Las mejores democracias — o el poder desde el que se articulan y ejercen — se reservan “zonas grises” de ejercicio de ese poder sin los controles democráticos al que está sometido el resto de su ejercicio. Cloacas, fondos reservados, actuaciones abusivas que no llegan a ser manifiestamente ilegales, pero rozan hábilmente esa zona… Imaginemos lo que ocurre cuando ello se combina con intereses de países que no pueden presumir de democracias tan “plenas” o avanzadas.

Un ejemplo de la aberración que se produce cuando se combinan esas dos zonas oscuras de dos países ha sido la noticia, conocida estos días, de la expulsión el pasado enero de la activista defensora de inmigrantes Helena Malena, desde Marruecos, el hogar donde venía viviendo desde hace años, hacia un país, su país, España, que acredita un poco presentable expediente de respeto hacia sus derechos, habiendo intentado encarcelarla en Marruecos por su “molesto” papel de defensora de derechos humanos.

Se intentó eliminarla del mapa mediante denuncias falsas e informes chapuceros con los que se consiguió imputarla por no se sabe muy bien qué delitos, pero no se consiguió, porque Marruecos no permitió que las jugadas sucias de algunas cloacas de nuestro estado socavaran su integridad hasta encarcelarla. La operación fracasó, y por tanto se trataba de volver con otros medios a los mismos fines. Ya que no podemos eliminar a la persona, y aunque se pierda el poder de atemorizar al resto, encarcelándola, pasemos a eliminarla mediante el alejamiento, mediante la expulsión. Las autoridades españolas no podrán quejarse, dado que en su propia legislación recogen esa posibilidad de expulsar sumariamente a personas por ser meramente molestos al estado. Todo ello acompañado de un procedimiento en el que ni tan siquiera ha mediado una comunicación o una somera motivación, y en un contexto de absoluta inseguridad jurídica y personal, con un auténtico chantaje ejercido sobre una menor, al retener a la niña durante mucho tiempo antes de permitir su viaje junto a su madre.

La combinación de esas zonas oscuras está servida cuando el sujeto en cuestión es un extranjero. Nuestra organización estatal construye la titularidad de los derechos sobre la condición de ciudadano — antaño categoría igualadora y liberadora — pervirtiendo su naturaleza, y entregando a los no ciudadanos, es decir, a los extranjeros, a las zonas más oscuras de la actividad de los poderes públicos.

Helena, con su actividad humanitaria que contribuía a salvar vidas en el estrecho, era un ejemplo para todos, y por eso mismo, muy molesta, para aquellos defensores de la idea — inconfesada, inconfesable, pero presente en muchas mentes — de que cuantas más muertes menos efecto llamada y mejor para nosotros.

El gobierno español no puede permitir que se dé ese trato a una ciudadana española. Exigimos del Ministerio de Exteriores español que se implique activamente en la defensa de Helena Maleno, injustamente expulsada de Marruecos, alejada de su vida, sus amigos, sus vecinos, su trabajo y familia, como represalia por su ejercicio de solidaridad. Exigimos del resto de Ministerios españoles la máxima transparencia sobre lo ocurrido, y que se depuren responsabilidades pendientes por la operación — claramente orquestada desde España — que intentó eliminar su actividad y que dio comienzo a una persecución de la que su expulsión ha sido un capítulo más. Nos sumamos a las peticiones hechas desde distintos grupos políticos de que se den estas explicaciones en sede parlamentaria y exigimos que el objetivo sea la revocación de la expulsión por Marruecos y se permita a Helena volver a su vida de antes, de la que tanto, todos los seres humanos, nos beneficiamos.

 

Francisco Solans Puyuelo
Portavoz de la Asociación de Abogados Extranjeristas