El pasado 8 de junio de 2019 la Cumbre Europea de Ministros de Interior celebrada en Luxemburgo, aprobó la propuesta, que viene circulando desde septiembre pasado, de endurecer la ya extrema Directiva de Retorno forzoso – conocida con acierto como Directiva de la Vergüenza – en teoría para hacer más efectivas las expulsiones a sus países de origen de los extranjeros que no tengan derecho a permanecer.

El gobierno español ha puesto objeciones debido a que entre lo aprobado estaría un internamiento MÍNIIMO OBLIGATORIO DE TRES MESES, lo cual Grande Marlaska considera contrario a nuestra Constitución. Tal medida no sólo sería contraria a la Constitución, sino que desvelaría claramente el hipócrita objetivo de los internamientos en toda Europa, que presentados como medida cautelar para facilitar la localización de quien va a ser expulsado, se mostraría así como lo que es: una prisión encubierta y sin garantías contra el no delito de haber inmigrado sin papeles.

Sin embargo, la propuesta esconde otras muchas medidas que elevan hasta lo repugnante la persecución obsesiva que Europa muestra frente a quienes son más dignos de acogida, integración y facilidades que de este tratamiento como si se trataran del enemigo público número uno. Se pretende generalizar un procedimiento ultrarrápido y sin casi posibilidades de defensa; se abandona por completo la política de incentivar el retorno voluntario, convirtiéndolo ya en una persecución generalizada; se prioriza el fin sobre los medios; se ignoran al fin groseramente el respeto a los derechos humanos de las personas en aras a una eficacia mal entendida.

Por otra parte, no se recoge medida alguna para la regularización de estas personas, ni para el control de la actuación policial contra los abusos: se dicen unos pocos eufemismos ya conocidos sobre las condiciones de estancia en los CIES pero ni se mencionan para prohíbirlas las identificaciones étnicas ni otros abusos a los que estamos tan tristemente habituados.

Ya el Consejo Económico y Social Europeo se ha pronunciado, exigiendo la retirada del proyecto, y tras su aprobación por la cumbre, la única esperanza que nos queda es que las nuevas mayorías conformadas en el Parlamento Europeo eviten que la vergüenza de la Directiva aprobada en su día se convierta ahora en insufrible bochorno por el abandono repulsivo de los principios fundacionales. Confiemos que el órgano democrático por excelencia de la UE desautorice semejante despropósito.

Como abogados Extranjeristas, que conocemos como nadie las dificultades de los extranjeros, pero también los detalles de los procedimientos de expulsión denunciamos enérgicamente que todas estas reformas no pretenden un aumento de eficacia, que si está lastrada no es ni por la necesidad de procedimientos en los que sea posible una defensa efectiva ni por garantías jurídicas ante tan dura sanción, que rompe por completo familias y proyectos vitales. Lo que se pretende es ahondar en una persecución con la que dar satisfacción a los bajos instintos de una extrema derecha que ruge cada día más, no por lo que es – un resto histórico de épocas que en nada enorgullecen a nuestra Europa – sino por lo que se les alimenta con proyectos de este calado.

 

Francisco Solans Puyuelo
Vicepresidente y Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas