De nuevo, y sólo unos pocos días después de otra resolución que apesta a xenofobia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nos vuelve a sorprender con una nueva sentencia en la que, no ya se comete un claro acto de discriminación contra un matrimonio de extranjeros por el hecho de serlo, sino contra dos españoles, por el hecho de haber sido extranjeros en el pasado. De nuevo tenemos un voto particular que aprecia con corrección y de forma más favorable a los derechos de las personas, lo que denota que era perfectamente posible haber adoptado una perspectiva mejor desde ese punto de vista.  En este voto particular, el hecho de que los solicitantes sean españoles se reseña como un hecho añadido, que para nosotros constituye ya una nota de escándalo en el sentido de la resolución.

No obstante, la trascendencia que tiene la Sentencia va más allá, y puede constituir un auténtico torpedo bajo la línea de flotación de nuestro sistema social, por cuanto excluye de las pensiones de jubilación no contributivas a todos aquellos extranjeros que alcancen la edad sin haber estado los diez años inmediatamente anteriores con permiso de residencia en España.

Llama la atención la incongruencia obsesiva del Alto Tribunal que le hace situarse sobre el propio sentido de la norma, que le vincula en su interpretación. ¿Qué sentido tienen las pensiones no contributivas de jubilación? Evidentemente son un mínimo por el que la sociedad no puede permitir que personas mayores, sea cual sea su condición, nacionalidad, origen, etc, queden en situación de absoluto desamparo a la puerta de nuestras casas y en nuestros vecindarios. Ya es una limitación del sistema, prevista para evitar abusos, que se exija una residencia durante los diez años anteriores, pero nada tiene que ver en ello si esa residencia cumplía o no otros requisitos administrativos que los estrictamente previstos en la norma de contexto. Parece que el artículo 3.1 del Código Civil se aplica según conveniencia, y desde luego el artículo 3.2 se olvida groseramente cuando se trata de extranjeros.

La situación social que se va a crear será muy grave: una discriminación intolerable entre ancianos que recibirán una ayuda social, siempre escasa, frente a otros que no recibirán nada, y se verán abocados al hambre en nuestras ciudades, sólo porque son o fueron extranjeros, aunque lleven viviendo entre nosotros algunos mucho más tiempo que ese exigido de los diez años.

La falta de sensibilidad social exhibida – reiteradamente en pocos días – por la Sala que recibe precisamente el nombre “de lo Social” de nuestro alto Tribunal extiende a esa jurisdicción las sospechas de falta de parcialidad que hasta ahora se dirigían de otras salas, de inclinación en sus sentencias a favorecer al Estado frente a las personas, no sólo demuestra el alejamiento – con tacha de ideológico – de los criterios preceptivos marcados para la interpretación de las leyes por el Tribunal Constitucional, sino la completa ignorancia de la realidad social de quienes más deberían velar por su equilibrio.

 

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz y Vicepresidente de la Asociación de Abogados Extranjeristas