La Asociación de Abogados Extranjeristas eleva a la Fiscalía General una protesta por los ataques de la Fiscalía de Melilla a los menores desescolarizados, y no obtiene respuesta.

En otras ocasiones hemos informado de la situación en Melilla, donde con la excusa de que no puedan presentar documentos que demuestren su domiciliación en Melilla, documentos que previamente se les niega su acceso, se lleva varios años impidiendo la debida escolarización de niños marroquís residentes en la ciudad. El derecho a la educación es un derecho fundamental responsabilidad del estado bajo cuya jurisdicción territorial se encuentren esos menores, y como tal derecho fundamental de unos menores es obligación muy especialmente de la fiscalía defenderlo y velar por su cumplimiento.

Sin embargo, una fiscal de Melilla está presentando ante el juez, en una clara e ilícita connivencia con el abogado del estado (que le lleva incluso a copiarle literalmente algunos de sus párrafos), argumentos que no podrían ser sostenidos por un estudiante de primero de derecho, en una actitud que va más allá de una intolerable dejación de sus obligaciones. Constituye una toma de partido activa en contra de los derechos fundamentales de unos niños, por razones que no podemos entender cuáles sean, pero que podrían inferirse como de una xenofobia y racismo lamentablemente presentes en nuestra sociedad y frente a las que la fiscalía debe posicionarse. Decir que el derecho a la educación es un derecho personal competencia del estado de nacionalidad constituye algo más que una patada al Derecho al que se debe y al sentido común, es una vulneración flagrante del estatuto del Ministerio Fiscal y de sus obligaciones como jurista y como persona, que, si no fuera porque se sitúa en una posición meramente propositiva, la podrían llevar al extremo de la prevaricación.

En la última comparecencia del Defensor del Pueblo en funciones ante el Senado, Fernandez Marugan, al ser requerido por una senadora de ERC, comentó que la actitud de la Fiscalía General era favorable a los menores, y que en Ceuta se había resuelto, pero que en Melilla la fiscalía “había tenido un problema”, sin especificar qué problema fuera éste, y dejándonos a todos con la pregunta en mente: ¿Qué problema hay con la fiscal de Melilla? ¿Por qué se le tolera su actitud díscola ante sus obligaciones y ante las instrucciones de la Fiscalía General? ¿Por qué se le permite este claro alejamiento de sus funciones y estatuto?

La queja ya cursada hace semanas y elevada a la Fiscalía General obliga a ésta a actuar con contundencia y rapidez, si fuera necesario, disciplinariamente, contra esta intolerable actuación de la fiscalía en los asuntos que se están ventilando ante los Juzgados de Melilla bajo reclamación de protección de derechos fundamentales. También es responsable de adoptar las medidas que sean necesarias para recuperar la dignidad de la fiscalía en la ciudad autónoma. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna a nuestras quejas, y desde luego, nada se mueve en Melilla, donde los niños que están pidiendo plaza en estas fechas para el siguiente curso, siguen siendo rechazados con los mismos subterfugios.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas