Los trámites de extranjería, como todos los entresijos burocráticos, son molestos y farragosos, pero los ciudadanos extranjeros en nuestro país se someten disciplinadamente a los mismos, unas veces – los más valientes o inconscientes – en solitario, otras con el acompañamiento, asesoría y representación de abogados y otros profesionales especializados en la materia.

Sin embargo, estos trámites tienen una especialidad sobre los de cualquier otra administración pública a cuyo régimen nos debemos, y es que siempre terminan con un trámite que es forzosamente presencial, personal e intransferible: la colocación de la huella dactilar para la emisión del documento que acredite la estancia regular. Y ese trámite, responsabilidad de la Policía de Documentación no se puede hacer sino en unas pocas comisarías de cada provincia, a veces en una sola. Otra nota diferencial es que no es – como el DNI – un trámite que haya de hacerse cada periodo prolongado de tiempo, sino que los extranjeros deben someterse a él (después de un expediente nada fácil de renovación) cada año, o dos, o con suerte ya cinco.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en su capacidad y facultades de autoorganización pasó a exigir a los administrados que para hacer ese trámite se sometieran a una cita previa, que sólo se puede obtener en la página web de la Administración, y ahí es donde empezó el mayor problema ya antes de la pandemia, que ha venido a hacerse insoportable con ella.

Si accedes a la mencionada página web lo más seguro es que todo lo que consigas es recibir un mensaje que diga: “en este momento no hay citas disponibles”. Ese mensaje se va a repetir en otro momento, otro día, otra semana, otro mes… y para un trámite legalmente necesario y exigible, del que dependen además muchos de los derechos de esas personas.

Por métodos desconocidos – básicamente un derroche de paciencia – algunos consiguen con mucha suerte alguna cita suelta. Surgen los negociantes que comienzan a cobrar por esa paciencia, y las quejas por abusos. Comienzan las quejas y protestas públicas contra los responsables de esta situación e incluso se proponen soluciones fáciles de implementar. Pero sólo la callada por respuesta y ninguna explicación de cómo se ha llegado a esta situación desesperada.

Como queriendo elevar la situación a tomadura de pelo descubrimos que en lugar de aumentar la oferta de citas, la única “solución” que se da es limitar la demanda, bloqueando direcciones ip de quienes consiguen alguna cita, en una supuesta pelea contra quienes se lucran con ello, y cargándose de paso a honrados profesionales que están ofreciendo el servicio. Otra “solución” es dilatar las citas que a duras penas se obtienen. Todo con tal de no poner las verdaderas soluciones a un problema provocado por la falta de consideración y respeto a quienes se ven obligados a pasar por ese trámite. Ya no es un problema de falta de voluntad política, sino de un intolerable desprecio.

De ese desprecio señalamos a un responsable, a quien se han dirigido todas las protestas y ha omitido cualquier respuesta y en lugar de poner soluciones está claramente empeorando la situación: D. Enrique Taborda Álvarez, Comisario General de Extranjería y Fronteras ha demostrado que la situación le supera, que su falta de previsión es impropia de su responsabilidad, que su desinterés y ausencia de respuestas demuestra su incapacidad, y que su deficiente manejo de la situación ha llevado a que en lugar de mejoras haya introducido parches que han venido a empeorar la situación.

La Junta de Gobierno de la Asociación de Abogados/as Extranjeristas nos dirigimos por tanto a él mismo, pidiéndole que presente su dimisión, o a sus superiores para que lo sustituyan y permitan a otros más dotados enfrentarse a situaciones en las que debe primar la ponderación y el respeto de las personas, a las que se están ocasionando perjuicios sin cuenta.

 

La Junta Directiva de la Asociación de Abogados Extranjeristas