios de Abogados mantener una formación permanente adecuada y continuada de sus letrados, especialmente aquellos que prestan sus servicios en el turno de oficio, para evitar esos abusos por parte de las autoridades, o que se escuden en lo desbordante de una situación de la que esa misma Administración es responsable.

Nos consta la implicación de las autoridades locales por llegar a una solución, que pasa por dar un alojamiento digno a estas personas. Cuando ello se consiga, es forzoso que la prestación de sus servicios y derechos se repita, tanto en el ámbito sanitario como legal. Se ha pedido la apertura y habilitación de cuarteles, instalaciones de campaña, y servicios que obran en poder del Ministerio de Defensa, cuya negativa hace que nos avergoncemos.

Desde la Asociación hemos ofrecido a los compañeros de Las Palmas un apoyo y colaboración responsable, que pasa por evitar que nuestra intervención sea utilizada para blanquear una actuación de las autoridades públicas que es completamente contraria a los más elementales valores humanos. Para ello, vamos a publicar un video informativo y a poner a disposición de los compañeros un teléfono permanente de información al que puedan consultar cómo enfrentar la situación.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas